La duda ahora es si los del No van a darle relevancia a esos puntos en los que la negociación sí retomó sus preocupaciones de fondo o a se van a pegar de las cuatro en los que no les pararon bolas y a decir que los “conejearon”.
Por ahora, todo indica que sería lo segundo. O por lo menos esa es la impresión que un líder uribista que pidió no ser citado le dijo a La Silla: “nos dieron contentillo con lo chiquito, pero no con lo sustancial”. Algo similar han trinado otros uribistas como María del Rosario Guerra, Carlos Felipe Mejía o la tuitera Claudia Bustamante, uno de los dos acompañantes del ex presidente Álvaro Uribe en su reunión con Juan Manuel Santos el sábado.
En todo caso, “lo sustancial” que ellos pedían iba al corazón de lo acordado. Por ejemplo, pedían no darle elegibilidad política a la guerrilla, pero como el objetivo de la negociación era que las Farc cambiaran las balas por las urnas, ese cambio anulaba las posibilidades de que se lograra esa meta.
Otras cosas que se ven al comparar punto por punto los dos acuerdos es que las iglesias cristianas lograron un cambio transversal al eliminar las expresiones que se refieren al enfoque de género, como contamos ayer; que Uribe logró poner su apellido en la mitad de los subpuntos; y las Farc siguen siendo las que más han cedido en la Mesa frente a las solicitudes maximalistas con las que arrancaron y que anunciaron como "propuestas mínimas".
Aquí están, punto por punto, lo que significan los cambios, lo que querían cambiar los del No en cada uno, que tanto los oyeron y quién cedió más ahora.
Política alimentaria
En este punto no hubo ningún cambio. Desde el acuerdo de Cartagena se acordó que el Gobierno buscará un aumento progresivo de la producción de alimentos para el consumo en el país, dando bienes públicos rurales (como acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua) y promoviendo formas asociativas de los campesinos.
Acceso a la tierra
El acuerdo de Cartagena creaba un Fondo de Tierras para "los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente", que sume las tierras a las que se le extinga el dominio, los baldíos, las que se saquen de la reserva forestal, las expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública y tierras donadas. Además, subsidios y créditos especiales para comprar tierras.
De ahí cambian varias cosas. Primero, para que haya menos afán (y por lo tanto más tiempo para discutir cada proyecto concreto), el tiempo de duración del Fondo pasa de diez a doce años para la parte de entrega de tierras.
Segundo, el Gobierno se compromete ahora a presentar un proyecto de ley para "promover otras formas de acceso a la tierra", lo que le abriría una puerta a las Zidres. Tercero, se incluye un mecanismo nuevo para definir a los beneficiarios de las tierras, que se hará a través de un registro único de beneficiarios que manejará la "autoridad competente" con base en unos criterios de elegibilidad definidos, lo que le quita a las organizaciones sociales mucha injerencia en el tema.
Cuarto, central para algunas voces del No, es que se hace explícito que se respetará la propiedad privada, algo que solo estaba implícito en el acuerdo de septiembre.
Quinto, también para espantar uno de los miedos del No, se aclara cómo funcionarán dos de los mecanismos que alimentan el Fondo. "Los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras no cultivadas) se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes."
Zonas de reserva campesina
En el acuerdo inicial las zonas de Reserva Campesina ganaban nueva vida, aunque se aclaraba que no tendrían autonomía como la de los territorios indígenas. Eso fue objeto de críticas porque en su mayoría coinciden con zonas de presencia de las Farc. Ahora se aclara que por sí mismo el Acuerdo no crea nuevas zonas, algo que no estaba implícito en el texto inicial pero que ayuda a espantar uno de los miedos del No.
Programas de desarrollo con enfoque territorial
Este punto, que retoma la lógica del Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco para permitir una focalización de inversiones y recursos en las zonas más marginadas y más afectadas por el conflicto, no se modificó.
El nuevo acuerdo solo incluye una aclaración sobre los mecanismos de participación de esos planes, para aclarar que apuntan a que se "fortalezca la participación ciudadana en las decisiones que los afectan". También dicen que la idea es vigorizar la democracia local sin limitar las competencias de las instituciones de democracia representativa (alcaldes, gobernadores, Congreso, concejos y asambleas).
Formalización de tierras
Se acordó que habrá un plan de formalización masiva gratuita de tierras con problemas de títulos, con la participación de las comunidades. Lo que cambia con el Acuerdo es que se aclara que hay que proteger la propiedad privada y que el Gobierno va a crear un grupo de tres expertos en tierras que en máximo tres meses haga recomendaciones de reformas normativas y de política pública para regular el derecho a la propiedad, facilitar el acceso a la tierra y promover su uso productivo.
Otra cosa que cambia y que es clave es que el sistema catastral que crea el Acuerdo no va implicar un aumento del impuesto predial de forma automática.
Incentivos al agro
En ese punto cambia poco: sigue quedando claro que no habrá impuestos que desincentivan el latifundio, pero sí incentivos a las asociaciones campesinas, una figura cercana a los ideales de las Farc y que puede convertirse en su base política. Para eso, el Gobierno le dará apoyo técnico y financiero a su creación y apoyará la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento a través de ellas.
Desarrollo social en el campo
En el Acuerdo de septiembre se incluyeron varios compromisos del gobierno como buscar que haya más servicios de salud para las comunidades campesinas, erradica el analfabetismo en las áreas rurales o crear un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, y todo eso se mantiene. Pero hay cambios.
Uno, relativamente importante, es que ahora ese desarrollo tiene que implementarse siguiendo el nuevo principio del desarrollo integral del campo, que exige que el impulso a la agricultura familiar y campesina debe hacerse en balance con las "otras formas de producción existentes", que serían la agroindustria, la agricultura comercial de escala o el turismo. Curiosamente no hay referencia a la ganadería como una de esas formas de producción.
Un cambio menos central, aunque importante para la idea de que el Acuerdo busca superar el conflicto y reparar a los que sufrieron por él, es que ahora se incluye a las víctimas en los grupos priorizados para implementar este punto, lo que a la postre puede servir para contrarrestar el poder del nuevo partido de las Farc.
Estatuto de oposición
En este punto no cambió nada. El Estatuto se debatirá con los partidos políticos cuando se implemente el Acuerdo, y en esa discusión las Farc participarán como movimiento ya legal, de acuerdo a las reglas de juego de la democracia. Lo único que se dice ahora es que se hace explícito que el Estatuto se hará porque es un deber constitucional, lo que no cambia en nada ni su existencia ni la forma de elaborarlo.
Organismos de control
En este punto se mantuvo lo central: los movimientos sociales podrán formar parte de veedurías ciudadanas que controlen a los gobernantes y que participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación.
Pero se aclaró el punto sobre la protesta social, aclarando que el Acuerdo protege la protesta pacífica y no cualquier tipo de protesta, y que el Estado enfrentará los disturbios haciendo uso de sus atribuciones y buscando que se respeten los derechos de los terceros, sin violar los de los manifestantes. Eso último no es un cambio menor, porque el argumento del derecho de los terceros es el que se suele argumentar para limitar algunas formas de protesta, como en bloqueo de vías. Por eso, el cambio le pone unos límites a la protesta, haciéndolo más compatible con el nuevo Código de Policía.
Acceso a medios
Se mantiene el corazón de lo acordado: el Gobierno abrirá convocatorias para adjudicar radios comunitarias, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto; promoverá la capacitación técnica de quienes trabajen en los medios comunitarios; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales para divulgar los trabajos de las organizaciones y movimientos sociales; y financiará productos para esos medios, todo mediante concurso público y con mecanismos de veeduría ciudadana. Además, a que los movimientos sociales como el que quieren montar las Farc tengan la posibilidad de publicitar propuestas en “medios institucionales y regionales” y a crear un canal de televisión cerrada para que todos los partidos puedan hacer eso mismo.
El nuevo acuerdo aclara que la adjudicación de radios comunitarias y espacios de televisión deben responder al principio del pluralismo, lo que significa que esos espacios no terminarán solo en manos de las Farc o a sus organizaciones afines, que era uno de los temores del No.
Representación política
A cambio de dejar las armas, en el Acuerdo inicial las Farc reciben 5 curules en Senado y 5 en Cámara por ocho años desde 2018. En el nuevo acuerdo eso no cambia, a pesar de que es una de las líneas rojas del uribismo porque para ellos darles elegibilidad política es la mayor dosis de impunidad en el acuerdo.
Lo que sí hace el nuevo acuerdo es aclarar que para las circunscripciones especiales de paz los partidos que ya tienen representación en el Congreso o personería jurídica, incluído el movimiento político que surja de las Farc, no podrán inscribir candidatos, algo que ya se podía entender en el acuerdo de septiembre pero ahora queda explícito con lo cual es más difícil decir que las Farc tendrán 26 curules aseguradas.
Cese al fuego
No cambió nada en este nuevo Acuerdo. La idea sigue siendo que la guerrilla se concentre durante 180 días contados a partir de la refrendación del Acuerdo y que durante esa concentración se mantenga el cese al fuego bilateral que hoy está vigente hasta el 31 de diciembre.
Dejación de las armas
En el acuerdo inicial las Farc se comprometían a dejar las armas en los seis meses siguientes a la firma del Acuerdo Final, que es el tiempo que permanecerán en las zonas de concentración. Eso se mantiene igual.
Garantías de seguridad
En este punto se mantiene el corazón del acuerdo de septiembre: el Gobierno implementará medidas para combatir a los sucesores del paramilitarismo, para lo que creará una Comisión de Garantías de Seguridad encabezada por el Presidente, una Unidad Especial de investigación en la Fiscalía para desmantelarlas con una unidad especial de policía judicial propia, y un cuerpo élite de la Policía apoyando la lucha contra esas organizaciones, además de fortalecer la supervisión de la seguridad privada para evitar nuevas Convivir. Además, creará un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc.
Pero, aunque todo ese esquema se mantiene, ahora las Farc no van a participar en la Comisión de Garantías de Seguridad, que además tendrá menos funciones. Así se reduce el miedo del No de que esa institución era un camino para crear una purga de funcionarios de ideología opuesta a las Farc.
Otra cosa nueva es que el director de la Unidad Especial lo elige el Fiscal de una terna que proponen los magistrados del Tribunal de paz de la Jurisdicción Especial de Paz, lo que le da poder a Néstor Humberto Martínez (quien no es visto como rival por el uribismo y la derecha) y debería ayudar a que la Unidad coordine mejor con la Fiscalía.
Además, incluyen la aclaración de que el cuerpo de seguridad que se encarge de escoltar a los miembros de las Farc debe capacitarse y cumplir unos requisitos que va a determinar la UNP. Con eso, se despeja en buena medida otro miedo de los del No, que a través de ese cuerpo las Farc mantengan grupos de guerrilleros armados y sin control.
Números de zonas de concentración
En el acuerdo inicial había 23 zonas y 8 campamentos. En el nuevo son 20 zonas y 7 campamentos, un cambio que en la práctica ya se había dado pero que ahora se protocoliza.
Financiación y difusión para hacer política
En este punto si bien se mantiene el esquema acordado en septiembre, hay varios cambios sustanciales que le quitan fuerza.
Inicialmente estaba que el futuro partido de las Farc iba a recibir, anualmente, y hasta julio de 2022, el 20 por ciento de lo que el Estado se gasta cada año en financiar el funcionamiento de los partidos políticos (y entre 2022 y 2026 el 10 por ciento) de forma fija y sin depender de cómo se reparte a los otros partidos (a los que les llega la plata teniendo en cuenta sus resultados electorales). Eso es más o menos unos 7 mil millones, que es más que lo que recibe cualquier partido hoy.
Ahora el partido de las Farc recibirá una suma igual al promedio de lo que reciben los partidos y movimientos hoy, que es una cifra más cercana los 5 mil millones de pesos, y no más plata.
Eso se debe a que aunque para financiar su centro de pensamiento y planeación política, ya no van a recibir el 5 sino el 7 por ciento de la apropiación presupuestal al año, otro 5 por ciento va a desaparecer. Por eso, recibirán el 17 y no el 20 por ciento hasta 2022.
Tercero, la plata que entre por cooperación internacional para fortalecer su movimiento, no puede usarse para que hagan campaña.
Reincorporación social y económica
En el Acuerdo de Cartagena quedó claro que se le pagará a cada desmovilizado 620 mil pesos más seguridad social por dos años. Que cada uno recibirá 8 millones de pesos como capital semilla para un negocio y que tendrán 2 millones adicionales, 6 meses después de la firma y ya sin armas, para hacer lo que quieran. Eso no cambia con el nuevo acuerdo.
Lo que sí cambia es que ahora deben incluir a los milicianos en la lista de sus integrantes y su cooperativa, Ecomún, debe rendirle informes periódicos al Consejo Nacional de Reincorporación sobre el uso de la plata que reciba del Estado.
En Seguridad Social, se mantiene que Ecomun afiliará a sus miembros a las EPS generales, pero si alguno tiene una enfermedad grave o necesita rehabilitar lesiones debidas a la guerra, habrá un "sistema especial" con plata de aquí y de afuera, para atenderlo en máximo tres años.
Hay otros dos puntos que se agregan y son aislados: uno es que las garantías de seguridad ahora incluyen a quienes participen en la implementación de los acuerdos y otro es que el Gobierno presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.
Solución al narcotráfico
En el acuerdo inicial, las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier relación "que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)” y a esclarecer la relación entre el conflicto y los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el lavado. Así reconocieron que sí tienen que ver con el narcotráfico y a entregar información que podría ayudar a identificar las rutas, los lavadores y las alianzas entre Fuerza Pública y narcotráfico. Los dientes para que lo hagan dependen de la justicia transicional, que amenaza en teoría a que, si saben y no cuentan, podrían terminar por fuera de las penas especiales y en la cárcel. Lo que cambia con el nuevo acuerdo es que obliga a todos los que se presenten a la Justicia Especial para la Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades, un avance en la lógica del Acuerdo inicial que le da más dientes a la justicia transicional y que los obliga a romper con el narcotráfico so pena de perder sus privilegios.
Programas de sustitución de cultivos
En el acuerdo de Cartagena la aspersión sobrevivió pero como último recurso para erradicar los cultivos y se crearon programas de sustitución concertados con la comunidad. En este nuevo acuerdo se reitera que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, pero aclarando que lo hará "priorizando la erradicación manual donde sea posible". Es decir, hay un cambio simbólico en que la fumigación ya no se presenta como el último recurso, pero sí sigue siendo aplicable solo si no funciona la manual.
Programas de prevención de consumo de drogas
Aunque los programas de prevención al consumo se mantienen igual, ahora los grupos religiosos van a poder participar en ejecución de la política de prevención y atención a los consumidores, pero no se sabe bien de qué manera.
Esquema de justicia transicional
En el Acuerdo firmado en Cartagena las Farc aceptaron someterse a un juicio penal y ser condenados a una pena restrictiva de la libertad, cuando lo que querían era una sanción extrajudicial como ir a la Comisión de la Verdad. También se acordó que esos procesos los realizaría un aparato especial de justicia transicional, conformado por una unidad especial de investigación y un Tribunal con tres salas, compuesto por magistrados colombianos y algunos extranhjeros, que decidirá en doble instancia. Y se estableció que solo serán procesados los responsables de los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto, con penas que dependen de cuánto colabore la persona con el sistemaa.
Si acepta responsabilidad antes de llegr al juicio, cuenta la verdad y cumple las demás obligaciones del sistema, son 2 a 5 años de restricción efectiva de la libertad, tiempo durante el cual harán acciones restaurativas como construir infraestructura en las zonas más afectadas por el conflicto; si acepta durante el juicio y cumple lo demás, 5 8 años; si no lo hace y es condenado, de 12 a 20 años de cárcel.
Aunque ese esquema general se mantiene, cambian varias cosas.
Primero, aunque no convierte todas las sanciones en cárcel como pedían las voces del No, especifica la noción de "restricción de la libertad": el Tribunal para la Paz fijará en dónde deben estar los guerrilleros durante la realización de las acciones restaurativas de la pena (esas zonas nunca serán más grandes que una vereda), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción y el deber de solicitar un permiso para salir de las zonas. Fuera de eso, quedó claro que el tiempo que pasen en las zonas de concentración se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período hagan actividades de reparación y que los tiempos máximos de las sanciones aplican aún si son condenados por varios delitos.
Otro cambio sustancial es que quedó claro que se puede aplicar el Código Penal en las decisiones, algo que tiene una gran carga simbólica porque las Farc se negaban a someterse a esas normas de su antiguo enemigo, dado que no habían sido derrotadas. Ahora lo aceptan, aunque queda claro que se aplicará el principio de favorabilidad en todos los casos.
En cuanto a la Justicia Especial para la Paz, ahora tendrá un límite de tiempo de 10 años, y sólo podrá recibir solicitudes de investigación de personas durante los 2 primeros años, aunque esos plazos serán prorrogables. También se eliminaron los jueces extranjeros, aunque podrán participar en algunos casos en las deliberaciones como amicus curiae que no tendrán voto en las decisiones.
Un cambio que podría parecer menor es que las ONG ya no podrán acusar directamente sino presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal, algo que ayuda a espantar el miedo de algunos sectors del No de que algunas ONG usen el sistema para montar procesos contra ellos. En esa misma línea, quedó claro que los magistrados pueden pedirle a la justicia ordinaria que investigue penalmente a quienes presenten acusaciones falsas y de mala fe.
Y otros dos cambios muestran un interés en armonizar la justicia transicional con la ordinaria, aunque de una forma mucho menos fuerte que la que pedían desde el No. Por una parte, habrá una "sala incidental" para resolver los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la Jurisdicción Especial de Paz, compuesta por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres de la JEP que no estén en el conflicto. El otro es que ahora sí puede haber tutelas contra sus decisiones judiciales, pero le pone límites porque en sus dos instancias la decide la misma JEP y la Corte Constitucional solo puede revisarlas si así lo decide una sala de selección de dos de sus magistrados (como es usual) y dos del Tribunal de Paz, por unanimidad.
Por último, se mantiene la posibilidad de que el narcotráfico sea delito conexo al delito político para efectos de la amnistía, y se aclara que para determinarlo se usará como referencia la jurisprudencia de la Corte Suprema (que ha dicho que puede ser conexo y que en buena medida ya está vertida en el texto de la ley de amnistía que se va a presentar una vez se refrende el acuerdo).}
Medidas para la reparación integral
El marco de la reparación integral para las víctimas incluye, entre otros, actos de reconocimiento de la responsabilidad (como la petición de perdón a las víctimas de Bojayá por las Farc), reparaciones colectivas y rehabilitación psicosocial, además de acompañar los retornos de quienes fueron desplazados. La reparación material a las víctimas se hará por dos lados. Una parte la harán los guerrilleros individualmente (aunque no hay detalles, con acciones como participar en el desminado o en construir obras públicas, y con plata o solo bienes si aceptan que tienen o si el Estado logra demostrarlo), que de forma novedosa es un requisito para que gocen de los beneficios de la justicia transcional.
Lo que cambia con el nuevo acuerdo y que es importante aunque no cambia el esquema, es que mientras estén concentradas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. Además, aceptan que lo que no presenten será objeto de extinción de dominio. Este cambio no es menor porque aunque un día antes del plebiscito la guerrilla se comprometió a reparar materialmente a sus víctimas, no decían cómo y uno de los grandes sapos para la opinión pública era que no entregaran de su plata para hacerlo.
Derecho a la verdad
En este punto no hay cambios: sigue existiendo una Comisión de Verdad que buscará esclarecer patrones de violencia y los contextos y dinámicas territoriales en que estos se hicieron, y las dos partes se comprometieron “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”. Para que contar no asuste a los responsables, lo que se diga allí no puede ser usado como prueba en un proceso judicial.
Refrendación
El nuevo texto reconoce que hay que hacer refrendación y plantea varios caminos entre los que decidirán las partes: los mecanismos de participación ciudadana directa, como el plebiscito, la consulta popular o los cabildos abiertos, o el uso de cuerpos colegiados elegidos popularmente, es decir a través de instituciones representativas que ya existen. Ese cambio es muy grande, pues el acuerdo de septiembre se la jugaba por el plebiscito (que fracasó el 2 de octubre), y ahora la decisión está en manos del Gobierno y las Farc.
Verificación internacional
En este punto no cambió nada: la ONU, a través del Consejo de Seguridad y con verificadores de la Celac (que es esencialmente la OEA sin Canadá ni Estados Unidos), la encargada de la verificación internacional del desarme, desmovilización y reintegración de la guerrilla.
Implementación y seguimiento
En este punto hay un cambio muy grande: reducen las funciones de la muy poderosa Comisión de Seguimiento, que podía tomar decisiones de grueso calado sobre la implementación. Ahora será una nueva Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación que ya no limita las competencias del Gobierno ni del Congreso y así reduce el miedo del cogobierno de las Farc por esa vía.
El nuevo acuerdo también incluye un preámbulo de principios para la implementación, como el enfoque de derechos, el respeto a la igualdad y la no discriminación, enfoque de género, libertad de cultos, entre otros, y crea una instancia especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres que le hagan seguimiento a que mientras se implementa, se esté cumpliendo con el enfoque de género.
Por el lado del dinero, que preocupaba sobre todo a los empresarios, incluye la sostenibilidad fiscal como un criterio para definir los gastos de implementación, alarga algunos tiempos para que se pueda ejecutar sin ponerle tanta presión a los gastos del Estado, y deja claro que vendrá otro acto legislativo.
Por último, en otro punto clave, deja claro que no todo el acuerdo formará parte del bloque de constitucionalidad sino solo los asuntos de Derecho Internacional Humanitarios y derechos humanos, como criterios orientadores para las normas y acciones de implementación del acuerdo. Este ultimo punto era la queja más fuerte de abogados como Jaime Castro y José Gregorio Hernández. Es un cambio muy grande porque los del No alegaban que por la vía del bloque de constitucionalidad las Farc terminaban metiéndose con toda la organización del Estado, los derechos fundamentales y demás temas regulados por la Constitución. Y como la Comisión de Seguimiento interpretaba el Acuerdo, entonces las Farc estaban casi al nivel de la Corte Constitucional. Eso se eliminó.
Política alimentaria
Pastrana pedía que se aclarara que la seguridad alimentaria mencionada en el documento de la Habana se debe entender en el sentido que lo define la FAO, que es que todas las personas tengan acceso físico y económico a alimentos.
Acceso a la tierra
Los uribistas pedían que los beneficiarios del Fondo de Tierras y de los créditos y subsidios debían obedecer a "criterios objetivos definidos en la ley" y que "en ningún caso las Farc, a través de territorios de su influencia, puede tener participación directa o indirecta en la selección de beneficiarios".
También pedían que "El Estado garantizará que el uso económico de la tierra rural sea determinado por el libre mercado, dentro de las limitaciones de una legislación ambiental actualizada. No obstante, mediante incentivos y beneficios podrá estimular determinados usos de la tierra en función de las prioridades establecidas en los planes departamentales, regionales o nacionales, y de las orientaciones macroeconómicas del país".
Las dos cosas entraron en el nuevo acuerdo. La primera, al aclarar que la selección de beneficiarios se hará de acuerdo a criterios establecidos por la ley y la decisión la tendrán las "autoridades competentes". En el segundo, al recordar que nada va contra el derecho a la propieddad privada (lo que implica que la regla general sigue siendo el libre mercado).
Zonas de reserva campesina
Acore, Fevcol , el Centro Democrático y Marta Lucía Ramírez coincidían en la propuesta de que quedara explícito que no puede haber ningún tipo de atención preferencial en detrimento de los campesinos no ubicados en Zonas de Reserva y que esas zonas no podían ser autónomas. El nuevo Acuerdo mantiene las mismas reglas para apoyarlos, por lo que no reflejó esa propuesta.
Programas de desarrollo con enfoque territorial
El Centro Democrático pedía que: "Los Planes Nacionales incluidos en la RRI (Reforma Rural Integral), financiados y promovidos por el Estado, deben respetar la descentralización y la autonomía regional y local, dentro del marco de la Constitución y de la ley. Los Planes Nacionales y demás instancias, como regla general, se deben incorporar a la institucionalidad vigente a nivel centro y descentralizado".
Ese pedido quedó entre los cambios del nuevo acuerdo, que dice que "las autoridades competentes deberán elaborar y poner en marcha los Planes Nacionales en el territorio." y que "Los mecanismos de participación que se establezcan para la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial buscan fortalecer la participación ciudadana en las decisiones que los afectan (...) en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes, ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas)"
Formalización de tierras
El Pacto Cristiano por la Paz pedía que se quitara la palabra género en un punto que habla sobre los beneficiarios de la formalización. Se quitó.
El Centro Democrático pedía que se aclarara la definición de baldío y que: "La propiedad de las tierras baldías ocupadas de buena fe dentro de los tiempos que prescribe la ley será respetada y formalizada, y esos predios no harán parte del Fondo de Tierras". Eso útlimo no quedó.
Incentivos al agro
Marta Lucía Ramírez pedía que: "Las ayudas e incentivos deben cambiarse por subsidios inteligentes, es decir focalizados, transitorios, relacionados directamente con estimular la productividad de sectores a los que se otorgan, además de prever controles para que lleguen a quienes más los necesitan y mejor utilización les impartan." Aunque no quedó explícito ese cambio, el nuevo acuerdo aclara que la ley debe definir las condiciones para que una persona sea beneficiaria de esos créditos y subsidios, y deja algunos criterios. En esa medida, avanza en lo que pide Ramírez.
Desarrollo social en el campo
La federación de víctimas de las Farc, Fevcol, pedía que las víctimas debían ser reivindicadas prioritariamente en los planes de desarrollo rural. Quedaron entre los grupos proiorizados.
Estatuto de oposición
El uribismo pedía que el acuerdo no condicionara la aplicación del estatuto de oposición :"a la firma de un Acuerdo con las FARC. Esta concesión da una señal errada de la democracia colombiana y gradúa a las FARC de legítimo opositor del Gobierno. Es necesario corregir esa redacción para que impere que el Estatuto de la Oposición debe ser una prioridad nacional, donde todas las fuerzas políticas participarán en igualdad de condiciones", dice el documento del Centro Democrático." Aunque eso no quedó tal cual, sí se aclaró que el estatuto es una obligación constitucional.
La Federación de Víctimas de las Farc, Fevcol, pedía que no se permitiera la participación de extranjeros en instancias como el estatuto de oposición. Debe integrarse por técnicos imparciales e independientes de los partidos políticos." Eso, tal cual, no quedó.
Organismos de control
En el nuevo Acuerdo quedó claro que se protege la protesta pacífica y no cualquier tipo de protesta, y que el Estado enfrentará los distribuidos haciendo uso de sus atribuciones y buscando que se respeten los derechos de los terceros, sin violar los de los manifestantes. Eso refleja propuestas del No.
Uribe decía que: "El acuerdo contempla garantías para la movilización y la protesta y estas deben precisar que se trata de la protesta social y política pacífica con fines de expresión ciudadana", y Marta Lucía Ramírez proponía incluir la expresión “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”.
Acceso a medios
El Centro Democrático pedía que "Se debe garantizar la participación de las víctimas en el proceso de apertura y democratización de los medios comunitarios" y las iglesias cristianas pedían que "Las acciones a través de los medios comunitarios no impidan el desarrollo al derecho a la Libertad de Cultos, ni de la familia, ni de Conciencia, ni del Libre Desarrollo de la Personalidad, ni de Educación, entre otros relacionados; ni conminen a acciones que vayan en contra ellos".
En el Acuerdo quedó claro que la adjudicación de radios comunitarias y espacios de televisión deben responder al principio del pluralismo, lo que significa que esos espacios no terminarán solo en manos de las Farc o a sus organizaciones afines, que incluirán lo que piden los cristianos y que se promoverá la participación de organizaciones comunitarias, incluyendo organizaciones de víctimas, en las convocatorias para las nuevas emisoras comunitarias.
Representación política
Tanto Ordóñez como el Centro Democrático y Fevcol pedían que en las 16 circunscripciones transitorias participaran todos los partidos políticos y que se le diera prioridad a las organizaciones de víctimas. En el Acuerdo se aclara que esas circunscripciones no son para los partidos existentes, incluido el que creen las Farc. Los candidatos sí pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, que puede incluir a organizaciones de víctimas, aunque no tienen prioridad.
Cese al fuego
Rafael Guarín y Alejandro Ordóñez pedían "Respaldar la entrada en funcionamiento de un mecanismo de monitoreo y verificación del cese de acciones ofensivas por parte del Estado colombiano contra las FARC y de las acciones violentas por parte de dicha organización." y que el cese no fuera total, pues "no puede comprometer ni afectar de ninguna forma la persecución penal que le corresponde al Estado colombiano en los casos en que los miembros de las FARC insistan en seguir cometiendo delitos tales como la extorsión, los asociados al narcotráfico y la minería criminal".
El Centro Democrático proponía que se le diera "continuación de las medidas acordadas con las FARC para su concentración y protección. Solicitamos el acompañamiento de la ONU en este proceso como garante de la construcción de un exitoso proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción."
Marta Lucía Ramírez pedía "Como pautas para el fin del conflicto se incluyan: recolección de explosivos y minas, almacenándolas en lugares que brinden seguridad, preferiblemente a cargo del Estado; estancia en un lugar de agrupamiento de las FARC mientras se materializa la identificación y contabilización de combatientes y armas; entrega formal de armas."
Las propuestas de Ramírez y el Centro Democrático se aplicaron en buena medida, pero desde septiembre pues ya estaban incluidas; en cambio,la de Ordóñez de seguir persuiguiendo a las Farc no se incluyó en el Acuerdo (ya que se entiende que esa guerrilla suspendió todas sus acciones ofensivas). Pero eso al final no se acogieron las propuestas del No porque lo que querían Marta Lucía y Uribe ya estaba.
Dejación de las armas
Marta Lucía Ramírez pedía que el desarme fuera más planificado, que las armas se debían entregar en un primer momento a las Fuerzas Militares para que las cuidaran y después las destruyeran y que debía haber una trazabilidad de las armas.
El Pacto Cristiano por la Paz pedía que una vez firmado el Acuerdo Final y asentados en las zonas de concentración, las Farc dejara las armas en máximo 60 días. Ninguna de esas propuestas entraron porque el plazo para dejar las armas sigue siendo de seis meses y no se van a entregar a las Fuerzas Militares, sino a la misión de la ONU.
Garantías de seguridad
Marta Lucía Ramírez y el Centro Democrático pedían que las Farc no participara en el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad. Y el Pacto Cristiano por la paz pedía que se quitara la aplicación del enfoque diferencial y de género de las funciones del Consejo.
Ambas cosas quedaron incluidas: las Farc ya no tendrán asiento en el Consejo y se eliminó la referencia al género entre sus funciones.
Números de zonas de concentración
No cambió nada y el No no pedía nada sustancial. No había propuestas sobre este tema.
Financiación y difusión para hacer política
La Federación de Víctimas de las Farc, Fevcol, pedía que las campañas al Senado de los partidos de víctimas recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del Fondo de Partidos y que no estuviera sujeta a devolución si fueron destinados para lo que dice la ley. Eso no quedó.
Por su parte, el Centro Democrático pedía que el partido político de las Farc no tuviera beneficios excesivos y que le dieran la misma plata que a los demás partidos, ni que tuvieran participación directa en el Consejo Nacional Electoral.
Al final sí le quitaron plata al partido de las Farc, pero sigue teniendo reglas especiales para definir el monto, y mantiene su participación en el CNE; que es transitoria y con voz pero sin voto.
Reincorporación social y económica
Sobre este punto el Centro Democrático decía: "Es preferible que los recursos de desmovilización, desarme y reinserción se manejen a través de las agencias gubernamentales. La creación de ECOMUN solo debe contemplarse como una entidad público-privada sujeta a todos los marcos normativos para la administración de recursos públicos,". Esa petición no se acogió.
Solución al narcotráfico
El Centro Democrático pedía que las Farc reconocieran explícitamente "sus actividades sistemáticas con el negocio del narcotráfico" y que no presentaran su relación con este fenómeno como algo circunstancial en el desarrollo de la “rebelión” porque según ellos, así buscaban conexidad con fines de amnistía. Por eso también pedían, junto a Marta Lucía, Pastrana y Ordóñez que quedara claro que el narcotráfico es un delito no amnistiable.
El nuevo acuerdo dice que la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz determinará la conexidad con el delito político caso a caso, y que apra ello usará la jurisprudencia de as cortes colombianbas, una precisión frente a lo que ya había que no le da la raazón a los del No.
Programas de sustitución de cultivos
Pastrana pedía que no se formalizaran ni se adjudicaran tierras del Fondo de Tierras si no estaban libres de cultivos ilícitos y el Centro Democrático pedía que no se renunciara a la acción penal contra los cultivadores si no dejaban de sembrar la semilla de coca. Lo que pidió Pastrana se incluyó, pero el Gobierno sí se mantuvo en: "tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal" para los cultivadores.
Programas de prevención de consumo de drogas
El Pacto Cristiano por la Paz pedía que se tuvieran en cuenta a las comunidades eclesiásticas en la rehabilitación de las personas, también como "integradores de familia" y para "reintegrar al consumidor". Eso lo lograron porque en el Acuerdo quedó incluído que en los planes de prevención al consumo participarán las organizaciones religiosas.
Marta Lucía Ramírez pedía: "aclarar los criterios que se utilizan para diferenciar al simple consumidor problemático (enfermo o de uso recreativo de alucinógenos) y los expendedores de drogas ilícitas que financian el negocio del narcotráfico". Eso no quedó.
Esquema de justicia transicional
Éste fue uno de los puntos más polémicos de todo el Acuerdo y del que más se recibieron críticas de los voceros del No. La más radical era la del Centro Democrático, que pedía eliminar la Jurisdicción Especial de Paz porque según ellos reemplazaba a la justicia ordinaria. El uribismo también proponía que "si hay reconocimiento de la responsabilidad, sea autor o cómplice de la conducta, las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad (..) si no hay reconocimiento de la responsabilidad y la misma se determina por las autoridades del componente de justicia, las sanciones serían de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad. Para los cómplices o meros intervinientes que no reconozcan responsabilidad la sanción será de 10 a 15 años."
Ordóñez pidió "que los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio que hayan confesado plenamente, reparado a sus víctimas y manifestado genuino arrepentimiento por las atrocidades cometidas deberán cumplir pena de reclusión por un término de 5 a 8 años (...) En caso de que el perpetrador no reconozca su responsabilidad, la sanción no será superior a 20 años de cárcel."
Y Pastrana no pedía la eliminación de la jurisdicción especial, pero sí arrticularla a la jurisdicción ordinaria , ponerle un tiempo límite y reemplazar los magistrados extranjeros por intervención de extranjeros vía amicus curiae.
Aunque hubo algunos cambios en la JEP, como permitir de forma limitada que hubiera tutelas contra sus decisiones (para artciularla por lo menos por esa vía estrecha a la justicia ordinaria) o eliminar los magistrados extranjeros y permitir los amicus curiae, las propuestas más de fondo no se aceptaron. Y era muy duifícil porque haberlas impulsado era comprometer el corazón del acuerdo.
Medidas para la reparación integral
Uribe, Pastrana y Marta Lucía pedían que las Farc pusiera sus bienes y de su plata para reparar a las víctimas. Eso quedó incluido en el acuerdo. Fevcol proponía la creación de dos instancias: una comisión de seguimiento a la desvinculación de las FARC con el narcotráfico conformada por víctimas e instituciones estatales; y una sección especializada de protección a las víctimas que incluya análisis de contexto y riesgo de revictimización. Eso no quedó en el acuerdo.
El Centro Democrático proponía el reconocimiento de que los recursos provenientes de la “economía de guerra de propiedad de esa organización”, incluida la tierra despojada, se deben poner al servicio de la reparación de las víctimas y debe quedar explícito en el acuerdo". Eso sí quedó, aunque sin la manifiestación explícita de la tierra despojada.
Y Rafael Guarín y Alejandro Ordóñez pedían "Iniciar de manera inmediata y bajo protocolos estrictos la entrega de los bienes y recursos que las FARC reconoció tener en su poder el 30 de septiembre. Estos bienes deberán ser recaudados y puestos a disposición de un fondo para la reparación de las víctimas.", algo que sí quedó incroprorado en el nuevo acurdo, sin la explicación explícita del fondo pero sí con esa finalidad.
Derecho a la verdad
Este punto cambió poco, pero tampoco tenía propuestas de cambios gruesos.
El Pacto Cristiano por la paz pedía que se quitara referencia del mandato de la Comisión de Verdad al impacto del conflicto a la población LGBTI., lo que no quedó porque el Acuerdo dice que la comisión debe buscar cómo impactó la guerra a todas las poblaciones.
Pastrana pedía aclarar que la Comisión no podía tener implicaciones judiciales y desde el principio el acuerdo de septiembre es claro que la comisión es de carácter extrajudicial.
Refrendación
Marta Lucía Ramírez dijo que "el camino de refrendación es el referendo., algo que no quedó en el nuevo acuerdo y que de hecho cambió, en contravía con esa postura, en el nuevo.
Éste deja en manos del Gobierno y las Farc la elección del mecanismo, y dice que pueden ser todos los que sean legales, como o los mecanismos de consulta popular (plebiscito, consulta popular o referendo) o a través de las corporaciones colegiadas que ya existen.
Verificación internacional
No se presentaron propuestas nuevas sobre este tema, y aunque se eliminó a Cuba, Noruega, Venezuela y Chile de la verificación internacional, se mantiene el componente fundamental de verificación en la Onu.
Implementación y seguimiento
El grueso de las solicitudes del No iban a quitarle poder a las Farc vía la Comisión de Verificación. Y eso se cambió.
Ordóñez pedía que la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación no limitara las funciones del Congreso ni asumiera facultades de interpretación de la constitución como las Cortes. Pastrana y el Centro Democrático compartían esa visión de que la CISV iba a suplir a la Corte Constitucional y que no podía tener participación de las Farc.
l acuerdo cambia esa comisión (ahora se llama Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación de la implementación), la deja en manos de expertos en vez de delegados directos de las Farc y el Gobierno, aclara que en nada limita las competencias del Gobierno, las Cortes y del Congreso.
Política alimentaria
No cambió nada, y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del NO.
Acceso a la tierra
El Centro Democrático pidió "respetar el derecho a la legítima propiedad privada".
Zonas de reserva campesina
El uribismo pedía no favorecer a las zonas de reserva campesina. Explícitamente, decía su propuesta: "En defensa de los principios de equidad e inclusión que se pregonan en la Reforma Rural, no puede haber ningún tipo de atención preferencial en detrimento de los campesinos no ubicados en Zonas de Reserva."
El texto de Marta Lucía proponía "precisar que el fomento y reconocimiento de estas zonas y el estímulo a la mayor participación ciudadana y las consultas a las comunidades, no pueden significar la autonomía administrativa o política ni pretender convertir las zonas en entidades territoriales en superposición a las autoridades existentes. "
Programas de desarrollo con enfoque territorial
El Centro Democrático pedía que: "Los Planes Nacionales incluidos en la RRI (Reforma Rural Integral), financiados y promovidos por el Estado, deben respetar la descentralización y la autonomía regional y local, dentro del marco de la Constitución y de la ley. Los Planes Nacionales y demás instancias, como regla general, se deben incorporar a la institucionalidad vigente a nivel centro y descentralizado". Ese pedido está entre los cambios del nuevo acuerdo.
Formalización de tierras
El uribismo pidió que quedara claro que "la Reforma Rural Integral debe ceñirse al artículo 9o de la Ley 101 de 1993". También dijo que "El Gobierno deberá priorizar el reto de la necesaria actualización catastral en la cobertura, ligada al proceso de registro, dos aspectos fundamentales para la formalización de la propiedad. En cuanto a la valoración del actual levantamiento catastral rural, por el contrario, los predios caracterizados han presentado un incremento sustancial, de 32 billones de pesos en 2002, a 157 billones en 2015, que ha incidido en el también incremento exagerado del impuesto predial."
Pastrana decía en su texto que "Reconocemos la importancia de la actualización del catastro, sin embargo estamos en desacuerdo con el principio de progresividad en el impuesto predial y con la participación de las comunidades en su definición.".
Incentivos al agro
La propuesta del Centro Democrático era que "Sin menoscabo del énfasis que se le quiera dar a la “economía campesina, familiar y comunitaria” dentro de una producción familiar de búsqueda de equidad, una reforma integral debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escala, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional, y la también obligación del Estado de promoverla dentro de condiciones establecidas". La de Ramírez, que se debía "Incluir la posibilidad de que el sector empresarial invierta en el campo a través de obras de infraestructura, proyectos agroindustriales, agro turísticos, biotecnológicos o de otra naturaleza, revisando el modelo de minifundio que acoge la Reforma Rural Integral con un alto gasto del Estado en bienes públicos y subsidios improductivos." Y la de Pastrana, que "El texto agrario debe estar fundamentado en un balance entre el modelo de agricultura campesina y la promoción del desarrollo tanto agrario como comercial, que garantice la seguridad alimentaria sin que esto implique la exclusión del modelo de exclusión del modelo de producción agroindustrial y de agricultura comercial."
Desarrollo social en el campo
La federación de víctimas de las Farc, Fevcol, pedía que las víctimas debían ser reivindicadas prioritariamente en los planes de desarrollo rural.
Estatuto de oposición
No cambió nada, y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del NO
Organismos de control
"El acuerdo contempla garantías para la movilización y la protesta y estas deben precisar que se trata de la protesta social y política pacífica con fines de expresión ciudadana", pedía el Centro Democrático. Marta Lucía proponía incluir la expresión “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”. Esos pedidos quedaron incluídos en el texto.
Acceso a medios
El Centro Democrático pedía que "Se debe garantizar la participación de las víctimas en el proceso de apertura y democratización de los medios comunitarios" y las iglesias cristianas pedían que "Las acciones a través de los medios comunitarios no impidan el desarrollo al derecho a la Libertad de Cultos, ni de la familia, ni de Conciencia, ni del Libre Desarrollo de la Personalidad, ni de Educación, entre otros relacionados; ni conminen a acciones que vayan en contra ellos". En el Acuerdo quedó claro que la adjudicación de radios comunitarias y espacios de televisión deben responder al principio del pluralismo, lo que significa que esos espacios no terminarán solo en manos de las Farc o a sus organizaciones afínes y que incluiran lo que piden los cristianos.
Representación política
Se aceptó, por lo menos parcialmente, la solicitud de que las víctimas tuvieran una participación importante en las 16 circusncripciones especiales para la paz.
El Centro Democrático pidió que "en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz debe ser el criterio general, inclusive permitiendo que quienes ejerzan las candidaturas sean prioritariamente víctimas de la violencia en dichas zonas".
Cese al fuego
No cambió nada, y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del NO
Dejación de las armas
No cambió nada, y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del NO
Garantías de seguridad
La propuesta del Centro Democrático era que no debía: "permitirse que las FARC a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad puedan revisar los antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado (...) incidir en normas de inteligencia (y) ejerzan supervisión y control sobre los servicios de seguridad privada."
Marta Lucía proponía que las Farc no tengan asiento en esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que en vez de eso, "dicha comisión le rinda informes periódicos a los que tengan acceso los miembros de las Farc y quienes pertenecen a las plataformas de derechos humanos."
Números de zonas de concentración
Cambiaron en número, pero no a petición de ninguno de los del No
Financiación y difusión para hacer política
Uribe proponía que "El partido político de las Farc no debe tener beneficios excesivos, sino contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos y movimientos políticos registrados en el país. Además, debe aplicársele las mismas normas relativas al funcionamiento y financiación que rigen las demás colectividades."
Marta Lucía Ramírez hizo una propuesta semejante: "consignar en el acuerdo que los recursos de financiación y de difusión que reciba el partido de las Farc, deberán equivaler a la media que se asigna actualmente a los partidos políticos existentes."
Reincorporación social y económica
Sobre este punto el Centro Democrático decía: "Es preferible que los recursos de desmovilización, desarme y reinserción se manejen a través de las agencias gubernamentales." En el Acuerdo quda claro que Ecomún sí va tener que reportarle el manejo de sus recursos al Estado y que deberá hablarse con otras entidades.
Solución al narcotráfico
Según el Centro Democrático "es necesario que se precise en el Acuerdo que las FARC se comprometen de manera explícita a entregar toda la información de sus zonas de cultivo", las rutas empleadas, su cadena logística, los proveedores de precursores químicos y las redes de lavado de activos. Por su parte, Pastrana propuso que "se incluya la obligación expresa a las FARC para que de manera prioritaria y en desarrollo de la obligación de verdad y no repetición, una vez estén en firme los acuerdos y en un término no mayor de 6 meses, entreguen toda la información que tengan disponible sobre rutas, contactos extranjeros y nacionales, compradores y vendedores de coca, marihuana y opio, ubicación de laboratorios, rutas de ingreso de insumos, compra de armas y en general toda la información que tenga utilidad para luchar contra el problema mundial de tráfico de sustancias ilícitas y contra el tráfico de armas."
Programas de sustitución de cultivos
"Es importante hacer explícito el derecho que le asiste al Estado para emplear por razones de seguridad nacional, la aspersión aérea. En este punto se debe considerar la propuesta del Fiscal General de la Nación de reanudar de manera inmediata la aspersión aérea con glifosato", planteó el uribismo.
Programas de prevención de consumo de drogas
Pedían que se contemplara a las iglesias en: "programas orientados a fortalecer a la familia en la prevención, atención y rehabilitación frente a las víctimas del tráfico y consumo de sustancias psicoactivas."
Esquema de justicia transicional
Aunque no convierte todas las sanciones en cárcel como pedían las voces del No, en el esquema de justicia transicional se especifica la noción de "restricción de la libertad". Otro cambio sustancial es que quedó claro que se puede aplicar el Código Penal en las decisiones, algo que tiene una gran carga simbólica porque las Farc se negaban a someterse a esas normas de su antiguo enemigo, dado que no habían sido derrotadas. Ahora lo aceptan, aunque queda claro que se aplicará el principio de favorabilidad en todos los casos.
En cuanto a la Justicia Especial para la Paz, ahora tendrá un límite de tiempo de 10 años, y sólo podrá recibir solicitudes de investigación de personas durante los 2 primeros años, aunque esos plazos serán prorrogables. También se eliminaron los jueces extranjeros, aunque podrán participar en algunos casos en las deloberaciones como amicus curiae que no tendrán voto en las decisiones. el tribunal de paz no tendrá magistrados extranjeros y se le puso un límite de tiempo.
Medidas para la reparación integral
Uribe proponía que "las FARC deben asumir la obligación de hacer entrega de los bienes y dinero que tienen en Colombia y en el exterior, con el fin de destinar estos recursos a la reparación de las víctimas del conflicto armado." y agregaba también que las "Farc deben informar el listado de bienes que poseen con toda la información que permita individualizarlos e identificarlos, antes de la entrada en vigencia del Acuerdo, tal como lo solicitó el Fiscal General. Dichos bienes serán utilizados para la reparación económica de sus víctimas."
Derecho a la verdad
No cambió nada y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del No
Refrendación
El cambio, que consiste en abrir la refrendación a nuevas opciones diferentes al referendo, no lo propuso nadie desde la orilla del No.
Verificación internacional
No cambió nada sustancial, y por eso no le hicieron caso a ninguno de los del No (que ifgual posiblement están felices porque Venezuela ya no tendrá ninguna función).
Implementación y seguimiento
Sobre el bloque de constitucionalidad, para el uribismo "Se aprecia un interés marcado de incluir los Acuerdos de La Habana en la Constitución Nacional bajo la figura de Bloque de Constitucionalidad. Mediante un Gran Acuerdo Nacional se dará pleno consenso a los Acuerdos para su debida implementación y cumplimiento, pero no convertirlos en una Constitución paralela."
Para el expresidente Pastrana el bloque de constitucionalidad era una "reforma constitucional en la que 5,700 guerrilleros modifican la Constitución a 50 millones de colombianos."
"Ni la refrendación del acuerdo renegociado, ni su implementación, implicarán su incorporación integral al texto de la Constitución Política ni al bloque de constitucionalidad, en sentido estricto ni en sentido lato.", propuso Ramírez.
Política alimentaria
El Gobierno porque se acordó incentivar la producción nacional y promover formas asociativas campesinas, como querían las Farc (aunque sin precios regulados).
Acceso a la tierra
Las Farc, porque no se le quita tierra a los terratenientes por el solo hecho de ser latifundistas, como querían y porque ahora quedó mucho más explícito que se respetará la propiedad privada.
Zonas de reserva campesina
Las Farc porque las zonas no ganaron en autonomía, ni se van a crear nuevas.
Programas de desarrollo con enfoque territorial
Ambos porque porque aunque las ideas eran muy similares no se acordó un respeto específico para el territorio campesino como Las Farc querían ellas y, en cambio, sí se retomó la lógica del Plan Nacional de Rehabilitación De Virgilio Barco, como quería el Gobierno. Pero también cedió el Gobierno en que esos planes serán más descentralizados y fortalezca la participación ciudadana.
Formalización de tierras
Los dos porque el Gobierno aceptó no solo entregar títulos sino hacer un acompañamiento para que los campesinos puedan poner a producir mejor la tierra y la guerrilla porque aceptó que no se tocará la propiedad privada.
Incentivos al agro
Los dos, porque el Gobierno aceptó dar incentivos no focalizados por regiones y las Farc que no se desincentivara el latifundio. Al final, encontraron una tercera vía.
Desarrollo social en el campo
Las Farc porque el Acuerdo, aparte de darle impulso a la agricultura familiar y campesina, que era lo que ellas querían, habla de que debe hacerse en balance con las "otras formas de producción existentes", que serían la agroindustria, la agricultura comercial de escala o el turismo.
Estatuto de oposición
Las Farc, porque cedieron la oportunidad de lograr un contenido mínimo de ese estatuto a un futuro acuerdo político que puede demorarse o no llegar
Organismos de control
Las Farc, que fracasaron en cambiar la forma de elegir a los órganos de control y se quedaron con dos saludos a la bandera (cualquier persona puede hacer una veeduría y ni ellas ni los consejos territoriales de planeación tienen dientes).
Acceso a medios
Las Farc porque aunque obtuvieron la apertura de más radios publicitarias, no lograron cambios en las políticas de información, medidas concretas para democratizar los medios ni derecho a la réplica.Y tampoco lograron ser prioritarios en la adjudicación de esos espacios.
Representación política
Los dos cedieron. El Gobierno porque el umbral sí dejará de decidir la personería de los partidos y las Farc porque permitió que quedara explícito que las circunscripciones especiales de paz no son para su movimiento o partido y ahora tienen participación transitoria en el Consejo Nacional Electoral. Fuera de eso porque las Farc pedían las mismas curules que tenía la Unión Patriótica antes de que los mataran -9 senadores y 17 representantes- y el Gobierno se había negado a darles curules directas. Al final, se acordó garantizar las 5 en Cámara y 5 en Senado entre 2018 y 2026. En lo que no cedió el Gobierno fue en darle puestos a las Farc en entidades claves como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la junta del Banco de la República, y en el Consejo Nacional Electoral cedió en un permitirles acceso, pero con un delegado sin voto y de permanencia transitoria.
Cese al fuego
Las Farc porque sí se van a concentran y lo van a hacer en menos zonas que antes...
Dejación de las armas
Las Farc porque pasaron de decir que el país no los vería entregando las armas a que la dejación sería gradual, para ahora dejarlas todas y permitir que se destruyan.
Garantías de seguridad
Las Farc, porque cedieron en su intención de crear los "terrepaz" y no lograron que el Gobierno cambiará la doctrina o la organización de las Fuerzas Armadas. En cambio, para el Gobierno crear instancias para combatir el paramilitarismo es una cesión menor porque no las convierte necesariamente en su principal objetivo y es una forma de avanzar en una lucha que ya existe.
Números de zonas de concentración
Los dos, porque los 27 lugares son casi el promedio de las dos posiciones sobre la cantidad de lugares, aunque se acerca un poco más a la del Gobierno.
Financiación y difusión para hacer política
Los dos cedieron. El Gobierno porque le garantiza al partido de las Farc una amplia financiación de su partido, y las Farc porque, renunciaron a tener un diario impreso, una revista de análisis político, una emisora y un canal de televisión con cobertura nacional financiados por el Estado, a cambio de plata para difundir sus ideas y su programa político, y el mismo acceso a medios de todos los partidos.
Reincorporación social y económica
las Farc, que se bajaron de su exigencia de que la reincorporación exigiera directamente mantener la cohesión de las Farc. Lo que acordaron es totalmente individual: un pago mensual de 620 mil pesos para los guerrilleros desarmados (similar al que reciben los desmovilizados hoy y lo que recibieron los paramilitares) más 8 millones que recibirán desmovilizados para capital semilla. Las Farc solo lograron que el Estado les de otros dos millones a los desmovilizados para que gasten en lo que quieran, una sesión relativamente menor porque hoy reciben un millón de pesos.
Solución al narcotráfico
Las Farc porque el Gobierno logró que la guerrilla reconociera que hace parte del narcotráfico (cosa que al principio negaban) y que se comprometiera a entregar información relacionada con el negocio y a ayudar a desactivarlo.
Programas de sustitución de cultivos
Los dos. El Gobierno logró que la aspersión sobreviviera pero como un recurso más para erradicar los cultivos. La guerrilla logró que se hicieran programas de sustitución concertados con la comunidad, pero no la legalización de los cultivos para fines terapéuticos.
Programas de prevención de consumo de drogas
Los dos porque coincidían en que es un problema de salud pública, que es el eje de lo acordado
Esquema de justicia transicional
Los dos. Gobierno, porque aunque logró que las Farc aceptaran un marco de justicia transicional y la legitimidad de las leyes colombianas, la gran mayoría de los guerrilleros no tendrán como castigo la cárcel. Las Farc, por su parte, aceptaron someterse a un juicio penal y ser condenados a una pena restrictiva de la libertad, mucho más específica ahora que antes, cuando lo que querían era solo una sanción extrajudicial como ir a la Comisión de la Verdad.
Medidas para la reparación integral
Las Farc porque ahora va poner su plata y sus bienes para reparar a las víctimas, y antes no.
Derecho a la verdad
Las Farc cedieron, porque aunque las dos partes estaban cerca en su acuerdo de crear una Comisión de la Verdad, aceptaron que son victimarios. Y así dejaron el primer granito de verdad.
Refrendación
Las Farc, que primero se bajaron de su exigencia de Constituyente para aceptar el plebiscito, y así lo hayan perdido, insisten en que hay que refrendar los acuerdos, así sea repitiendo un plebiscito o con otro mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular o los cabildos abiertos, o por el congreso, las asambleas y los concejos.
Verificación internacional
Las Farc porque al principio no quería que fuera la Onu la que verificara y prefería otras instancias como Unasur y al final se pactó y se mantuvo que para el cese al fuego y el desarme, sea la Onu la que verifique.
Implementación y seguimiento
Los dos porque, sin tener exigencias previas al respecto, acordaron un mecanismo en el que tendrán igualdad. Será la Comisión de Seguimiento, Verificación y Resolución de Diferencias con tres delegados del Gobierno, tres de las Farc y durante los seis meses que dure el desarme en las zonas complementarias, un delegado de Cuba, uno de Noruega, otro de Chile y uno más de Venezuela.
Comentarios (1)
Andres Felipe Garcia Rovira
Profesor Universitario
18 de Noviembre
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Falta el disclosure o advertencia al lector, en este texto no referencia el hu...+ ver más
Falta el disclosure o advertencia al lector, en este texto no referencia el hubieramos deseado que el 85% de los colombianos(asi como nuestros usuarios) votaran por el SI y posición editorial favorable, se omite el sesgo para decir que se cumplio el yo con yo, como dijo Santos todos los partidos apoyaron la renegociación excepto el unico que apoyo la opción que gano en las urnas.