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Por Juan Esteban Lewin · 13 de Agosto de 2013

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La Corte Suprema está a meses de quedar tan bloqueada como a finales de 2010, cuando tuvo que torcerle el pescuezo a su reglamento para llenar cinco vacantes y elegir a Viviane Morales como Fiscal General. Y es que para elegir magistrados se necesitan 16 votos, en este momento hay 18 magistrados y dos saldrán antes de que se acabe el año. Si no eligen antes de ese momento, necesitarían unanimidad para elegir.

En la Corte Suprema hay cupo para 23 magistrados: nueve en la Sala Penal y siete en las salas Civil y Laboral. Pero esos cargos han ido quedando vacantes porque algunos magistrados han cumplido su período (Augusto Ibáñez, de la sala Penal, Jaime Arrubla en la Civil y Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte en la Laboral), otros han renunciado y Julio Socha, de la Penal, cumplió 65 años. Por eso, en este momento ninguna sala está completa: la Penal tiene siete, la Civil seis y la Laboral cinco.

Además, en diciembre se la acaba el período a Francisco Zapata en la Sala Penal y desde el 1 de septiembre habrá otra vacante en la Sala Civil por la renuncia de Arturo Solarte. Es decir que quedarán justo los 16 magistrados que se necesitan para elegir.

A pesar de que cada vez es más urgente nombrar nuevos magistrados porque las vacantes atrasan los procesos y van saliendo magistrados, nada que se destraba el asunto.

Los dos bloques

La magistrada Ruth Marina Díaz, de la Sala Civil, es la cara visible del grupo mayoritario en la Corte. Fue eleigda presidente por unanimidad en febrero y es amiga cercana de Alejandro Ordóñez.

Leonidas Bustos es el presidente de la Sala Penal y viene de la Rama Judicial
 
La renuncia del magistrado Arturo Solarte, uno de los tres que se oponen a los nombramientos de la mayoría, mostró la profundidad de la ruptura en la Corte.

De las cinco vacantes actuales (que en menos de dos semanas sumarán otra más) hay dos que han estado a punto de llenarse. Han obtenido 15 votos pero se han estrellado contra la oposición cerrada de un grupo de tres magistrados que alcazan a bloquear las decisiones.

Esos tres magistrados son Arturo Solarte, Jesús Vall de Rutén y María del Rosario González. Solarte y Vall de Rutén no vienen de la rama, sino del mundo de la academia, los arbitrajes y el sector privado (Solarte, por ejemplo, fue secretario general de Colmena y Vall de Rutén fue director jurídico de Asobancaria).

Estos tres magistrados se enfrentan a una mayoría que, si bien no siempre es de 15, cuenta fácilmente con más de la mitad de los magistrados. La figura más visible de este bloque es la presidente de la Corte, Ruth Marina Díaz, y también participan los magistrados Elsy del Pilar Cuello, Leonidas Bustos, Fernando Giraldo, Luis Gabriel Miranda, Fernando Castro, Luis Guillermo Salazar, Margarita Cabello, Gustavo Malo y Ariel Salazar. Todos ellos tienen en común que vienen de la Rama Judicial, en la que han hecho carrera y que suelen privilegiar la llegada de otros miembros de la Rama a abogados que vengan de otros campos.

Aunque esos bloques no eran tan claros a finales de 2010, cuando la Corte eligió a Eduardo Montealegre como Fiscal en marzo del año pasado, el mayoritario ha ido creciendo. Y aunque desde entonces la Corte ha elegido tres magistrados más, los problemas para tomar una decisión son toda una novela.

Precisamente Solarte será el próximo en partir de la Corte, pues renunció hace algunas semanas, con una dura carta en la que marcó distancia pública del bloque mayoritario.

“Es el momento de dar un paso al costado, pues no deseo ser un obstáculo para el rumbo que mayoritariamente se le quiere dar a la Corporación, en variados aspectos tales como su conformación, el ejercicio de sus competencias electorales, sus tareas prioritarias y su papel dentro de los órganos del poder público”, escribió.

Aunque con la salida de Solarte a la mayoría le seguiría faltando un voto para elegir sin contar con la minoría, dos fuentes cercanas a la Corte señalaron que posiblemente será más fácil que alguno de los otros dos se deslice al grupo dominante. Si eso ocurre se podría desbloquear la Corte; si no, los efectos podrían ser catastróficos.

Los no elegidos

En la sala Civil, la lista para reemplazar a Jaime Arrubla, que está lista desde enero de 2012, ha sido el florero de Llorente para la trabazón y ha tenido varios candidatos fuertes.

El primero fue Jorge Alberto Parra, quien tenía el apoyo de Arrubla y de su amigo Arturo Solarte. Como ellos, Parra representaba un cupo de la academia y los abogados litigantes en la Corte. Pero solo alcanzó ocho votos.

Como contó Caracol, ante eso Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal, propuso que se votara por todos los candidatos de la lista. Esa propuesta era sorprendente porque la práctica es que las diferentes salas respetan el candidato elegido por la sala en la que se va a llenar la vacante, y Parra era el candidato de la Sala Civil.

La sorpresa se convirtió en molestia cuando Bustos dio un paso más y dijo que su candidato era el tolimense Jesael Giraldo Castaño, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que como él y la mayoría de la Corte, viene de la Rama Judicial.

La candidatura de Giraldo no cuajó, precisamente por esa molestia. Ahí surgió el nombre de Jaime Araque, magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y cercano a la presidente de la Corte, Ruth Marina Díaz. Alcanzó a tener 11 votos a mediados de mayo, pero su candidatura se desinfló días después cuando terminó envuelto en el escándalo del crucero al que fueron varios magistrados de ese Tribunal y la presidente de la Corte.

El nuevo favorito es Luis Armando Tolosa, quien ha llegado a 15 votos. Tolosa ha sido litigante, fue magistrado del Tribunal de Riohacha, participó en el concurso para notarios y en 2010 duró menos de un mes como Notario en Bogotá pues declinó su nombramiento. Desde ese entonces es magistrado del Tribunal Superior de Boyacá, en su Sala de Familia.

En la sala Laboral, entre tanto, Gustavo López Algarra, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, también ha llegado a 15 votos, en la lista para reemplazar a Tarquino.

En las otras vacantes, aunque se ha llegado a más de 12 votos, aún no se se ha alcanzado ese techo de 15, un voto menos de los que se necesitan para elegir. La lista para el reemplazo de Socha en la Sala Penal está lista desde abril y quien más ha alcanzado apoyo es el santandereano Eugenio Fernández Carlier, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá (antes del de Bucaramanga), y quien tiene el apoyo del bloque mayoritario, excepto algunos en la sala Penal.

La lista para llenar la vacante de Ibáñez está armada desde mayo de 2012 y quien más suena es Luis Antonio Hernández Barbosa, quien recorrió toda la carrera judicial en los años ochenta, desde escribiente, y para 1994 ya era director seccional de fiscalías de Bogotá. Tiene los votos de casi todo el bloque mayoritario. 

En la de Ricaurte en la sala laboral, que está lista desde julio de 2012, no hay un nombre claro.

Lo que viene

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la encargada de la primera parte del proceso de elección de los magistrados, ya está avanzando en las dos vacantes que vienen, la de la Sala Penal por la salida de Zapata, y la de la Civil por la renuncia de Solarte.

Por ahora, los dos procesos están avanzando a ritmo normal: ya hicieron la convocatoria a los interesados y acaban de publicar las listas de aspirantes (ésta es la de la Sala Penal y ésta la de la Sala Civil). Lo único llamativo es que la cantidad de aspirantes, 58 y 44, respectivamente, está por debajo de los aproximadamente 90 que se presentaban en los procesos más recientes.

Por ahora, según lo que decidió la sala la semana pasada, entrevistará a los aspirantes el 17 y 18 de septiembre, y luego debe elaborar la lista corta para enviársela a la Corte Suprema. De ahí es de donde la Corte tendrá que elegir.

Eso quiere decir que los cupos de Zapata y Solarte no se llenarán, por temprano, antes de principios de octubre.

Mientras tanto, hace dos semanas la Corte Suprema echó para atrás la prohibición de pedir licencias y permisos que había tomado en junio y que precisamente apuntaba a bajarle la presión por el episodio del crucero y meterle el acelerador a estas elecciones. Esa decisión la tomaron 12 magistrados, liderados por María del Rosario González, de la minoría. Justamente González aprovechó para pedir un permiso de varios días.

En la Corte eso se interpretó como una aceptación de que por ahora no será posible elegir porque al mismo tiempo Vall de Rutén y Solarte, los otros dos rebeldes, pidieron permisos académicos. Es decir, por ahora no se reunirán los 16 votos necesarios para llenar una vacante.

El panorama para la Corte no es sencillo. Pero, como le dijo a La Silla una fuente cercana a la Corte, lo que puede ocurrir es que esperen a que salgan Solarte y Zapata, que lleguen las listas de sus dos reempalzos y -ya con siete vacantes en sus manos- los magistrados las llenen todas en una sola sesión, en la que todos los grupos pongan algunos magistrados nuevos y queden todos contentos. Como en 2010. 

La diferencia es que esta vez ya está claro que no podrán buscarle un atajo a su propio reglamento y tomar una decisión con menos de 16 votos. Y si no se elige antes, en 2014 sale una magistrada más, Ruth Marina Díaz, y la Corte quedaría totalmente bloqueada.