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Por Jerson Ortiz · 25 de Febrero de 2021

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Más de 65 procesos de revocatoria de gobernadores y alcaldes, dos referendos que son plataforma política de precandidatos presidenciales y una candidatura a las elecciones atípicas de un municipio costeño están frenadas desde hace un mes. 

La razón, la decisión del registrador nacional Alexander Vega de suspender la recolección de firmas por la pandemia. 

Desde entonces, los afectados han puesto tutelas y derechos de petición buscando destrabar el asunto. Pero la Registraduría, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han estado tirando la pelota sin resolver de fondo y los jueces les han dado la razón.

Ese limbo jurídico puede pegarles a las elecciones de 2022 porque en marzo y mayo, respectivamente, debe arrancar la recolección de firmas de los movimientos y candidatos que quieren llegar por esa vía al Congreso y a la Presidencia. 

La decisión del registrador Vega tiene como justificación evitar que las recolecciones de firmas se vuelvan focos de propagación del virus, pero también tiene un trasfondo político: meterle presión a la Corte Constitucional para que le dé luz verde al Código Electoral que está en proceso de estudio.

Ese Código, un proyecto que lideró Vega, introduce herramientas tecnológicas para permitir la recolección de firmas de manera digital y hace que los procesos de revocatorias sean más técnicos que políticos.

"La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará las herramientas tecnológicas y logísticas necesarias para facilitar la recolección y verificación de los apoyos ciudadanos", menciona el Código frente a la reglamentación de las firmas. 

Es decir, que abre la puerta para que no se haga solo de manera presencial con lapicero en mano sino también de manera digital. 

Desde que era candidato a la Registraduría, Vega ha venido hablando de la necesidad de ese Código porque lo ve como el camino para modernizar a la entidad y tecnificar los procesos electorales. 

Dada su relación con los políticos logró que fuera aprobado en el Congreso. A eso ayudó que la iniciativa también tuvo el visto bueno del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno de Iván Duque porque les conviene.

Sin embargo, el Código también le permite al registrador aumentar el presupuesto y la burocracia de la entidad.  

Lo que desde sectores de oposición creen que puede inclinar la balanza a favor de esos partidos tradicionales y sus apuestas electorales.

El Estado se tira la pelota

El 29 de enero pasado, la Registraduría anunció la suspensión de los procesos de recolección de firmas para las 57 iniciativas de revocatoria de mandato que estaban en curso.

Ocho iniciativas más se han presentado desde entonces.  

El registrador Vega dijo que era necesaria esa suspensión por la crisis sanitaria del país. 

 

Por eso, a través del registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, le envió una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidiéndole un concepto sobre la viabilidad de la entrega de los formularios físicos de recolección de firmas y la autorización a los comités promotores para hacer el trabajo de campo. 

“En caso de que su respuesta sea positiva, le solicitamos trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas al momento de recolectar las firmas”, dice la carta.  

Esa suspensión también le pegó a otros procesos de firmas. 

El senador Roy Barreras está promoviendo un referendo que se llama ‘Chao Duque’, con el que intenta revocar al presidente Iván Duque. Esa es la plataforma política con la que está cimentando su campaña presidencial.  

El 9 de febrero pasado, la Registraduría avaló esa iniciativa, pero, citando razones de salubridad por la pandemia, no le entregó a Barreras las planillas para la recolección de las 1.914.267 firmas que necesita para llegar a las urnas. 

“Es una clara violación a los derechos constitucionales”, le dijo Barreras a La Silla. 

Un caso similar está ocurriendo en Tenerife, Magdalena. En ese municipio la Registraduría convocó a elecciones atípicas para el 28 de marzo, porque el alcalde que había sido elegido hasta el 2023, Freddy Ramos, murió por covid en diciembre.

El historiador Julio Gómez quiere ser candidato en esas atípicas, pero busca hacerlo por firmas porque el movimiento del que hace parte, Fuerza Ciudadana del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, no tiene personería jurídica. Por eso no puede dar avales, y Gómez debe recoger firmas. 

El candidato Gómez registró su comité el 6 de febrero pasado, pero la Registraduría tampoco le entregó los formularios para recoger las 2 mil firmas que necesita para avalarse. 

“Me están vulnerando los derechos a elegir y ser elegido”, le comentó Gómez a La Silla. 

Quien sí alcanzó que la Registraduría le entregara las planillas para su causa política fue el senador y precandidato presidencial, Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde.

Desde finales del año pasado Londoño está impulsando, junto con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc),  el ‘Referendo Campesino’ con el que busca aumentar el presupuesto nacional para los sectores rurales.

Esa es la bandera política de su precandidatura presidencial. 

Pero Londoño y la Anuc no han podido avanzar mucho en la recolección de las firmas porque no quieren saltarse las restricciones de la Registraduría. “Hemos recogido unas firmas en la zona rural, especialmente, pero no en los municipios y ciudades que es donde está la mayoría de la población”, nos comentó Londoño. 

Los comités revocadores, los senadores Barreras y Londoño, y el precandidato Gómez no se han quedado quietos. Vía tutelas y derechos de petición están pidiendo que les resuelvan sus casos. 

En ese debate jurídico, está quedando claro que Registraduría, Ministerio de Salud y hasta el Consejo Nacional Electoral se tiran la pelota sin encontrar una respuesta final. 

La tutelatón

Los comités revocadores fueron los primeros en presentar acciones de tutela alegando la violación a derechos políticos como la participación. 

En ningún caso los jueces les han dado la razón, pero el análisis de los casos muestra el choque de conceptos entre la Registraduría, Ministerio de Salud y hasta el CNE. 

Por ejemplo, en una tutela que coadyuvaron delegados de 53 comités revocadores, la Registraduría dijo que no están vulnerando esos derechos. Argumentó que los procesos de recolección simplemente están suspendidos, mientras el Ministerio de Salud saca un protocolo de bioseguridad para hacerlo. 

El Ministerio de Salud respondió que ese es un tema que no depende de ellos directamente.

“Corresponde a la Registradora en el marco de los derechos fundamentales que enmarca nuestra Constitución, definir si se implementa la actividad solicitada, o si, por el contrario, si puede ser aplazada o reevaluada tenido en cuenta la situación actual del País a causa de la pandemia”, dice el concepto del Ministerio de Salud. 

Y que de todos modos, según MinSalud, se debe evaluar cada caso en particular, es decir, si un municipio tiene pocos contagiados o muchos. 

El candidato Gómez también puso una tutela alegando el derecho a elegir y ser elegido. De entrada, logró que la Registraduría suspendiera el calendario electoral por lo cual las elecciones no se harán el 28 de marzo. 

Pero sigue sin tener las planillas de recolección. Como es un proceso atípico, Gómez solo tiene dos semanas para recogerlas, por lo que sostiene que si la Registraduría o el Ministerio no se ponen de acuerdo para el protocolo seguirá insistiendo por vía judicial. 

Su petición la comparte la oficina jurídica de la Gobernación de Magdalena de Carlos Caicedo. 

El senador Barreras no entuteló a la Registraduría, pero sí al CNE pidiendo que habiliten la recolección de firmas de manera digital. 

Según Barreras, esa entidad es la que debe reglamentar el uso de tecnologías para las firmas a través de una resolución. 

“Todo el Estado está funcionando de manera digital, la Rama Judicial funciona con lo digital, la tutela la firmé de manera digital, entonces por qué no permiten que podamos hacer uso de ese mecanismos en estos procesos democráticos”, sostiene Barreras. 

La tutela no se ha resuelto. 

En esa misma línea se está moviendo el senador Londoño, pero por vía derecho de petición. Dice que presentó uno al CNE que tampoco le han contestado. 

El efecto indirecto

Todo este debate jurídico que se ha gestado alrededor de la decisión del registrador Vega, indirectamente le mete presión a la aprobación del Código Electoral, que está siendo revisado por la Corte Constitucional. 

Ese Código, que aprobó el Congreso en diciembre antes de vacaciones, establece la reglamentación de las revocatorias y los movimientos de firmas como contamos en esta historia.  

Pero no ha entrado en vigencia. Primero, la revisión de la Corte es un trámite que puede demorar hasta seis meses más. 

Para César Caballero, director de Cifras y Conceptos y quien ha estado pendiente del Código porque toca a las encuestadoras, la decisión del registrador Vega es acertada en el sentido de ayudar a mitigar la pandemia. 

No obstante, dice Caballero, también le ayuda para mandarle un mensaje a la Corte de la necesidad de la entrada en vigencia del Código. 

“Porque el Código ajusta lo relacionado con las firmas digitales, por ejemplo. De esa manera el registrador Vega puede sumar voces de los partidos y movimientos políticos para instar a la Corte a resolver el asunto”, nos comentó. 

Una tesis que comparte un congresista que fue coautor del Código, pero que nos pidió no citarlo para no chocar con el registrador.

“Están aguantando el Código, fíjese que ahí las revocatorias tiene nuevas reglas de juego y como los actuales procesos no están recogiendo firmas aún, la Corte puede definir que esa nueva reglamentación aplique para los casos que ya están andando”, nos dijo el congresista. 

Barreras, por su parte,  no cree que la medida sea algo calculado por el registrador, pero sí cree que es una “equivocación constitucional” no darle más prioridad a los derechos políticos.

Más allá de si es algo calculado por el registrador Vega o coincidencial, como el tema tiene agitado el panorama electoral, tiene más posibilidad de llegar a oídos de la Corte. 

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