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Por Tatiana Duque · 01 de Marzo de 2021

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Esta mañana, el presidente Iván Duque firmó el decreto que pone en marcha el ambicioso plan de regularización de 1.7 millones de venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro. Un estatuto que, fuera de hacerle la vida menos difícil a los miles de inmigrantes del vecino país, se ha convertido en un puente con la administración de Joe Biden que no le ha mostrado a Duque sino frialdad. 

 

“Biden se ve a sí mismo como uno de los pocos presidentes post populistas del mundo y está viendo con bastante suspicacia a presidentes con características autoritarias”, nos dijo Adam Isaacson, director de la oficina de Washington para Latinoamérica (Wola). “Duque, al hacer algo tan abierto a la migración, poco nacionalista y multilateral, no huele a populismo y eso sí lo ayuda a tener una buena carta de entrada con el gobierno Biden”.

Según confirmó La Silla Vacía, el embajador en Washington, Francisco Santos, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se reunirán virtualmente esta semana con los comités de relaciones exteriores y con el comité de apropiaciones del Senado, que ahora tiene mayoría afín a Biden. 

“Hablaremos de los esfuerzos del gobierno colombiano para proteger a los líderes sociales y para combatir a las organizaciones criminales que los atacan”, nos dijo el ministro Palacios, encargado de la política de protección por parte de Duque.

Un punto fuertemente criticado en las últimas semanas desde varios sectores con influencia en la Casa Blanca: congresistas conocedores de Colombia como el demócrata Jim McGovern la semana pasada; el informe de la ONG Human Rights Watch sobre las medidas de protección de febrero; y una carta de 22 ONG gringas, como Wola y Oxfam, que hoy mandaron a Biden para presionar a Colombia sobre estas medidas de protección.

La apuesta migratoria en común

La Casa Blanca dijo en la carta que le envió el viernes a Duque que aplaudía la decisión del estatuto. “Lo correcto no es siempre lo políticamente conveniente, pero es lo que resalta el verdadero liderazgo”, dice.

Y aunque la Casa de Nariño lleva varias semanas esperando una llamada, como contamos, las razones que nos dieron en la Embajada en Washington para que no ocurra aún es que ha habido “un lento proceso de designación de los nuevos funcionarios” de Biden, que dependen del Congreso de Estados Unidos y que por eso la llamada sigue pendiente. 

Un argumento que dos personas que conocen la diplomacia gringa desestiman como una mera excusa para demostrar su rechazo a la intervención que tuvo el Centro Democrático a favor de Trump en la campaña, sobre todo cuando cuatro mandatarios de la región ya hablaron con Biden y hoy tuvo su primera reunión bilateral virtual con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.  

La carta es la tercera comunicación entre el gobierno de Biden y el de Duque desde la posesión del presidente de Estados Unidos el 6 de enero. 

El 29 de enero, la canciller Claudia Blum habló con su homólogo Anthony Blinken. Y la más reciente ocurrió esta mañana, según confirmó La Silla Vacía con una alta fuente diplomática: una llamada entre Duque y John Kerry, exsecretario de Estado en la administración Obama y actual asesor del presidente Biden en cambio climático.

Ocurrió sobre las 9:30 de la mañana, media hora antes del evento de la firma del estatuto. No conocimos detalles específicos de esa comunicación.

La carta de Biden fue interpretada por dos expertos en las relaciones bilaterales consultados por La Silla como menos favorable de lo que vendió públicamente el gobierno Duque. Esto porque habla sobre la relación con el país, más que con el gobierno Duque; porque recuerda que no habla con el Presidente desde 2018; porque no lo invita a nada; y porque insiste en el cumplimiento del Acuerdo de Paz en el que Duque no cree.

Sin embargo, la carta sí reconoce los esfuerzos del gobierno colombiano en un tema que se alínea con la agenda de Biden en Estados Unidos y que les ofrece un terreno común: la migración.

“Hay una coincidencia frente a la importancia de regularizar y que la regularización traiga una protección que es una lista garantista de derechos”, nos dijo Diego Chaves, gerente senior para Latinoamérica del Migration Policy Institute, un centro de pensamiento de políticas públicas de migración en Washington. 

Biden también impulsa una ley en el Senado para regularizar a 11 millones de dreamers y sus familias, lo que, según Chaves, pone a Colombia a la vanguardia de esa agenda. “Hay intereses más o menos similares que pueden dar una especie de jump start que Duque no puede dar en otros temas”.

La puesta en marcha de esa política en Colombia lleva más de tres años y fue impulsada desde 2018 por un Conpes propuesto por Duque y el entonces gerente de Frontera de la Presidencia, Felipe Muñoz. Le apunta, como dijo el Presidente en su discurso, a, entre otras cosas, mostrar “hechos de paz” hacia la comunidad internacional.

“Este es un gesto muy potente. Los ojos del mundo entero están puestos en Colombia por este estatuto, no hay un país ni rico, ni pobre, ni de renta media que tome decisiones como la que tomó Colombia y eso ha llamado mucho la atención”, nos dijo el actual gerente de Frontera, Lucas Gómez, encargado del andamiaje jurídico del estatuto.

“Estamos diciéndole al mundo que en materia de garantía de derechos, Colombia toma decisiones contundentes y muy fuertes aunque mantengamos problemas a los que siempre tocarán hacerle frente”, agregó.

Si bien en Palacio nos reiteraron que el estatuto no fue lanzado para atajar la mala prensa sobre las críticas sobre derechos humanos o para entrar con pie derecho con Biden, su anuncio llegó justo en momentos en que arrancaron las críticas contra otras políticas de protección de derechos humanos en Colombia.

Junto con el embajador gringo en Colombia, Philip Goldberg y mensajes de representantes de la ONU y la OEA, Duque hizo el anuncio del estatuto un día antes del informe de Human Rights Watch que enfatizó la redundancia e ineficacia de las políticas para proteger la vida de los líderes sociales y civiles.

Críticas que no han parado. Junto con el espaldarazo de Biden a la política migratoria, vino a mediados de febrero una advertencia del Departamento de Estado norteamericano sobre los pocos avances en el esclarecimiento de los crímenes de líderes; y un discurso en la Cámara de Representantes del congresista demócrata Jim McGovern contra la política de seguridad en Colombia.

“La falta de voluntad política para prevenir estos asesinatos y proteger a estos líderes locales está, literalmente, desangrando a Colombia del capital humano que necesita para consolidar un futuro más dinámico”, dijo en su intervención el congresista, uno de los que más conoce al país.

Y justamente para atajar estas críticas es que Duque envió a su embajador y ministro del Interior a hacer lobby con el congreso gringo.

Control de daños

Según nos dijo el embajador Santos, la idea de estas reuniones con los comités es mostrar lo que Duque ha hecho en política de seguridad y protección de líderes sociales. “Tenemos mucho que mostrar y a veces (los congresistas) solo escuchan un solo lado”, nos dijo.

Otra fuente del Gobierno enterada del lobby nos indicó que además hablarán “del informe de Vivanco”, en relación al director para las Américas de HRW, que durante dos semanas tuvo reuniones con Duque, su minDefensa y minInterior; y al mismo tiempo, con congresistas demócratas y funcionarios del departamento de Estado. 

En las reuniones con los asesores de senadores como Bob Menendez, jefe del comité de asuntos exteriores del Senado, Santos y Palacios mostrarán como resultados la estrategia de la Fiscalía General de priorizar las siete zonas donde más ocurrieron asesinatos de líderes para su investigación y protección; las estrategias de la política de Paz con Legalidad de Duque (que es como le llama a la implementación de los Acuerdos), incluida la estrategia Zonas Futuro (criticada por no dar suficientes resultados); la plata que han destinado para los proyectos Pdet y la financiación de la implementación (que como hemos mostrado, está muy por debajo de las metas pactadas alrededor del Acuerdo).

Desde la Embajada en Washington nos indicaron que desde hace dos meses el presidente Duque ha hablado directamente con los senadores demócratas Bob Menendez, del comité de relaciones exteriores y con otros como Tim Kaine, Chris Coons, del comité de apropiaciones (que define los recursos anuales). Y que la misma Embajada mantiene contactos “bicamerales y bipartidistas” con los congresistas. 

Las movidas podrían apuntar a recomponer las relaciones luego de la injerencia del partido de Duque, el Centro Democrático, en la campaña norteamericana, especialmente en la Florida, sin que él se opusiera en público o en privado, algo que mantiene molesto a un sector de los demócratas.

“La política exterior no cambia, sino los canales diplomáticos que usa ese país para hablar con los gobiernos”, nos dijo Chaves. “Hay que restaurar esa confianza”. 

Las relaciones con Estados Unidos y su asistencia al país no están en peligro, como lo muestra el documento que envió hace una semana el Departamento de Estado al Congreso norteamericano -y desclasificado hoy- en el que da el visto bueno para desembolsar recursos para 2022 para la erradicación de cultivos ilícitos, y mantener la promesa de Duque de reducir el 50 por ciento de la producción de cocaína para 2023. 

Pero las movidas muestran que desde Casa de Nariño le están apostando a nuevas estrategias para acercarse a la esquiva administración Biden.

“Nadie está amenazando la composición del paquete de ayuda a Colombia, que es casi igual de lo que era en 2017 y las partidas son casi iguales en los últimos cinco años”, nos dijo Isaacson. “Es cuestión de imagen, de reconocimiento”.

CONTEXTO

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