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Por Jineth Prieto · 12 de Febrero de 2021

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Dos congresistas, Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, y Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático, enfrentan las acusaciones por corrupción más graves de sus carreras. Ambos políticos son poderosos de Santander, especialmente Aguilar, exgobernador y ficha clave del clan Aguilar. 

 

La Silla Vacía tuvo acceso al expediente con el que ambos están siendo investigados en la Corte Suprema, en el caso más copioso de presuntos hechos de corrupción que hasta ahora tiene la justicia sobre la segunda generación de la casa Aguilar de Santander, que hoy sigue en el poder a través del hermano de Richard, Mauricio Aguilar, el actual gobernador.

Una de las claves para la investigación gira alrededor de un cuestionado contratista, ex funcionario de la gobernación de Richard Aguilar, y empresario santandereano llamado Julián Jaramillo. 

Aguilar y Ballesteros están en la mira de la Corte Suprema por las confesiones de una pareja de esposos, Claudia Toledo y Lenin Pardo. Toledo trabajó con Aguilar en la gobernación como secretaria de Infraestructura y Pardo era un contratista de obras públicas que se paseaba por los pasillos de esa administración. 

En 2019, en medio de una investigación de la Fiscalía, ambos confesaron haber hecho parte de un entramado enorme de presunta corrupción, durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander (2012-2015) en la adjudicación de más de 500 mil millones de pesos en contratos.

Toledo y Pardo también aportaron pruebas que apuntan a que durante el proceso judicial, a través de un mensajero clave, Aguilar y Ballesteros les habrían ofrecido sobornos para comprar su silencio, algo que sumaría a la investigación por corrupción, delitos relacionados con obstrucción a la justicia.

Hasta ahora la atención se ha centrado en el rol de Aguilar, quien llegó a dirigir ese departamento sobre los hombros de su papá, el parapolítico Hugo Aguilar; y sobre, Edwin Ballesteros, quien fue uno de los funcionarios claves de esa administración y estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander. Noticias Caracol fue el primer medio en publicar parte del expediente filtrado. 

Sin embargo, Julián Jaramillo es un personaje que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido, quien según las pruebas que han aportado los esposos ha sido el enlace entre los confesos corruptos y los políticos investigados. 

Jaramillo figuró mediáticamente por el proceso a mediados del año pasado, por un allanamiento que la Corte ordenó a su casa en el marco de la indagación contra Richard Aguilar. 

Luego de tener acceso al expediente, La Silla Vacía encontró que Jaramillo es el hombre clave en el relato con el que ambos esposos están buscando, por segunda vez, un principio de oportunidad en la Fiscalía. Esta figura implica que los esposos deben ofrecer a la justicia confesiones útiles para judicializar a más personas, a cambio de una reducción de pena o incluso una absolución. 

El primer intento de principio de oportunidad fue negado por la Fiscalía, pero cuando los detalles de las confesiones llegaron a la Corte Suprema, juez de los congresistas aforados, el magistrado del caso, César Reyes, le pidió a la Fiscalía que considerara de nuevo otorgarlo. 

Hace dos semanas se radicó la nueva petición en la Fiscalía, y por eso, todos los ojos vuelven a ponerse sobre Jaramillo, el enlace clave con los congresistas.  

 

¿Quién es Julián Jaramillo?

Revisamos todas las declaraciones de los esposos que vinculan a Julían Jaramillo, también su trayectoria desde que salió de la administración Aguilar, y encontramos que varios hilos lo unen al escándalo. 

Cuando entró a la Gobernación de Santander a inicios del 2012, Jaramillo tenía menos de 35 años y venía de ser un contratista recurrente de papelería e impresiones en el sector público en Santander.

“Era un muchacho del montón que tenía una papelería. Ese era su fuerte”, dijo a La Silla un funcionario de la Gobernación de Richard Aguilar que lo conocía desde entonces.

La empresa se llamaba Impregráficas y empezó a crecer en la era del parapolítico Hugo Aguilar, papá de Richard Aguilar, en la Gobernación de Santander (2004-2007). 

En ese entonces, se quedó con varios contratos relativamente pequeños en el departamento que, además del suministro de papelería e impresiones de folletos y la gaceta departamental, incluyeron la logística de eventos. 

Posteriormente, el alcance de la contratación de Jaramillo se expandió por varias entidades públicas de Santander y también empezó a contratar con la Policía Nacional. A la par de ese crecimiento con su empresa de papelería e impresiones, incursionó en el universo de la contratación de obras públicas.

En 2009 junto con su amigo Pedro Beltrán Dulcey, quien desde entonces se convirtió en su socio, compró Construmarca, empresa de la que fue representante legal hasta el 20 de noviembre  de 2011, cuando restaban cinco semanas para que se posesionara como asesor de Richard Aguilar.

Una vez llegó a las manos de Jaramillo y su socio, Construmarca pasó de ser una firma con un movimiento comercial en 2009 que no superaba los $500 millones anuales, a registrar ventas en 2010 por cerca de $3.000 mil millones. Un crecimiento vertiginoso.

Dentro de esa carrera de contratista, Jaramillo se cruzó en varias ocasiones con los hermanos Valderrama, uno de los grupo de constructores grandes de Santander,  con quienes hizo consorcios, y hasta interventorías en grandes obras en Bogotá que resultaron siendo cuestionadas por la Contraloría de esa ciudad.

Además de Construmarca, el 29 de septiembre de 2011 Jaramillo creó otra empresa para ejecutar obras de construcción e interventoría con su amigo, Pedro Beltrán Dulcey. Su nombre fue Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de  Colombia SAS, Procinco. 

Esa empresa, al igual que Construmarca, Impregráficas y una fundación llamada Corsoder, que terminó enredada en un ‘carrusel de contratación’ en Bucaramanga por el que Libardo Jaramillo, papá de Julián, pagó cárcel, han compartido la misma sede.

“El local es de mi propiedad y por eso han funcionado ahí. Es grande y yo he arrendado cubículos”, le dijo a La Silla Jaramillo sobre esa relación.

Así como en Construmarca, a un mes de posesionarse como funcionario de la Gobernación de Richard Aguilar, Julián Jaramillo vendió su participación en Procinco, que desde 2011 es representada por Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán.

Desde 2012 entró a la Gobernación de Richard Aguilar, primero como asesor en temas de Hacienda y posteriormente pasó a ser director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura del departamento hasta que se terminó su administración.

Presunta corrupción y obstrucción a la justicia

Dentro del presunto entramado de corrupción que están denunciando los esposos Toledo y Pardo hay cuatro hechos claves en los que aparece Julián Jaramillo Díaz, a quien ambos señalan como el enlace de Richard Aguilar para definir la adjudicación de contratos que se ejecutaron en su mandato.

El primero tiene que ver con que presuntamente era el encargado de un grupo de contratistas de la Secretaría de Infraestructura cuya labor, según la declaración de Claudia Toledo, era manipular por debajo de cuerda las condiciones de contratación de la Gobernación de Aguilar.

Según lo que ha dicho la exsecretaria de Infraestructura de Aguilar, Jaramillo, junto a cinco contratistas de prestación de servicios de la Gobernación, se reunían con firmas constructoras e interventoras para pactar las exigencias de contratación desde antes de que se publicaran formalmente. 

Así les daban ventaja al concursar y más probabilidades de ganar las adjudicaciones a cambio de presuntas coimas.

Dentro de los que nombra Toledo hay dos contratistas que no solo estuvieron en la administración de Richard Aguilar, sino que también pasaron por la de su papá, el parapolítico Hugo Aguilar, y que están vinculados actualmente a la de su hermano, el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Uno es Carlos Andrés Páez, quien actualmente es director de proyectos de Infraestructura de Santander, y otro es Édgar Báez, quien está contratado como “arquitecto experto en contratación estatal”.

En una grabación entre Julián Jaramillo y Lenin Pardo, que está en poder de la Corte Suprema, ambos hablan de que Édgar Báez era el encargado de interventoría. Y en su declaración ante la Corte cuando entrega el conexto de la conversación, Pardo dice que esa interventoría fue direccionada "ilícitamente".

Además, los esposos Pardo y Toledo entregaron una grabación en la que el contratista Páez aparece hablando de cómo se manejaba la contratación en ese momento. En ella señala a Jaramillo de llevar registro de toda la información relacionada con el direccionamiento de los contratos en un cuadro de excel.

En su relato, Toledo dio detalles de tres licitaciones de obras viales en las que habría recibido directrices de Richard Aguilar para direccionarlas (San Gil - Charalá -$185 mil millones-. Tercer carril -$113 mil millones-, Corredor Agroforestal -$180 mil millones-). Dos de las cuales tenían como presunto beneficiado a Aureliano Naranjo, familiar del Gobernador.

El segundo hecho clave en el que aparece Jaramillo es como presunto receptor de coimas dentro del contrato para el reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Este hecho fue justamente el que abrió la caja de pandora sobre la contratación de Aguilar y encendió el ventilador de los esposos Toledo y Pardo.

Según el relato de  la ex secretaria Pardo, Jaramillo habría recibido e intermediado parte de las coimas de ese contrato, que costó 15 mil millones de pesos y en el que ya confesaron corrupción tanto los esposos como el contratista Octavio Reyes Sarmiento. 

El rol de este contratista Reyes Sarmiento es clave. Fue él el primero en confesar a cambio de pedir beneficios, y por su declaración fue que terminaron emproblemados los esposos Toledo y Pardo. Y posteriormente, los congresistas Aguilar y Ballesteros, y su enlace, Julián Jaramillo.  

Reyes confesó que había pagado $3 mil millones para asegurarse el contrato del estadio, pero dijo que Claudia Toledo, como secretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Pardo fueron los únicos que hicieron parte de ese acuerdo: Reyes salvó de toda responsabilidad a Richard Aguilar.

Sin embargo, en varios apartes de las pruebas que entregan los esposos, y que están en manos de la Corte, hay indicios de que Aguilar sabía lo que pasó en ese contrato. 

Aún más, que el hoy senador Aguilar presuntamente les ofreció sobornos para quedarse callados mientras los investigaban. Ahí es que el papel de Jaramillo, y lo que diga en la investigación, puede poner en problemas a los políticos.  

La prueba más reveladora es una conversación que grabaron los esposos Toledo y Pardo con Jaramillo, en marzo de 2019. 

“- Lenin Pardo: Así como vinieron a decirnos aquí, que usted y Richard le dieron plata a Octavio para que no los metiera en las declaraciones, que ustedes le cuadraron ahí y que lo mantenían

- Julián Jaramillo: Menos mal yo siempre he sido (inaudible)... con ustedes y que se le está pagando a ese man”.

Según le explicó Pardo a la Corte, Jaramillo estaba siendo intermediario de la entrega de esa plata al contratista Reyes. 

El tercer hecho lo reveló Caracol Televisión en esta nota

En esa misma conversación, Jaramillo les pedía a los esposos que consideraran un preacuerdo con la Fiscalía en lugar de un principio de oportunidad. En el preacuerdo, los esposos nada más acuerdan una confesión, y devolver el dinero, sin necesidad de confesiones adicionales. 

Por eso Jaramillo les ofreció a los esposos los 2.800 mil millones de pesos que la Fiscalía dice que se apropiaron irregularmente, e incluso les ofreció la posibilidad de darles una cuota de mantenimiento mientras estaban en casa por cárcel. 

Y el cuarto hecho en el que Jaramillo es un enlace clave, involucra al representante uribista Edwin Ballesteros. Pardo declara que el ahora congresista le entregó un contrato en la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant. para construir el Acueducto de Landázuri por 4 mil millones de pesos.

Según ese relato, Aguilar habría dado la orden, y Julián Jaramillo aparece porque habría sido su socio a través de dos empresas y habría dado $100 millones de pesos para adelantar el pago a Ballesteros de la coima por ese contrato. 

Sobre todas las declaraciones de los esposos, las defensas de Aguilar y Ballesteros han señalado que son mentirosas y no tienen respaldo. 

“A esos esposos se les negó un principio de oportunidad por mentirosos. No tienen ni una sola prueba de lo que dicen contra Richard Aguilar, los demás testigos los contradicen. Todo es una suma de mentiras”, le dijo a La Silla Iván Cancino, abogado del senador Aguilar. 

Francisco Bernate, defensor de Edwin Ballesteros aseguró: “Ni la Fiscalía le ha comprado sus ideas locas al señor Lenin Pardo. Todas las personas que han declarado han dicho algo distinto a lo que él asegura que sucedió. Claramente él y su esposa son personas desesperadas por un principio de oportunidad”.

En la misma línea de los demás, Jaramillo le ha dicho a la Corte que las declaraciones no son ciertas, que su papel en la Gobernación solo era estructurar proyectos y no tenía que ver con la contratación, que no existía un grupo para direccionar contrataciones, y que Richard Aguilar no le dio órdenes de torcer procesos de selección.

A La Silla le dijo, sin entrar en detalles por la prohibición que le hicieron a las partes de ventilar el proceso, que dentro de su defensa estará el alegato de que el video y los audios que están en manos de la Corte están editados o sacados de contexto y que con su abogado pedirá dictámenes periciales.

Aún falta saber lo que resulte de esa pelea, pero de lo que no hay duda hasta ahora es de que Jaramillo es un personaje clave dentro del entramado de corrupción del que hablan los esposos.

En la segunda entrega de esta historia, contaremos los hilos que unen a Jaramillo al entramado, más allá de las declaraciones que están en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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