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Por Nohora Celedón · 19 de Noviembre de 2018

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El fin de semana el Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó las bases completas del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que propone el Gobierno de Iván Duque para los próximos cuatro años.

En el documento de 945 páginas el Gobierno deja ver que Duque aspira a convertir a Colombia en un país con más equidad, legalidad y emprendimiento, que son sus tres principales apuestas, apostándole a las empresas.

Aunque muchas de las estrategias delineadas en el Plan no están del todo aterrizadas (varias consisten en que un ministerio o una entidad se encargue de fortalecer o implementar un programa) las empresas están en el centro del diagnóstico en el que se basa el Plan y de las soluciones que plantea en sus 25 pactos o estrategias.

El plan se llama “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y está compuesto por 25 pactos o capítulos.

Tres de ellos, los de equidad, legalidad y emprendimiento, que el documento con las bases llama estructurales, son en principio sus grandes ejes.

Sin embargo, esa prelación se pierde por la competencia de otros 11 que tienen casi la misma dimensión, que llama transversales y tienen que ver con sectores o metas específicas (sostenibilidad, ciencia y tecnología, transporte y logística, transformación digital, eficiencia de servicios públicos, recursos minero-energéticos, identidad y creatividad, construcción de paz, equidad de oportunidades para grupos étnicos, personas con discapacidad e igualdad de la mujer).

Además, hay otros diez más con la mirada regional. Son uno general de descentralización y nueve regionales para el Pacífico, Caribe, Kriuol & Sea flower Region (que comprende el archipiélago de San Andrés y la reserva coralina), Centro, Amazonía, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos y Orinoquía y los Océanos (el territorio marítimo colombiano).

El plan de inversiones de este Plan suma en total 1.100 billones de pesos, de los que calcula que un tercio los ponga el sector privado con inversiones como créditos de vivienda o proyectos de infraestructura vía Alianzas Público Privadas.

Este valor significa un alza de 56 por ciento frente a las inversiones del Plan de Desarrollo 2015-2018, en especial porque se espera una mayor inversión del sector público donde el presupuesto pasará de 463 a 729,6 billones de pesos en el cuatrienio.

Las bases del plan son el punto de partida de la discusión y seguramente se ajustarán en su socialización antes de que llegue al Congreso en febrero, en parte porque es normal que las propuestas del plan se vayan acomodando con las recomendaciones distintos sectores, y en parte porque los datos con los que se hicieron estas bases corresponden a información del censo de 2005 y, como ya ha anticipado el Dane, las cifras del censo de 2018 serán distintas.

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Productividad y crecimiento económico, el corazón del plan

Las bases del Plan parten de que en los últimos 18 años la estructura social del país cambió, porque hay menos personas pobres y más consideradas de clase media, y que ese avance social se ve obstaculizado por varios factores, empezando por la baja productividad, los altos costos tributarios y regulatorios, y la informalidad.

Estos temas han sido preocupaciones centrales de entidades como el Consejo Privado de Competitividad (organización financiada por grandes empresas y en el que participan gremios como la Andi, la SAC, Confecámaras y algunas universidades) y el Consejo Gremial Nacional.

En este sentido el diagnóstico del Plan se alinea con la visión empresarial: “el emprendimiento y la productividad asegurarán la viabilidad de las políticas modernas de equidad con inclusión productiva”, explica.

 

Esto no solo se refleja en el hecho de que uno de los tres pactos estructurales sea el pacto por la productividad y el emprendimiento, sino en los otros pactos.

Por ejemplo, con el emprendimiento.

Parte central del pacto por la equidad es la articulación de los Ministerios de Comercio y Agricultura con entidades como el Departamento de Prosperidad Social y el Sena para promover el emprendimiento en poblaciones de bajos ingresos, con un foco en los proyectos asociativos.

En ese mismo pacto hay un componente de formación para el emprendimiento en jóvenes e incluso el corazón de la línea de seguridad alimentaria pone el énfasis en el fomento de emprendimientos rurales para producción de alimentos.

Las bases no detallan ninguna de estas estrategias, pero la idea de impulsar emprendimientos formales como manera de generar ingresos para familias pobres y generación de empleo está a lo largo del plan.

Otras de las estrategias consiste en darle continuidad a proyectos que venían de administraciones anteriores, como el fortalecimiento del Programa de Transformación Productiva (que desde 2008 da asistencia técnica a empresarios de sectores no tradicionales que busquen exportar), evaluando oportunidades de mercados para nuevos productos a través de Procolombia y los programas de diplomacia sanitaria.

También plantea transformaciones institucionales para impulsar la innovación, con programas como Fábricas de Productividad con las cámaras de Comercio, para que 4 mil empresas adopten nuevas tecnologías, o Centros de Excelencia, para que haya más conexión entre las universidades y el sector privado en temas de innovación empresarial.

Pero lo grueso de la estrategia de impulso empresarial está en los estímulos a las empresas que quedaron en la reforma tributaria radicada en el Congreso que van desde exenciones de impuesto renta a grandes inversiones y a proyectos del sector agropecuario y de la industria naranja la simplificación de trámites con la creación de un solo mecanismo que permita pagar renta, impuesto de industria y comercio y contribuciones laborales, y otros estímulos que contamos en La Silla Vacía.

Este plan, sin embargo, dependerá de que el Congreso en efecto apruebe la reforma que para hacer las exenciones depende de una ampliación en la base del IVA que está embolatada porque ningún partido político la quiere apoyar.

 
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A los sectores más grandes les promete lo suyo

En las bases del Plan, el Gobierno Duque se compromete a solucionar problemas de los que se han quejado algunos sectores económicos tradicionales, aunque tiene el reto de aterrizarlo pues están como generalidades.

El sector minero-energético tiene un pacto específico en el que dice que sus empresas son clave para generar inversión social y reducir la pobreza. Ese es el tercer pacto con más plata asignada, 97,5 billones de pesos para el cuatrienio y cuatro veces más de los 23,8 billones para el pacto de emprendimiento.

Para el sector petrolero el Plan se compromete a publicar la regulación técnica para producir petróleo en aguas profundas y a reactivar la subastas de bloques petroleros, que se reglamentaron el año pasado cuando se celebró una una primera subasta sin éxito.

Para los mineros el Gobierno se compromete a ajustar normas para facilitar sus permisos, revivir las Áreas de Reserva Especial para formalizar a los mineros, actualizar el catastro minero y buscar en el exterior más empresas que quieran invertir en el sector.

Si bien esto último lo viene haciendo el Gobierno, este Plan tiene metas ambiciosas porque espera que la inversión prácticamente se duplique en cuatro años.

Para el sector eléctrico incluye estímulos para los proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía renovables (sol, viento y geotermia), en los que están interesados grandes jugadores interesados como EPM, Enel y el Grupo de Energía de Bogotá.

Para el sector de infraestructura, el Plan promete nuevos recursos, con un documento Conpes y actos administrativos para aterrizar la reglamentación de la Contribución Nacional de Valorización que se cobrará a los dueños de predios que se beneficien de nuevas vías.

Por último, para el sector de las TIC, se abren oportunidades de negocio con el pacto de transformación digital que incluye el compromiso a subastar la banda de 700 Mhz del espectro, que piden los operadores de celular desde el gobierno Santos y que permitirá que la tecnología 4G llegue a más lugares y haya mejor conexión de telefonía celular.

También promete un regulador único para vigilar y controlar a las empresas en reemplazo de la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

En todo eso, refleja el contenido del proyecto de ley de 152 que presentó el Gobierno en septiembre.

Y es que las promesas del Plan se deberán aterrizar luego en leyes, decretos o resoluciones.

 
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El foco en las empresas naranja

El Plan aterriza un poco la propuesta de la industria naranja, que define como los emprendimientos de base artística, creativa y tecnológica e incluye sectores de la cultura como el cine, el teatro, artes gráficas, espectáculos y libros, y a otras industrias como confecciones, calzado, fabricación de juguetes, turismo, educación y restaurantes.

El objetivo del Plan es duplicar en cuatro años el peso de  estos sectores en el PIB, del 2,9 por ciento hoy al 6 por ciento en 2022 - incluyendo revisar qué sectores deben estar en las Cuentas Nacionales de Cultura del Dane, lo que podría aumentar ese peso al definir más sectores como “naranjas”.

Para cumplir la meta, el Plan propone crear el Consejo Nacional de la Economía Naranja y un Viceministerio de la Industria Naranja, en el Ministerio de Cultura, para liderar la creación de la política integral naranja.

Precisan también estímulos financieros (que ya están en la ley de financiamiento) como eximir de pagar renta por cinco años a los nuevos proyectos “naranjas”, líneas de crédito especiales por Findeter y apoyo financiero por Bancóldex a través de la plata que recoja con la emisión de nuevos bonos “naranjas”.

Lo naranja permea otros aspectos del Plan, así no tengan que ver estrictamente con ella.

Por ejemplo el programa de jóvenes del pacto de equidad se llama Juventud Naranja, aunque lo componen sobre todo líneas de políticas tradicionales de formación para el trabajo.

Comentarios (2)

Gustavo Adolfo

19 de Noviembre

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