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Por Ever Mejía · 19 de Enero de 2021

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“Mandan huevo”, con esa frase Christian Daes, el dueño de Tecnoglass respondió a la propuesta de los gremios de subir el salario mínimo dos por ciento el año pasado. Su Twitter se reventó, con 16 mil reacciones, y fue invitado luego a dar entrevistas en los principales medios nacionales. 

Menos publicitado fue que solo 11 días antes, a través de un consorcio en el que una empresa de los hermanos Daes tiene mayoría, los populares empresarios se habían ganado como únicos proponentes un jugoso megacontrato para ejecutar 161 mil millones de pesos de dineros públicos de la Gobernación de Elsa Noguera, una alfil poderosa de la casa Char. 

La manera como se adjudicó el contrato a una sola empresa constructora, y el mecanismo de usar una empresa de economía mixta, dejó descontentos a los gremios constructores locales, según dijeron sin nombrar a los Daes.

 

Además, un interventor con lazos anteriores con las empresas de los Daes, según revela ahora La Silla Vacía, fue el escogido para hacer vigilancia del multimillonario contrato. 

El costo del contrato, adjudicado a finales del primer año de Elsa Noguera, es más de la mitad de lo que la empresa A Construir ganó en la segunda Alcaldía de Álex Char. En esa Administración fueron los mayores megacontratistas con 16 contratos que sumaron 253 mil millones de pesos (entre enero de 2016 y mayo de 2019).  

Sin que existan irregularidades legales, esto genera reparos acerca de cómo se ejecutan los recursos públicos en un departamento donde existe un dominio político casi total de la casa Char.

El contrato

El pasado 3 de diciembre la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (Edubar), una empresa de economía mixta, entregó el contrato a un consorcio en el que la empresa A Construir, cuyos dueños mayoritarios son los hermanos José Manuel y Christian Daes, tiene una participación de 88 por ciento. 

Se trata de un megacontrato para el mejoramiento y construcción de parques, malecones, escenarios deportivos y plazas en 22 municipios del departamento, que incluye alrededor de 114 obras, bautizado por la gobernadora Noguera “Parques para la Gente”. Para estructurarlo, en octubre del 2020 la Gobernación decidió, a través de un contrato interadministrativo, que Edubar fuera la empresa que escogería al constructor. 

La escogencia de Edubar para adjudicar las multimillonarias obras ha generado molestias. “Una de las preocupaciones que tenemos los gremios es que las entidades públicas realicen convenios interadministrativos con empresas de economía mixta, como Edubar, pues estos se están usando para contratar por régimen especial y no por ley 80 que, entre otras cosas, garantiza la pluralidad de oferentes”, le dijo a La Silla Ismael Quintero, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico (SIA).

Como contó El Tiempo hace una semana, en noviembre la Sociedad de Ingenieros del Atlántico (SIA) le envió una carta a Edubar objetando que un contrato millonario como ese quedara en manos de un solo contratista. Su argumento era que si se fragmentaba por regiones se lograría dar recursos a, calculan ellos, más de 20 empresas que dinamizarían la economía del departamento, golpeada por la pandemia. 

Pese a las quejas, Edubar mantuvo un modelo de contratación que favorecía a empresas con un gran capital, y el 3 de diciembre le adjudicó el contrato al único consorcio que se presentó, en el que está la empresa de los Daes, llamado Unión Temporal Espacios Urbanos 2020.  

Aunque la legalidad del proceso no ha sido cuestionada, el que se haga por el derecho privado hace más difícil hacerle veeduría a la contratación. 

Con sello Char para los Daes

Entre los socios privados de Edubar, que como dijimos es una empresa de economía mixta, está la familia Char. Es decir, por lado y lado, sus fichas en la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla, y la participación privada en Edubar, existe influencia de este grupo político y empresarial sobre la adjudicación del contrato a los Daes. 

Esto tiene varios puntos en común con el modelo de contratación del exalcalde de Barranquilla, el hoy presidenciable Álex Char, como hemos detallado en La Silla. Un modelo que escoge a contratistas con un gran capital, y ejecuta megaproyectos a través de empresas mixtas donde tienen gran influencia, esquivando los requisitos del régimen de contratación pública. 

El 74 por ciento de las acciones de Edubar hacen parte del sector público y el otro 26 por ciento son del sector privado. Entre los accionistas públicos está el Distrito de Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y el departamento. Entre los privados está la Triple A y la Sociedad Portuaria Río Grande, y en ambas tiene injerencia la casa Char.

La Triple A, también una empresa de economía mixta, tiene entre sus dueños a la Alcaldía de Barranquilla, hoy bajo el mando del charista Jaime Pumarejo. Y en el caso de la Sociedad Portuaria Río Grande, la familia de Álex Char tiene, según los registros públicos más recientes, el 19 por ciento de las acciones a través de Supertiendas Olímpica (13 por ciento) y Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales SA Socinsa (6 por ciento).

Como hemos contado, pese a que los Daes no tienen alianzas burocráticas con los Char, a través de su reconocido poder y de su publicitada generosidad con Barranquilla, se han convertido en uno de los sostenes de la popularidad de ese grupo.

En los últimos años los Daes han aumentado su visibilidad, entre otras cosas, por regalarle a Barranquilla monumentos como la Aleta de Tiburón, que incluye un busto del patriarca del charismo Fuad Char, y la Ventana al Mundo.

Precisamente, la Ventana al Mundo fue construida por Hugo Vargas Acuña, el representante legal del consorcio que hoy está encargado de hacerle la interventoría a A Construir en el contrato de 161 mil millones.  

La interventoría

El 24 de diciembre del año pasado Edubar le entregó el contrato de interventoría al consorcio Idpa, cuyo representante legal es el ingeniero Hugo Vargas Acuña, por un valor de 11 mil millones de pesos. 

Además, la empresa que Vargas Acuña fundó y cuyos accionistas son sus hijos Mauricio y Hugo Vargas Gómez, HM Ingenieros, tiene el 80 por ciento de la participación accionaria del consorcio interventor. 

Es decir, el interventor, que es quien revisa la ejecución de la obra y autoriza los pagos periódicos según el avance de la obra, fue contratista de los Daes en varios proyectos privados. 

Vargas Acuña fue el ingeniero de la Ventana al Mundo, una obra financiada con recursos de empresas de los Daes, según consta en una publicación que compartió Smart Steel, una de las empresas que participó de la construcción del monumento, y de la que Vargas Acuña fue asesor en el 2019.

Asimismo, una publicación de 2018 del portal Zona Cero menciona a HM Ingenieros como una de las empresas que participó en la construcción de la obra de 47 metros de altura.

Según consta en sus redes sociales, HM Ingeniería, la empresa accionista en el consorcio interventor, también construyó el puente peatonal de la empresa Tecnoglass, propiedad de los Daes.

HM Ingeniería también tiene vínculos cercanos a la empresa Smart Steel, que construyó el monumento de la Aleta del Tiburón, financiado por empresas de los Daes, y que en sus redes sociales difunden iniciativas de estos empresarios. Entre otras relaciones, HM Ingeniería y Smart Steel tuvieron el mismo coordinador de proyectos entre 2017 y julio de 2020, Alejandro Nieto. 

Sobre esta cercanía entre interventor y contratista Sofía Garzón, gerente para Colombia de Open Contracting Partnership, una organización que vela por la transparencia de la contratación a nivel mundial, dice que “no está definido como una bandera roja en contratación”. 

Pero, agrega Garzón, “la interventoría es clave para garantizar la integridad del proceso y debe ser objetiva. Si tienen tantos vínculos, esto puede afectar la objetividad de la interventoría o que el interventor pueda reportar incumplimientos sin miedo a represalias”.

Con esta contratación la relación entre los Daes y los Char se mantiene tan vigente como en los últimos años, ahora desde la Gobernación de Elsa Noguera. Una muestra de que más allá de que cambien las caras de los funcionarios electos del grupo político de los Char, se mantiene el modelo de contratación que ha permitido al grupo ampliar su poder político de la mano de unos pocos empresarios.   

CONTEXTO

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