El pasado 21 de mayo, un destacamento de la 10ª Brigada del Ejército sufrió un ataque en La Majayura (Guajira) que se saldó con la muerte de doce soldados. Fue el último episodio de una lista de incidentes que se han repetido de manera intermitente en zonas de frontera. Así las cosas, se hace necesaria una doble pregunta. Por un lado, ¿por qué se enfrentan estas dificultades de seguridad en los límites del país?  Por otra parte, ¿qué se puede hacer para responder a este reto?
El reto estratégico de las fronteras
La razón más obvia para explicar los problemas de orden público de las fronteras tiene que ver con la ventaja estratégica que encierra su carácter de línea de contacto entre dos Estados: se trata de las zonas de refugio preferidas por terroristas y criminales puesto que solo es necesario cruzar al otro lado para estar a salvo de la persecución del gobierno vecino.
De hecho, no es casualidad que una parte sustancial de las zonas de refugio de la guerrilla se encuentre en los departamentos de Norte Santander, Arauca, Putumayo o Nariño. En estas regiones, las FARC y el ELN pueden eludir la presión de la Fuerza Pública y conectarse con las redes internacionales de tráfico de armas y drogas.   
Pero además, una serie de factores adicionales hacen las cosas más difíciles:

  • Geografía imposible. Decir que las fronteras discurren por un terreno incontrolable y hostil se ha convertido en un tópico. El problema es que en Colombia es verdad. Se trata de zonas donde abundan las montañas (Catatumbo con Venezuela) y las selvas (Tapón del Darién con Panamá). En escenarios tan hostiles, se han multiplicado los pasos ilegales que son utilizados por narcotraficantes, contrabandistas y guerrilleros.
  • Flujos de comercio ilegal. El caso más evidente son los narcóticos que transitan a través de todas las fronteras de Colombia. Pero además, hay otras formas de contrabando que incluyen desde armas a gasolina o productos de consumo. En conjunto, se trata de una enorme fuente de rentas que atrae a organizaciones delincuenciales y grupos terroristas dispuestos a apropiarse de esta enorme fuente de recursos.
  • Corrupción. Las regiones limítrofes de Colombia albergan entramados de corrupción que se extienden a los países vecinos. Estos “conglomerados de ilegales”, donde se conectan organizaciones criminales, grupos terroristas, empresarios, políticos y funcionarios públicos penetran la administración local y se lucran de negocios ilícitos como el contrabando. 
  • Colectivos al margen del Estado. El ejemplo clásico son comunidades indígenas como los Wayuu de La Guajira que transitan entre Colombia y Venezuela, ostentan doble nacionalidad y en ocasiones tienen cédulas de identidad de los dos países con nombres distintos. En tales circunstancias, el reto de supervisar los movimientos de esta población flotante se convierte en una misión casi imposible.

En un futuro próximo, la situación podría hacerse más difícil en virtud del impacto en algunas zonas de frontera del cambio en el sistema de reparto de las regalías provenientes de las actividades extractivas. Tradicionalmente, ciertos departamentos fronterizos recibieron una parte sustancial de estas rentas. Sin embargo, aprobada el año pasado han tenido entre sus perdedores a algunos de estos territorios. En particular, esta tendencia ha afectado de forma crítica a Arauca que podría perder en torno a un 60% de sus ingresos por este concepto.
En estos casos, la reducción de los ingresos por regalías podría incrementar la conflictividad social y crear una oportunidad estratégica para los grupos armados ilegales. De momento, el ELN ya se ha posicionado sobre el tema con un comunicado emitido el pasado mes de febrero en el que denunciaba el nuevo reparto de regalías como “una  agresión contra las regiones productoras”.  
Frente a los problemas fronterizos, la respuesta tradicional del Estado colombiano ha sido confiar en la colaboración de los vecinos. El resultado ha sido un entramado de acuerdos de cooperación bilateral e instituciones binacionales – las llamadas Comisiones Binacionales de Fronteras ó COMBIFRON- para tratar de manejar los problemas de seguridad fronterizos de forma concertada.
La gran paradoja es que este tipo de arreglos han resultado más efectivos precisamente en los casos en que eran menos urgentes. Cuando las relaciones entre los gobiernos han sido fluidas, los acuerdos han demostrado ser muy útiles. Sin embargo, en los casos donde las diferencias políticas son profundas o la inestabilidad política grande, este tipo de esquemas han dado muestras de sus debilidades.
El caso más evidente es Venezuela. Tras su llegada al poder, el presidente Chávez se negó a involucrarse en acuerdos de seguridad fronteriza con Colombia. Luego vinieron las loas a las FARC y la crisis de 2008 que colocó a los dos países al borde de una crisis militar. Semejante ambiente hizo sencillamente imposible pensar en cualquier esquema de cooperación fronteriza.
La distensión de las relaciones bilaterales por la administración Santos reabrió las posibilidades de colaboración en este ámbito. De hecho, este nuevo clima condujo a la decisión por las autoridades venezolanas de extraditar a algunos ex – paramilitares y miembros de la guerrilla. El último paso en este proceso ha tenido lugar en la estela del mencionado ataque en La Guajira. Tras una reunión entre los cancilleres Holguín y Maduro, se acordó establecer líneas de comunicación entre las unidades militares de ambos países responsables de vigilar la frontera.
Sin embargo, hay razones para dudar de que este clima de cooperación sea sostenible en el futuro y conduzca a un control más efectivo de los límites entre los dos países:

  • Ideología. Hasta ahora, los avances en la cooperación de seguridad han tenido un sesgo político. Venezuela han extraditado a importantes narcotraficantes; pero ha sido reacia a hacer lo propio con militantes de la guerrilla. De hecho, la única figura relevante de las FARC entregada por las autoridades venezolanas  ha sido Joaquín Pérez Becerra, coordinador de la agencia de noticias de ultraizquierda ANNCOL y miembro del Frente Internacional de las FARC.
  • Corrupción. Existen fuertes indicios de conexiones entre mandos militares venezolanos y la guerrilla colombiana. Solo por mencionar el ejemplo más conocido, el Ministro de Defensa, general Henry Rangel Silva, y el comandante de la IV División, general Clíver Alcalá Cordones han sido incluidos por el gobierno de EE.UU. en la “” lo que implica la congelación de sus activos financieros en territorio norteamericano bajo la acusación de nexos con el narcotráfico y el terrorismo.
  • Inestabilidad política. De cara al futuro, la gran pregunta es que va a pasar con las relaciones Colombia-Venezuela cuando Chávez abandone el poder a consecuencia de sus problemas de salud. Hasta ahora, toda la mejora de las relaciones bilaterales ha pivotado sobre el entendimiento personal entre el presidente Santos y su homólogo venezolano. Ni está claro quién reemplazará a Chávez, ni mucho menos cuál será su actitud hacia Colombia.

Aunque en menor medida, algunos de estos problemas también influyen sobre las relaciones con Ecuador. Ciertamente, los indicios de conexiones de funcionarios de la administración Correa con las FARC siempre han sido de menor nivel que los detectadas en el caso venezolano. Además, Quito ha extraditado recientemente a uno de los líderes claves de la banda de Los Rastrojos, Juan Carlos Calle Serna. Pero también es verdad que se han detectado casos de corrupción en el país vecino que afectan a la seguridad de la frontera.
Una estrategia nacional de seguridad fronteriza
Desde luego, las incertidumbres que rodean la cooperación de Colombia con Venezuela y Ecuador no invalidan los esfuerzos para avanzar en esta línea. Cualquier política de seguridad fronteriza necesariamente debe incluir medidas para tratar de construir esquemas de cooperación con los vecinos. El problema es que el control de los límites de la república no puede ser confiado exclusivamente a la buena voluntad de los países del entorno. Hacerlo así, supone dejar un ingrediente clave de la seguridad interna en manos de terceros cuyos intereses no tienen por qué coincidir con los propios.  
En consecuencia, resulta necesario construir un modelo nacional de seguridad fronteriza cuya efectividad no dependa del beneplácito de los vecinos sino que garantice el control de las zonas limítrofes con independencia de la actitud del resto de la región. De este modo, la cooperación con otras capitales siempre será bienvenida; pero no será un ingrediente imprescindible. En este sentido, la estrategia de fronteras jugaría el papel de un Plan B, capaz de ser efectivo incluso si las relaciones vecinales entran en crisis.
Si esta es la meta, al menos, será necesario avanzar en la siguiente agenda:

  • Mejorar la capacidad de recolección de inteligencia en las áreas limítrofes. Cualquier esquema de seguridad fronteriza debe estar basado en un sistema de información que permita anticiparse a las amenazas.  
  • Desmantelar los refugios de criminales y terroristas en las zonas de frontera. Proteger el territorio nacional implica negar el uso de ciertos espacios en la frontera que los grupos armados y las bandas delincuenciales usan como cabezas de puente para proyectarse hacia dentro del territorio nacional. Entre estas zonas, cabe mencionar casos como el de Catatumbo o ciertos sectores de Arauca.
  • Construir barreras electrónicas. La tecnología puede ofrecer oportunidades para monitorear las zonas fronterizas sin tener que recurrir a barreras físicas que pueden tener un impacto negativo sobre las poblaciones limítrofes habituadas a contactos fluidos.
  • Desmantelar los negocios fronterizos ilegales. Resulta clave impulsar medidas como el control de todas las formas de contrabando, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra el lavado de activos.
  • Mejorar la capacidad para proteger las minorías étnicas en las fronteras. En este sentido, iniciativas como la reciente formación de un destacamento Wayuu de la Policía Nacional señala el camino a seguir.  
  • Combatir la corrupción en los departamentos fronterizos. La estabilización de las regiones de frontera solo será posible si se desmantelan las redes de corrupción que han desangrado buena parte de estos territorios.

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