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Por Dejusticia · 26 de Junio de 2012

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Rodrigo Uprimny
Todo el gobierno Santos (y no sólo el ministro de Justicia) tiene una clara responsabilidad política en que la reforma a la justicia se haya convertido en el enredo institucional que hoy amenaza al país. No sólo presentó la reforma y la impulsó sino que incluso le pidió a sus  mayorías en el Congreso que aprobaran el terrible texto que surgió de la conciliación.
Pero que el Presidente tenga esa indudable responsabilidad política no quiere decir que carezca de la facultad de objetar la reforma aprobada por las Cámaras y convocar a sesiones extraordinarias para que se discutan esos reparos. Una cosa es entonces la responsabilidad política del presidente Santos y su gobierno, y otra la facultad jurídica que pueda o no tener para objetar un acto legislativo.
Es clave reflexionar sobre este tema y por ello, me disculpo pero inevitablemente esta entrada podrá tener menos de blog y más de concepto jurídico. Pero creo que el tema lo amerita
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Las preguntas estrictamente jurídicas son entonces las siguientes: ¿Puede o no el presidente objetar un acto legislativo, esto es, una reforma constitucional aprobada por el Congreso?  ¿Y puede o no citar a sesiones extraordinarias para discutir esas objeciones?
Mi respuesta a esos interrogantes es afirmativa, pero reconozco que no es un tema evidente ni pacífico. Es más, confieso que mi primera reacción jurídica fue la contraria: inicialmente pensé que el presidente no podía objetar un acto legislativo, básicamente por dos razones: i) porque la Constitución (arts 165 a 168), al regular las objeciones presidenciales, habla explícitamente de proyectos de ley y no de actos legislativos; y ii) porque recordaba algunas sentencias en donde la Corte Constitucional había concluido que la Constitución no faculta al presidente a objetar una reforma constitucional.
Dos argumentos sin lugar a dudas importantes. Sin embargo empecé a tener dudas sobre esa tesis cuando, junto con Miguel La Rota y Jose Espinosa, nos planteamos casos extremos (pero no tan distantes al lío de la actual reforma a la justicia) en donde el presidente constataba que lo aprobado por las cámaras como acto legislativo no sólo era evidentemente inconstitucional sino que su entrada en vigor era catastrófica. Supusimos entonces la hipótesis que ellos plantearon en la anterior entrada de este blog de un supuesto acto legislativo que suprimía la Fiscalía General y que el Congreso  remitía al presidente para su publicación, pero el Jefe de Estado constataba que esa reforma no había alcanzado, ni de cerca, las mayorías exigidas por la Constitución. ¿Por qué impedir entonces al presidente que objete esa reforma y evite así al país una catástrofe institucional mayúscula?
Junto con Miguel La Rota y José Espinosa y otros colegas de Dejusticia, decidimos entonces estudiar más en detalle el tema pues compartimos una regla interpretativa formulada alguna vez por uno de los mejores jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, según la cual, uno debe interpretar la Constitución de manera tal que evite convertirla en un “pacto suicida”. Por ello, si una interpretación de la Constitución conduce a resultados catastróficos, entonces es muy posible que esa interpretación sea jurídicamente incorrecta. Decidimos no sólo releer con cuidado la Constitución sino que intentamos analizar todas las sentencias en donde la Corte se ha referido al tema. Encontramos cuatro: la C-222/1997, la , la y la . Puede que haya más, pero parece que son las esenciales.
Después de ese análisis, modifiqué mi primera reacción jurídica y considero que el Presidente puede objetar un acto legislativo. Procedo pues a presentar mis razones, para lo cual comienzo por discutir los dos puntos que sustentaron mi reacción inicial en contra de la posibilidad de objeción frente a reformas constitucionales.
***
Es cierto que la Constitución, al regular las objeciones, habla literalmente de proyectos de ley. Y es cierto que el artículo 375 de la Carta, al regular los actos legislativos, no menciona la posibilidad de objeción . Eso sugiere entonces que no puede haber objeción frente a actos legislativos, por lo cual la conclusión de la Corte en las citadas sentencias no es irrazonable.
Sin embargo, esa conclusión dista de ser contundente por la siguiente razón: es claro que el artículo 375 no regula integralmente la forma como se aprueba un acto legislativo y por ello la Corte Constitucional, en muchas sentencias, ha señalado que a los actos legislativos le son aplicables muchas de las reglas que rigen la aprobación de los proyectos de ley. Por ejemplo, ni ese artículo ni ninguno de la Constitución que se refiera expresamente a los actos legislativos, dicen que el proyecto de reforma constitucional debe ser publicado por el Congreso antes de debatirlo, ni que debe ser aprobado primero por una comisión y después por la plenaria de cada Cámara. Y la norma constitucional que establece esas exigencias (publicación del proyecto y aprobación por comisión y plenaria de cada cámara), que es el artículo 157 , señala literalmente que esos son requisitos de los proyectos de ley, sin referirse a los actos legislativos. Sin embargo, con buen criterio, la Corte Constitucional ha considerado que esas exigencias se aplican también a los actos legislativos.   Y la regla jurisprudencial que la Corte ha desarrollado, con toda razón, y que tiene además respaldo en el artículo 227 del Reglamento del Congreso o Ley 5 de 1992, es que a los actos legislativos se aplican las reglas que rigen la formación de las leyes, siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el trámite propio de una reforma constitucional.
La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿por qué es incompatible con un acto legislativo que el presidente pueda objetarlo? Pues si no hay ninguna incompatibilidad, entonces habría que concluir, con la anterior regla interpretativa, que esa posibilidad de objeción presidencial existe frente a los actos legislativos.   . 
Busqué entonces en las citadas sentencias de la Corte alguna respuesta a esa pregunta, pero confieso que no encontré ninguna convincente. La argumentación en todas ellas es muy escueta pues la Corte se limita a señalar que las normas que regulan la objeción hablan de proyectos de ley, pero nunca analiza realmente por qué la posibilidad de objeción es incompatible con un acto legislativo.
El único argumento que encontramos en esa dirección se encuentra en la sentencia C-453 de 1998,  que dice que “las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido”. Esa tesis sugiere entonces que el presidente, como poder constituido, no participa en la formación de la voluntad constituyente en un acto legislativo y que por eso no puede oponerse a la entrada en vigencia del mismo. Pero esa tesis parece equivocada.
Primero, es normativamente inexacta pues es claro que el presidente puede participar en los actos legislativos pues tiene iniciativa para presentarlos, según el artículo 375 de la Carta.
Segundo, con todo respeto, la Corte incurre aquí en una típica petición de principio pues asume como premisa la conclusión a la cual llega. En efecto, la Corte  supone que no hay posibilidad de objeción presidencial en la formación de un acto legislativo y que entonces en ese tipo de reforma la voluntad constituyente se forma sólo por la decisión de las cámaras, sin concurso de la voluntad presidencial. Y luego concluye que la vigencia de la reforma constitucional  no puede quedar supeditada a la voluntad de un poder constituido, como aquella del Presidente, y que por eso no puede haber objeción presidencial. Pero esa argumentación prueba como conclusión (no hay objeción presidencial en actos legislativos) lo que asume tácitamente como premisa (no hay objeción presidencial en actos legislativos). En efecto, si no se asume esa premisa tácita, no puede argumentarse que la objeción presidencial sea un obstáculo del presidente (poder constituido) a la voluntad constituyente, sino que el presidente, al decidir si objeta o no lo aprobado por las cámaras, participa en la formación de la voluntad constituyente, la cual sólo se perfecciona si el presidente se abstiene de objetar el proyecto de acto legislativo y procede a sancionarlo y publicarlo.
Tercero, intenté reinterpretar la tesis de la Corte, con el fin de mejorarla, y supuse que el argumento es que no puede haber objeción en los actos legislativos por cuanto esa posibilidad permitiría al Ejecutivo bloquear las reformas constitucionales que no comparte, con lo cual estaríamos agrandando las ya enormes facultades del Presidente en nuestro régimen constitucional. Y esa tesis suena a primera vista…. salvo cuando uno recuerda que se requieren las mismas mayorías para aprobar un acto legislativo que para que las cámaras derroten una objeción presidencial: la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Por consiguiente, si las cámaras quieren insistir, entonces les basta conservar la misma mayoría que tuvieron para aprobar el proyecto de acto legislativo. La tesis de que el presidente puede objetar un acto legislativo no le confiere entonces al ejecutivo un poder exorbitante para obstaculizar una reforma constitucional. A lo sumo, esa objeción obliga a las cámaras a repensarel tema pero si éstas insisten, el presidente no puede impedir la aprobación de la reforma . Y esa reflexión suplementaria, lejos de ser un problema, debería ayudar a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un consenso más solido.
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Queda entonces en contra de nuestra tesis el contraargumento fundado en las consideraciones de la Corte en las sentencias citadas. Y se trata de una objeción poderosa pues las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento y sus criterios jurisprudenciales deben ser siempre tomados muy en serio.
Sin embargo, en este caso no estamos frente a un precedente jurisprudencial vinculante, por la siguiente razón: la Corte nunca ha estudiado un caso en donde el presidente hubiera objetado una reforma  constitucional. Las sentencias han tratado otros temas, algunas veces cercanos pero distintos, como cuando analizó si es un vicio de inconstitucionalidad de un acto legislativo que el presidente no lo hubiera sancionado, o si el Gobierno puede o no corregir por decreto errores tipográficos de un acto legislativo. Esto explica, dicho sea de paso, por qué la Corte ha sido tan escueta al sustentar su tesis en este tema, pues nunca ha tenido que estudiar un caso complejo, en donde el presidente hubiera, por ejemplo, objetado un acto legislativo evidentemente inconstitucional y cuya entrada en vigor fuera catastrófica.
Como la Corte nunca ha estudiado específicamente el problema de las objeciones presidenciales frente a una reforma constitucional, debemos entonces concluir que en ninguna de esas sentencias las  consideraciones sobre la imposibilidad de que el gobierno objete una reforma constitucional representan lo que la propia Corte ha llamado la ratio decidendi de esas decisiones, esto es, la regla o principio jurisprudencial que sirve de sustento directo de la decisión. Ahora bien, como la propia Corte lo ha dicho, el precedente vinculante es la ratio decidendi de la sentencia y no todas las consideraciones al pasar que pueda hacer el tribunal al decidir el caso. Estas otras consideraciones obviamente merecen respeto pero no son en estricto sentido vinculantes.
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Hay entonces muy buenos argumentos para sostener que el presidente tiene la facultad de objetar una reforma constitucional pues: i) es una regla de formación de las leyes que es plenamente compatible con el proceso específico de un acto legislativo, por lo cual le es aplicable; ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber objeción presidencial de actos legislativos; iii) las sentencias en donde la Corte ha planteado la tesis de que no hay objeción frente a actos legislativos no representan, en estricto sentido, precedentes jurisprudenciales vinculantes; iv) el reconocimiento de la posibilidad de objeción no permite al presidente bloquear una voluntad persistente de las cámaras de aprobar un acto legislativo, pues se requieren las mismas mayorías para que las cámaras aprueben la reforma y para que derroten la objeción presidencial; v) esa posibilidad de objeción permite que el Presidente evite catástrofes institucionales en casos como el de la presente reforma judicial; y vi) finalmente esa  posibilidad de objeción ayuda a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un apoyo político más sólido, lo cual no puede sino redundar en beneficio de la democracia y del Estado de derecho en Colombia.
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Una vez mostrado que la objeción presidencial a un acto legislativo es jurídicamente posible, el argumento de que no puede el Gobierno citar a sesiones extraordinarias para discutir esas objeciones se desvanece. Así, es cierto que un acto legislativo tiene que aprobarse en dos períodos ordinarios sucesivos, como lo dice el artículo 375 de la Carta, por lo que podría pensarse que no pueden estudiarse las objeciones en sesiones extraordinarias, pues el acto legislativo terminaría de aprobarse por fuera de los dos períodos ordinarios consecutivos.
Esa tesis parece sólida pero no lo es, si uno acepta, como lo hemos argumentado, que el presidente tiene el derecho a objetar todo acto legislativo. En efecto, si el presidente tiene esa facultad, es obvio que las cámaras no pueden cercenársela. Pero si se asume la tesis de que no podrían estudiarse las objeciones por fuera de los dos periodos ordinarios consecutivos, entonces bastaría a las cámaras aprobar el proyecto poco antes de que terminen esos dos períodos para amputar al Presidente su facultad de presentar objeciones. Por ello la interpretación admisible de ese artículo 375 es que la aprobación originaria del proyecto de acto legislativo tiene que hacerse en los dos períodos ordinarios sucesivos, pero que la objeción, su examen por las Cámaras, y el eventual examen de la Corte Constitucional, pueden hacerse por fuera de esos dos períodos, y que entonces el Presidente puede convocar a sesiones extraordinarias para examinar esas objeciones.
 
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Reconozco que el tema examinado es jurídicamente complejo y que otros analistas sostienen otras tesis. Pero creo haber mostrado que hay razones constitucionales muy sólidas para sostener i) que el presidente puede objetar un acto legislativo y ii) que puede citar a sesiones extraordinarias para estudiar esas objeciones. Si eso es así, entonces es claro que los congresistas no sólo pueden sino que deben asistir a las sesiones extraordinarias citadas por el gobierno para examinar sus objeciones a la reforma a la justicia, sin que pueda considerarse que están incurriendo en falta alguna. En particular no podrán ser sancionados conforme al artículo 149 de la Constitución.
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Nuevamente me disculpo de lo extenso y jurídico de esa entrada pero creo que el tema lo amerita. Eso sí, tengo la ilusión de que, a pesar de lo extenso, los presidentes de la Cámara y del Senado de pronto se lo lean….   

Comentarios (76)

Dejusticia

01 de Julio

365 Seguidores

Hola Tabimejia
Yo creo que es importante que la Corte se pronuncie y por e...+ ver más

Hola Tabimejia
Yo creo que es importante que la Corte se pronuncie y por ello creo que vale la pena que haya demandas. Ahi entonces la Corte tendra la oportunidad de precisar su doctrina y jurisprudencia sobre la posibilidad o no de objecion frente a actos legislativos, si el acto legislativo nace a la vida juridica con la sola aprobacion de las camaras o si requiere sancion presidencial. Son puntos importantes y por ello es positivo que la colaciion ciudadana por la justicia haya anunciado demanda o que otros ciudadanos la hagan
Gracias por el aporte
Rodrigo

tabimejia

29 de Junio

0 Seguidores

Aclaro que ésto no significa que estuviera de acuerdo con la "Reforma a la Ju...+ ver más

Aclaro que ésto no significa que estuviera de acuerdo con la "Reforma a la Justicia". por el contrario, me parecía un despropósito aun antes de la conciliación. Sin embargo pienso que se violó groceramente la Constitución y que el hundirla por el Congreso fue la solución políticas más beneficiosa para el Presidente y el Congreso, pero no para Colombia, ya que nos quitaron la posibilidad de tener un pronunciamiento al respecto por parte de la Corte Constitucional, y que el pueblo hubiera podido hacer uso de la verdadera democracia al revocar un acto de sus "representantes". ojala la indignación y la tormenta no terminen rápido como predijo el Presidente.

DANIEL-BERMÚDEZ

29 de Junio

0 Seguidores

"ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber...+ ver más

"ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber objeción presidencial de actos legislativos"...mmmm... donde queda el estado de derecho, sustentado en el respeto del principio de legalidad, en ese axioma, "para el Estado todo lo que no está explicitamente permitido, está implicitamete prohibido "... disto de ese argumento.
sin embargo, en mi opinión, creo de igual manera, que el presidente tiene la facultad de objetar actos legislativos, y que tales se pueden discutir en sesiones extras.
Felicitaciones Profesor Rodrigo, una muestra mas de su ponderación y scientia iuris

Dejusticia

03 de Julio

365 Seguidores

Hola Danielber
Su observacion es muy pertinente. La respuesta a la misma y...+ ver más

Hola Danielber
Su observacion es muy pertinente. La respuesta a la misma ya la hice en un comentario mas abajo a Diogenes, al cual lo remito, para no volver a escribir lo mismo. Ahi creo que explico mi posicion.
Gracias por su aporte
Rodrigo

Kathy Porto

01 de Julio

165 Seguidores

"Urge una reforma donde el papel protagónico lo tienen que jugar las organiza...+ ver más

"Urge una reforma donde el papel protagónico lo tienen que jugar las organizaciones sociales y la sociedad civil. Hay organizaciones muy serias que tienen mucho que decir en esta materia, como la Corporación para la Excelencia de la Justicia, Plural, Dejusticia, el Observatorio de la Justicia, entre otras. Tenerlos como protagonistas en un nuevo proceso es esencial." (Carrillo en el Tiempo)
Por fin querido profesor, alguien del gobierno reconoce a DEJUSTICIA(quienes deben ser protagonistas de la reforma que necesitamos los colombianos)
-Las casas de justicia no funcionan(regiones).
-La Uri de la Fiscalía tampoco.(regiones)
Papeles van y vienen, declaracionitis interminable que ni se toman el trabajo de leer como Simón Gaviria.
ETC.................................................................
"

Dejusticia

01 de Julio

365 Seguidores

Hola Kathy
Independientemente de la mnencion a Dejusticia, creo que la ent...+ ver más

Hola Kathy
Independientemente de la mnencion a Dejusticia, creo que la entrevista de Fernando Carrillo pone un punto importante en la discusion y es que una reforma a la justicia debe ser debatida por la ciudadania, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y que no deber ser unicamente un debate entre el gobierno y las cortes, como inicialmente lo hizo el gobierno Santos.
En una entrada anterior en este blog hace ya casi un año (¿Empieza el debate sobre la reforma constitucional a la justicia? http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/25925/empieza-el-debate... ) precisamente critique que la discusión de la reforma hubiera empezado como un puro dialogo entre cortes y gobierno.
Gracias por el aporte
Rodrigo

sroman17

01 de Julio

0 Seguidores

A esta movida del Ejecutivo se le puede encontrar tanto una solución como una...+ ver más

A esta movida del Ejecutivo se le puede encontrar tanto una solución como una objeción jurídica. Pero es claro que lo que se dio fue producto de poder y afán del presidente de turno por quedar bien con el pueblo y enderezar su camino a la reelección. Queda entonces, como ya lo dijeron un "precedente autoritario", que otorga al Presidente una facultad más sin que se lo permita explicitamente una norma o algún poder judicial. Se lo dijeron sus asesores jurídicos que en todo caso siempre van a acomodar el sistema en favor del Presidente. Es importante entonces tener en cuenta que el hecho de que la Reforma haya sido un adefesio no se pueden hacer las cosas con los pies.
Santos finalmente evitó una manifestación popular que hubiera podido servir a otros propósitos como renovar el Congreso en puntos como los que resaltó Jorge Humberto Botero en su blog de éste medio.
@sroman17

Dejusticia

03 de Julio

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Hola Sroman
El punto de partida de su analisis es que el presidente carece...+ ver más

Hola Sroman
El punto de partida de su analisis es que el presidente carece de la facultad de objetar un acto legislativo. Pero precisamente eso es lo que discuto en este blog. Me explico: en esta entrada no discuto la motivación del gobierno de Santos para objetar la reforma a la justicia. Y parto de que el gobierno tiene una gran responsabilidad politica en lo que ocurrio. Mi discusión es otra: si el presidente (no sólo Santos sino cualquier presidente) puede o no objetar un acto legislativo. Y doy las razones por las cuales creo que sí puede, independientemente de sus motivaciones y responsabilidades politicas. Pero tengo claro que es un tema controvertido en donde otros analistas, como al parecer usted, llegan a otras conclusiones.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Andresin123

01 de Julio

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la misma valía de esta, desde la premisa de un argumento analógico sobre el ...+ ver más

la misma valía de esta, desde la premisa de un argumento analógico sobre el proceso de formación de leyes ordinarias.
Considero el problema de estructura y coincido: efectivamente se trata de ausencia de norma y precedente (que naturalmente no se ha dado); termino diciendo que me parecería más adecuado preconizar una solución de recurso analógico al trámite de leyes estatutarias, en particular en cuanto al control constitucional previo por parte de la Corte Constitucional. Esta propuesta también es problemática al advertir como obstáculo la competencia de revisión estrictamente formal sobre el contenido de actos legislativos por parte de la Corte y el principio de tridivisión de poderes, decantado jurisprudencialmente en los razonamientos sobre sustitución de la Carta y Cláusulas Pétreas. La mayor dificultad de todo lo comentado es el tratarse de reformas estructurales orgánicas cuya revisión posterior puede resultar, a la postre inocua, o como acertadamente se ha dicho ¡catastrófica!

Dejusticia

02 de Julio

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Hola Andresin
Me parece interesante su idea de someter mi análisis juríd...+ ver más

Hola Andresin
Me parece interesante su idea de someter mi análisis jurídico a una especie de control de su corrección argumentativa recurriendo a los criterios o reglas de argumentación desarrollados por teóricos como Alexy o MacCormick. Yo creo que mi visión respeta bien las reglas frente a un caso difícil formuladas por MacCormick pues se ajusta a los requisitos de universalidad, consistencia, coherencia y mejores consecuencias que desarrolla este notable teórico. No puedo desarrollar esta idea aquí pero lo creo firmemente. En es mismo sentido, no creo que mi tesis sea equivocada en un horizonte de discurso practico normativo, pues creo que todas mis premisas y argumentos fueron adecuadamente sustentados. Y por ello sus dos objeciones no me parecen validas, como procedo a discutirlo.
Sigo abajo

Dejusticia

02 de Julio

365 Seguidores

Mi tesis no crea i) un control constiucional, pero politico y desjudicializado...+ ver más

Mi tesis no crea i) un control constiucional, pero politico y desjudicializado, y ii) sin norma constitucional que lo sustente, como usted sostiene, pues la tesis, basada en las propias normas constitucionales, es que el presidente tiene esa facultad porque participa en la formación de la voluntad constituyente. Y existen normas que sustentan esa facultad, que son i) la posibilidad clara que tiene el presidente de objetar proyectos de ley y ii) la extensión a los actos legislativos de las reglas que rigen la aprobación de leyes que no sean incompatibles con la naturaleza de una reforma constitucional. Y como no hay ninguna incompatibilidad, esa regla se entiende extendida a los actos legislativos. Creo entonces haber desarrollado una argumentación valida frente a un discurso practico normativo.
La analogia con las leyes estatutarias no parece valida, como usted mismo lo dice por tener estas revision previa por la Corte
Gracias por el aporte
Rodrigo

Andresin123

01 de Julio

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Según estimo, el principal problema hermenéutico es la solución jurídica d...+ ver más

Según estimo, el principal problema hermenéutico es la solución jurídica de un caso complejo de sensibilidades políticas. Sin embargo, en estricto apego a la tesis, observo que en el ámbito del raciocinio teórico esta satisface fácticamente una estrategia de defensa constitucional decidida, pues parte de supuestos discursivamente admisibles y plausibles en una interpretación de dinámicas de poder. Pero en el escenario del discurso práctico-normativo es sustancialmente inconveniente por desconcentrar parcialmente el control constitucional y delegarlo en un garante partícipe de la dialéctica del proceso institucional debatido, que en últimas se traduce en consecuencias contrafácticas: (1) Crea un control constitucional material frente a actos legislativos, desjudicializado, con funciones de defensa del Estado de Derecho, pero que… (2) Toma como fuente la inexistencia de normativa superior para introducir en subsidio una regla de validez categórica contraria a la Constitución pero con la

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

0 Seguidores

Rodrigo, más allá de si el Presidente tiene o no facultades para objetar una...+ ver más

Rodrigo, más allá de si el Presidente tiene o no facultades para objetar una reforma constitucional, lo cual no creo pueda derivarse vía interpretación, porque una facultad tan importante debe estar expresamente consagrada, mi pregunta es qué significa desde el punto de vista jurídico "hundimiento" de la reforma. El Acto legislativo fue aprobado en 8 debates y en dos sesiones ordinarias, es decir, existía en el mundo jurídico sin que hubiera entrado en vigencia. Es decir, para salir de él era necesario derogarlo de la misma manera como se aprobó, porque la expresión hundimiento se predica, según el reglamento del Congreso, a los proyectos de ley o de actos legislativos antes de ser aprobados, generalmente con una ponencia negativa o una positiva que sea derrotada. No creo que la reforma hubiera podido ser "hundida" así como así, con el grave riesgo de que algún funcionario judicial interprete que esa reforma "está viva", y la aplique en un caso concreto de solicitud de libertad.

Dejusticia

03 de Julio

365 Seguidores

Hola Jorge Ivan
El posible fortalecimiento del presidencialismo es sin lug...+ ver más

Hola Jorge Ivan
El posible fortalecimiento del presidencialismo es sin lugar a dudas importante. Intente responder en la entrada y en un comentario mas abajo.
Es cierto que mi tesis reconoce una facultad al presidente que la tesis contraria desconoce. Pero no creo que implique un fortalecimiento desproporcionado del poder presidencial pues las mismas mayorias se requieren para aprobar un acto legislativo que para insistir y derrotar una objeción presidencial. Entonces, si las camaras quieren insistir en el acto legislativo, pueden hacerlo con las mismas mayorias que tuvieron para aprobarlo. Y eso puede ser incluso benefico pues ayuda a que las reformas constitucionales sean un poco mas reflexivas y pensadas, sobre todo teniendo en cuenta que son tan faciles de hacer en Colombia.
Esto armoniza ademas con los otros mecanismo de reforma, que requieren ley convocante de referendo o asamblea constituyente, donde el presidente puede claramente objetar.
Gracias por los aportes
Rodrigo

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

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Así que si bien el tema de las facultades del Presidente y si las objeciones ...+ ver más

Así que si bien el tema de las facultades del Presidente y si las objeciones se podían discutir en sesiones extraordinarias no es el objeto de mi preocupación, la operación jurídica del gobierno tiene un flanco muy débil y es el de la no derogatoria del Acto Legislativo, porque reitero, el "hundimiento" no es una categoría jurídica respecto de leyes o reformas constitucionales aprobadas, ni en el reglamento del Congreso ni en la jurisprudencia de la Corte.
Es decir, a mi juicio, no solamente se corrió un enorme riesgo en dejar al presidente que de manera discrecional decida el caracter de gravedad de la reforma, lo cual refuerza el presidencialismo, sino que en el ejercicio de creatividd jurídica "la vuelta les quedó mal hecha". Pienso que hay un acuerdo político para hacer como si en efecto la reforma se hubiera hundido, pero en el mundo del derecho está viva y en cualquier momento la pueden resucitar, y entonces como dijo Navarro, pasaremos de un Frankenstein a un Drácula.

Dejusticia

03 de Julio

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Hola Jorge Ivan
Sigo con el segundo comentario.
Como yo opino jurídi...+ ver más

Hola Jorge Ivan
Sigo con el segundo comentario.
Como yo opino jurídicamente que el presidente tiene la facultad de objetar, entonces mi visión jurídica es que la reforma a la justicia no nació a la vida jurídica, pues fue objetada y las cámaras no insistieron. Entonces nunca fue aprobada pues un proyecto objetado en donde no hay insistencia se entiende rechazado. Pero, como lo señalé en otros comentarios más abajo, entiendo que existe la tesis alternativa y que esta es razonable, que es la que usted sostiene, según la cual ese acto legislativo aún existe, por cuanto consideran que el presidente no puede objetar los actos legislativos y estos no requieren sancion. Por eso creo que, como tambien lo dije en otros comentarios abajo, la Corte Constitucional debera definir el tema con base en las demandas que ya fueron presentadas y ahi debera precisar su jurisprudencia sobre objecion y sancion de actos legislativos
Sigo con el tercer comentario
Rodrigo

Dejusticia

03 de Julio

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Hola Jorge Ivan
Y ahora un tercer comentario.
La tesis implicita en la...+ ver más

Hola Jorge Ivan
Y ahora un tercer comentario.
La tesis implicita en la idea que usted sostiene de que en el ejercicio de creatividad juridica la vuelta le quedo mal hecha al gobierno es que la razon juridica estaba inequívocamente de parte de quienes sostenian que no habia objeciones a actos legislativos. Pero vuelvo sobre el punto: esa tesis es respetable pero discutible y el punto distaba de estar resuelto por el texto constitucional o por la jurisprudencia, que en este aspecto es pobrisima. Creo que los argumentos juridicos a favor de la tesis de la posibilidad de objeción presidencial no son para nada menospreciables . Y si se acogen, entonces no hay necesidad de derogatoria del acto legislativo y no hay debilidad en este aspecto de la tesis sostenida pues el acto legislativo nunca habria nacido a la vida juridica.
Sigo con el tema del presidencialismo abajo
Rodrigo

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

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¿Debe estar el derecho al servicio de la política o es al revés?

¿Debe estar el derecho al servicio de la política o es al revés?

Dejusticia

03 de Julio

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Hola Jorge Ivan
Gracias por sus tres comentarios, que procedo a discutir.<...+ ver más

Hola Jorge Ivan
Gracias por sus tres comentarios, que procedo a discutir.
Todos tienen un mismo punto de partida; que es jurídicamente clarísimo que el presidente no puede objetar un acto legislativo y que por ende la reforma a la justicia ya nació y existe, aun cuando no produzca efectos, por no haber sido publicada. Es obviamente una tesis respetable, que es sostenida por muchos analistas y yo tendi a adherir a ella inicialmente. Pero dista de ser clara e incontrovertibles. En el blog doy razones juridicas, que creo que son solidas, a favor de la tesis contraria, esto es, que el presidente sí puede objetar un acto legislativo, no sólo en este caso sino en cualquier caso.
Entonces creo que esta primera pregunta que plantea es irrelevante pues no creo haber puesto el derecho al servicio de la politica o tergiversado la interpretación de la Constitucion por un fin politico sino que he realizado una interpretación constitucional alternativa.
Sigo abajo
Rodrigo

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

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Rodrigo, podemos estar de acuerdo, en gracia de discusión, en que el Presiden...+ ver más

Rodrigo, podemos estar de acuerdo, en gracia de discusión, en que el Presidente sí puede objetar una reforma constitucional cuando sus efectos sean catástróficos para el Estado y para el país. Eso implica que el Presidente tiene la facultad de impedir una sustitución de la Constitución, tesis bien compleja a la luz de la famosa discusión Kelsen - Schmitt sobre quien debe ser el guardian de la Constitución, pero creo que hay una inconsistencia en tu argumentación sobre la validez del acto legislativo. De la jurisprudencia señalada se deduce que los Actos Legislativos no precisan sanción para adquirir vigencia, es decir que una vez aprobados hacen parte del mundo jurídico. La facultad de objeción es distinta a la necesidad de sanción, la primera determina la vigencia del acto y la segunda su validez jurídica. En el caso de la reforma a la justicia, la objeción cuestiona la validez jurídica del acto, razón por la cual lo que procede es la derogatoria del mismo.

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

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La validez jurídica del Acto Legislativo se configura con su aprobación en d...+ ver más

La validez jurídica del Acto Legislativo se configura con su aprobación en dos legislaturas consecutivas y ocho debates, procedimiento que se surtió. Si el Presidente no estrám de acucerdo con el contenido del AL ñpor razones inconstitucionales y de conveniencia debía pedirle al Cogreso

Dejusticia

03 de Julio

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Hola Jorge Ivan
Muy buenos sus puntos. Intento responderlos telegráficam...+ ver más

Hola Jorge Ivan
Muy buenos sus puntos. Intento responderlos telegráficamente (claro que al usar esa expresión ya mostré que soy de otra época…)
Uno, mi tesis de la posibilidad de objeción presidencial no acoge la posición de Schmitt en su debate con Kelsen sobre el guardián de la Constitución pues en mi visión el guardián final sigue siendo la Corte Constitucional.
Dos, yo creo que el presidente puede objetar cualquier acto legislativo, no es sólo frente a situaciones en donde el acto legislativo pudiera generar una catástrofe institucional. Esa hipótesis catastrófica pone en evidencia el error de la tesis que excluye cualquier posibilidad de objeción pero mi tesis es más general.
Tres, es cierto que la Corte Constitucional dijo en la sentencia C-453 de 1998 (y ahí si fue la ratio decidendi del caso) que la sanción no era un requisito necesario para que naciera una reforma constitucional.
(Sigo abajo)

Dejusticia

03 de Julio

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Sigo
Puede uno entonces suponer que un acto legislativo aprobado por la c...+ ver más

Sigo
Puede uno entonces suponer que un acto legislativo aprobado por la cámaras pero que no ha sido promulgado ya existe (no usaría la palabra validez por las razones que usan Nino o Ferrajoli para oponerse a la confusión kelseniana entre existencia y validez) aunque no pueda producir efectos hasta que sea promulgado. Y todas sus dudas tienen sentido y la actual ambigüedad puede tener efectos prácticos perjudiciales como los que usted dice. Por ello comparto la idea de que hay que hacer algo para darle el puntillazo final a la reforma a la justicia.
Veo tres posibilidades: uno, que el gobierno presente, como usted dice, un acto legislativo de articulo único que derogue la reforma a la justicia; dos, que siga el referendo derogatorio (pero eso parece difícil políticamente); y tres, lo más probable, que sea la Corte Constitucional, al examinar las demandas, la que defina al tema.
Sigo abajo

Dejusticia

03 de Julio

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(Este Jorge Ivan va despues del de abajo.. es el ultimo)
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(Este Jorge Ivan va despues del de abajo.. es el ultimo)
Ahora bien, frente al examen de la Corte, yo veo que es tambien posible sostener varias tesis. Y entre ellas tal vez la mas coherente con la Constitucion y la propia jurisprudencia de la Corte es esta: el presidente puede objetar, pero debe hacerlo dentro de los términos previstos por la Constitución en el artículo 166. Si no desea objetar, no requiere sancionar la ley y debe proceder a publicarla; la sanción no es requisito necesario para la existencia y vigencia de un acto legislativo, como lo dijo la sentencia C-453 de 1998. Pero si el presidente la objeta, entonces debe entenderse que el acto legislativo no se ha perfeccionado y su nacimiento dependerá de que las cámaras insistan. Y como eso no ocurrió en este caso, debe entenderse que la reforma judicial nunca nació a la vida jurídica. Creo que es una tesis coherente.
Gracias por sus contribuciones
Rodrigo

Jorge Iván Cuervo

03 de Julio

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La validez jurídica del Acto Legislativo se configura con su aprobación en d...+ ver más

La validez jurídica del Acto Legislativo se configura con su aprobación en dos legislaturas consecutivas y ocho debates, procedimiento que se surtió. Si el Presidente no está de acuerdo con el contenido del AL por razones inconstitucionales y de conveniencia debía pedirle al Congreso que lo derogara, por ejemplo presentando un proyecto con un artículo único donde se pidiera su derogatoria. La expresión "hundimiento" de la reforma luego de ser aprobada no me parece de recibo jurídico porque solo aplica cuando se está debatiendo y antes de ser aprobada. Mientras el Congreso procede con su derogatoria el Presidente hubiera podido impedir su publicación como en efecto lo hizo en el entretanto, aunque entiendo que respecto de las leyes hay un período para dicha abstención. Si bien la Corte es la que definirá finalmente la discusión, me parece que toda la operación de alta ingenieria constitucional tiene la debilidad de confundir validez con vigencia.

josé élver

05 de Julio

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El planteamiento del profesor Rodrigo es impecable puesto que parte de una lec...+ ver más

El planteamiento del profesor Rodrigo es impecable puesto que parte de una lectura integral, sistemática y finalista del texto de la Constitución. El problema jurídico constitucional de si el presidente tiene competencia para objetar los actos legislativos cuando ellos han sido formalmente perfectos, merecen dos comentarios: Primero toda la sustentación del profesor se basa en que del texto de la constitución se puede derivar el fundamento y justificación de la objeción presidencial a los actos legislativos perfectos.Esto es meritorio porque el discurso cumple con todas las reglas de la buena argumentación.Sin embargo, como segundo, el punto está en que existe un argumento extra positivo, el juicio de lo catastrófico, que, desde mi perspectiva, es una forma de acudir a un concepto de constitución histórica y crítica, que le profesor finalmente no desarrolla. Es decir, prevalecieron los derechos constitucionales de resistencia y desobediencia encargandos y más alla del texto.No al revés

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