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Por Dejusticia · 10 de Noviembre de 2011

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Por Juan Fernando Jaramillo

El martes pasado, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el artículo de la reforma constitucional a la justicia en el que se determina que todas las acciones de la Fuerza Pública serán juzgadas por la justicia penal militar.

En la reforma se establece que “en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública.” A continuación se dispone que “cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”.

La reforma responde a un reclamo que, desde hace años, vienen presentando las Fuerzas Militares contra las limitaciones que ha impuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la aplicación del fuero penal militar. La Corte dispuso que las normas sobre el fuero debían ser interpretadas en forma restrictiva, de manera que solamente los actos directamente relacionados con el servicio pueden ser  juzgados por los tribunales militares. Además, la Corte señaló que en todo caso el fuero militar no se aplica a los delitos de lesa humanidad.

Los defensores de la reforma dicen que la justicia ordinaria no está en condiciones de entender la lógica de los procedimientos militares y que la limitación del fuero permite que los militares sean víctimas de una “guerra jurídica”. Algunos también plantean que ello ha originado desmotivación en las filas, con la consiguiente ausencia de resultados.

La última afirmación es completamente contraria a la realidad. Nadie puede negar los grandes éxitos obtenidos en los últimos años en la lucha contra la guerrilla. Y esos importantes resultados se han logrado precisamente durante el período de vigencia de la jurisprudencia que limita el fuero penal militar.

Tampoco existe fundamento alguno para afirmar que los jueces penales ordinarios no están en condiciones de comprender el desarrollo de las operaciones militares y que, por ello, pueden equivocarse o ser más severos al dictar sus sentencias. Para el ejercicio de sus funciones, los jueces tienen que aprender a sumergirse en materias en las que no son expertos. Por otro lado, podría decirse que los jueces penales pueden llegar a ser más deferentes en sus fallos  sobre miembros de la Fuerza Pública, dado el respeto que genera el alto riesgo que estos asumen en el cumplimiento sus misiones.

Por otra parte, no es claro que exista una guerra jurídica contra la Fuerza Pública. Pero incluso si fuera así es necesario decir que todo funcionario público está expuesto a ser objeto de  denuncias penales y disciplinarias. Lo mismo ocurre con los militares. Y precisamente para protegerlos de ello se expidió la Ley 1224 de 2008, que implementa la Defensoría Técnica de la Fuerza Pública, la cual es también pagada con los recursos del Presupuesto Nacional.

Como se ve, no existen argumentos que justifiquen la extensión del fuero penal militar que dispone el artículo de la reforma judicial que cuestiono. Por el contrario, sí existen buenas razones para aconsejar que se mantenga la regulación actual.

La justicia penal militar tiene el gran problema de que no cumple con los requisitos de imparcialidad e independencia que se exigen a todo tribunal judicial. Esta característica, como bien lo ha dicho la Corte Interamericana, la inhabilita para conocer sobre las acusaciones de violación a los derechos humanos elevadas contra miembros de la Fuerza Pública. Y, en realidad, en la mayor parte de los casos tramitados ante la Corte Interamericana contra Colombia se observa que la justicia penal militar ha actuado, por lo menos, en forma negligente.

Los colombianos reconocemos y apoyamos la labor que desempeña la Fuerza Pública para la protección del orden constitucional y de nuestros derechos y libertades. Pero, al mismo tiempo, incluso por el buen nombre de la Fuerza Pública, tenemos interés en que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública sean investigadas por organismos imparciales e independientes.

Por eso, es necesario preservar la regulación existente acerca del alcance de la justicia penal militar.

 

Comentarios (5)

joserespinosa

10 de Noviembre

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De acuerdo con el texto del artículo, la reforma implica un cambio en la pres...+ ver más

De acuerdo con el texto del artículo, la reforma implica un cambio en la presunción pero no un cambio absoluto en la competencia. El artículo dice que las acciones de la FP se presumirán como relacionadas con el servicio. Eso significa que hay una traslado en la carga de la prueba, para mostrar que no hay una relación con el servicio (y se incluyen ahí los actos de lesa humanidad, como ha dicho la Corte). ¿Qué opina el columnista? ¿Cree que esa distinción es irrelevante, porque en la práctica esas presunciones son difíciles de vencer? ¿Tiene eso algún efecto en la reforma?

Dejusticia

11 de Noviembre

387 Seguidores

Hola! Creo que esa interpretación es válida cuando se lee la primera frase d...+ ver más

Hola! Creo que esa interpretación es válida cuando se lee la primera frase de la reforma. Ahí parecería que la
presunción puedde ser desvirtuada. Sin embargo, la frase que sigue descarta esa interpretación, pues allí se dice que las operaciones o procedimientos militares que den lugar a acciones penales serán juzgadas por la justicia penal militar. Así, la lectura de las dos frases lleva a la conclusión de que siempre se presume la relación con el servicio y que, en consecuencia, esos actos serán siempre conocidos por la justicia penal militar.
Juan

Tatiana Luján Ruiz

11 de Noviembre

0 Seguidores

¿Por qué la reforma mete en el mismo sánduche a los militares y los policí...+ ver más

¿Por qué la reforma mete en el mismo sánduche a los militares y los policías, no se supone que la policía es una fuerza civil?

alex.mtnez

12 de Noviembre

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Con la soterrada excusa de una moral baja en la Fuerza Pública se pretende qu...+ ver más

Con la soterrada excusa de una moral baja en la Fuerza Pública se pretende que la ley cambie sólo con el fin de favorecer tal moral. Ante esto es bueno hacer énfasis en varias cosas. Primero, tal y como lo señala el columnista, en el caso colombiano, la Corte Interamericana ha entrado a operar justamente en los casos en que la justicia penal militar ha sido, como mínimo, laxa e indulgente.
Segundo, basta con recordar que hasta hace unos pocos años, efectivos del Ejército masacraron a diez agentes de la Policía y a un civil, y que hasta hace poco un número aún por confirmar de jóvenes murieron a manos de soldados para engrosar listas de guerrilleros muertos en combate.
Y, tercero, pareciera que algunos militares y sus amigos civiles consideran que la administración de justicia es un obstáculo para derrotar a las guerrillas. Infortunadamente, el Congreso está dispuesto a patrocinar tan siniestra tesis.

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