En mi entrada del 16 de enero expresé mi posición sobre la necesidad de tramitar este año una reforma tributaria seria y estructural. Propuse tres medidas o líneas de trabajo: (i) considerar el ingreso pensional como base gravable, con lo cual se haría algo de equidad, en particular, con las pensiones altas que hoy no tributan; (ii) acercar la tasa nominal del impuesto de renta a la tasa real que pagan los grandes empresarios; y (iii) usar la opción de compra pública de los inmuebles en los casos en los cuales la transacción privada se formalice muy por debajo del precio comercial.
Durante el año se han trabajado borradores y algunas medidas han sido filtradas. Quiero aprovechar esta segunda entrada para presentar algunas ideas adicionales, las cuales buscan tres objetivos que, creo, pueden ser congruentes y necesarios: simplificar nuestro estatuto tributario, fomentar la equidad y contribuir a elevar el nivel de tributos que paga nuestra sociedad.
- – Racionalizar la acumulación de exenciones y gabelas tributarias. No tiene mucho sentido que una misma empresa pueda aprovechar el descuento del 30% por reinversión de utilidades, usar estos recursos en la creación de una zona franca, lo cual genera un nuevo descuento, y además acudir al contrato de estabilidad jurídica. Esa tripleta, que no implica ningún acto de ilegalidad, sí es un abuso y rompe la equidad con los demás contribuyentes.
- – Eliminar la exención a las cuentas AFC. Esta medida, que permite a personas naturales de altos ingresos ahorrar hasta el 30% de los mismos y así excluirlos del impuesto de renta, fue creada en medio de la crisis de vivienda de 1998/99. Hoy es innecesario tenerla y sólo contribuye a fomentar un sector ya muy dinámico y aumentar los ingresos de las personas con altos salarios.
- – Asumir la actualización de todos los catastros municipales, urbanos y rurales, directamente con el presupuesto nacional. Hoy se actualizan unos pocos luego de que los mismos municipios le pagan al IGAC por hacerlo mediante un convenio de cofinanciación. De igual manera, por un periodo de 10 años dejar en manos de la DIAN el recaudo del predial, el cual sería girado de forma directa y sin descuentos a cada municipio. Esto nos permitirá aumentar la base gravable de los contribuyentes con predios y acercarla a la realidad. Además, aislará el recaudo de este tributo de las presiones de poderes locales.
El Director de la DIAN ha venido sosteniendo que la sociedad colombiana, después de impuestos, empeora la distribución, lo cual es una vergüenza que debe ser corregida y el 2012 parece ser un buen momento para hacerlo.
