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Por Blogoeconomia · 19 de Agosto de 2013

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Por Juan Camilo Cárdenas

Manteniendo un prudente optimismo por el avance en las negociaciones de La Habana, hay que preguntarse cómo podría ser la implementación de programas de justicia transicional en donde se reparen a las víctimas y se ejecuten programas de reinserción a la vida civil para los excombatientes. Sobre los aspectos normativos bastante han escrito expertos en el tema. De hecho los mismos Uprimny & Saffon reconocen que hay unas disonancias entre las diferentes dimensiones políticas y jurídicas de la justicia transicional y la dimensión psicosocial.

Aquí va una contribución en ese preciso punto: la implementación en la práctica cuando se trata de seres humanos, terrenales, que tendrán que aceptar o incluso ejecutar programas concretos para compensar a quienes más han sufrido y a la vez reincorporar a sus victimarios a una vida civil. De hecho la implementación ya se viene dando, con más lentitud para unos que para otros, en programas sociales en que se asignan recursos económicos importantes para atender víctimas y en otros casos para beneficiar a desmovilizados. Un eventual proceso de paz va a necesitar de una sociedad que en la práctica cotidiana pueda aprobar y ejecutar políticas que en algunos casos vayan en contra de sus preferencias sociales por la justicia, la reparación o la sanción social. Es una dimensión personal, humana, que todos vamos a tener que enfrentar a través de una relación más directa con víctimas y victimarios.

Sobre este tema, recientemente terminamos de escribir con mis colegas Nathalie Mendez M. y Andres Casas C. un artículo sobre este problema, y que denominamos la cara oculta de la justicia. He aquí un resumen. En el año 2006 en otro proyecto de investigación tuvimos la oportunidad de realizar una serie de experimentos económicos sobre la provisión de servicios sociales a los grupos más vulnerables. Dentro de esos experimentos incluimos en la muestra de beneficiarios a personas desplazadas por la violencia y excombatientes que se encontraban en ese momento en programas de reinserción, todos viviendo en Bogotá. Al analizar los datos particulares de estos dos grupos encontramos que quienes ejecutaban las acciones de transferencias económicas hacia estos individuos manifestaban preferencias prosociales bastante diferencias hacia unos y otros, a pesar de que en el momento de la realización de estos experimentos (año 2006 cuando precisamente se creó la Alta Consejería para la Reintegración) se venían acumulando procesos de desmovilizaciones (Ver cifras compiladas por Verdad Abierta) con recursos importantes para los excombatientes.

Los experimentos que realizamos incluían juegos clásicos como el del Dictador y el Ultimatum en donde se evalúa el altruismo puro y la reciprocidad. Igualmente recogimos datos del Juego de la Confianza en donde podemos evaluar confianza hacia las personas y confiabilidad de las mismas. En estos juegos siempre tuvimos a un “Jugador 1” que decidía enviar una cantidad de dinero real a un “Jugador 2” quien en ocasiones podía decidir aceptar o no una oferta, o retornar dinero al Jugador 1. Nuestros jugadores 1 eran funcionarios públicos de los sectores sociales de educación, cuidado de niños, salud y nutrición,  así como grupos de control de otros ciudadanos no vinculados con la función pública. Nuestros Jugadores 2 eran personas de grupos vulnerables en Bogotá que invitamos a participar en diferentes centros donde recibían estas ayudas o programas o beneficios sociales. Tomemos por ejemplo el caso de los juegos de Dictador (DG) y Ultimatum (UG). En ambos casos le preguntamos a excombatientes y desplazados cuánto dinero esperaban recibir de un jugador 1 a quien le habíamos entregado $20,000 para dividir entre los dos jugadores. En la gráfica siguiente se ven las cantidades efectivamente enviadas a cada grupo, y las expectativas que tenían éstos de recibir. Las diferencias no podían ser más claras; las víctimas reciben y esperan ofertas sustancialmente mayores, mientras que los excombatientes no solo recibían ofertas más bajas sino que sus expectativas eran también menores y en promedio inferiores a la división del 50/50 que se observa en la inmensa mayoría de juegos del Ultimatum.

Otro juego que implementamos, menos conocido, es el del Castigo de Terceros (o Third-Party Punishment, creado por Fehr & Fischbacher,2004). De nuevo, le entregábamos $20,000 a un Jugador 1 que debía decidir cómo dividirlos entre él y un Jugador 2, en este caso desplazado, excombatiente o miembro de otros grupos vulnerables en Bogotá. Sin embargo teníamos un observador (Jugador 3) que recibía $10,000, con los cuales podía o no gastar parte para sancionar un acto injusto por parte de los Jugadores 1 hacia los Jugadores 2 y reducir las ganancias de los primeros. Si ese tercer observador era indiferente ante la justicia o injusticia del Jugador 1 hacia el 2, debía guardarse sus $10,000, de lo contrario gastaría parte de su dinero en reducir la cantidad que ganaba el Jugador 1.

En este nuevo juego de nuevo encontramos un trato diferencial hacia unos y otros. En la gráfica siguiente se ve la distribución de las ofertas de dinero de los jugadores 1 hacia los 2, ante la amenaza de un posible castigo por parte de los terceros. De nuevo vemos una concentración grande de ofertas alrededor de la división del dinero en partes iguales, pero una vez más esa distribución fue estadísticamente diferente para desplazados y reinsertados. Estos jugadores 1 tendían con más frecuencia a hacer ofertas muy bajas a los excombatientes y a su vez enviaban con más frecuencia ofertas muy generosas a los desplazados y no a los excombatientes.

En un análisis de regresión, que no voy a reportar aquí pero que pueden consultar en el documento, encontramos que estos efectos se mantienen después de controlar por atributos de unos y otros, con unos resultados adicionales interesantes. Uno de ellos que nos llamó la atención es el de la denominada “Etica Protestante del Trabajo” atribuida a Max Weber sobre la valoración del esfuerzo y el mérito individual sobre los logros. Se ha estudiado en la sicología ocupacional  cómo aquellos con una mayor ética protestante del trabajo se oponen más fuertemente a los programas sociales y asignan las causas del desempleo con mayor frecuencia a los individuos mismos. En nuestro estudio aplicamos un cuestionario para medir esta dimensión entre los funcionarios públicos y controles y encontramos que aquellos con una mayor ética protestante del trabajo enviaron cantidades menores a los jugadores 2. Un debate que recientemente abrió Marc Hofstetter sobre los programas hacia las víctimas de alguna manera tocaba este mismo problema desde una posición particular, generando bastante debate en LSV.

Nuestras preferencias sociales por la redistribución se van a atravesar cada vez que directa o indirectamente intervengamos como ciudadanos o ejecutores de programas y los beneficiarios sean víctimas o excombatientes. Un proceso de paz que necesariamente va a incluir una dimensión de compensación a víctimas y reincorporación de excombatientes va a encontrar dificultades en el ciudadano común de la calle. Reconocer estas actitudes y limitaciones de esta dimensión oculta de la justicia transicional será un primer paso para esa Colombia post-conflicto que estamos esperando vivir ojalá más temprano que tarde.

 

Una postdata.

Junto a más de 50 académicos de la Universidad de Los Andes hemos firmado una carta de rechazo a la presión a la cual fue sujeta la Universidad Javeriana y que la llevó a suspender la realización del Ciclo Rosa Académico 2013 en su campus. Este acto impide que la Universidad Javeriana cumpla su misión de contribuir a solucionar problemas centrales del país como “[l]a intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad… [asi como la] discriminación social…”. La gravedad de este hecho se hace aún más patente cuando se lo pone en el contexto de la sociedad colombiana en general: es un mensaje de intolerancia contrario al diálogo en la diversidad que necesita el país. Creemos que la libertad académica es uno de los pilares de una democracia y que este acto vulnera profundamente la posibilidad de que una universidad cumpla el papel de formar en la tolerancia y la diversidad, y de abrir sus espacios a un diálogo de saberes y posiciones de una manera plural.

Además, si alguien quiere adherir al comunicado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana, pueden hacerlo en este enlace.

 

Comentarios (10)

Carlos Lozano Acosta

19 de Agosto

101 Seguidores

Esto refuerza la importancia de una dimensión normativa de las políticas pú...+ ver más

Esto refuerza la importancia de una dimensión normativa de las políticas públicas. Las "preferencias sociales" (que yo llamaría ideas políticas) están bien para los votantes, pero deben ser reguladas en los funcionarios que aplican normas para víctimas.
Un funcionario no debería poder definir si entrega una compensación con fundamento en esas preferencias. Ese debate se debe dar al momento de diseñar las normas, no de aplicarlas administrativamente.
Hay que desincentivar la arbitrariedad de los funcionarios, incluso con sanciones. Si no, pasa como con algunos personeros, que definían a quién entregaban compensaciones según sus simpatías o prejuicios en relación con las víctimas.

Blogoeconomia

20 de Agosto

71 Seguidores

Carlos, es un excelente punto, pero abre varias discusiones, una de nuevo prá...+ ver más

Carlos, es un excelente punto, pero abre varias discusiones, una de nuevo práctica. ¿Cómo monitorear y sancionar esas discrecionalidades? Otra, ¿deberíamos asumir algún tipo de preferencias para los funcionarios al momento de diseñar esos mecanismos de monitoreo y sanción? El dato de los personeros es bien interesante, si existieran datos se podría hacer un estudio bien interesante, ¿alguna pista?

 

Blogoeconomia

20 de Agosto

71 Seguidores

Andres, el grupo de jugadores 3 fue reclutado a partir de adultos sin ninguna ...+ ver más

Andres, el grupo de jugadores 3 fue reclutado a partir de adultos sin ninguna afiliacion a las 4 entidades publicas del grupo de jugadores 1. Usualmente fueron trabajadores en empresas privadas, algunas entidades publicas, etc.

 

Felipe Lesmes Palacio

21 de Agosto

0 Seguidores

Juan Camilo, me parece interesante el análisis que presenta, válido para la ...+ ver más

Juan Camilo, me parece interesante el análisis que presenta, válido para la realidad actual pero errado frente al deber ser de la política pública: la política para atención y reparación a las víctimas se diferencia de la política social para atención a población vulnerable en el sentido de que la primera busca restituirle a la víctima lo que por el conflicto le fue usurpado, y en ese sentido no debería verse como un "favor" que está haciéndole el Estado sino como un derecho que le está restituyendo.
El análisis que usted presenta equipara ambos tipos de políticas públicas desconociendo el contexto de reparación en el que se presenta y en ese sentido, si para el funcionario público que entrega un servicio fuese claro que lo que está haciendo es devolverle a alguien lo que antes fue suyo, no debería existir ningún dilema frente a cuánto se transfiere. Esto desde luego haría que no fueran comparables las situación de víctimas y reinsertados, cuyo caso es aún más complejo.

Felipe Lesmes Palacio

21 de Agosto

0 Seguidores

A pesar de lo anterior, como reconocí al principio, pienso que es válido su ...+ ver más

A pesar de lo anterior, como reconocí al principio, pienso que es válido su análisis justamente porque creo que son muy pocos los que entienden esta realidad, incluidos los funcionarios públicos con la tarea de atender población víctima.
Ahora bien, dado que así no deberían ser las cosas, no sobraría un poco de concientización a través de capacitaciones a esos funcionarios públicos para que comprendan que lo que hacen como parte del Estado, no es un favor, es un deber.

Blogoeconomia

21 de Agosto

71 Seguidores

de acuerdo felipe en que una cosa es un deber del funcionario y otra un favor;...+ ver más

de acuerdo felipe en que una cosa es un deber del funcionario y otra un favor; sin embargo la discrecionalidad en la ejecucion de las politicas de atencion a unos u otros hace que corra el riesgo de ser lo segundo. por eso el analisis y el llamado a que es parte del problema entender las preferencias de quienes ejecutan en la practica estos programas, no de quienes los diseñan con buenas intenciones.

un estudio adicional sobre esto salio aqui y tambien encontramos este mismo problema de discrecionalidad:

http://www.accessecon.com/pubs/JPET/default.aspx?topic=Abstract&PaperID=JPET-08-00191

juan camilo

 

 

Alejo Acosta

22 de Agosto

0 Seguidores

Ahora que en las marchas campesinas se denuncian los efectos negativos del TLC...+ ver más

Ahora que en las marchas campesinas se denuncian los efectos negativos del TLC -los actuales y los por venir-, me encantaría que tocaran ese tema con profundidad, ya que es un tema de interés nacional.

Blogoeconomia

23 de Agosto

71 Seguidores

Hola ActAlejo, creo que es la primera vez -puedo estar equivocado- que uno de ...+ ver más

Hola ActAlejo, creo que es la primera vez -puedo estar equivocado- que uno de nuestros lectores de blogoeconomia sugiere temas por venir para blogoeconomia; deberia ser fuente de ideas para nosotros, comunicare al resto del grupo, aunque asumo que ellos leen este blog :-)

jc

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