Colombia necesita un sector minero capaz de cumplir con lo siguiente: los más altos estándares mundiales en temas ambientales, la promoción del desarrollo regional, retribuir al país lo justo por el uso de sus activos no renovables y un compromiso con la transferencia de tecnología de punta.
Colombia necesita un sector minero capaz de cumplir con lo siguiente: los más altos estándares mundiales en temas ambientales, la promoción del desarrollo regional, retribuir al país lo justo por el uso de sus activos no renovables y un compromiso con la transferencia de tecnología de punta. La discusión pública de los últimos años ha venido “acorralando” al sector. La vocería pública de las empresas ha asumido los debates de forma equivocada y a la defensiva. El gobierno ha sido errático y no tiene una visión sobre el futuro del sector en el país. Los activistas ambientales han demostrado los inconvenientes de las actividades mineras; la discusión no se ha balanceado con la demostración de buenas prácticas. Para hacerla más propositiva deberíamos, bajo el liderazgo del gobierno, definir los estándares en normas ambientales, ojalá a la altura de los más rigurosos en el mundo, y así, facilitar el accionar de las mineras que estén dispuestas a cumplirlos. La responsabilidad social debe promover el desarrollo regional, y por ello, no se puede agotar en el pago de impuestos, donaciones a fundaciones (con incentivos tributarios) y algunos recursos para relaciones con las comunidades. La minería debe proponerse generar mayores encadenamientos productivos, y en últimas, comprometerse con elevar la calidad de vida de los habitantes de su entorno inmediato. Con respecto a la retribución al país por los activos explotados, debemos realizar una discusión franca y abierta acerca del monto de las regalías y los acuerdos contractuales sobre las compensaciones que hoy se cobran. Como hemos visto en el caso de Cerromatoso, pero también en oro y esmeraldas, los valores retribuidos parecen más dictados por el concesionario que por funcionarios públicos actuando en defensa del interés general. Si no logramos resolver estos temas bloquearemos el desarrollo formal de la minería y nos quedaremos en el peor de los mundos: con minería informal, y en algunos casos, criminal; sin control, sin pagar impuestos ni regalías y con las peores prácticas ambientales y humanas posibles.
