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Por Tío Conejo · 07 de Octubre de 2014

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Por: Carlos Lozano  Acosta, amigo de Tío Conejo

Durante el encuentro constitucional por la tierra en Ibagué, Santos soltó una bomba sobre las licencias ambientales. En forma muy sutil, dijo que las va a flexibilizar aún más. Esto fue corroborado por el proyecto de decreto sobre el tema que publicó el Ministerio de Ambiente.

El efecto Vargas Lleras se ha hecho sentir en el gobierno. El vice, con el apoyo del presidente, quiere que aprueben “rapidito” los permisos para grandes proyectos en el país. Por ello, no es extraño que la noticia haya caído como un baldado de agua fría:

 

La idea de las “licencias exprés”, acuñada por los medios de comunicación y por académicas como Gloria Amparo Rodríguez, describe muy bien lo que ha estado pasando con este mecanismo. Hoy asistimos a un proceso de desregulación ambiental de proyectos de alto impacto que tendrá efectos a lo largo y ancho del país. La cosa no es nueva. Viene desde el gobierno Uribe, por lo menos.

El problema principal radica en que la licencia ambiental es vista como un obstáculo para los proyectos y no como una herramienta para prevenir crisis e impactos irremediables y proteger ecosistemas de los que dependemos. Otra dificultad está relacionada con la falta de soluciones para falencias que se han identificado desde antes de que la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales se convirtiera en lo que hoy es la ANLA.

Lo que pasa con las licencias en Colombia no es sólo un problema técnico; también es un problema político. Esto es así a tal punto que el gobierno se refiere a ellas en un Conpes como “dificultades”:

Debilitamiento progresivo

?La institucionalidad ambiental colombiana, resultado de la Constitución del 91, fue considerada como un ejemplo a seguir para muchos países. Sin embargo, poco a poco los gobiernos la han ido desmontando. La flexibilización de las licencias es otra expresión de este fenómeno.

El decreto 1753 de 1994 reglamentaba las licencias ambientales. Este decreto detallaba en forma minuciosa los requisitos para todas las etapas de la industria de hidrocarburos: exploración, explotación, conducción, transporte, refinación y desarrollos petroquímicos. Además, hacía lo propio con los proyectos de gran minería, incluida su fase de exploración.

Luego la licencia ambiental fue debilitada. Esto ocurrió mediante los decretos 1728 de 2002, 1180 de 2003, 1220 de 2005 y finalmente el 2820 de 2010, que rige en la actualidad. Cuatro cambios de regulación en ocho años es un saldo institucional inquietante.

Estas reformas suprimieron la licencia ambiental para las siguientes actividades:

Esto sin contar con las operaciones “deslicenciadas” del sector eléctrico y de infraestructura.

Y ahora el ministerio de Ambiente, para rematar, sacó un borrador de decreto que le cayó a los ambientalistas como un baldado de agua fría. Licencias express. Más reformas. Una institucionalidad más débil. La sociedad civil y los medios fueron tan críticos que el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, se abstuvo de firmar…. Por el momento.

No hay tiempo que perder

A pesar de que Felipe Iregui,  dijo  en entrevista con Pablo Correa de El Espectador que la ANLA no tenía problemas y que esa afirmación era “un discurso”,  muchos diagnósticos demuestran lo contrario.

Es más, muchos dirían que a la ANLA tiene problemas de sobra: la mayoría de los funcionarios están sobrecargados de trabajo y no tienen estabilidad laboral; el análisis científico y jurídico están desconectados; los funcionarios sufren presiones de superiores o externos y no tienen forma de defenderse; en los análisis nunca se utiliza el principio de precaución (¿lo tienen prohibido?);  las escalas de evaluación no son intensivas en cuanto a impactos acumulativos y los muestreos, en ocasiones, no son representativos.

Y esta es tan solo una incompleta lista de los problemas que tiene esta agencia. Pero el nuevo decreto no le apunta a resolver estos problemas solo se enfoca en recortar los tiempos.

El nuevo decreto reduce el proceso una reunión a puerta cerrada entre el solicitante y la ANLA. Esta reunión, que no garantiza oralidad ni transparencia, es el único momento en el que el funcionario puede pedir información adicional.

Los plazos para actuar y resolver se reducen sustancialmente para los funcionarios. Y esta decisión parece obedecer a la urgencia de Vargas Lleras por entregar proyectos de infraestructura pues como lo contó La Silla, los tiempos de las licencias en Colombia no están por encima de los de otros países del mundo.

Además, el fracking no requeriría licencia adicional cuando se realice en áreas de yacimientos convencionales ya licenciados. No es una buena noticia. Organizaciones como AIDA, Dejusticia, El Foro Nacional Ambiental, WWF y Tío Conejo han pedido la moratoria de esta técnica de extracción debido a su potencial para causar graves daños al medio ambiente y la salud humana.

El diablo está en los detalles

Lo peor del decreto casi que pasa de agache. 

Además de todo lo anterior, el borrador conocido trae una bomba. Hay un artículo sumamente preocupante que permite, en contravía de lo que dice la ley y la jurisprudencia, minería y extracción de hidrocarburos en páramos y sitios Ramsar:

Si es aprobado, este artículo puede ser la llave para destrabar proyectos como Santurbán y La Colosa. También abriría la puerta para daños irremediables en humedales como la Estrella Fluvial de Inírida.

No se sabe si fue retirado, pues el gobierno ha sido opaco en la información sobre la propuesta y no hay una nueva versión pública. Sin embargo, el solo hecho de que haya sido incluido en alguna de las versiones del decreto es grave y deja en el aire la pregunta de si el gobierno está interesado en volver a permitir la minería en páramos que está prohibida gracias a la la ley 1450 de 2011. ¿Veremos minas a cielo abierto en nuestras fábricas de agua?

¿A qué estamos jugando?

Colombia es uno de los países con el mayor número de conflictos ambientales de Latinoamérica. Las licencias, junto con las consultas populares y previas, son herramientas para prevenirlos. En un país desigual y con un legado tan fuerte de violencia socio-política, debilitarlas es la forma más rápida de incrementar la conflictividad.

En lugar de expedir un decreto que reduce estándares y pone al personal de la Anla a correr, el gobierno debería ampliar la capacidad de esa agencia. Más funcionarios, mejor pagados, bien entrenados, conectados con otras autoridades ambientales y con recursos técnicos y financieros suficientes.

¿Por qué será que gobierno tras gobierno es incapaz de ver que el futuro de Colombia está en fortalecer la institucionalidad ambiental y no en debilitarla?

Eso se pregunta Tío Conejo 

@Tio_conejo

@CLozanoAcosta

@carogarcia1606

@lorenzomorales

@swillsp

 

Comentarios (2)

agrosostenible

10 de Octubre

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Seguramente es otro argumento más para no ingresar a la OCDE. Juan Manuel y s...+ ver más

Seguramente es otro argumento más para no ingresar a la OCDE. Juan Manuel y sus contradicciones ....

Rodrigo Velasco Ortiz

10 de Octubre

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La mona vestida de seda, mona se queda. Santos con su disfraz democrático rep...+ ver más

La mona vestida de seda, mona se queda. Santos con su disfraz democrático representa los intereses del gran capital (aunque suene esto a expresión marxistoide o castro chavista, en castellano significa el poder del dinero, nuevo dios de nuestra sociedad) Ese afán de burlarse de los controles ambientales llamándolos "dificultades para el desarrollo" es aterrador. No importa lo que pase aquí ni luego, lo único importante es ganar dinero, lo más rápidamente y a costa de lo que sea.

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