Un sector agrario exitoso debe ser intensivo en capital. Las limosnas no desarrollan un país.
Por Jorge Tovar Seguir a @JorgeATovar
Más allá del vandalismo y de las acusaciones a grupos irregulares de fomentar la violencia en las manifestaciones de apoyo al paro agrario, la realidad es que el trabajador del campo está hoy en desventaja relativa frente a sus pares urbanos.
Con más ideología que cifras, las acusaciones se han centrado en los Tratados de Libre Comercio (TLC), esencialmente el firmado con los EE.UU. Algunos han culpado al TLC de la baja en las exportaciones manufactureras en los últimos cinco años. Otros expresan sus preferencias por instituciones como la Unión Europea como espejo en el que debe mirarse la Comunidad Andina de Naciones al tiempo que denigran del tratado con los EE.UU. Los unos olvidan que el TLC apenas entró en vigor el 15 de mayo de 2012. Los otros ignoran que tanto la Unión Europea como la CAN son, en su base, un TLC.
Lo más radicales prefieren renegociar los TLC y, a ser posible, cancelarlos. Que Colombia no tenga TLC con nadie salvo –no lo dicen, pero lo piensan– con líderes afines a sus ideales. Colombia podría, por supuesto, hacer eso. El problema es que antes de haber firmado los TLC ni el campo, ni el resto del país era la Suecia latinoamericana. Éramos un país pobre. Más pobres de lo que somos hoy.
La teoría del avestruz no me gusta. Ignorar que vivimos en un mundo globalizado sería un error histórico. Al campo hay que ayudarlo. A sus campesinos hay que ayudarlos. Pero tal ayuda no pasa por culpar al mundo, al “imperio” y a la globalización de nuestras desgracias. Si somos pobres es culpa nuestra. El primer paso es mirarnos al espejo y aceptar nuestras culpas.
Desde la apertura económica del año ’91, entre instrumentos de incentivos y compensaciones, apoyo al comercio exterior, fomento a la inversión y el financiamiento, ayuda empresarial, promoción del desarrollo rural y fondos parafiscales se han utilizado al menos 27 instrumentos diferentes para impulsar el sector agropecuario. El paro actual es una muestra de la inefectividad global de estas políticas.
El problema central es que se sigue diseñando una política agraria basada en el precepto de que la producción agrícola es intensiva en mano de obra. Bien entrados en el siglo XXI en Colombia se sigue pensando en diseñar una estructura de producción que tenga al hombre trabajando, literalmente, el campo.
La realidad es que hoy día la producción agrícola exitosa es intensiva en capital. Se usan maquinas, semillas tecnificadas, agroquímicos de última generación y hasta satélites para optimizar la producción agraria. Cierto, en las grandes potencias del mundo, el sector está fuertemente subsidiado. En Colombia, aún con las limitaciones de un país emergente, también. Más allá de los desvíos e ineficiencias que han ocurrido en programas como el del Agro Ingreso Seguro, el problema del sector no se soluciona dando más subsidios directos. Los subsidios directos frenaran los paros hoy, pero no evitarán los de mañana.
Las potencias que subsidian fuertemente el sector agrario proveen a sus productores de algunos componentes esenciales en la cadena de producción que sus contrapartes colombianas sólo conocen en fotos. El campo necesita agua, insumos asequibles y vías para sacar el producto.
Colombia necesita suministrar agua permanente a sus cultivos. Para el cultivo y labores complementarias. A raíz de las huelgas escuchaba a cultivadores de papa en Boyacá quejarse de las dificultades que tienen para lavar su producto. Para hacerlo requieren contratar transporte. Son costos extras que se derivan de la falta de agua y las vías precarias.
Si las vías principales en Colombia son pobres, la red terciaría es inexistente. Hace veinte años, cuando estudiaba mi pregrado me decían que era más caro transportar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura al este de Asía. Hoy, patético, sigue siendo cierto. Un país que no invierte en infraestructura está condenado al atraso y a los paros de aquellos que se desesperan porque no tienen oportunidades de desarrollar en condiciones su labor.
Quizás, tanto recurso disperso del gobierno en tapar los huecos evidentes del sector deberían centrase en construir infraestructura de primer nivel que lleve agua a todas las zonas productoras del país. Así como una ciudad no vive sin agua potable, no es razonable que hoy el Estado no facilite el insumo más esencial a sus productores.
La otra arista del problema, más allá de los problemas mencionados, son los insumos agroquímicos; plaguicidas y fertilizantes. El gobierno propone reducir aranceles y otras medidas de gran visibilidad pero escaso impacto. Hace unos años, estudiando el sector, me encontré con dos problemas que incrementaban enormemente los costos, particularmente al pequeño agricultor. La cadena de distribución, esencialmente, consiste en distribuir los productos a través de un “superdistribuidor” que a su vez redistribuyen los productos a otros distribuidores que son en últimas quienes comercializan el producto. La acumulación de márgenes (y costos dada la inexistente infraestructura terciaria) se hace evidente. El segundo punto, quizás el más complejo, es la forma como se comercializa el producto. Los agricultores tienden a pagar con cosecha o prestar contra la cosecha para hacer uso de los agroquímicos. Esta última alternativa suele llevar a tasas de interés implícitas que están muy por encima de las de mercado. Su uso se generaliza porque no requiere de garantías. En la medida que estos factores sigan impactando el precio final del agroquímico, la reducción de aranceles poco efecto tendrá.
Finalmente, el agricultor puede ser pequeño o grande, pero debe haber una escala que permita industrializar la producción. Con agua, insumos asequibles, carreteras para sacar el producto y una escala que permita generar recursos para reinversión, la ayudas del Estado serían de estabilización, no de construcción. La escala, por cierto, no debe llevar a una concentración de tierras. Debe diseñarse un esquema de cooperativismo que permita a grupos de campesinos competir como han hecho, por ejemplo, los cientos, miles, de pequeños productores industriales taiwaneses que impulsaron su economía a partir de la pequeña y mediana empresa.
El sector agrícola no puede seguir evolucionando fundamentado en buscar sustentos que cubran el salario mínimo. A partir de un esquema basado en la intensidad laboral las intervenciones del Estado solucionarán los paros momentáneamente. El desafío de los líderes y agentes del sector en Colombia consiste en transformarlo, en una década, en un sector intensivo en capital. Las reformas al sector no deben buscar ideales propios de los años sesenta. Deben fundamentarse en la realidad de un país que quiere entrar, por fin, al siglo XXI.
