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Por Piedra de toque · 27 de Enero de 2015

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Por: Julián Wilches (@julianwilches)

Pese a toda la evidencia recolectada, pese a que quienes mejor informados están en este tema han recomendado cambios concretos y avances posibles, tanto en el marco actual de las convenciones de Viena del Sistema de Naciones Unidas como haciendo modificaciones a éstos acuerdos, la mejores políticas no han llegado, el consumo sigue creciendo y Latinoamérica en particular, sigue aplicando una política con altos costos tanto en recursos como en vidas.

En el año 2009 el mundo conoció el primer reporte de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, cuyo éxito como motor del debate sobre una mejor política sobre este tema motivó la creación de la Comisión Global de Drogas. Esta Comisión, integrada por varios expresidentes, premios nobel, empresarios y figuras entre quienes se encuentra al Expresidente Gaviria, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa y otros, ha publicado varios informes sobre las políticas de drogas actuales y su impacto en la salud pública.

La Organización de Estados Americanos, por su parte y como resultado de la Cumbre de las Américas del año 2012, presentó en mayo del 2013 el Informe sobre el Problemas de las Drogas en las Américas, que contenía, además, cuatro escenarios que podrían presentarse en la región en los próximos años.

En Colombia, en el año 2013, la entonces Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, haciendo eco al llamado del Presidente Santos, quien en diversos espacios académicos y políticos ha expresado la necesidad de diseñar mejores políticas para reducir el impacto de las drogas en el país, la región y el mundo, creó la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, integrada por reconocidos expertos y académicos, con el propósito de analizar los resultados de los últimos años y hacer recomendaciones de política sobre esta materia. Esta Comisión, que está próxima a divulgar su informe final, presentó en mayo del 2013 los Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas.

No sólo estas comisiones se han pronunciado. El actual Presidente y dos expresidentes de Colombia, numerosos académicos, ministros, políticos, senadores, miembros de las altas cortes y muchos otros, coinciden en la necesidad de hacer una revisión profunda de la actual política de drogas, pues ni en Colombia, ni en la región, ni en el mundo, se ha reducido el consumo de drogas ilícitas, ni tampoco se ha reducido la cantidad de dinero que reciben las organizaciones criminales por este concepto. En nuestro país, por ejemplo, se estima que el consumo de drogas prácticamente se ha triplicado en los últimos 20 años, llegando a alrededor de dos millones de personas que han consumido alguna droga ilícita en el último año, mientras que las rentas por las drogas aun superan el 1% del PIB colombiano, según aproximaciones de académicos y entidades del Estado.

“El mundo necesita discutir nuevos enfoques… básicamente estamos pensando aún con el mismo marco de los últimos cuarenta años… Un nuevo enfoque debería tratar de eliminar las ganancias violentas que vienen con el tráfico de drogas… Si ello significa legalización y el mundo piensa que esa es la solución, yo le daría la bienvenida. No estoy en contra de ello”. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, 2011.

Pese a toda la evidencia recolectada, pese a que quienes mejor informados están en este tema han recomendado cambios concretos y avances posibles, tanto en el marco actual de las convenciones de Viena del Sistema de Naciones Unidas como haciendo modificaciones a éstos acuerdos, la mejores políticas no han llegado, el consumo sigue creciendo y Latinoamérica en particular, sigue aplicando una política con altos costos tanto en recursos como en vidas.

Sin embargo hay dos escenarios próximos que representan un reto político, nacional e internacional: la implementación de los acuerdos de los diálogos de paz, especialmente en lo relacionado con el punto 4 de la agenda (solución al problema de las drogas ilícitas) , y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en el 2016 – UNGASS 2016 - con el propósito de revisar el marco internacional en esta materia. Cabe recordar que la UNGASS 2016 fue promovida por los presidentes de México, Guatemala y Colombia en el seno de las Naciones Unidas, con el fin de que el próximo año se haga un balance de los avances y desafíos del mundo en relación con las drogas, en el marco de las convenciones de Viena, que son, en castellano, los acuerdos internacionales que sostienen las políticas actuales de los países, los cuales datan de 1961, 1971 y 1988. Es decir, la primera Convención ya cumplió más de 50 años, después de los cuales no sólo el problema no es el mismo, sino que además se ha demostrado que las fórmulas de entonces no han dado resultado.

Aunque con alcances distintos y seguramente limitados, en ambos casos (acuerdos de los diálogos de paz y UNGASS 2016) se abre una ventana de oportunidad para acoger la evidencia y las recomendaciones de las comisiones especializadas sobre política de drogas. Se podría decir que hoy en día hay mejores ingredientes para recetas menos amargas: quienes pedían evidencia para tomar mejores decisiones, ahora tienen un arsenal de buena evidencia e informes muy cualificados que, aunque siguen sin ser suficientes, sí constituyen oportunidades para tomar decisiones inmediatas; y quienes pedían un debate nacional e internacional al respecto, han tenido y tendrán los espacios oportunos para avanzar con esta deuda histórica.

Estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones de los informes previamente citados:

  • Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.
  • Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como en la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.
  • Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.
  • Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.
  • El Estado debe armonizar sus compromisos internacionales en materia de drogas con los compromisos en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que en caso de conflicto, los compromisos en derechos humanos son prevalentes.
  • Los diferentes tipos de drogas tienen distintas características de producción, tráfico y consumo, y sus efectos sobre la sociedad son variables. Las políticas de drogas deben reconocer esto y deben traducirlo en intervenciones diferenciadas de prevención, tratamiento y reducción del daño de las drogas.

Hay que reconocer, sin embargo, que los informes de las comisiones no son los únicos ingredientes para una mejor receta. En algunos casos las recomendaciones son aún muy generales y los tomadores de decisiones y la sociedad siguen preguntándose ¿Cómo dar el paso al cambio? ¿Cómo implementar estas recomendaciones que aún suenan muy generales? Las respuestas a estas preguntas no llegarán si no se abre la puerta a nuevas fórmulas. En este sentido, bastaría por intentar alejarse de los prejuicios y acoger el cúmulo de evidencia que indica que podría haber mejores caminos para reducir la violencia y el efecto que las drogas tienen sobre la salud pública.

No trasladar estas recomendaciones de las comisiones especializadas en drogas hacia la puesta en marcha de mejores políticas nacionales e internacionales, particularmente en los casos de la implementación de los acuerdos de paz y el UNGASS 2016, implicaría profundizar el modelo actual por varios años más, incluso décadas, pues tanto los acuerdos con las guerrillas como las decisiones que tomen las Naciones Unidas sobre este asunto tendrán implicaciones que superan el corto plazo.

 

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