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Por Piedra de toque · 01 de Diciembre de 2014

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Por: Daniel M. Rico

Hastiado de la corrupción policial, el Congreso del Perú debate por estos días un Proyecto de Ley presentado por su Ministro del Interior para retirar los beneficios pensionales a los Policías que permiten el contrabando y el narcotráfico en sus fronteras. En los Estados Unidos, leyes estatales y federales desincentivan desde hace décadas la corrupción de los funcionarios públicos (uniformados y no uniformados) retirando las pensiones y beneficios de salud a quienes cooperen con el crimen. 

En Colombia, nuestra ley establece lo contrario. Es decir, sin importar la atrocidad del crimen, el daño social causado o la condena penal impuesta, las leyes de nuestro esquema pensional les garantizan de por vida el cheque mensual a los cientos de uniformados, guardianes, togados, políticos e intermediarios, que el crimen organizado ha cambiado de bando y que han sido condenados por la justicia por infiltrar y traicionar a las instituciones públicas que debían proteger.

El Ministro de Trabajo Luis E. Garzón, nos ha recordado en las últimas entrevistas y declaraciones que en el horizonte legislativo se contempla una reforma pensional, además de los debates de equilibrio fiscal, cambio demográfico, y tasas contributivas a las pensiones. Este debate legislativo será una oportunidad dorada para profundizar en la discusión sobre la estrategia de seguridad en el contexto de los derechos pensionales. El Gobierno Nacional debe buscar en este trámite por el legislativo, eliminar o al menos mitigar los subsidios que le damos todos los colombianos al patrimonio de algunos criminales pensionados.

Hace dos años, durante el sonado caso del General Santoyo, los principales medios de comunicación cuestionaron que el extraditado General siguiera recibiendo su pensión policial de nueve millones de pesos (ver noticia). La Policía Nacional ofreció una explicación jurídica a esta situación, a partir de la cual mientras no exista una orden judicial al respecto, el pago pensional deberían mantenerlo (ver noticia).

Aun en su condición de extraditado y condenado, en relación a los pagos pensionales no hay distinción alguna entre este General que dedicó su carrera policial a auspiciar y servir a las organizaciones criminales, y sus compañeros que empeñaron sus vidas en combatirlas.

Es paradójico y sienta un muy mal precedente que los oficiales o las familias de aquellos que han perdido la vida o están en condición de discapacidad por enfrentar el terrorismo y el crimen organizado, tengan en ciertos contextos un menor reconocimiento económico pensional y de bienestar, que aquellos que han hecho una carrera criminal dentro de la institución, logrando ascender hasta grados superiores. Un cambio legal debería eliminar todo derecho pensional a quienes se les demuestren vínculos con el crimen organizado, y a manera de retribución destinar estos recursos a compensar a los miles de uniformados que han sido víctimas del crimen organizado.

Del fervor mediático por la extradición de quien fuera el jefe de Seguridad del Presidente Uribe Vélez, surgió en el Congreso Nacional la “Ley Santoyo” que proponía, entre otras cosas, derogar los derechos pensionales a los uniformados condenados por vínculos con las organizaciones criminales y fortalecer los controles al sistema de ascensos en la Fuerza Pública bajo un esquema de degradación del rango (ver noticia).

Este esfuerzo legislativo no logró superar el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, al ser hundido (once votos contra dos) ante la falta de apoyo de la mayoría parlamentaria y las críticas del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien pidió mesura para no estigmatizar a los miembros de la Fuerza Pública y aseguró que “las instituciones militares y policiales contaban con fuertes controles”.

Para un próximo debate pensional quedan varias lecciones aprendidas del fracaso de la “Ley Santoyo”. En primer lugar, el Ministro Pinzón tiene razón pues no se debe estigmatizar a los uniformados y no debe existir un trato diferencial al estamento militar o policial. El riesgo de cooptación criminal no es exclusivo de un solo sector. Cualquier medida de desincentivo económico a la corrupción por la vía de eliminar los derechos pensionales debe incluir a todos los funcionarios públicos y a todos los ciudadanos.

En segundo lugar, desde la caída de la “Ley Santoyo” hace poco más de un año, la lista de criminales pensionados ha seguido creciendo. Al reciente caso del Coronel Maestre capturado y señalado de estar al servicio de alias “Marquitos” (ver noticia), se suman los casos de otro General y otros oficiales y suboficiales de nuestra Fuerza Pública. Evidencia que indica que los controles institucionales aun no son tan “fuertes” como aseguró el Ministro, y que se hace necesario reafirmarlos estructuralmente para combatir la  penetración del crimen organizado y fortalecer las bases de nuestra institucionalidad.

La lucha contra la corrupción encierra una paradoja, entre mejores resultados más aumenta la desconfianza pública, y en el corto plazo son mayores los costos. Se requiere valentía y liderazgo para afrontar la corrupción, denunciar subalternos o superiores y no perder la legitimidad institucional.

En este sentido una revisión del esquema pensional debe ser una herramienta adicional que complemente los esfuerzos titánicos y ejemplares que hacen instituciones como la Policía Nacional para combatir la corrupción en sus propias filas. Más que indignación ante las recientes noticias de redes de policías capturados por corrupción, nuestro mensaje para la cúpula de la Policía Nacional debe ser de apoyo y total respaldo para continuar por la ruta de la transparencia en la carrera policial. Ojala todas las entidades del país contaran con unidades internas de lucha contra la corrupción tan estructuradas y comprometidas como las de la Policía.

En la próxima reforma pensional se debe considerar por primera vez que Colombia es un país con medio siglo de conflicto interno y cuatro décadas de narcotráfico, donde el crimen organizado ha encontrado en el sistema pensional múltiples ventajas. Además de las alianzas con el narcotráfico señaladas anteriormente, se deben también considerar las compuertas que están abiertas en el sistema pensional para el lavado de activos y el ciber-crimen (temas sobre los que profundizaremos en una próxima entrada a este blog).

Tenemos un esquema pensional que da múltiples incentivos económicos a la corrupción, ya que el peor escenario económico posible para un corrupto –con derecho a pensión- es mantener la misma escala pensional y beneficios del no corrupto.

Un esquema de lucha contra la corrupción y el crimen organizado que intervenga las pensiones y beneficios que ofrecen las instituciones a los retirados (salud, educación, centros vacacionales, etc.) tendría varios impactos directos que sería interesante debatir y calcular con mayor rigor. Por ejemplo la corrupción de bajo y mediano valor no debería ser atractiva dado que la pensión que se pone en riesgo es mayor que la ganancia ilegal.    

Lo cierto, incluso sin tener una cifra concreta, es que un oficial o funcionario público que ve en riesgo sus derechos pensionales y el bienestar que la institución ofrece a sus familias, tiene una propensión a la corrupción menor, como lo demuestran múltiples investigaciones académicas del Instituto Policial de los Estados Unidos.

Avanzar en la lucha contra el crimen organizado no debe ser una tarea exclusiva de la contrainteligencia o de las oficinas de control interno. Estas medidas deben sumarse a un esfuerzo amplio por cambiar el esquema de pensiones y beneficios, de modo que se castigue con mayor severidad económica la doble vida como criminal y funcionario público, tal como ya lo han establecido con éxito otras democracias en el hemisferio. 

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