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Por Carlo Tognato · 13 de Marzo de 2016

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Durante la próxima década Colombia tendrá una explosión de conflictividad social, un Estado estirado al límite de sus capacidades frente a la tarea histórica del posconflicto, recursos escasos para la cantidad de compromisos, y unos populismos en ascenso. Encima de eso, es probable que el ELN, o unas de sus facciones, no se desmovilicen y lidiar con ellas en este contexto será extremadamente difícil.

En una etapa en la cual el Gobierno y buena parte del Congreso no querrán ‘dañar’ el clima de la paz, el Estado tendrá que enfrentar a un adversario radical que demandará respuestas más en un plano cultural y político que militar. A diferencia de las FARC, el ELN tiene amplia presencia en el sector social y educativo. Ahí, sus anillos de respaldo han logrado aprovechar la alianza entre sectores de la sociedad civil y sectores de la academia para legitimar su plataforma política y justificar la violencia. Esto llevará al Estado a responder en un terreno que entiende poco y en el cual, por falta de capacidades, ha cometido un rosario de errores, deslegitimando así su acción. Adicionalmente, los actores sociales y educativos afines al ELN han desarrollado capacidades de transnacionalización de su lucha que sobrepasan las capacidades tradicionales militaristas o clientelistas de contención por parte del Estado.

Uno esperaría que el Documento CONPES sobre “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015-2025” proveyera una estrategia dirigida al manejo de estas complejidades, pero no es así. El actual borrador en construcción propone formar capital humano altamente calificado para mejorar la productividad laboral e incrementar la competitividad del país. Insiste sobre la necesidad de establecer incentivos y reglas propicios para un alto rendimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, pero no muestra entender los efectos diferenciales que esas reglas e incentivos tienen sobre los diferentes campos del saber. Resalta la necesidad de propiciar el encuentro entre demanda en innovación y oferta, pero desconoce que no siempre se demanda lo que un país requiere y que el papel de los líderes es exactamente llenar esa brecha. Enfatiza los sectores energético, agro, salud, biotecnología, nuevos materiales y TIC, y curiosamente el papel de las ciencias sociales y humanas desaparece. Más en general, paz y posconflicto no se abordan en el CONPES, dejando la impresión de que por su concepción y aproximación podría fácilmente aplicarse a Costa Rica.

Para alistar una base de conocimiento para el posconflicto, Colombia tiene que reconocer lo siguiente.

Primero, el fortalecimiento de las capacidades del país en ciencias sociales y humanas tiene un valor estratégico para lidiar con los desafíos arriba mencionados. Por ejemplo, entender cómo transformar las guerrillas en organizaciones democráticas o cómo manejar la protesta social durante la transición es algo que las áreas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no pueden ofrecer.

Segundo, tener más doctores en ciencias sociales y humanas tampoco se traduce automáticamente en mayores capacidades para resolver los problemas del posconflicto a menos que esos doctores estén formados en enfoques y metodologías capaces de contribuir a solucionar los problemas en vez que a profundizarlos.

Tercero, las ciencias sociales y humanas, dados los vínculos del radicalismo armado con ciertos sectores de la academia, constituirán un escenario en el cual agentes no democráticos buscarán consolidar su presencia, ampliar sus anillos de respaldo, cristalizar sus redes transnacionales y fortalecer su capacidad de influencia sobre la sociedad, en especial en aquellos segmentos con agravios sociales. Un Estado incapaz de valorizar debidamente a las ciencias sociales y humanas terminará consignando ese sector a sus adversarios.

Finalmente, el posconflicto exige formar capital humano entre segmentos específicos de la sociedad para remediar sus actuales falencias. Me refiero en particular a dos de ellos: la izquierda y las fuerzas armadas.

En los años 70s y 80s personalidades cercanas al Partido Comunista Italiano y a su sindicato terminaron haciendo sus doctorados en economía en los EEUU, por ejemplo en MIT, y en Inglaterra. En Colombia necesitamos una estrategia similar para formar capital humano en la izquierda colombiana de manera tal que logre su admisión en los mejores doctorados del mundo en economía, negocios, y políticas públicas.

De la misma manera necesitamos formar doctores en las fuerzas armadas colombianas en sociología, antropología, ciencias políticas e historia en los mejores centros académicos del mundo. Así, no solamente podrán lidiar con los nuevos contextos de la guerra, sino podrán evitar que, después de haber ganado la guerra contra las FARC, terminen perdiendo la paz. En los EEUU el General Petreus tiene un doctorado en relaciones internacionales en Princeton y Montgomery McFate, impulsora del giro cultural en las ciencias militares norteamericanas, tiene un doctorado en antropología en Yale y es egresada en derecho de Harvard. Esta tarea de formación aplicaría también a la Fiscalía, la Policía y al Ministerio del Interior.

Ojala la actual directora de Colciencias, otros altos funcionarios del Estado, los líderes del sector privado y los líderes de la sociedad civil entiendan que, sin alistar nuestra base de conocimiento para el posconflicto, sembraremos las bases para una deriva preocupante que buena parte del pueblo colombiano no quiere vivir.

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