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Por LaSillaVacia.com · 22 de Octubre de 2019

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La condena de 15 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia a la exsenadora prófuga, Aida Merlano, por comprar votos marcó un antes y un después en la política del todo vale para ganar. 

No solo porque fue la primera congresista en la historia del país en caer por este delito, sino porque su caso mostró que ya no es difícil obtener pruebas de corrupción electoral y que la posibilidad de que se filtre información es más alta. 

Esos elementos, sumados a que se despertó la sensación de que la Fiscalía ahora sí está posando los ojos sobre esa práctica, puso en alerta a las empresas electorales que están finiquitando detalles para asegurar votaciones este domingo, con la lógica que explicamos en este vídeo.

Averiguamos en 16 departamentos repartidos entre el Pacífico, el Sur, los santanderes, la región paisa, Cundinamarca y el Caribe, y encontramos que salvo las últimas dos regiones, el caso Merlano generó cuatro efectos que se verán reflejados el día electoral.

 

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Hubo cambio de estrategias

“La compra de votos es algo que no va a dejar de existir porque uno solo cayó, pero obviamente lo de Aída sí obliga a la precaución. Hay que partir de que la zona está cantada”, nos dijo un líder que mueve votos el día electoral en Norte de Santander.

Esa es en líneas gruesas la sensación que está corriendo por varias regiones a una semana de las elecciones.

En todas las regiones en las que hicimos reportería -salvo en el Caribe, donde lo único que se prevé es que la compra de votos no va a ser frontal- nos dijeron que no moverán plata a manos llenas el día electoral ni los días previos, ni tendrán un centro logístico centralizado que eventualmente sea fácil de identificar.

Ese es un cambio grande porque era común que a horas de las elecciones se movieran carros con plata en efectivo - al candidato a la gobernación de Sucre Yahir Acuña lo cogieron hace cuatro años con $500 millones en efectivo un día antes de las votaciones-, y que las logìstica estuviera concentrada en una casa matriz.

Además, encontramos que la forma de repartir plata para votos usará más eslabones de la cadena, como en Antioquia donde nos detallaron que tendrán más ‘comensales’.

Que en varias regiones van a ser más precavidos con la plata y que utilizarán a eslabones más bajos de la cadena para repartirla.

Por ejemplo, en Quindío enviaron emisarios para buscar con varios días de anticipación a líderes más microlocales para que repartieran la plata; en Nariño y Chocó nos dijeron que el cambio de la modalidad estaba en que estaban usando más a terceros, y en Caquetá nos hablaron de que se establecieron más puntos para repartir el dinero de la compra de votos.

“Se cita a los líderes en diferentes casas, no en una sola y ya no se ven esas cosas de carros con plata en efectivo”, explicó un líder de ese departamento del Sur.

En Santander, la mayoría de la plata se la entregaron a los líderes la semana pasada y la idea es terminarla de entregar durante esta para que el día electoral no se mueva mucho efectivo; en Norte de Santander, cambiaron el día del pago, y en Cúcuta la maquinaria del condenado Ramiro Suárez, la más grande de la ciudad, le está diciendo a su estructura que el lunes después de elecciones llegará la plata.

Ese cambio tiene el mercado de los líderes barriales paseando por otras campañas de esa ciudad, porque, en boca de uno de ellos: “qué tal que nos roben y nos dejen sin el pago”.

Así que al final el episodio de Aída Merlano no restringió completamente la compra de votos, pero sí obligó a las estructuras a repensar la modalidad y a cambiarla, al menos en parte.

 
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Las cabezas bajaron el perfil

Además del cambio de estrategia, la sensación es que los candidatos se están cuidando y no quieren figurar.

Eso es un cambio diciente porque aunque normalmente los candidatos no son los que más figuran dentro de su propia empresa electoral (normalmente se la delegan a mandos medios que hacen parte de un círculo de su entera confianza), sí tenían algún grado de visibilidad. 

Por ejemplo, en el caso de Merlano los videos mostraron que ella sí aparecía regularmente en su casa de campaña coordinando la estructura fraudulenta que rodeó su elección.

“La modalidad de la compra de voto en el interior es muy distinta a la costeña. La compra de voto acá es más elegante, eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, y que es muy aleccionador, es que por el tema de Aída muchos políticos están más prevenidos”, nos resumió un veterano político huilense.

En los santanderes, el pacífico, Antioquia y el Eje Cafetero, nos dieron versiones similares sobre la figuración de los candidatos y sus jefes políticos.

Sin embargo, como lograr esa invisibilización implica mayor delegación y ampliar el número de colaboradores cercanos, hay una desventaja en la estrategia y es que hay más información comprometedora repartida entre más personas.

“Ese es un riesgo que antes no teníamos, pero se hace toda la inteligencia para tener la mayor seguridad de que los nuevos no representarán fugas”, nos dijo un líder que mueve votos en Santander.

 
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Los contratistas disminuyeron las apuestas

El caso de Aida Merlano no solo sonó por su caída sino porque en su sentencia la Corte Suprema pidió investigar a 17 personas más, incluyendo a Julio Gerlein, hermano del veterano exsenador conservador Roberto Gerlein y uno de los empresarios y contratistas más grandes del Atlántico.

Cómo Julio era el padrino político de Merlano y fue quien decidió que ella sería la heredera de los votos de su casa, quedó un desincentivo en el gremio de los contratistas para invertir.

“En un riesgo innecesario que se empieza a correr. Porque apenas uno solo caiga, todos los demás empiezan a ser investigados y el financiador en algún momento van a salir a relucir”, nos contó un político en Santander que está detrás de las finanzas de una campaña grande. “Eso no quiere decir que ahora no haya plata, solo que no es la misma, y lo que pasa es que si se mira el costo-beneficio ya no es tan rentable el negocio”.

Esa sensación está alimentada en la entrada en vigencia de los pliegos tipo, que estandarizaron las condiciones para las licitaciones de infraestructura en el país y con eso le pusieron freno de mano a los direccionamientos en esos procesos, un mecanismo fundamental en la manera en que algunos políticos devuelven con corrupción los favores que les hacen sus contratistas amigos.

Aunque aún es posible desviar recursos por otras vías, como la contratación para inversión social, el freno es grande porque las obras públicas suelen representar el mayor porcentaje de la inversión local y los contratos más grandes.

En Antioquia, Armenia, Huila, Caquetá, Santander, Chocó y Valle nos dijeron que para esta campaña había disminuido el nivel de plata que suele moverse y que eso en parte estaba relacionado con que los mandatarios ya no la tenían tan fácil para asegurar la devolución del respaldo con contratos.

“La lógica de los contratistas es: para qué me arriesgo a invertir mi plata en esta campaña si puedo terminar judicializado y ya el alcalde o gobernador no me garantiza que me cumple por el tema de los pliegos tipo”, nos explicó un congresista veterano del Sur del país. En las demás regiones nos dieron una versión similar.

 
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La Fiscalía se volvió el coco (ahora sí)

Si bien el caso de Aída Merlano es el primero con condena, no es el único que ha quedado expuesto y por eso la alerta está encendida entre las campañas.

En Armenia nos contaron que la alerta la generó el caso de dos excandidatos a la Cámara  -el uribista Libardo Taborda y el chancero Anuar Oyola- que desde el año pasado están capturados por constreñimiento electoral y presunta compra de votos.

En Caquetá, que la precaución la generó en buena medida el escándalo del registrador suspendido por denuncias de cuadrarle votos al uribismo, que reveló La Silla Sur. 

Y en Huila y Santander, que ha habido funcionarios y hasta alcaldes suspendidos -el de Palermo y el de Bucaramanga terminaron fuera de sus cargos- por presunta participación en política.

Encima, en el Atlántico, Armenia y en los dos santanderes, La Silla supo que la expectativa es que la Fiscalía va estar pendiente de denuncias sobre prácticas irregulares.

“Ya no reparten tejas ni cemento, ni mercados, porque saben que la Fiscalía está infiltrada en las campañas”, nos dijo un político que está metido de frente en una de las dos campañas más fuertes a la Alcaldía de Armenia.

Un político en Santander que está en una de las campañas grandes del área metropolitana nos contó que el temor está en que “en cualquier momento pueden tomar una foto o un video y enviárselo a la Fiscalía” 

Incluso en Norte de Santander encontramos que el rumor que está corriendo es que van a tener desplegados dispositivos para vigilar la compra de votos de las principales maquinarias, entre esas, la del condenado exalcalde Ramiro Suárez.

De hecho, desde hace al menos 10 días empezaron a circular mensajes entre los líderes de las estructuras, y eso, como contamos en el primer punto, obligó a replantear la estrategia del día electoral en Cúcuta.

 

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