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Por Juan Esteban Lewin · 26 de Febrero de 2021

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La embajada ante la OEA, que encabeza Alejandro Ordoñez, informó hoy que Colombia tiene un candidato para ocupar uno de los tres cupos que quedarán libres en diciembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de decidir qué casos conoce la Corte Interamericana. 

Lo llamativo es que el candidato del gobierno de Iván Duque es Carlos Bernal, quien hace apenas seis meses dejó botada la Corte Constitucional. Es decir, Bernal termina con un premio después de haber abandonado uno de los cargos más prestigiosos del país.

Además del mensaje que eso envía, la nominación de Bernal es polémica por lo que reveló como jurista en su breve paso por la Constitucional.

Como contó La Silla en esta historia, Bernal llegó a la Corte Constitucional en 2017, ternado por Juan Manuel Santos, y precedido del aura de un gran jurista.

Se había graduado de la Universidad Externado en 1996 con Summa Cum Laude, la máxima distinción académica.

Había sido un prestigioso profesor de derecho constitucional de su alma mater desde 2002, consultor internacional y también profesor invitado en varias universidades del exterior. Tenía dos doctorados, uno en Derecho de la Universidad de Salamanca y el otro en Filosofía de la Universidad de Florida, con varios libros y decenas de artículos académicos.

Además, era considerado un experto en argumentación jurídica constitucional, y lo que más pesó en ese momento: era el candidato del exmagistrado de la Corte (que también abandonó el cargo a mitad del camino) Juan Carlos Henao, rector del Externado y uno de los que diseñó el capítulo de justicia transicional del Acuerdo de Paz.

Por eso, Santos lo ternó convencido de que defendería el Acuerdo de Paz y que seguiría la tradición liberal de ese despacho. Pero bastó una semana para que Bernal diera el primer golpe a esa ilusión. 

El magistrado, en su primera sala plena, armó la mayoría para limitar fuertemente el mecanismo del fast track, que era fundamental para la implementación legislativa de todo el paquete de reformas que traía el Acuerdo de Paz.

Con sus siguientes decisiones, Bernal fue demostrando que de liberal no tenía nada: votó a favor de limitar el aborto en los tres casos permitidos, salvó su voto en la caída de la tributaria de Iván Duque, e intentó limitar la tutela, entre otras movidas que lo convirtieron en el magistrado más de derecha de la Corte (no participó en el debate de las objeciones de Duque a la JEP, pues se declaró impedido porque había asesorado a los militares en el tema).

 

Su visión del derecho está atravesada por su fe cristiana, algo que  puede ser problemático en una Comisión que responde a un mandato totalmente laico que viene de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ninguna de las dos menciona a Dios. 

Esto se volvió evidente en un artículo académico, en el que ata sus convicciones religiosas con su argumentación constitucional.

En el polémico artículo, que escribió ya en la Corte y que reveló La Silla, Bernal justifica su función como magistrado en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, para argumentar, a partir de textos bíblicos, que los jueces deben ser catalizadores de cambios y comparando la función de él y sus colegas con la de los profetas.

A la Corte, Bernal llegó con la ambición de cambiar la jurisprudencia. Se ideó un test de "vulnerabilidad" para limitar más la tutela. Fracasó, aunque alcanzó a usarlo en unos pocos casos (ver acá o acá); quiso cambiar el test de proporcionalidad y no lo logró; intentó otras teorías, pero como nos dijo un colega de sala, "no cedía en nada, para él no hay grises en la vida". 

Tener posturas inamovibles no suele funcionar en un cuerpo colegiado como la Corte (y una comisión como la Cidh) y Bernal nunca pudo consolidar un equipo estable que le ayudara, pues la gente de su despacho rotaba constantemente. Sin equipo que lo reforzara y sin el liderazgo, terminó siempre en la minoría, salvando el voto en muchas decisiones.

En muchas tutelas, prefería no entrar a resolver de fondo, algo inusual en la Corte. "Era el rey de la inhibición", dijo el miembro de uno de los despachos a La Silla.

Tampoco le ayudó que publicara artículos académicos criticando jurisprudencia de la Corte Constitucional mientras seguía siendo magistrado.

Por eso, cuando en julio del año pasado anunció su renuncia precoz, fue, entonces, la última desilusión que dejó en la Corte Constitucional.

¿La tercera es la vencida?

Desde que la Cidh nació en 1960, seis comisionados han sido colombianos; nunca más de uno al tiempo, ya que son solo siete comisionados nominados por 19 países, que han aceptado la competencia de ella y de la Corte. 

La mitad de ellos han estado desde 2010 y todos han sido exmagistrados de altas cortes: Rodrigo Escobar Gil venía de la Constitucional y estuvo de 2010 a 2013; Enrique Gil venía del Consejo de Estado y estuvo de 2016 a 2017 (cuando Juan Manuel Santos lo nombró Ministro de Justicia); y Luis Ernesto Vargas venía de la Constitucional y estuvo de 2017 a 2019.

Colombia tuvo hace dos años el desaire de que no eligieron al excongresista uribista Everth Bustamante, que Duque nominó, a pesar de que la asamblea era en Medellín. Eso después de que el panel de expertos encargado de evaluar a los candidatos consideró que “la trayectoria y trabajo actual del candidato dejan dudas sobre su independencia e imparcialidad política a los ojos de un observador razonable".

En agosto de 2020 el Superintendente de Indsutria y Comercio, Andrés Barreto, candidatizado por su amigo Iván Duque, tampoco pasó el examen del Comité Asesor de Nominaciones de Jueces para la Corte Penal Internacional (CPI). Como contó El Espectador, “el Comité anotó que le faltaba conocimiento en profundidad o capacitación en derecho internacional humanitario y derecho penal internacional”.

Paradójicamente, estos rechazos previos ahora le pueden dar impulso a la candidatura de Bernal, pues tantos rechazos seguidos no son frecuentes en la diplomacia. 

Además, la elección de Bernal es plausible porque la decisión es de diplomacia regional y la decide la Asamblea General de la OEA, en la que cada Estado tiene un voto, y Bernal puede sumar los de mandatarios de derecha.

Todavía no se sabe cuándo se hará la elección, porque aunque se decidió que la Asamblea será en Guatemala no hay fecha establecida por el covid.

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