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Por Juan Pablo Pérez B | Paula Doria · 15 de Abril de 2021

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El presidente Iván Duque anunció la creación de una unidad que va a administrar la Justicia Penal Militar (JPM) y, por la cual, dejará de depender directamente del Ministerio de Defensa. 

Duque celebró el nacimiento de esta nueva entidad y aseguró que su creación le da “independencia financiera, administrativa y operacional” a la Justicia Penal Militar.

Esta jurisdicción es la encargada de investigar y juzgar las conductas de militares y policías cometidas en su servicio. Por ejemplo, es donde está el caso del patrullero del Esmad que le causó la muerte al estudiante Dilan Cruz, durante una protesta en Bogotá.

Con el cambio avanza en la búsqueda de autonomía, pero se queda corto, ya que la unidad seguirá dependiendo del Gobierno. Además, quienes juzgarán a los uniformados seguirán siendo, en su mayoría, militares y policías, tal y como ocurre actualmente.

El nuevo decreto fue publicado para comentarios a finales de marzo y que se conoció ayer su versión firmada cuando Semana lo publicó.

En una ceremonia con los altos mandos de las fuerzas militares y la policía, Duque nombró como director de esta nueva unidad al exfiscal General Fabio Espitia, quien desde el año pasado estaba a cargo de la Dirección de la Justicia Penal Militar en el Ministerio de Defensa. Este cargo es de libre nombramiento y remoción. 

 

 

 

El decreto que aterriza los cambios en la JPM

Aunque ayer el presidente y miembros de su partido vendieron esto como el cumplimiento de una de las promesas de su campaña presidencial —en efecto, Duque lleva hablando desde el 2013 de tener “una verdadera Justicia Penal Militar” y fortalecerla —, lo que hace el decreto es aterrizar dos leyes que no nacieron en este gobierno.

Una es la ley 1407 de 2010, cuyo trámite empezó en el gobierno de Álvaro Uribe. La otra es la ley 1765 de 2015, que nació en el de Juan Manuel Santos. Ambas cambian el Código Penal Militar de finales del siglo pasado que, en parte, todavía sigue funcionando.

Estas leyes mueven a la JPM de una dirección del Ministerio de Defensa a una jurisdicción aparte con un propio Fiscal General, un cuerpo de investigación, fiscales especializados, un tribunal y magistrados. Además, la ley del 2015, que reglamenta y crea las instituciones necesarias para implementar el código penal militar del 2010, le dio más garantías a las víctimas y a los ciudadanos. El decreto firmado esta semana reglamenta y hace realidad esos cambios.

Según explicó el abogado Camilo Burbano, experto en política criminal y justicia restaurativa, la ley del 2015 ordena el tránsito de la JPM al sistema penal acusatorio, con tres consecuencias: 

  • Control a la afectación de derechos fundamentales: Antes, los jueces de instrucción tomaban las decisiones que podían afectar las libertades de las personas. Con la ley, para pedir una medida de aseguramiento, por ejemplo, hay que pasar por un juez de control de garantías. 

  • Mayores garantías para las víctimas: Tendrán mayor participación y se respetarán sus derechos de verdad, justicia y reparación. 

  • Mayor control ciudadano: Permitirá que las audiencias sean públicas y, por lo tanto, podrá haber mayor veeduría sobre los procesos. 

La entidad que crea el decreto para administrar el sistema se llama Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. De acuerdo a lo que nos contó su nuevo director, Fabio Espitia, es importante porque le da autonomía a la JPM frente al Ministerio de Defensa.

“Lo más importante de esta nueva unidad es que, con ella, se cumple una disposición legislativa, se fortalece la JPM porque ahora será autónoma y se va a poder implementar el sistema penal acusatorio que plantea la ley del 2010”, le dijo Espitia a La Silla Vacía.

Según lo que nos explicó, esa autonomía se ve en dos puntos. Primero, que ya no va a depender presupuestalmente del Ministerio de Defensa y tendrá un lugar asignado en el presupuesto nacional. Segundo, que en el Consejo Directivo de la Unidad tiene asiento el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

De esta forma, mientras el Consejo Asesor de la actual JPM estaba compuesto por el ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, el nuevo Consejo Directivo tendrá dos nuevos integrantes: el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Esto, en efecto, le da autonomía a esta jurisdicción, pues la Corte ha tomado decisiones que han afectado a los militares y la policía. Por ejemplo, el año pasado, ese alto tribunal le ordenó al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pedir perdón por los excesos de la fuerza pública en el paro de noviembre de 2019.

A pesar de estos cambios, no es claro que los fiscales, jueces y magistrados, que van a ser los que implementarán esta justicia, vayan a ser independientes e imparciales frente a la Policía y las Fuerzas Militares.

La independencia que se queda corta

El Gobierno será el que determinará su presupuesto, dos ministros harán parte del Consejo Directivo de la Unidad y será el Presidente quien designe a su Fiscal General. Esto quiere decir que el Presidente, comandante en jefe de las Fuerza Militares, será quien nombre al encargado de liderar las investigaciones contra sus subalternos.

“Para que exista realmente independencia y se cumpla con estándares internacionales lo ideal sería que la Justicia Penal Militar no dependiera del Gobierno, sino que hiciera parte de la rama judicial”, le dijo a La Silla Tania Parra, especialista en derecho penal y DIH.

Lo segundo que pone en duda esta autonomía es que la mayoría de los jueces y fiscales seguirán siendo personas que hayan pasado por la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Aunque la ley de 2015 abre la puerta para que civiles sean jueces o fiscales, será difícil que eso suceda.

Incluso hay cargos a los que no pueden llegar. Por ejemplo, la ley de 2015 no contempla que civiles lleguen a ser magistrados del tribunal o jueces de conocimiento, que son los encargados de juzgar los delitos más graves. 

El abogado Burbano le dijo La Silla que, aunque puede haber civiles, eso casi nunca se da. El último juez civil fue Neilo Rodríguez hace cinco años y hoy todos son militares o exmilitares. Esto, en parte, porque a los militares les interesa ser juzgados por personas que tengan conocimiento de sus funciones. 

Y esto, por el momento, no va a cambiar.

Según le confirmó Espitia a La Silla, la idea es que los actuales jueces de instrucción pasen a ser fiscales. Entonces, en el arranque de la JPM no habrá muchos civiles. 

Pero esto va en contra de lo que han recomendado instancias importantes en temas de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana argumenta que los jueces militares “impiden la posibilidad de una investigación independiente e imparcial”. Especialmente las que hayan sido cometidas contra civiles.

Esta es la razón por la cual, según Parra, miles de casos que son juzgados por la Justicia Penal Militar terminan en cortes internacionales. Esto, explica Parra, no solo es problemático para las víctimas, que desconfían de la justicia militar, sino para los mismos militares, que terminan siendo juzgados dos veces cuando se apela a la falta de imparcialidad de esa jurisdicción.

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