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Por Ana León | Juan Esteban Lewin · 09 de Febrero de 2021

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Ayer el presidente Iván Duque anunció que implementará un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos para regularizar a casi un millón de personas que hoy están indocumentadas. Con esa decisión, el país avanza en una política migratoria más humanitaria, mientras Duque cambia el eje de su discurso sobre Venezuela de tumbar rápido a Nicolás Maduro a lidiar a mediano y largo plazo con los efectos de ese régimen.

Con el estatuto, el país puede superar la atención asistencial que hasta ahora ha brindado a los venezolanos y finalmente cumplir con las recomendaciones de incorporar realmente a los migrantes al sistema productivo y sistemas de protección del país, que habían hecho expertos en varias ocasiones, como Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migrantes; Rocío Castañeda, de Acnur en Colombia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; o los expertos del Instituto Gordon.

Como escribían hace dos años Melanie Teff y Daphne Panayotatos, expertas de la ONG Refugees International, Colombia debería “abrir un proceso continuo de registro y regularización para todos los venezolanos que han buscado refugio en Colombia.”

Por eso, el anuncio lo recibieron con beneplácito entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la misma Acnur.

Eso porque, durante 10 años (inicialmente), dará entrada directa al mercado laboral formal, y a los sistemas de salud y educación a casi 2 millones de personas, incluyendo el millón de indocumentados que están en condiciones de vulnerabilidad como hemos documentado acá y acá

Además, abre la puerta para que inicien el proceso de obtención de una visa de residencia (requiere acreditar 5 años de vivir en Colombia) y luego la nacionalidad (otros 5 años como residentes, o dos si se casan con un colombiano o colombiana), lo que les da perspectivas de mediano y largo plazo en Colombia y finalmente una ruta clara para poder arraigarse acá.

Todo eso, como explicaron ayer tras el anuncio los expertos de la Red de Venezuela de La Silla Llena, puede traer grandes beneficios al país en términos sociales, económicos y de seguridad. Pero, sobre todo, puede sacar a una población mayor a la de todo Cali de una espiral de vulnerabilidad que suma ya cinco años.

Eso no será inmediato: según le explicó ayer a La Silla el gerente de Fronteras de Presidencia, Lucas Gómez, faltan unos tres meses para reglamentar el decreto y saber cómo funcionará en la práctica.

Luego vendrán dos años iniciales para armar todo un sistema para registrar a los migrantes, para el que Migración Colombia ya tiene en marcha una licitación por 14 mil millones para un software biométrico que los identifique. 

Y ese será apenas el inicio de un proceso de 10 años.

Un giro hacia lo humanitario

Las medidas que había creado Colombia para los los migrantes venezolanos partían de la idea de que eran un problema temporal: el permiso especial de permanencia (PEP) que existe hasta ahora les permite trabajar pero tiene vigencia de solo dos años, solo lo podían tramitar si entraron por uno de los seis pasos fronterizos formales (es decir, con pasaporte en regla) y solo durante convocatorias especiales que hizo Migración.  

 

Como explicamos en este podcast en agosto, esa política era insuficiente para combatir la irregularidad y la única solución era incorporarlos de forma integral a la sociedad. Eso es justamente el camino que permite este estatuto.

El nuevo estatuto les abre las puertas de los sistemas de salud y educación, y al trabajo formal, a todos los migrantes por igual y con reglas claras que a su vez implican que otras esferas, como los bancos, finalmente los incluyan.

Aunque eso tendrá un costo presupuestal muy grande, parte ya se venía gastando, pues incluso los indocumentados tienen acceso a salud de urgencias o a la educación primaria, y tiene una productividad limitada por la informalidad (además de que no pagan impuestos).

Además de ese cambio, permite saber cuántos son, cómo son y dónde están. Eso porque el estatuto exige a todos los migrantes, tengan o no PEP, registrarse de nuevo. 

Con esos datos, el Estado podrá organizarse para crear políticas para los migrantes, organizar su vacunación contra el covid (que será con dinero de cooperación internacional, según dijo Duque), o combatir las redes criminales que se aprovechan de ellos con tráfico ilegal de personas o carteles de cédulas. 

“Diseñar e implementar política pública requiere datos, información y el registro único de migrantes que crea este nuevo estatuto es una gran oportunidad para que sepamos cuántos son hombres, mujeres, niños, dónde están, qué hacen y cuáles son sus necesidades”, nos dijo Paula Escobar, consultora en migración y protección social. 

En todo caso, quedan abiertas preguntas.

Por ejemplo, el estatuto dice que solo podrá regularizar a los venezolanos que prueben que llegaron al país antes de enero de 2021, pero no es claro cuál será la prueba ni qué pasará con los cientos de personas que seguramente seguirán llegando por las trochas.

Pero sobre todo, queda la de cómo asumir los costos sociales y políticos cuando la pandemia ha acrecentado la xenofobia: la más reciente encuesta de percepción Gallup muestra que el 67 por ciento de los encuestados ven con malos ojos que los venezolanos se queden en Colombia. 

El reto mayor

Ese rechazo ya se manifiesta de forma clara en lugares como Pamplona, Norte de Santander, donde el rechazo a los migrantes se ha convertido en una bandera política.  

“Es una tentación muy grande para los políticos no tocar el tema de la migración y dar tranquilidad a las voces de la xenofobia que ya no están representadas por sectores radicales, sino que por el contrario se convirtieron en parte de nuestras cotidianidades”, explicó Hugo Ramírez, codirector del semillero de Migración de la Universidad del Rosario, cuando Claudia López vinculó la inseguridad en Bogotá con los migrantes.

Encima Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario, recuerda que los procesos de regularización son tan complejos que pueden generar resistencia y convertirla en bandera política. 

“Ángela Merkel en 2015 regularizó a más de un millón de personas en Alemania y terminó lidiando con un movimiento anti inmigrantes dentro de su propio partido”, dijo Rodríguez. 

A eso se suma la pandemia: como contamos el año pasado, el que muchos migrantes no pudieran cumplir las cuarentenas estrictas alimentó la idea de que son focos de contagio, y en plena crisis económica crece la sensación de que son competencia para los colombianos en términos de empleo. 

Esa tensión se puede exacerbar en plena campaña de vacunación contra el covid, pues el Estatuto contempla que todos los migrantes sean vacunados (aunque con recursos de cooperación internacional, no de impuestos), lo que puede prestarse para que colombianos en lista de espera cuestionen que algunos migrantes reciban su dosis antes. 

De hecho, el rechazo en algunos sectores fue inmediato, por ejemplo con la información falsa que difundió, entre otros, el senador petrista Gustavo Bolívar, de que con el estatuto se dará la ciudadanía a 2 millones de personas para que voten en 2022, cuando solo crear el nuevo registro único de migrantes tardará dos años, y el proceso para primero tener visa de residencia y luego ciudadanía toma mínimo 7 años. 

De hecho, los trinos xenófobos y antivenezolanos no se hicieron esperar ayer.
 

La evolución de ese sentimiento dependerá en parte de si hay una rápida recuperación económica o de si el cambio ayuda a una integración más profunda y más rápida. 

Pero también del norte que marquen diferentes líderes, incluyendo los políticos que están enfocados en la preparación de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

En ese sentido, que la decisión la haya tomado un presidente uribista marca un derrotero para la implementación del estatuto pero también para sus efectos, como muestran los trinos que lo acusan de haber hecho el cambio para pescar votos entre los migrantes.

De las horas contadas a los 10 años

Duque hizo el anuncio del nuevo estatuto, que fue sorpresivo, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la representante de la ONU en Colombia, y los embajadores de la Unión Europea y Estados Unidos  en Colombia. 

Todos coincidieron en decir que el estatuto era un hecho “histórico” y “emblemático”, y ayudaron a enmarcar la decisión como un mensaje a la comunidad internacional.

Ese reconocimiento internacional ayuda a Duque a pasar la página de su idea de un cerco diplomático con el que la dictadura de Nicolás Maduro tendría “las horas contadas”, que lideró en 2018 y fue un rotundo fracaso.

Eso porque acepta tácitamente, con una fórmula de atención migratoria de 10 años, que la crisis en Venezuela no acabará pronto, y lo hace con un gesto que le facilitará alinearse con cualquier cambio de mirada de Estados Unidos, su aliado privilegiado, frente a Venezuela. 

De hecho, el gobierno de Joe Biden ha dado algunas puntadas de apertura frente al régimen de Maduro, aunque ha dicho que no prevé contactos en el corto plazo. 

Además, Duque puede concentrar su mensaje en la crisis humanitaria por la migración sin bajar su distancia del régimen venezolano: “Si queremos parar esta crisis tenemos que reflexionar sobre cómo le ponemos fin a la dictadura en Venezuela (...) hacer un llamado a elecciones libres”, dijo a la comunidad internacional.

Así, al diferenciar entre el apoyo a migrantes víctimas de Maduro y el gobierno de éste, Duque mantiene la línea que ha seguido el uribismo, y por eso el giro seguramente no tendrá ningún costo entre sus copartidarios, por lo menos en el corto plazo.

Pero, más allá de las consecuencias electorales que están por verse, solo el anuncio es un alivio simbólico y un motivo de esperanzas para los migrantes, que son casi 1 de cada 20 personas que viven en Colombia.

CONTEXTO

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