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Por Jerson Ortiz · 06 de Agosto de 2020

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“Voy a ser el Presidente que no sólo derrote la deforestación, sino que promueva los valores para reforestar en todo el territorio nacional y que cada ciudadano sea el padrino de un árbol para proteger nuestra reserva ambiental”.

La promesa que le hizo Iván Duque en junio de 2018 a los habitantes Putumayo, uno de los departamentos con más deforestación, dos años después avanza lentamente. 

La conclusión de cuatro analistas consultados por La Silla es que si bien hay un discurso y un interés casi personal de Duque por evitar que se sigan tumbando los bosques y que el país, con apoyo internacional, reforeste lo que se ha perdido, aún falta mucho por aterrizar y es difícil saber si lo que queda de tiempo le alcance para lograrlo. 

El balance

Lo primero que hizo Duque con la deforestación fue llevarla a un escenario de discusión más allá del ambiental. 

La incluyó como una de las 20 metas claves de su plan de desarrollo ‘Un pacto por Colombia, un pacto por la legalidad’. Planteó no reducirla en su totalidad como lo dijo en Putumayo, pero sí en un 30 por ciento en comparación al escenario que la recibió, que en 2017 fue de 219 mil hectáreas. 

“Se evitará la deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal”, dice la meta. Es decir, unas 270 mil hectáreas hasta el 2022. 

Para cumplir esa promesa, entonces, la estableció como uno de los objetivos estratégicos de su política de seguridad nacional para los cuatros años. Con eso, vinculó a la Fuerza Pública en la tarea y montó la estrategia Artemisa el año pasado.

En agosto del año pasado instaló el Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación en el que tienen asiento los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas; la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional.

“Podemos decir que sacó el tema del closet en el que estuvo por años, lo elevó a un asunto de interés nacional y eso, de entrada, es bueno”, dice Rodrigo Botero quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales durante diez años y le hace seguimiento diario a la deforestación. 

Los informes de monitoreo del Ideam mencionan que en 2018 (en la transición entre Santos y Duque) la curva de deforestación se redujo en un 10 por ciento en comparación con la del 2017; y que en 2019 bajó un 19 por ciento en relación con la del 2018. El Ministerio de Medio Ambiente lo celebró como resultado de su política y la cooperación internacional. 

Pero Duque está lejos de derrotar a la deforestación porque no la está atacando desde sus causas. 

“Sí, bajó la curva en dos años, pero el acumulado está ahí. Son 500 mil hectáreas desde 2017 que se han tumbado y apropiado por cuenta de grandes terratenientes, en su mayoría. Por estos hechos no hay capturas importantes, y eso habla de cuál es el enfoque que ha tenido este Gobierno”, añade Botero.

 

Duque no ha promovido ni acompañado hasta ahora ningún proyecto de ley que modifique el Código Penal y eleve los delitos ambientales, para que las autoridades cuenten con más dientes para operar. 

Un proyecto de ley en ese sentido, del liberal Juan Carlos Losada, apenas empezó a ser estudiado en el Congreso hace unos días.  

“Capturan a un señor que es campesino y que tala para encontrar su sustento, o al que le pagan por quemar un lote, pero no están apuntando a los determinadores, a los motores de esa deforestación que son personas poderosas, con mucha plata”, completa Botero. 

Los operativos adelantados el año pasado en la zona de La Macarena dan cuenta de eso

A Duque también le ha costado garantizar que el freno de la deforestación se de en todo el territorio nacional. Zonas como El Catatumbo en Norte de Santander, por el crecimiento de cultivos ilícitos (que muestran los retrasos del plan nacional de sustitución), o Chocó, por la extensión de la frontera agrícola, se convirtieron el año pasado en focos de este fenómeno

Ese vacío institucional también se ve en otras regiones que históricamente fueron controladas por las Farc. Como contamos, esa guerrilla fue por décadas una autoridad ambiental, y su salida generó un impacto ambiental que no controló el Gobierno pero sí están asumiendo las disidencias.

Su Gobierno tampoco ha podido consolidar la información de cuántas hectáreas deforestadas ha recuperado en estos dos años, no solo con presencia del Ejército sino con el control de las autoridades ambientales. 

La estrategia Artemisa, que debe ser la base de esa recuperación, empezó a funcionar hace un año, pero con tres problemas: falta de presupuesto, choque con las comunidades, y la debilidad institucional para dar con los grandes deforestadores.   

Tampoco tiene metas definidas, como lo confirma el Plan Estratégico de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa. Los indicadores que miden el avance de Artemisa hasta el 2022 aparecen como ‘seguimiento y monitoreo’. 

Los resultados en campo tampoco son claros. 

Duque dijo en su balance del 20 de julio que Artemisa liberó de la deforestación a 6 mil hectáreas de parques naturales. Aún así, la deforestación en parques naturales en 2019 estuvo por encima de las 11 mil hectáreas. 

Un informe de esta semana de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que los sectores de Angoleta y Manaviri y el sur de las sabanas del Yarí, al interior del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, donde intervino Artemisa, siguen presentando deforestación. 

“Con Artemisa, las Fuerzas Militares están actuando con un enfoque de comando y control, que no es suficiente'', dice Isabel Cavelier, abogada en asuntos ambientales y cofundadora de Transforma, un centro de pensamiento en desarrollo sostenible y regenerativo y experta de La Red Verde de La Silla Llena.  

Para ella el balance de estos dos años aún está en el universo de las promesas. 

“Sacan a la gente, a los campesinos de los parques naturales, por ejemplo, para evitar que talen, pero no les dan herramientas para dedicarse a otras actividades que les generen ingresos. Son factores socioeconómicos que no se tienen en cuenta”, complementa. 

Cavelier y Botero coinciden en que el objetivo a largo no debe ser, como quedó en el plan de desarrollo de Duque, bajar la deforestación unos puntos, sino tratar de reducirla a cero.

“Claro, eso implica una complejidad, no podemos restar la dificultad de un proceso histórico y asociado a múltiples factores. Pero eso, no puede limitar los objetivos a indicadores tímidos”, comenta Cavelier. 

“No fueron dos años perdidos, pero el costo del aprendizaje fue de más 200 mil hectáreas”, resume Botero.

 

 

 

 

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