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Por Laura Soto · 30 de Noviembre de 2020

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Los indígenas del Cauca son una de las poblaciones que más están sufriendo los impactos de la nueva ola de violencia en el país. Una de las situaciones que los tienen en riesgo es la relación que están teniendo con las disidencias de las Farc que hacen presencia en ese departamento. 

En concreto, se ha desatado una ola de represalias en su contra debido a que muchos se niegan a darles legitimidad política a las disidencias y considerarlas como una versión de las desaparecidas Farc, que es lo que esos armados quieren. Y además, los indígenas se están negando a que los ilegales manden y ocupen sus territorios ancestrales. 

Los indígenas están recibiendo presiones de las dos disidencias más grandes del Cauca que dominan el territorio, aliadas del disidente Gentil Duarte, para reunirse y lograr ese reconocimiento, y están siendo víctimas de ataques directos, amenazas y asesinatos de sus líderes sociales y comuneros. 

La negativa al reconocimiento

El 15 de noviembre, alias Jonnier, tercero al mando del grupo de disidencias de Gentil Duarte, quien está a cargo de los grupos Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez que operan en el norte del Cauca y del Carlos Patiño en el sur, dijo en una entrevista con El Espectador que los problemas que han tenido con los indígenas del Cauca han sido porque no los reconocen como guerrilleros de las Farc, como se autodenominan, y por lo tanto tampoco aceptan su presencia en los territorios.

“Hemos tenido ciertas confrontaciones con algunos (indígenas) por el desconocimiento que ha habido. En algunas partes han dudado en el reconocimiento de que nosotros somos guerrilla y que no somos grupos ni bandas, ni como nos llaman, sino que nosotros somos la verdadera y auténtica resistencia armada de las Farc. (...) Entonces decían, no, es que las Farc se desmovilizó, se acabó, ya las farc no existe aquí”, dice el jefe de las disidencias. 

Por eso, dice, han venido haciendo un “llamamiento a la concordia” para lograr una “coordinación de las áreas”, buscando la “comprensión y el diálogo” para poder sostenerse en el territorio. 

“Nosotros (...) tomamos la determinación de dar continuidad a la lucha armada como alternativa a la toma del poder, ya que mirábamos que el Acuerdo, pues no iba a ser cumplido por parte del Estado”, dice, y además explica que existe un comando coordinador de occidente integrado por ocho estructuras en varios departamentos.  

Lograr ese estatus les sirve a las disidencias porque es una forma de legitimar y justificar su existencia como grupo armado y su presencia en el territorio para “defender a la población” y buscar la “paz con justicia social”, como dice más adelante en esa entrevista. 

Y también para ganarse la aprobación de la población para que les permita estar en sus territorios. 

El reconocimiento no ha sido posible y el rechazo de los indígenas está generando más violencia hacia la población.

Por qué no los reconocen y sus consecuencias

Cuatro dirigentes indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric -que ahora quiere volverse un movimiento nacional- con los que hablamos, coinciden en decirnos que no reconocen a las disidencias como guerrilla porque las Farc, como se las conocía, se acabaron hace cuatro años con la firma del Acuerdo de Paz.

No les reconocen ningún estatus político, ideología ni objetivos claros como sí lo veían en las Farc que buscaban la toma del poder por medio de las armas, pese que luego ese objetivo se diluyó entre el negocio del narcotráfico y los ataques constantes hacia la población. 

“No hay claridad política de ellos, son revolucionarios o son bandidos. No pueden estar pidiendo plata al pueblo, si son revolucionarios, deberían ayudar al pueblo”, le dijo a La Silla el integrante del Cric, José Hildo Pete, quien ha sido vocero de los fallidos intentos de negociación en la minga del 2018 con el presidente Iván Duque.  

“Les hemos dicho de frente, son bandidos, por eso es el riesgo que tenemos. Recibimos amenazas y ataques”, agregó. 

También los rechazan porque las disidencias están atacando a la comunidad de manera discriminada por medio de balaceras, asesinatos, masacres, reclutamientos, robos y extorsiones, que, según los indígenas, obedecen a sus intereses personales. 

“El cabildo si no se para duro, es como si uno fuera el cómplice de lo que hacen, no los queremos, no lo queremos de esa manera, mi territorio no es para eso”, dice Pete. 

 

Con el convencimiento de que el territorio,-que para ellos es más que un pedazo de tierra para cultivar, pues ahí se desarrolla su vida, la de su comunidad y su cultura- es suyo, decomisan y destruyen droga que pasa en sus zonas, prohíben el ingreso de armas, y capturan y condenan bajo su justicia indígena a homicidas y ladrones. 

Una defensa que no es nueva y que están dispuestos a darla hasta la muerte con su autoridad y su bastón de mando, según dicen.

Otra razón por la que no los aceptan es que las disidencias los atacan sin dar explicaciones ni advertencias, no tienen una cabeza visible al mando, ni estructuras de formación claras, a diferencia de las Farc con quienes podían hablar para evitar algunas muertes, poner límites o pedirles cuentas. También sienten que los disidentes quieren pasar por encima de ellos y mandar en sus territorios. 

Eso, cuenta Pete, los ha llevado a enfrentarse con los armados y sufrir las consecuencias. 

Por ejemplo, ser un objetivo militar. 46 de los 224 líderes sociales asesinados desde la llegada de Iván Duque al poder, han sido en el Cauca.  Si bien aún no es claro quiénes fueron los autores en todos los casos, los mismos indígenas acusan como principal responsable de sus muertes a las disidencias porque son ellos a quienes han enfrentado de frente. 

Así sucedió en el caso del asesinato de la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista, quien fue asesinada el 29 de octubre de 2019 junto a cuatro guardias indígenas más por la disidencia Dagoberto Ramos cuando iban a verificar un secuestro de un comunero. 

O el de Marlon Ferney Pacho, líder indígena de 24 años, quien se estaba formando como guardia indígena, pertenecía a la Asociación Nasa Cxhacxha, era Secretario del cabildo indígena de Tálaga y fue asesinado en septiembre de 2019.  El consejero Mayor del Cric, Hermes Pete, explicó en ese momento que la semana anterior al asesinato el líder logró la detención de un integrante de las disidencias de las Farc, por lo que su muerte podría tratarse de una retaliación en su contra. 

Sospecha similar tienen en el asesinato de Toribío Canás Velasco, que fue asesinado el 14 de octubre de 2019, porque también lo mataron luego de haber capturado a un disidente. 

Y en el ataque a disparos a un bus escalera en agosto de 2019 en la vía que de Toribío conduce a Caloto en el que murieron dos guardias indígenas y cuatro personas más quedaron heridas. 

Igualmente en las constantes amenazas de las que son víctimas por medio de panfletos que vienen circulando desde hace varios años. 

“La columna Dagoberto Ramos declaramos objetivo militar a las autoridades tradicionales, asociación de cabildos, ex gobernadores, líderes sociales del municipio de Caldono. Accionaremos nuestras armas a todo el que no comparta nuestra política y los señores consejeros de la asociación de cabildos, gobernadores actuales, serán dados de baja si continúan con esa política de control territorial que entorpece nuestra lucha armada”, dice un apartado del más reciente panfleto que salió el 14 de noviembre de 2020. 

Pero también han ocasionado que la violencia en general en el departamento se dispare. 

Cauca es el departamento con mayor número de líderes sociales asesinados desde que Duque llegó al poder, también es el primero en número de asesinatos de excombatientes de las Farc. Allí confluyen varias guerras locales entre distintos grupos armados como la disidencia Carlos Patiño con el ELN, las disidencias contra la Segunda Marquetalia y el EPL o Pelusos, más los combates que hay entre los grupos y la Fuerza Pública. 

Gran parte del interés de los disidentes por ese territorio es que Cauca es el cuarto departamento con más cultivos de coca (17.355 hectáreas) y aporta el nueve por ciento de los cultivos de marihuana en el país (alrededor de 12.595 hectáreas).

Además, es un punto clave para conectar el sur del país con el interior, así como con el Pacífico y las montañas de Huila, Caquetá y Meta. 

Entre no dialogar y buscar el mínimo respeto

Los dirigentes no han querido acudir a los llamados que les han hecho los disidentes en diferentes momentos para conversar sobre sus peticiones, según le dijo a La Silla el consejero mayor del Cric, Hermes Pete. 

Pese a todo ese rechazo hay sentimientos encontrados en el movimiento indígena frente a la posibilidad de abrir un diálogo o no con los ilegales, aún sin reconocerlos como Farc. 

Hay un sector que no está de acuerdo con dialogar con las disidencias porque han causado demasiadas muertes y dolor a sus líderes y guardias, que son representantes de la comunidad, según le dijo a La Silla el consejero Pete.

“Cuando matan a los gobernadores, matan al territorio, porque ellos representan un pueblo, al igual que la guardia que está puesta ahí por la comunidad”, explica el Consejero Mayor. 

Otros están parados en que con la salida de las Farc lograron ampliar y fortalecer el control de sus territorios y que no deberían ceder ni un metro a los nuevos grupos armados ilegales, así eso les ocasione más muertes. 

Sin embargo, hay otro sector que ve que ante la escalada de violencia en el departamento la única salida que hay, hasta tanto el Gobierno no solucione el problema de la seguridad, es dialogar con los armados, así sea “delincuencia común” o “bandidos” como los identifican los indígenas. 

Por eso quieren impulsar un diálogo humanitario entre sociedad civil y armados para poner límites al conflicto como respetar el Derecho Internacional Humanitario, la vida de la población civil, el territorio y la jurisdicción indígena. 

El vocero político del Cric, Giovanny Yule,  le contó a La Silla que un primer símbolo en esa dirección en busca del diálogo fue que en una reciente captura por parte de la guardia indígena de siete disidentes que asesinaron a un comunero, no se destruyeron los fusiles, como normalmente se hace, sino que se entregaron a monseñor Darío Monsalve de Cali, como muestra de que quieren buscar una salida a ese desangre. 

Este sector, en el que está el consejero mayor Hermes Pete, quiere un diálogo con participación del Gobierno, de garantes internacionales y con entidades como Defensoría. 

“La iglesia podría ser un puente para hablar con todos los actores armados (...) Para hacer un pacto para que los actores respeten la vida, el DIH, poner reglas de juego, ahora que se ha profundizado más el conflicto”, dijo Yule a La Silla. Esto mismo lo hicieron años antes con las Farc en varias oportunidades para tratar de salvar el mayor número de vidas posible. 

Es decir, quieren intentar hacer un proceso de paz desde la ciudadanía, incluso consultado y avalado por ella. 

Que logren el aval del Gobierno es casi imposible porque los diálogos con los ilegales que no tengan estatus de guerrilla no están autorizados lo que evidencia las complejidades que enfrentan quienes padecen el conflicto en los territorios. 

Por eso, lo más seguro es que, en caso de que decidan hacerlo, a los indígenas les toque dialogar con las disidencias por su lado, llegar a acuerdos, poner límites por su cuenta asumiendo sus propios riesgos. Con el gran reto de que los disidentes acepten hablar, pese a que no los reconozcan como guerrilla.

“El movimiento indígena no va a someterse a uno ni otro grupo, sino a buscar diálogos humanitarios en vista de que no hay garantías del Gobierno”, dice el consejero Pete. 

En cualquier caso, habría desconfianza.

“Hacer acuerdos con grupos ilegales no es muy confiable, unas veces dicen sí, otras veces no. Cuando quieran negar el acuerdo o romperlo lo harán, por eso las autoridades hoy no han hablado con las disidencias pues no se sabe si hablamos corremos riesgo, y si no hablamos corremos riesgo” dice el integrante del Cric, José Hildo Pete. 

Esto no es nuevo. Ya lo han hecho en otros departamentos como Nariño, donde la población civil de Tumaco se organizó y con apoyo de la iglesia logró una “paz mafiosa” entre las dos disidencias más grandes para bajarle la intensidad a la violencia, como contamos en esta historia. Un pacto que, dada su fragilidad, se rompió luego de dos años, como también lo contamos acá y acá

El acercamiento entre indígenas y disidencias será más posible en la medida en que los ilegales aclaren quién los manda y con quién hay que hablar, muestren acciones de respeto a los indígenas, empezando por no matarlos, que el Gobierno no llegue con soluciones contundentes para la violencia y que haya algún tipo de garantes como la iglesia. 

La discusión apenas comienza. 

No será fácil ni pronto. Aún no hay consenso en el movimiento indígena, pero seguirán buscando la manera de bajar el nivel de violencia que los azota cada día. 

“No podemos ser irresponsables de dejar otros 50 años de guerra a las próximas generaciones”, dice convencido el vocero Yule.

CONTEXTO

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