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Por Daniela Pinzón García · 07 de Julio de 2020

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En Facebook se está moviendo una publicación en la que aparece un video de Noticias Uno en el que aseguran que hay “una Fiscal que considera que su mínimo vital es de 29 millones” y “que un juez le dio la razón”. 

Como la publicación tiene 7,6 mil reacciones, tres mil comentarios y ha sido compartida más de 55 mil veces en Facebook, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la información que replica es cierta. 

Así se ve la publicación:

El video es un aparte de la emisión del 28 de junio de Noticias Uno (minuto 20:53).

La “pobre viejecita” a la que hace referencia la publicación es Olga Tristancho, Fiscal 56 Delegada ante el Tribunal de Bogotá. 

Según Noticias Uno, Tristancho “acudió a la tutela para que no se aplique el descuento (del impuesto solidario por Covid-19), alegando que se está afectando su mínimo vital”, que “es de 29 millones”. 

Efectivamente, el 15 de mayo la Fiscal interpuso una tutela (a la que tuvimos acceso) contra la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía, que está a cargo de Marcela Yepes, alegando que aplicar a su caso el impuesto solidario por Covid-19 altera su mínimo vital, su dignidad, el debido proceso y su derecho al trabajo por el injusto trato desigual. 

¿Cuál es ese impuesto?

El pasado 15 de abril el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 568 de 2020, que creó el Impuesto Solidario por el Covid-19; un impuesto temporal (por mayo, junio y julio), obligatorio para todos los funcionarios públicos y personas que reciban del Estado mensuallidades de diez millones de pesos mensuales o más.

El impuesto consiste en retener un porcentaje de estos salarios y designar dicho dinero a la “inversión social de la clase media vulnerable". Esto con el fin de mitigar el impacto económico producto de la pandemia.

La retención varía dependiendo del ingreso.

  • Entre $10 y 12,5 millones: el 15 por ciento.

  • Entre $12,5 y 15 millones: el 16 por ciento.

  • Entre $15 y 20 millones: el 17 por ciento.

  • Superior a $20 millones: el 20 por ciento.

Es importante tener en cuenta que los primeros $ 1.800.000 del ingreso no integran la base gravable del impuesto, es decir, el porcentaje correspondiente se calcula sobre el ingreso menos ese 1.800.000.

El caso de la Fiscal

A Tristancho le es aplicable el impuesto de solidaridad pues, como menciona Noticias Uno, su salario es de 28.979.949 pesos.

Por eso la Fiscalía está en la obligación de retener el 20 por ciento de su salario de los meses de mayo, junio y julio. 

En este caso, el impuesto solidario por Covid-19 equivale a $5.435.390 por mes (el 20 por ciento se aplica sobre 27.176.949, su salario menos los $1.800.000 exentos). Siendo así, los ingresos de la Fiscal quedarían en $23.541.559. 

Ese descuento me "impedirá desde este 30 de mayo de 2020, cubrir los gastos mensuales ya referidos que son indispensables para sostener mi vida y la de mi familia en condiciones dignas”, argumentó la Fiscal en la tutela.

Los gastos a los que hace referencia son, por un lado, las deducciones de nómina que suman 14.749.764 pesos y, por otro lado, los gastos fijos que ascienden a los 11.874.490 pesos. 

Es por esto que la Fiscal sostiene que su mínimo vital es de 26.624.254 pesos (la suma de las deducciones y los gastos fijos), no de 29 millones como asegura Noticias Uno.

A esto se suma una deuda bancaria que tiene por $10 millones, y los gastos de su hijo que está haciendo un doctorado en Japón y depende parcialmente de ella. 

Es cierto, como menciona Noticias Uno, que un juez ad hoc del Juzgado 22 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá le dio la razón y le ordenó a la Fiscalía no realizar el descuento. 

Según el juez en su fallo de tutela, la deducción por el impuesto solidario es “notoriamente lesivo para la manutención mensual o mínimo vital de la accionante y su familia, pese a su alta remuneración oficial, dado que en este momento ella atraviesa por una difícil situación económica”; “desmejora las condiciones de subsistencia de la actora y su familia”.

“Estas circunstancias de por sí han desbordado la capacidad de maniobrabilidad financiera de las acciones, respecto a sus obligaciones dinerarias, todo lo cual desmejora las condiciones de subsistencia de la actora y de su familia”, agregó.

La Fiscalía impugnó el fallo argumentando que el descuento del impuesto no vulnera ningún derecho de la Fiscal y que el juez hizo un “pobre análisis de la obligación tributaria de la servidora y de la situación de dependencia de su hijo mayor”, pues la Fiscal no aportó ninguna prueba al respecto. 

Hasta que el juez de segunda instancia no emita un fallo, el salario de la Fiscal queda intacto. 

Este es el fallo de primera instancia.

Fallo de Primera Instancia - Tutela Fiscal Olga Tristancho by La Silla Vacia on Scribd

Calificamos la publicación como cierta, toda vez que la información que replica es verdadera. 

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