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Por Paula Doria · 23 de Septiembre de 2020

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La respuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que protege la protesta pacífica y lo obliga a disculparse por los excesos de autoridad cometidos en las marchas del 21N y a hacer correctivos en la Policía fue reiterar la defensa de la Fuerza Pública con su discurso de las manzanas podridas, anunciar que el gobierno solicitará la revisión del fallo de la Corte y reiterar que la Fuerza Pública seguirá “enfrentando el vandalismo y las formas de violencia y terrorismo”, como contamos acá.  Frente a la orden de que pidiera perdón por los abusos policiales cometidos en las marchas del año pasado, sencillamente se rehusó, lo que podría convertirse en una falta disciplinaria, como lo señaló el Procurador General.

Su polémica posición, acordada tras un cónclave del gobierno en Palacio, coincide con un sentir general que existe entre los policías sobre lo que ocurrió el pasado 9 y 10 de septiembre en Bogotá.

La Silla Vacía conversó con varios miembros de esa institución: un general (retirado), dos coroneles, dos mayores, un capitán y dos patrulleros (todos activos) y todos coinciden en que hubo abusos concretos, como los de quienes asesinaron a Javier Ordóñez mientras estaba detenido o del policía que apareció en un video disparando de manera indiscriminada. Pero todos, menos el general retirado, también creen que lo que se vivió ese día fue un ataque organizado contra la Policía y por eso piensan que se actuó bajo el legítimo uso de la fuerza y la legítima defensa. 

El general retirado considera que hubo un excesivo uso de la fuerza, pero está seguro de que los que dispararon a los manifestantes lo hicieron creyendo que estaban justificados bajo una lógica en la que equiparan la defensa de un CAI a la defensa de una estación de Policía en un pueblo asediado por la guerrilla.

“En la Policía uno aprende a defender la estación de Policía hasta la muerte. El que muere defendiéndola, es un héroe”, explicó el veterano general. “Ellos equipararon el CAI a una estación”.

Los demás oficiales consultados consideran que la protesta más allá del descontento social era tan violenta que no se podía no pensar que era un ataque organizado de alguna estructura criminal. “¿Qué se puede pensar cuando están incendiando decenas de CAI en tantos puntos de la ciudad a la misma hora?”, cuestionó uno de los coroneles, que como los demás oficiales habló bajo reserva, pues hay la orden de que la vocería se mantenga en la dirección de la Policía o en la Alcaldía.  

“Si están incendiando un CAI mientras un policía está adentro, lo lógico es pensar que lo quieren asesinar”, justificó un Mayor. “Señorita, si le están incendiando su casa y usted está en ella y las personas que están en la casa saben que usted está ahí, ¿no piensa que la quieren matar?”, dijo un patrullero. 

Los dos mayores aseguraron que en momentos como ese muchos uniformados actúan bajo el miedo. “Si viene una horda de 200 personas, sabes que si te cogen te van a dar duro. Recordemos que a una de nuestras policías la apuñalaron el 9 de septiembre tan fuerte que los cuchillazos le llegaron hasta el fémur”, dijo uno de ellos.  La Silla confirmó que fue así.

Un capitán agregó que en el caso del incendio de un CAI “el policía agota el armamento que tiene disponible que es el bastón de mando o lo que ustedes llaman bolillo, que ante personas que tienen armas blancas o que te llegan con bombas molotov o un balde de gasolina es insuficiente”.  

La tensión del 9 y 10

El 9 de septiembre, según cálculos de la Alcaldía de Bogotá, salieron a manifestarse unas 12 mil personas, y un total de mil policías estaban a cargo de mantener la seguridad de la ciudad, incluyendo los del Esmad.

La Policía, como contó Claudia López vivía un momento inédito. El comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez,  tenía Covid, el segundo al mando, el comandante Luis Libreros, se enteró que también estaba contagiado ese mismo día y le tocó aislarse, y entonces era el tercero al mando, el general Carlos Rodríguez, quien quedó a cargo de la situación.

El general Rodríguez, quien estuvo a cargo de las órdenes que se dieron desde el Puesto de Mando Unificado Distrital (PMU) el 9 y 10 de septiembre, relató que ante la toma “organizada” de los CAI, nunca se dio la orden de disparar pues los policías saben bajó qué protocolos pueden usar sus armas de fuego.

Según la Alcaldesa López, la instrucción que se dio a los patrulleros fue que abandonaran los CAI si no podían custodiarlos y se fueran a las estaciones de Policía. “Nadie en el PMU nacional o Distrital dio la orden de dispararle a los ciudadanos o de recuperar los CAI a sangre y fuego”, dijo. La mayoría de los uniformados obedecieron, pero en 15 barrios de la ciudad eso no sucedió. 

La Fiscalía y la Procuraduría están investigando si los comandantes de estación dieron la orden de disparar contra quienes estaban incendiando los CAI, si fueron los comandantes de esos Comandos o si los policías bajo su propia discreción decidieron utilizar armas de fuego.  

Porque a diferencia de los soldados, los policías no requieren una orden de un superior para disparar. Ellos hacen su propio cálculo de acuerdo a los protocolos establecidos por el Código de Policía en los que se debe tener en cuenta la legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El general Rodriguez dijo que la Policía que se desplegó para acompañar las protestas no usa armas letales. Quienes las habrían usado serían miembros de policía de vigilancia, es decir los que estaban en los CAI, que sí tienen permiso de usar estos artefactos. 

Ahí -en el hecho de que los que respondieron no eran los que estaban preparados para lidiar con la protesta socia- radicaría una explicación para el nivel de violencia con el que respondieron algunos uniformados. Los enfrentamientos entre ellos y los ciudadanos dejaron un saldo de 10 muertos en la capital, tres más en Soacha. 521 heridos, entre los que había 216 uniformados y 305 civiles. Setenta y cinco de los afectados llegaron a los hospitales por impacto de arma de fuego, incluidos cuatro policías. 

No es la explicación completa

Sin embargo, lo que muestra la sentencia de la Corte Suprema conocida hoy es que los abusos policiales frente a la protesta social son más estructurales, como lo contamos en este hilo. 

Incluyen la estigmatización desde el Estado de quienes protestan, asimilándolos a subversivos y criminales. Antes del 21N, por ejemplo, hubo “allanamientos masivos” por parte de la Fiscalía a domicilios y oficinas de organizaciones sociales y medios de comunicación, lo que muestra un indicio más de la estigmatización que sufren los que salen a protestar.

También el uso “inadecuado de instrumentos legales” por parte de la Policía para justificar detenciones ilegales y arbitrarias contra la gente. La Corte le dio la razón a los demandantes que argumentaron que más de 1.600 personas fueron capturadas ilegalmente en los días del #21N.

Y, entre las fallas que reconoció la Corte, existe una falta de vigilancia y control a las actuaciones de la Fuerza Pública en las manifestaciones. En la sentencia se menciona varias veces que funcionarios de la Procuraduría, al solicitar la suspensión de los procedimientos, fueron ignorados por miembros del Esmad.

Esto, sin mencionar, el uso desproporcionado de la fuerza del Esmad y la policía en general para contener a los manifestantes.  En la demanda interpuesta por decenas de personas y organizaciones hay relatos escalofriantes de jóvenes que quedaron ciegos por balas de goma, de papás que vieron a sus hijos morir por la respuesta desproporcionada de los policías a la protesta, y de golpes y humillaciones.

Por lo anterior, la Corte exigió al gobierno crear en los próximos días una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza; implementar un protocolo de acciones preventivas que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”; y someter la actuación del Esmad a la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Por último, la Corte le dio la orden judicial al ministro Carlos Holmes Trujillo de que pidiera “disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquéllos cometidos por el Esmad,” durante las protestas del #21N.

Esto  último, para lo que le dio 48 horas, no ha pasado, y a juzgar por el discurso del Ministro, en el que se refirió a la orden para contradecir las conclusiones de la Corte, no va a suceder.  La razón es que el ministro, como los policías que entrevistamos, consideran que su uso de la fuerza no es contra colombianos que manifiestan su descontento sino contra vándalos y terroristas frente a los que actúan en legítima defensa.

Comentarios (14)

Gustavo Adolfo

23 de Septiembre

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El discurso del enemigo interno (la izquierda o la oligarquía) es una completa irresponsabilidad. La incapacidad para dialogar nos lleva a hechos tan lamentables como los del 9 y el 10.

harriarq

24 de Septiembre

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Ya lo respondió el Presidente Duque, el fallo habla de la protesta y las directrices de la policía son proteger ese derecho, cosa distinta es el actuar contra el vandalismo, robo y agresiones a la fuerza publica, para lo que la constitución dicta quienes están autorizados y obligados a proteger a los ciudadanos de bien. Los excesos deben ser castigados, luego de investigación y condena, no antes.

harriarq

24 de Septiembre

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De la misma forma, Claudia López condena y asume posición antes de un debido proceso, los medios igual, hoy vemos que si tenia razón la inteligencia y son validas las acciones de la policía, hay pruebas ciertas del actuar de guerrillas y milicias urbanas, escuchas a milicianos, declaraciones de ELN, el fallo es fallido, porque no se están usando las escopetas y ya se están haciendo las reformas.

Gustavo Adolfo

24 de Septiembre

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La alcaldesa ordenó replegarse a las estaciones y dejar los CAI, en 15 casos los policías desobedecieron y eso produjo 13 MUERTOS. la razón para desobedecer fue la creencia de que estaban combatiendo la guerrilla, lo cual es falso. Una cosa es que desde siempre existan milicias urbanas y otra que todos los grupos que protestan y se organizan sean guerrilleros, discurso inaceptable y peligroso.

coronado

23 de Septiembre

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La coda con la tonteria de de dejusticia y sus amigo de la corte suprema es engañoso: esa sentencia no "muestra" nada. Ese proceso no permitio contrastar argumentos de parte y parte--fue tan solo un editorial de unos jueces prevaricadores. Y lo mas triste es que el gobierno le respondera como toca: sin hacerle el menor caso, porque no tiene porque implementar politicas dictadas por los jueces.

Elgatodeschrodinger

24 de Septiembre

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Quienes claramente son criminales como nos demostro giorgio sale, se sienten impunes como los forero fetecua o escruceria antes, no saben declarar conflictos de interes como barcelo, y no tienen responsabilidad con el pais y no cumplen con los presupuestos por eso tienen quebrada a colombia, aca pasamos de lo absurdo que era el gobierno de los abogados al acabose que es el de los jueces inmorales

Quienes claramente son criminales como nos demostro giorgio sale, se sienten impunes como los forero fetecua o escruceria antes, no saben declarar conflictos de interes como barcelo, y no tienen responsabilidad con el pais y no cumplen con los presupuestos por eso tienen quebrada a colombia, aca pasamos de lo absurdo que era el gobierno de los abogados al acabose que es el de los jueces inmorales

Orlando Arroyave

23 de Septiembre

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El ministro de defensa es un mueble viejo que adorna la escenografía antigua de la Guerra Fría, presente todavía en el Ejército y Policía nacional. Dos instituciones ineficaces, solo valientes contra ciudadanos inermes, y que no han logrado desarticular los grupales criminales con el clan del Golfo o el ELN, pero eso sí, atacan a los ciudadanos que protestan y que son considerados enemigos.

Orlando Arroyave

23 de Septiembre

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Colombia no tiene un Estado que garantice los DDHH. Es un Estado fracasado, como los gobiernos autoritarios en Venezuela y Nicaragua, que confían en instituciones guerristas que abusan contra la población civil. Los ciudadanos no podemos protestar pues somos objetos de abuso, o nos convertimos en objetivo militar. La Fuerza Pública colombiana cada vez es más despreciada por la ciudadanía.

Orlando Arroyave

23 de Septiembre

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Con la Fuerza Pública colombiana actual nunca tendremos paz. Vive de la guerra y de crear enemigos. Ahora el enemigo son los jóvenes que protestan. Por eso un general da sentido pésame a un sicario como Popeye, mientras calla el exterminio de jóvenes como fue con los mal llamados "falsos positivo" o en la masacre de Bogotá el 9 y 10 septiembre. Colombia no tiene futuro con esta Fuerza Pública.

Marleny Barrera López

24 de Septiembre

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Un gobierno que habla de paz con legalidad, no se comporta igual. Así lo debe hacer un gobierno en un Estado democrático, como es Colombia y conforme al juramento que todos los servidores públicos aceptan, de respetar la constitución, como el presidente y ministros. Los fallos de los jueces se acatan. La Policía no puede seguir actuando violentamente en forma indiscriminada y estructural.

Un gobierno que habla de paz con legalidad, no se comporta igual. Así lo debe hacer un gobierno en un Estado democrático, como es Colombia y conforme al juramento que todos los servidores públicos aceptan, de respetar la constitución, como el presidente y ministros. Los fallos de los jueces se acatan. La Policía no puede seguir actuando violentamente en forma indiscriminada y estructural.

José Saramago ..

24 de Septiembre

4 Seguidores

El gobierno no tiene porque disculparse por cualquier cosa y los jueces no tie...+ ver más

El gobierno no tiene porque disculparse por cualquier cosa y los jueces no tienen porque estar gobernando y legislando con fallos-sentencias. Existe el derecho a la protesta pacifica valida por exigencias justas, pero no al vandalismo. El problema no son los jóvenes ni la policía, el problema es la corrupción y los politiqueros(santismo y mamertismo) que detrás de las marchas quieren manipularlas.

José Saramago ..

24 de Septiembre

4 Seguidores

Fortalecer a la Policía Nacional no debilitarla.
Por mas absurdos que se...+ ver más

Fortalecer a la Policía Nacional no debilitarla.
Por mas absurdos que sean (como este caso) los fallos hay que atacarlos ¿cual es el limite de entre justicia e injusticia?. El fallo viene de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema(¿?: sin lógica eso) y están dándole ordenes a la policía nacional, e invadiendo y usurpando funciones ejecutivas, y las legislativas, en materia de orden publico.

José Saramago ..

24 de Septiembre

4 Seguidores

Justicia ideologizada y politizada. Sin duda la (izquierdizada) Corte Constitu...+ ver más

Justicia ideologizada y politizada. Sin duda la (izquierdizada) Corte Constitucional dentro de sus facultades debe revisar esta absurda (desviada) tutela, los tutelantes tenían otros medios a donde acudir. Acaso el corresponde a la Corte Suprema los asuntos técnicos de que armas usar ¿ahora toca preguntarles?¿que dicen los salvamentos de voto de los dos magistrados que votaron en contra del fallo?

Wilozada

01 de Octubre

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Defendiendo los CAI como si se tratara de estaciones policía en pueblos asediados por las Farc en tiempos previos y posteriores a la ruptura de los diálogos en El Caguán. ¿Qué tal la paranoia del señor exgeneral? Solo que era notoria una pequeña diferencia: Los manifestantes no estaban armados ni con fusiles de asalto ni con cilindros bombas. Fue desmedida y criminal la reacción de la policía.

Defendiendo los CAI como si se tratara de estaciones policía en pueblos asediados por las Farc en tiempos previos y posteriores a la ruptura de los diálogos en El Caguán. ¿Qué tal la paranoia del señor exgeneral? Solo que era notoria una pequeña diferencia: Los manifestantes no estaban armados ni con fusiles de asalto ni con cilindros bombas. Fue desmedida y criminal la reacción de la policía.

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