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Por Ana León · 03 de Diciembre de 2020

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En todo el entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia, el contrato de Navelena, sociedad que la corrupta multinacional brasilera conformó con Valorcon en 2014, para dragar el río Magdalena, ha pasado de agache. En parte porque el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez descartó de tajo que hubiese habido corrupción en el proyecto, que su misma firma de abogados ayudó a estructurar.  

Sin embargo, La Silla Vacía conoció los argumentos esgrimidos por la entidad que contrató a Navelena y que ponen en tela de juicio la transparencia de ese contrato que costó 2,5 billones de pesos y que contrastan con la rapidez con la que  el fiscal Martínez cerró el caso en su momento.

La concesión para dragar el río Magdalena por 2,5 billones de pesos, que se ganó Navelena SAS, integrada por empresas del grupo Odebrecht (87 por ciento) y Valorcon, empresa vinculada al cuestionado empresario barranquillero Julio Gerlein, (13 por ciento) a 13 años, duró tan solo tres, cuando apenas terminaba la fase de preconstrucción. 

Con el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht como telón de fondo, Cormagdalena decidió caducar el contrato porque el proyecto no logró el cierre financiero para la etapa de construcción. 

Al momento de liquidarlo, en agosto de 2017, Navelena alegó que la corporación no le reconoció mucha plata que había gastado mientras el contrato estuvo vigente y en julio de 2018 demandó a la entidad ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, reclamando casi 350 mil millones de pesos.

La estrategia de Cormagdalena para defenderse incluyó radicar a finales del año pasado una demanda de reconvención con el argumento de que es Navelena la que afectó a la entidad y le exige que le devuelva la plata de la liquidación. 

Aunque esa figura de reconvención es muy usada, lo llamativo es que, con sus argumentos, Cormagdalena pone sobre la mesa la posible corrupción en ese contrato. 

Corrupción que los entes de control aún no han esclarecido.

Los argumentos de esa supuesta corrupción no se han hecho públicos pero hoy los revelamos en La Silla, un mes después de que las partes contestaran la demanda y la contrademanda definitivas.

Cormagdalena habla de presuntos pagos irregulares y de abuso y desviación de poder por parte de Navelena para obtener el contrato, mientras las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias que hay abiertas desde 2017 en torno a  Navelena, siguen sin dar resultados. 

Estos son los argumentos de Cormagdalena, que ahora tendrán que ser probados y avalados:

1. Cormagdalena dice que la adjudicación se hizo por coimas

“Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena”, dijo Néstor Humberto Martínez en una rueda de prensa el 5 de enero de 2017, dos semanas después de que estallara el escándalo internacional de Odebrecht.

La adjudicación del contrato que defendió Martínez es el primer reparo de Cormagdalena en su contrademanda.

 

Por un lado, la corporación dice que el contrato debería anularse “por adolecer de causa ilícita y objeto ilícito al haber sido celebrado con abuso y desviación de poder”. Es decir, que Navelena se ganó la concesión ilegalmente. 

En su momento, Cormagdalena surtió un proceso de precalificación de posibles inversionistas en el que participaron tres grupos de empresarios. Sin embargo, la única oferta que finalmente se presentó a la licitación fue la de Navelena. 

Y en medio del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera, uno de los pendientes a investigar de la Fiscalía es un supuesto pacto entre Odebrecht y uno de los otros posibles oferentes para no competir por la concesión del Magdalena. También la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que investigaría ese asunto. 

Pero el argumento central de Cormagdalena para pedir la nulidad del contrato por ilegal, es que en la imputación de cargos con la que condenaron al excongresista de La U, Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, él aceptó que se prestó para intervenir a favor de Odebrecht en distintos procesos de contratación, entre ellos, el de la concesión para la recuperación de la navegabilidad del Magdalena.

Según reveló Semana en su momento, en su colaboración con la justicia el Ñoño dijo que Navelena se había quedado con el contrato supuestamente con coimas a políticos de Bogotá, Atlántico y Bolívar. 

El Ñoño no es el único condenado que ha hablado al respecto. 

Según informó Caracol Radio, dentro de sus revelaciones a la Fiscalía, el excongresista Otto Bula, lobbista de Odebrecht, dijo que había recibido 1.200 millones de pesos por hacer lobby y lograr la adjudicación a Navelena.

Además de eso, La Silla Vacía estableció que en la matriz de colaboración de Bula, el tema de Navelena no se ha agotado y antes de terminar el año está citado para entregar más detalles al respecto. 

Lo que Bula podría detallar -según una fuente que lo sabe de primera mano- es que en Navelena también se pudo haber aplicado el modus operandi de contratos ficticios para pagar coimas, que se usó en el proyecto de Ruta del Sol II, también por parte de Odebrecht.

En relación a eso, Semana en su momento también contó que el exministro de Transporte del segundo gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, condenado por recibir 6,5 millones de dólares para entregar la concesión Ruta del Sol II, confesó que Eleuberto Martorelli, una de las cabezas de Odebrecht en Colombia, le dijo que “el compromiso que ellos adquirieron con la adjudicación de Navelena fue apoyar candidatos del Partido de la U y asumir deudas de la campañas presidenciales”. 

Y el otro lobbista de Odebrecht condenado, Federico Gaviria, también ha dicho que va a entregar información a la justicia sobre el caso de Navelena. 

2. Cormagdalena dice que en la terminación del contrato hubo irregularidades

Además de pedir la nulidad del contrato por el lobby indebido y las supuestas coimas, Cormagdalena también está diciendo que hay dos hechos ilegales en las condiciones en que se terminó el contrato. 

La primera tiene que ver con maquinaria que Navelena debía entregarle a Cormagdalena en caso de ser responsable de terminar anticipadamente el contrato, como ocurrió. En su momento, Navelena argumentó que la maquinaria no era de su propiedad sino que el consorcio que constituyó para ejecutar las obras (Navelena EPC) las había adquirido a través de un contrato de leasing y que las había devuelto. 

A falta de la maquinaria, Cormagdalena aceptó una especie de compensación económica por cerca de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, hoy la entidad reclama que lo estrictamente legal era exigir la entrega de los bienes y no darle la facilidad a Navelena de compensar con plata. 

Eso tiene un agravante y es que, según una fuente que lo sabe de primera mano, ni la interventoría ni Cormagdalena conocieron siquiera los contratos de leasing y la compensación se hizo basada en lo que dijo Navelena.

Otro de los vicios que reclama Cormagdalena es justamente en relación con la falta de soportes de gastos y pagos que le avalaron a Navelena en la liquidación.

Eso lo advirtió la Contraloría en noviembre de 2017. Un informe de auditoría a la liquidación del contrato encontró que 253 mil millones de pesos que Cormagdalena le reconoció a Navelena, no tenía facturas debidamente soportadas. 

Por un lado, porque las facturas eran de valores globales, es decir, no decían qué actividades específicamente se pagaban. Por otro, porque eran entre Navelena SAS y Navelena EPC, el consorcio constructor. Es decir, no se sabe a quién contrató el consorcio para ejecutarlas. 

En la contrademanda, Cormagdalena, no solo se basa en el informe de auditoría. Contrató un perito propio que determinó que, en efecto, muchos de los pagos que le reconocieron a Navelena no tienen cómo corroborarse. 

“La liquidación (...) contiene errores de hecho dirimentes, por estar viciado el consentimiento de la Entidad, al incluir dentro del acta para efectos de ser reconocidos, costos y gastos sin soporte contable que permitieran la identificación, individualización, relación de causalidad y constatación con los hechos económicos reales que debían soportarlos”, dice uno de los apartados de la demanda. 

No dice cuánta plata exactamente es pero La Silla supo que lo que encontró el perito es una suma muy similar al del informe de la Contraloría.

Mientras, las investigaciones siguen a media marcha

En la pelea en el tribunal de arbitramento, Cormagdalena llamó en garantía a los interventores: el Consorcio Magdalena, integrado por la firma barranquillera Ingenieria de proyectos SAS, la cartagenera AFA Consultores y Constructores SAS y las bogotanas Consultoría e Inspección de Proyectos SAS y Restrepo Uribe SAS. Eso quiere decir que Cormagdalena, en caso de perder el laudo, pretende que sean ellos quienes asuman la responsabilidad.

Y aunque no los menciona, pone una sombra de duda sobre los directivos de Cormagdalena que en su momento participaron en el contrato, desde su adjudicación hasta su liquidación, al cuestionar la legalidad de esas actuaciones. 

En todo caso, varios de ellos están siendo ya investigados por entes de control. 

En la Procuraduría hay cinco procesos abiertos en relación con Navelena, en los que investigan a los exdirectores ejecutivos Augusto Noé García, Carlos Andrés Núñez León, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, Luis Fernando Andrade, dos funcionarios asesores y a los interventores por presuntos actos de corrupción durante todo el contrato, irregularidades en la adjudicación, la declaratoria de caducidad del mismo y la liquidación. Todos datan de 2017 y están en etapa de investigación. 

Por su parte, la Contraloría, la misma que dio con los pagos injustificados a finales de 2017, abrió el proceso de responsabilidad fiscal hasta noviembre de 2018 contra los que participaron en la liquidación (el exdirector Alfredo Varela, dos funcionarios del equipo de supervisión, los interventores y Navelena) y sigue en etapa de pruebas.

En la Fiscalía hay 142 radicados a propósito de contratos ficticios suscritos en la concesión Ruta del Sol II (cuyo mayor accionista también es Odebrecht) y en la de Navelena que siguen en indagación. Es decir, aún no investigan formalmente a nadie por ello.   

Y, como contamos en esta historia, se han quedado en anuncios las imputaciones de cargos contra empresarios que ya son públicamente conocidos por haber firmado contratos que al parecer son simulados en el caso de Ruta del Sol II y que además son cercanos al excongresista Simón Gaviria y al exalcalde Alex Char, que jugaron papeles claves en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

La contrademanda de Cormagdalena apenas está empezando su trámite en el tribunal de arbitramento. Habrá que ver qué decisión llega primero: si el laudo por la pelea entre Navelena y Cormagdalena o los resultados de las investigaciones pendientes de los entes de control. En todo caso, todo indica que había más tela para cortar que la que vió Martínez.

Comentarios (1)

Wilozada

03 de Diciembre

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Con que ataque el Acuerdo de La Habana y cuestione la JEP es suficiente para que este pícaro redomado del Martínez sea todo un ídolo de la ralea uribista.

Con que ataque el Acuerdo de La Habana y cuestione la JEP es suficiente para que este pícaro redomado del Martínez sea todo un ídolo de la ralea uribista.

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