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Por Sara Lopera · 08 de Junio de 2020

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Ciento cincuenta personas, entre ellas 11 líderes sociales, han sido asesinadas en los 11 municipios del Bajo Cauca y sur de Córdoba en lo que va corrido del año, según cifras de la Policía en Antioquia y Córdoba, a corte de ayer.

En esa subregión (conformada por seis pueblos antioqueños y cinco cordobeses), que es uno de los corazones de la guerra en Colombia, como lo hemos contado; el conflicto por el territorio y las rentas ilícitas entre el Clan del Golfo y los Caparros, sumado a la presencia del ELN y las disidencias de las Farc; no ha parado ni por la pandemia que tiene al país confinado desde hace dos meses largos.

Por no ir muy lejos, exactamente la noche del lunes pasado, en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba,  grupos armados ilegales no identificados aún sacaron de sus casas y luego asesinaron a Arcángel Pantoja y Ómar Agudelo, cofundadores de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.

Según nos contó José David Ortega, miembro de la misma asociación, ninguno tenía amenazas, pero donde sucedieron los hechos (uno en la vereda Río Sucio y otro en corregimiento San José) se está implementando el programa de sustitución de cultivos, del cual ellos eran beneficiarios. Esa misma noche se escucharon enfrentamientos y cruce de balas. 

Precisamente, y en contraste con lo que pasa con la guerra que continúa, la sustitución que ya venía a paso de tortuga en el Gobierno de Iván Duque es la que ha resultado frenada en medio de la crisis del Covid, debido a las dificultades para que lleguen los insumos a los municipios y la ausencia de funcionarios en terreno.

Todo eso tiene minada la confianza de los campesinos que cada vez ven más lejos el reemplazo de sus cultivos de coca por proyectos productivos lícitos y que desde ya aseguran que el programa fracasó.

La guerra que, con menos muertos, no para

La subregión de los dos departamentos que comparten casi las mismas dinámicas del conflicto concentra el 80 por ciento de hectáreas de coca que se siembran en Antioquia y la totalidad de las de Córdoba.  

Ese es el centro del botín que se disputan los ilegales a los que el confinamiento les ha servido para controlar más los territorios. 

De los 150 homicidios que se contabilizan allí hasta estos días del año, 117 ocurrieron en el Bajo Cauca y 33 en el sur de Córdoba. Los números, en cualquier caso, registran una disminución del 28 por ciento y del 43 por ciento, respectivamente, en comparación al mismo periodo de 2019. 

Pero aunque la guerra este año cuenta menos muertes, no significa que haya menguado ni que la reducción se deba a la pandemia. 

Además de los asesinatos recientes de los líderes campesinos cordobeses Arcángel Pantoja y Omar Agudelo, en 2020 han asesinado a seis líderes sociales del Bajo Cauca y otros cinco del sur de Córdoba, que hacían parte de juntas de acción comunal o asociaciones campesinas e indígenas. Tres de ellos también hacían parte del programa nacional de sustitución de cultivos Pnis. 

Según nos contó el comandante de la Séptima División y encargado de la campaña policial y militar llamada Aquiles, general Juan Carlos Ramírez, los grupos ilegales han seguido delinquiendo de la misma manera en cuarentena: controlando la entrada y salida de personas a las veredas, confinando a la población y moviendo coca y armas por la zona.  

En los dos meses largos que llevamos en cuarentena, el Ejército ha realizado 74 operaciones militares en contra del Clan del Golfo, los Caparros, las disidencias de Farc y el ELN, dentro de la estrategia Aquiles, que ya cumple dos años tratando de desarticular esos grupos.

Una fuente que trabaja atendiendo población víctima en la zona y nos pidió no citarla, agregó por su lado que en abril y mayo se volvieron a disparar los homicidios y se desplazaron 44 familias de Tarazá y Cáceres, los dos municipios (antioqueños) donde más se acentúa esa guerra entre el Clan del Golfo y los Caparros. 

Aunque la guerra tiene los mismos actores e intereses desde que empezó, según coincidieron varios campesinos de la zona con los que hablamos, este año el Clan del Golfo parece estar ganándole más espacio a los Caparros.

“Esa disputa, que la Fuerza Pública no ha sido capaz de parar en dos años, va a continuar hasta que el Clan acabe con todos los hombres del otro bando, y se va a poner más cruda en los próximos meses”, nos dijo un líder de la zona que respalda esa tesis porque lo ha visto en terreno. 

Mientras todo eso sucede, el Pnis que está en la zona de disputa y arrancó hace tres años como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, está más moribundo desde que comenzó la cuarentena.

La sustitución, ni a paso de tortuga ya

Desde inicio de este año, las familias inscritas al Pnis en Antioquia y Córdoba se están quejando de que luego de haber arrancado las matas de coca hace más de un año, apenas les está terminando de llegar la asistencia alimentaria a algunos y todavía no se asoman los proyectos productivos.

El 29 de mayo de 2017 salió el decreto 896 que creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como parte del cuarto punto de los Acuerdos de Paz. Su objetivo es que, en vez de erradicar forzadamente, el Gobiermo trabaje de la mano de los campesinos para que ellos voluntariamente sustituyan sus cultivos ilícitos por otros lícitos.

La idea era que los campesinos pudiesen tener una actividad económica que les permitiera tener una vida digna. Se pensó en una ejecución de dos años así:

- Durante el primer año recibirían dos millón de pesos bimensuales, como incentivo por arrancar las matas de coca. A la par, recibirían insumos por 1 millón 800 mil pesos para proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, que les permitiría alimentarse mientras cambiaban de cultivos.

- Ese mismo año, cada familia recibiría nueve millones de pesos para iniciar un proyecto de ciclo corto e ingreso rápido para empezar a generar recursos.

-Por último, en el segundo año, cada familia recibiría hasta diez millones de pesos más para costear un proyecto de ciclo largo que les permitiera transitar por completo a un negocio lícito.

Además tendrían asistencia técnica avaluada por 3 millones 200 mil pesos para que profesionales en distintas áreas los acompañaran en todo el proceso.

Según el último informe del Pnis, con fecha de corte del 31 de marzo de este año, de las 17.774 familias inscritas entre Antioquia y Córdoba, el 55 por ciento (9.754) está apenas implementando la asistencia alimentaria, y ninguna ha recibido el dinero para los proyectos a largo plazo. El resto está esperando que llegue el pago de dos millones bimensuales. 

El caso más significativo es el de Briceño, un municipio al norte de Antioquia que fue escogido en los Acuerdos de La Habana como piloto de paz porque allí arrancó primero el desminado en 2016 y luego la sustitución de cultivos a inicio de 2017. 

El 21 de febrero pasado marcharon en el pueblo pidiéndole al Gobierno que cumpla con su parte. Son 2.717 familias que arrancaron 500 hectáreas de coca hace tres años y apenas en diciembre del año pasado les llegaron los insumos para poner a funcionar una huerta para alimentarse mientras transitaban a otros negocios como la ganadería y la piscicultura. 

Es decir, llevan tres años sin coca, sin huerta y sin proyecto sustituto. Y si en Briceño llueve, que es piloto y comenzó primero que el resto, en el resto de municipios no escampa. Y menos ahora en pandemia. 

Según Hernando Londoño, director del Pnis, el 75 por ciento del personal contratado para la asistencia técnica a las familias (como veterinarios, agrónomos y profesionales que los acompañarían a plantear y sacar adelante los nuevos negocios) está suspendido por la cuarentena y la entrega de los insumos para la seguridad alimentaria se ha ralentizado.

En Tarazá, en el Bajo Cauca, según nos contó William Muñoz de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, con la cuarentena se tardaron casi un mes entregando el pago bimestral de dos millones de pesos a 200 familias, para evitar aglomeraciones. Además, “frenó todas las actividades, no hay funcionarios aquí del programa para seguir avanzando en las convocatorias para empezar a formular los proyectos”.

Situación parecida al municipio vecino de Cáceres, donde tampoco está andando ningún proyecto productivo del programa y a los campesinos se les ha dificultado comercializar sus productos. “La economía está tan quieta en el pueblo que no tenemos a quien venderle lo que sembramos, está tan duro, que toca comerse los pollos porque nadie los compra”, nos dijo Horacio Rendón, líder campesino delegado del Pnis allá. 

Y al sur de Córdoba, en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, les pasa lo mismo.

“Las gallinas que la gente pidió para generar ingresos con la plata de asistencia alimentaria del programa, se las están teniendo que comer porque hay mucha oferta local y no hay cómo vender los huevos por fuera”, nos contó Arnobis Zapata, beneficiario del Pnis y coordinador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. 

“Los animales se nos enferman, y aunque los veterinarios nos atienden por teléfono o nos mandan medicamentos, no es suficiente y se mueren”, añadió Zapata. 

En cuarentena la presencia institucional escasea más de lo normal. Las Pequeñas Obras de Infraestructura PICs, que intervienen vías, placas e instituciones que la comunidad priorizó como urgentes, y que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial Pdets, también se pararon y están a la espera de que las alcaldías les permitan retomar actividades.

Ese hueco institucional lo cubren, como es normal en esa zona, el Ejército y la Policía, que además de las jornadas para entregar mercados y de los combates a grupos armados ilegales, acompañan al personal que está erradicando manualmente la coca.

“La excusa para que no lleguen los recursos del Pnis es que el programa está desfinanciado y no hay plata, pero sí hay plata para mandar a erradicar forzadamente”, dice Gabriel Sánchez, integrante de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia Asnac  y beneficiario del programa en Anorí, al nordeste de Antioquia, donde marcharon la semana pasada pidiéndole al Gobierno que deje de erradicar y cumpla la sustitución integral y voluntaria. 

En Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Puerto Libertador y San José de Uré, se han presentado enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército por estar erradicando en plena pandemia. 

“Los enfrentamientos están aumentando, los campesinos están unidos y no se van a dejar arrancar los cultivos porque ya saben que el Gobierno no les va a cumplir”, nos dijo Benjamín Mesa, líder campesino de Valdivia, uno de los municipios más cocaleros de Antioquia que quedó por fuera del programa por la decisión del Gobierno Duque de sacar los que no hubiesen firmado los acuerdos individuales. 

Esa certeza de que el programa fracasó la comparten los ocho líderes de los ocho municipios con los que hablamos en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. “Quieren cansar al campesino con todos estos retrasos para que vuelva a sembrar y así tener una excusa para erradicar y fumigar a la fuerza”, asegura Muñoz, de Tarazá.

Así, la pandemia aleja a los campesinos un poco más de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, pero los mantiene en medio de la misma guerra que desde hace dos años los tiene viviendo con miedo.

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