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Por Juan Esteban Lewin · 24 de Noviembre de 2020

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Ayer el presidente Iván Duque reveló su terna para reemplazar al conservador Carlos Bernal en la Corte Constitucional. Es una terna gris.

Sus candidatos tienen un perfil académico mucho menor que el de Bernal, no son reconocidos constitucionalistas (dos tienen especialización en derecho constitucional en Madrid, pero no lo han ejercido, el tercero no tiene posgrado en el área aunque ha dado clases en la materia) ni tienen una trayectoria notoria como abogados, a pesar de que a la Corte suelen llegar juristas con prestigio, con sólida trayectoria en constitucional o académicos de renombre.

Pero comparten varios de los rasgos de las personas que suele nominar Duque: una persona de la Sergio Arboleda, otra amiga de su infancia y otra cercana a Uribe. 

Uno de ellos, José María del Castillo, fue vicedecano y decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

La fiscal delegada Paola Meneses es amiga de su juventud, y también lo es de su amigo el Fiscal General, Francisco Barbosa

Y el tercero, su actual director de Función Pública, Fernando Grillo, trabajó en la administración de su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe.

La terna sorprende no por ese perfil, pues anteriores ternas presidenciales como las del fiscal ad-hoc para Odebrecht a fines de 2018, la de la Fiscalía a fines de 2019, o la de la Defensoría en agosto pasada, han sido también grises y escogidos dentro de su estrecho círculo, sino porque no están los nombres que más sonaban a pesar de que Duque se tomó un tiempo inédito de cuatro meses para armarla, como explicó en La SIlla Llena el profesor Esteban Hoyos.

En concreto, no está el Superintendente de Industria y Comercio y amigo personal de Duque, Andrés Barreto; tampoco el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño; la profesora de la Universidad de la Sabana, María Carmelina Londoño; ni la de la profesora de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond.

Según un senador uribista, hace al menos una semana el Presidente les anunció que ternaría a Grillo y a Meneses; por eso y porque él tiene la confianza de Uribe (fue también su director de Función Pública) y ella la de Duque (de quien fue Superintendente de Subsidio Familiar) los ve como los más fuertes. 

Estos son los tres candidatos de los que debe elegir el Senado:

La amiga del Presidente

Paola Meneses Correa es una abogada javeriana con maestría en la Universidad Carlos III de Madrid en servicios públicos, que según cuatro fuentes es amiga del colegio de Iván Duque. No tiene ni trayectoria ni experiencia en derecho constitucional, más allá de una especialización en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Al regresar de su maestría entró a trabajar en la ETB, donde estuvo durante casi 7 años, primero como abogada de la vicepresidencia jurídica y luego como directora de asesoría jurídica de la secretaría general entre octubre de 2010 y junio de 2012.

Luego fue, durante tres años, secretaria general de RedGroup, las empresas de propiedad de Adriana Bernal, que se dedican a la asistencia para poseedores de seguros (con servicios como plomería de emergencia o conductores de vehículos) y del portal digital KienyKe.

De allí pasó a ser secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, a donde llegó de la mano del político liberal Amylkar Acosta, amigo de sus padres Luz Stella Mosquera,  quien fue consejera de Estado y magistrada de la Judicatura, y Álvaro Meneses, quien fue secretario jurídico de Ecopetrol. Allá apoyó sobre todo la expedición de la ley de licores de 2016.

Cuando Duque llegó a la Presidencia, la nombró superintendente de Subsidio familiar, un cargo en el que se encarga de supervisar a las Cajas de Compensación Familiar, un área que no manejaba. 

Tras un año y medio en el cargo, renunció en febrero de este año para pasar a ser fiscal delegada contra la criminalidad organizada, nombrada por su amigo, el recién posesionado Francisco Barbosa.

A pesar de no tener experiencia en la Fiscalía ni en el derecho penal en general, no le ha ido mal en estos nueve meses.

“Es una mujer estratégica, que escucha, que toma decisiones, y cómo es súper inteligente pues entiende y es acertada”, le dijo a La Silla una persona que trabajó con ella en la Fiscalía y no es cercana a Barbosa. “No es lo que uno llamaría una jurista, pero es inteligente y práctica. Llegaría a aprender y haría un buen papel... aunque no sé qué tan independiente porque, eso sí, le debe a Duque su reciente carrera de funcionaria de tan alto perfil”.

En esa percepción de ser muy capaz coinciden tanto su exjefe Amylkar Acosta como una persona que trabajó de cerca con ella en su paso por la Superintendencia, y que no la conocía de antes. “Es muy pila, yo creo que entendió el Sistema en normas muy bien”.

Es tan cercana a Duque, a pesar de no ser muy visible, que también había sonado en su terna a Fiscal.

El sergista de toda la vida

José María del Castillo Abella es un abogado de la Universidad Santo Tomás que está en la Sergio Arboleda casi desde que la fundaron Álvaro Gómez Hurtado y Rodrigo Noguera Laborde en 1984. 

Ha dado clases como Derecho Constitucional General, Derecho Administrativo, Contratos Estatales y Procedimiento Administrativo, desde 1988 y ha sido funcionario, profesor de planta, vicedecano y decano de Derecho, hasta ser el actual Vicerrector de Gestión Académica. 

Especializado en comercial en la Javeriana y en administrativo en el Rosario, ha hecho carrera más como administrativista (área en la que ha litigado) que como constitucionalista, y es árbitro del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá en asuntos administrativos y de derecho energético. 

Ha participado en la elaboración de conceptos de su Universidad ante la Corte, pero en compañía de constitucionalistas de la Sergio como Camilo Guzmán Gómez y Luis Andrés Fajardo, y ha demandado algunas leyes.

No encontramos libros, capítulos o artículos académicos suyos sobre derecho constitucional (ni sobre otros asuntos) en Google, Google Scholar ni en su perfil en Cvlac.

Aunque no ha tenido mayor participación en asuntos público, firmó una carta pidiendo a Duque que objetara la Ley Estatutaria de la JEP junto con uribistas y conservadores como José Félix Lafaurie; el rector de la Sergio e hijo de su fundador, Rodrigo Noguera Calderón; el exministro y ex decano de la Sergio, Juan Lozano; el exministro y exsenador Carlos Holguín Sardi; el exministro Fernando Londoño Hoyos; o el ex Fiscal Luis Camilo Osorio..

El funcionario de Uribe

Fernando Grillo Rubiano es un abogado de Los Andes con cuatro especializaciones, incluyendo una en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.  Fue director de Función Pública, un departamento administrativo poco visible y encargado de la carrera administrativa, entre 2002 y 2008, nombrado por Álvaro Uribe, y repite cargo desde 2018, designado por Duque.

Entre los dos cargos fue diplomático, primero como consejero en la embajada en Berna (Suiza) entre 2009 y 2013, como uno de los altos funcionarios que Uribe nombró en la diplomacia como agradecimiento tras varios años de trabajar con él. 

Poco después llegó como embajadora Claudia Turbay Quintero, hija del expresidente liberal Julio César Turbay  (amigo y aliado político de Iván Duque Escobar, el papá del Presidente) y hermana del entonces Contralor General, Julio César.

Luego, ya con Juan Manuel Santos y cuando Beatriz Londoño llegó a la embajada en Berna, Turbay se fue como embajadora a Ghana, y se llevó a Grillo como su ministro plenipotenciario .

Estuvo allí hasta 2016, cuando volvió a Colombia y Enrique Peñalosa lo designó gerente del programa de modernización de la Alcaldía, donde estuvo hasta diciembre de 2017.

Antes de llegar a ese cargo directivo, había hecho una carrera larga en el sector público, inicialmente el nacional: fue asesor jurídico de la Presidencia en los dos primeros años de César Gaviria, jefe de asuntos territoriales del Ministerio de Gobierno (hoy interior) entre 1993 y 1994, cuando era ministro Fabio Villegas; y luego trabajó un año en la Superintendencia Bancaria.

Luego pasó a tener cargos directivos en Bogotá, pues fue subdirector jurídico del IDU entre 1995 y 2001, y tras ser brevemente profesor de su alma mater, fue director jurídico del Acueducto en 2002.

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