Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Tatiana Velásquez Archibold · 21 de Marzo de 2016

5740

Antes de convertirse en uno de los alcaldes con mayor popularidad del país, el ingeniero Alejandro Char era constructor de viviendas. Entre 2002 y 2005, su empresa edificó dos conjuntos residenciales sobre un sector de deslizamientos de Barranquilla, que dejaron a unas 400 familias damnificadas. Ese hecho, usado con frecuencia por sus más férreos contradictores y del que Char evita hablar con la prensa, se le revive por estos días con la designación de un alcalde ad hoc, que tiene entre sus funciones terminar de pagarles a 157 de esos propietarios 5.900 millones de pesos con plata del erario de Barranquilla.

Durante los últimos 10 años, el barrio Campo Alegre ha sido un verdadero chicharrón para Char. Sin embargo, en nada le ha afectado su carrera política. En 2008, poco tiempo después de las primeras denuncias, se ganó la Alcaldía, que desde entonces mantiene su grupo político. Tampoco su popularidad se ha visto golpeada. En las regionales pasadas fue el único candidato del país con reelección cantada desde antes de que se abrieran las urnas.

El sambenito de Char

Campo Alegre se volvió un lunar para Char porque su empresa Alejandro Char y Cía construyó los conjuntos residenciales Altos del Campo y Ciudad del Sol sobre un sector de ese barrio, que tiene suelo arcilloso.  También construyeron allí las firmas Proyecto Barranquilla, Marval, Metrópolis, Alta Vista y Cadena Fauset. Lo hicieron pese a que en 1997 Ingeominas había advertido que los terrenos no eran propicios para la construcción de viviendas, porque hacen parte de una ladera que presenta deslizamientos desde los años 70.

Sin embargo, durante la administración del médico Humberto Caiaffa, el Distrito modificó el Plan de Ordenamiento Territorial para volver urbanizable ese sector de Campo Alegre. Hoy hay al menos dos mil propietarios con apartamentos y casas que tienen problemas estructurales, algunos más críticos que otros.

Por ese hecho, el Distrito de Barranquilla ha tenido que pagar desde 2010 unos 20 mil millones de pesos en subsidios de arriendo para poner a salvo a 400 familias, cuyas viviendas estaban en riesgo de colapso inminente, según estudios de firmas especializadas y recomendaciones de la oficina de Gestión del Riesgo.  A esa plata se suman los 35 mil millones de pesos que el Distrito ha invertido en trabajos de estabilización, para evitar que en época de lluvia los deslizamientos tumben las demás construcciones del barrio Campo Alegre.

Aunque el caso Campo Alegre comenzó a escribirse hace más de una década, está lejos de llegar a su punto final. Y particularmente, este año seguirá siendo un dolor de cabeza para Char.

Por un lado, el Juez 11 Administrativo de Barranquilla está por dictar sentencia por una acción de grupo, que en 2005 interpusieron cerca de dos mil propietarios de las casas y apartamentos construidos por seis firmas, incluida la de Char. De salir condenatorio, ese fallo golpearía las finanzas del Distrito y de las empresas implicadas porque los afectados buscan una multimillonaria indemnización, que podría estar sobrepasando los 200 mil millones de pesos.

El otro hecho que tiene al barrio Campo Alegre en la agenda mediática local desde hace dos semanas, y lo tendrá los próximos meses, es la llegada del alcalde ad hoc.

Se trata del abogado Gustavo García, asesor del ministro del Interior Juan Fernando Cristo e hijo del senador liberal de Nariño Guillermo García Realpe. Él llega para atender todo lo relacionado con dos sentencias que la Corte falló en 2008 y 2009, a favor de los propietarios de los conjuntos construidos por Alejandro Char y Cía.

El alcalde ad hoc, quien es conocido por ser más técnico que político, le dijo a La Silla que ya comenzó a revisar todo el material judicial y que una de sus primeras acciones, después de Semana Santa, será reunirse con los afectados para verificar su situación caso por caso.

La primera sentencia contra la constructora Char

En noviembre de 2006, una de las propietarias del conjunto residencial Altos del Campo interpuso una tutela solicitando el amparo de sus derechos a la vida digna y a la tranquilidad, vulnerados según ella por la constructora Char y el Distrito.

Dos años después, la Corte Constitucional determinó que el Distrito y Alejandro Char y Cía le habían vulnerado los derechos a los 157 propietarios del conjunto y les ordenó garantizar que las familias vivieran en buenas condiciones. También le ordenó a la Alcaldía  dejar de entregar permisos de construcción en Campo Alegre y contratar un estudio técnico con una entidad nacional para determinar si las familias debían ser reubicadas o si era suficiente con una intervención en los apartamentos.

Como para aquella época Char ya estaba en la Alcaldía, el Ministerio del Interior designó a un primer alcalde ad hoc. El ingeniero Jorge Saúl Gómez contrató el estudio con la Universidad de Santander, que determinó que la constructora Alejandro Char y Cía había edificado el conjunto Altos del Campo “sobre un deslizamiento activo, cuyos movimientos se acentúan en época de invierno”. Y sugirió la reubicación de las familias porque no era posible garantizar la “estabilidad del terreno y de las edificaciones del conjunto”.

Desde 2011, Altos del Campo está desocupado y el Distrito pagándoles a los propietarios subsidios de arriendo.

La Corte les ordenó al Distrito y a la Constructora pagar en partes iguales la indemnización que determinara el Juez Once Penal Municipal, que fue el despacho a donde inicialmente llegó la tutela en 2006.

El año pasado, el juez ratificó que la indemnización que cada uno de los propietarios debe recibir es de 75 millones de pesos. Y, además, deben devolverles los apartamentos a la constructora.

La decisión no cayó bien entre los afectados porque los contribuyentes van a terminar pagándole a la constructora del hoy alcalde parte de los apartamentos que nunca debió haber construido en un sector movedizo. Especialmente, porque habían suficientes alertas cuando empezaron los proyectos.

La prensa local calificó como “amañado” el fallo y la propietaria que interpuso la tutela, Martha Sanz, dijo que se “causaría un detrimento al patrimonio del Distrito” al dar el 50% y no quedarse con los apartamentos.

La Silla no pudo obtener información exacta sobre el número de propietarios a los que la constructora y el Distrito les han pagado, ni cuántos de ellos han devuelto los apartamentos. No fue posible que la gerente de Alejandro Char y Cía Nazira Visbal respondiera nuestras preguntas, pese a haberla llamado durante dos días consecutivos.

Tampoco nos respondió el secretario de Hacienda Raúl Lacouture, quien es el vocero de la Alcaldía sobre los pagos de Campo Alegre, ya que Alejandro Char está impedido y el nuevo alcalde ad hoc apenas está aterrizando en un proceso que ya supera la década.

La segunda sentencia

La segunda sentencia de la Corte en contra del Distrito y de la constructora Alejandro Char data de 2009. Se trata de una tutela que interpuso en 2008 una propietaria del conjunto Ciudad del Sol.

El alto tribunal también encontró que a ella le fueron vulnerados los derechos a la vida digna y a la tranquilidad y le ordenó a la Alcaldía realizar un estudio para determinar si ella y el resto de propietarios corren peligro viviendo allí.

El estudio fue contratado durante la administración de Elsa Noguera, quien llegó al cargo con los votos de Char, y lo realizó una universidad de Barranquilla.

La institución determinó que quienes viven en ese conjunto residencial no están en peligro, conclusión que fue rechazada por los propietarios, quienes le han mostrado a los medios las grietas de sus casas y han publicado en redes sociales fotografías para evidenciar la mala calidad de los materiales usados en la construcción de sus apartamentos.

Con base en ese estudio, la Corte debe emitir un auto en el que determine lo que tienen que hacer el Distrito y la constructora para no seguirles vulnerando los derechos a la afectada. Ese auto puede demorarse semanas o incluso meses.

Crujían como galletas

Campo Alegre es un barrio de clase media de Barranquilla, que existe desde hace 40 años. Lo atraviesa una ladera, que hasta finales de los 90 era un bosque sin construcciones. El resto del sector está sobre terreno plano, cuyo suelo no es arcilloso.

Los problemas comenzaron en 2002, con la urbanización de los terrenos que están en la ladera. Allí se edificaron los conjuntos Carson Mirador, de la constructora Carson; Privilegios, de Proyecto Barranquilla; Mirador de Campo Alegre, de Marval; Miraflores, de Metrópolis; Altos del Campo y Ciudad del Sol I y II, de Alejandro Char y Cía; Camino Real, de Alta Vista, y Atardeceres, de Cadena Fauset.

Dos años después, con las lluvias de diciembre de 2004, la inestabilidad de ese terreno quedó en evidencia. Las familias recién mudadas comenzaron a quejarse porque sus apartamentos ya presentaban grietas. Algunos, incluso, terminaron cayéndose meses después. La gente denunció ante los medios que las paredes y los pisos sonaban como si estuviera partiéndose una galleta.

El primer proyecto que tuvo problemas en su estructura, pero no alcanzó a ser habitado, fue Carson Mirador, construido por la familia Char Carson, primos del alcalde Char. Ellos, de inmediato les devolvieron el dinero a los propietarios y demandaron al Distrito por haberles dado la licencia de construcción.  

Los demás constructores no hicieron lo mismo y por eso, desde entonces, afrontan una avalancha de acciones jurídicas por parte de los afectados. Al igual que el Distrito de Barranquilla.

Por aquella época, Char ya había sido gobernador del Atlántico y era reseñado por la prensa local como un joven ingeniero civil, que construía viviendas para la clase media de la ciudad.

“Alejandro Char y Cía construye tu felicidad”, era uno de los jingles que la constructora usaba en radio para promocionar sus proyectos de vivienda, que no sobrepasaban los 50 millones de pesos de la época.

Con la ola invernal de 2010 se agravó aún más la inestabilidad de la ladera en Campo Alegre y volvieron a escucharse con fuerza los reclamos contra la constructora del alcalde. También, comenzó el ruido de que su papá, el exsenador Fuad Char, tuvo que dejar la Embajada en Portugal para regresar a Barranquilla a darle una mano en medio de aquel torbellino.

Hoy, seis años después, con la temporada de lluvias que se avecina y las acciones que debe tomar el alcalde ad hoc, en Barranquilla se preguntan si en este nuevo capítulo de Campo Alegre que está por escribirse a Char le seguirá funcionando el teflón.

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia