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Por Nohora Celedón · 09 de Septiembre de 2019

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Hasta su sexto debate el acto legislativo para reformar la Contraloría General de la República iba como volador sin palo, sin mayor debate y solo con una modificación sustancial, la que le quitó el superpoder de ser juez que era a todas luces excesivo. 

Pero de manera sorpresiva el Consejo Gremial Nacional, una asociación que reúne 24 gremios de producción en Colombia, se le atravesó al proyecto al hacer públicas sus críticas. Después de eso, el proyecto tuvo un par cambios gruesos en su séptimo debate.

Aunque para el Contralor, Felipe Córdoba, son precisiones para evitar que se malinterprete la reforma, para cuatro líderes del Consejo Gremial es clave que se aclaró que uno de los nuevos superpoderes, el de meterse en procesos en marcha y no solo cuando se acaban, es solo excepcional y no obliga a los funcionarios.

Al final, el ajuste puede ser menor o muy grueso. Según cómo se reglamente puede limitar dos de los cinco súper poderes que la reforma constitucional le iba a dar al Contralor.

De ser así, el Consejo Gremial podría demostrar que tiene capacidad de influir en iniciativas legislativas y no solo de poner debates en la palestra pública. Pero eso todavía está por verse.

 

El debate con renuncia incluida

El debate entre el Consejo Gremial y el Contralor empezó en privado a principios de julio. En un almuerzo que tuvieron los directores de gremios con Córdoba y su equipo, le plantearon críticas y recomendaciones al proyecto.

La más importante era sobre el control preventivo y concomitante (en tiempo real) de todos los procesos de contratación del Estado a través de un sistema tecnológico, que Córdoba quería meter en la Constitución.

Básicamente, lo que pedían era que quedara como una facultad excepcional, no para todos los procesos de contratación, y no vinculante, lo que significa que las entidades pueden o no hacerle caso a una advertencia de la Contraloría.

También criticaron cuestiones más técnicas, como que incluir las funciones sancionatorias de la Contraloría en la Constitución era innecesario, aclarar que en ese control preventivo la Contraloría no podía sancionar funcionarios, y reglamentar con claridad el manejo de la información que tendría el ente de control, en particular los datos que debían suministrar las empresas del sector privado que manejan recursos públicos.

De ese almuerzo surgieron unos comités de trabajo entre los abogados de los gremios y un comité de la Contraloría, en cabeza del vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee.

Según nos dijo extraoficialmente un miembro del Consejo Gremial, sintieron que el Contralor no prestó mucha atención, pues mientras se reunían estos comités el proyecto pasó dos debates en el Congreso sin que quedara ningunas de las recomendaciones.

Pero luego vino esta columna del exministro y presidente del gremio de las aseguradoras, Jorge Humberto Botero, que alborotó el avispero y sacó el debate de reuniones privadas a los medios de comunicación.

La columna retomó la principal crítica de los gremios, la del control previo y concomitante, y sumó que el proyecto asignaba el 0,5 por ciento del Presupuesto General de la Nación para la Contraloría, algo que según Botero no era una buena alternativa y que el Ministro de Hacienda había recomendado modificar.

Después de esa columna, el Contralor se fue lanza en ristre contra el sector privado y el propio Botero: en una rueda de prensa dijo que había sectores que se oponían al proyecto porque no querían controles.

“No quieren ser vigilados y tienen grandes problemas con que sean gestores fiscales, y este Contralor General de la República, que fue elegido, así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo, y a los otros que se han expresado mal en reunión de la asociación bancaria, no les vamos a dar el gusto”, dijo.

Dijo además que “pareciera que estos columnistas de opinión no leyeran lo que hay escrito dentro del Acto Legislativo”, y que estaban vendiendo mentiras al país. Remató diciendo “nuestro único fin no es cuidarle la espalda a unos cuantos gremios que quieren además tener intereses sobre los recursos que se les va a vigilar”

Esta declaración cayó como un baldado de agua fría en el gremio que representa Botero, Fasecolda, porque las aseguradoras responden por los seguros de las obras públicas que vigila la Contraloría, y por esto tienen una relación estrecha con la entidad.

Incluso dos dirigentes gremiales nos dijeron que había rumores de que afiliados de Fasecolda le pidieron a Botero retractarse.

Botero negó esa versión, aunque dejó ver la seriedad de la situación. “Esa dificultad con el Contralor me pareció grave y preocupante, razón por la cual presenté mi renuncia a la Junta Directiva, que no fue aceptada”, nos dijo.

No la aceptaron, quizás por el salvavidas que le lanzó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, que empezó a contar en público que las preocupaciones de Botero eran de todos los gremios, y circuló una carta entre varios medios de comunicación en las que le planteaban al Contralor sus críticas.

Al mostrar que eran críticas de todos los gremios el reclamo empresarial se hizo más fuerte y tomó impulso en los medios. Además el foco ya no era solo Botero; una semana antes del séptimo debate del acto legislativo en el Congreso, el lunes 26 de agosto, Bedoya y Córdoba debatieron el proyecto de ley en La W. 

Al día siguiente de ese debate hubo un nuevo almuerzo entre el Consejo Gremial y Córdoba, en el que los empresarios plantearon dos reclamos más: les preocupaba que el Contralor pudiera intervenir en las contralorías territoriales casi a discrecionalidad y que a los contralores territoriales los siguieran eligiendo los concejos y asambleas.

Estos puntos también los pusieron sobre la mesa en la reunión que con el presidente Iván Duque el mismo día en el que se hizo público el video de Iván Márquez y su banda.

Evidentemente, para el sector privado hay un interés: buscaban que el proyecto no terminara dándole demasiados poderes y discrecionalidad a una entidad que los vigila cuando manejan recursos públicos, como hacen por ejemplo las fiduciaras (Asofiduciaras está en el Consejo Gremial) o los bancos (Asobancaria también participa). 

Además, según nos dijo Bedoya,  hay un interés genuino de participar en un debate de política pública en el que no veían tanta discusión a pesar de su importancia.

Después de ese segundo almuerzo, el tono del Contralor se volvió más conciliador y tras un tercer encuentro sacó un comunicado que significaba el fin de la pelea. "No queremos meterle palos en la rueda al sector privado ni al sector público", dijo.

Al tiempo, Bedoya y Botero dieron su apoyo al proyecto y Córdoba aceptó unos ajustes en línea con sus preocupaciones.

Le preguntamos al Contralor sobre el porqué del cambio de tono y nos dijo que al conversar con los gremios estaban de acuerdo en temas como que el control preventivo sería excepcional y no una traba para la gestión pública, y que lo que hicieron fue dejarlo claro en el texto.

En todo caso, el ruido que estaban haciendo los gremios, amplificado en los medios de comunicación, le hacía daño al proyecto y a él mismo, que aspira a ser presidente algún día.

Pero los cambios no fueron solo precisiones.

 

La pateada de la discusión

En el más reciente, y penúltimo, debate el proyecto tuvo tres cambios gruesos que van en línea con las peticiones de los gremios.

En primer lugar, se agregó un párrafo que especifica con todas las palabras que la Contraloría no va mirar todas las contrataciones del Estado que anden en proceso.

“El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia pública”

Esto es un punto clave para los gremios que, según nos dijeron los cuatro dirigentes gremiales con los que hablamos, consideran que si esta vigilancia no es excepcional se puede convertir en una coadministración, como fue el control previo que eliminó la Constitución de 1991.

Aunque los términos ”no vinculante” y “excepcional” alejan ese riesgo, una vez salga la reforma constitucional vendrá una ley que detallará con qué criterios y quién definirá esas excepciones, y qué significa que una advertencia no sea vinculante.

El segundo cambio clave que se hizo es que a los contralores regionales ya no los elegirán las asambleas y concejos, un punto que se había discutido en los debates previos y era una de las principales críticas de la senadora verde Juanita Goebertus al proyecto. 

El otro cambio al que se refirió Botero en su carta, el del presupuesto fijo, cambió de un porcentaje a 250 mil millones en 2020 y 2021, y 136.000 millones en 2022, en línea con una recomendación que hizo el Ministerio de Hacienda.

Estos cambios, además del impacto en el proyecto, muestran un triunfo para los gremios que, aunque no lograron todo lo que querían, obtuvieron avances y mantener viva la discusión para cuando se discuta la ley.

Es aún más llamativo porque el Consejo Gremial pocas veces logra alinear a todos sus agremiados (todas las decisiones las toman por unanimidad) y más en un tema tan concreto y polémico, y por eso los fortalece de cara a otros proyectos con los que no están de acuerdo, como la idea del Centro Democrático de añadir una prima adicional a los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos.

Por esto, aunque el resultado concreto del frenito se verá solo el próximo año, cuando se discuta la ley estatutaria que reglamentará la reforma de Córdoba, su mensaje político más amplio puede tener efectos mucho antes.

 

Comentarios (3)

José Saramago ..

09 de Septiembre

3 Seguidores

No se engañen, Carlos Felipe Córdoba es mas politquero q

No se engañen, Carlos Felipe Córdoba es mas politquero q

José Saramago ..

09 de Septiembre

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Carlos Felipe Córdoba es mas político que contralor, es alguien muy cercano ...+ ver más

Carlos Felipe Córdoba es mas político que contralor, es alguien muy cercano a Eduardo Montealegre y una ficha clave de Germán Vargas Lleras, ademas de tener como suegro a otro político: Omar Yepes.
Mas allá de las reformas a la Contraloría y el aumento de presupuesto, lo primero que hay que suprimir en la entidad es la politiquería, la burocracia, el clientelismo, su uso político (la mermelada).

José Saramago ..

09 de Septiembre

3 Seguidores

El proyecto soluciona lo de ¿“tu me eliges, yo te controlo”? ¿como contr...+ ver más

El proyecto soluciona lo de ¿“tu me eliges, yo te controlo”? ¿como controlar la corrupción que se quiere controlar y la corrupción de quien controla?
Antes de la Constitución del 91 había algo llamado “asustadurías” (control fiscal previo) que tenia herramientas extorsivas que no dejaban construir país, ¿volveremos a lo mismo?.
https://bit.ly/2lAT1C9
¿el rey 'pipe' quiere ser Presidente?

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