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Esta historia es parte de la Sala de Redacción Ciudadana,un nuevo proyecto de periodismo colaborativo entre los periodistas de La Silla Vacía y miembros de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con información valiosa.

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Antes de que la pandemia hiciera urgente el acceso a internet para intentar continuar la vida desde las casas, ya el país venía avanzando en conectividad de manera sostenida. Se han incorporado más de un millón de nuevos usuarios fijos y casi dos millones más de usuarios de internet por celular desde el segundo trimestre del 2019. 

A pesar del avance de la conexión fija y móvil, en el campo, la brecha digital sigue siendo inmensa. Aunque comienzan a surgir iniciativas privadas para satisfacer esa necesidad.

“No solamente hay que hacer más rentable el negocio desde el punto de vista de los operadores, sino simplificar los costos administrativos y hacer que la gente se interese y que mejoren los ingresos del campo para que puedan invertir en los equipos que necesitan para soportar el servicio de internet”, dice Juan David Vinasco, asesor del gobierno en temas de conectividad.

Vinasco, un apasionado por el tema de la conectividad rural, estudió una maestría en regulación de mercados con énfasis en regulación de telecomunicaciones en la Universidad Carlos III en España, con una beca de Colfuturo, y ahora está metido en el tema de la ampliación de los mercados de telecomunicaciones en el país.  

Dice que el acceso universal al servicio de internet está todavía lejos para el país, aunque piensa que, más que por los operadores, es porque los usuarios no tienen los recursos para comprar los equipos y pagar lo que cuesta Internet. Es decir, que no es un problema tanto de brecha digital como de inequidad estructural.

Los operadores llegan más lejos pero no necesariamente mejor

El último censo nacional de 2018 mostró que el 52 por ciento de los hogares colombianos tenía internet y el 40 por ciento acceso a conexiones fijas. 

La meta de Duque es terminar su gobierno en 2022 con un 70 por ciento de cobertura de internet de alta velocidad, y ese propósito va avanzando, pues en lo que va de su mandato se han sumado unos cuatro millones de usuarios nuevos de internet móvil, y casi 1 millón de internet fijo. 

Según Iván Mantilla, viceministro de Conectividad, la cobertura en las cabeceras municipales es casi completa, lo que contrasta con las zonas rurales, donde apenas hay un 9.6 por ciento de conectividad. 

Los testimonios de siete fuentes que viven en zonas rurales y de algunos expertos muestran por qué cerrar esa brecha es más difícil en el campo y dan cuenta de las peripecias que han tenido que hacer para vivir los días de la pandemia sin internet o con uno muy malo.

Camilo Portilla, de 17 años, vive en la vereda San Marcos del municipio de Pupiales, Nariño, “al pie del monte”. Es una vereda donde viven alrededor de 500 personas, que se dedican a la ganadería y a la agricultura. Portilla se graduó del colegio el diciembre pasado, y consiguió una beca para estudiar derecho en la Universidad Icesi de Cali. Pero el semestre será virtual, y necesita la conexión a internet para poder cursarlo. 

Aunque reconoce que la cobertura ha mejorado en los últimos años, explica que el internet sigue siendo muy lento e irregular: “Tengo que buscar un lugar donde coja el internet, prácticamente me toca salir de mi casa a buscar donde haya señal”. 

Y aunque la cobertura es mayor de lo que era hace dos años, el aspecto económico sigue siendo un limitante. En su casa, por ejemplo, se conectan desde el celular porque en San Marcos no llega el Wifi. Para poder hacerlo, pagan 90 mil pesos al mes, una cifra que representa casi un cuarto de sus ingresos mensuales. 

Portilla señala que en otras veredas han recibido ofertas para instalar Wifi en las casas, pero muchas personas no acceden por falta de computadores. En su vereda, la única forma de conectarse a internet con Wifi sería instalando una antena que amplifique la señal en su sector, pero para los habitantes no es una opción: costaría 800 mil pesos instalarla, más el precio mensual del servicio. Es un gasto extraordinario para una familia como la de Portilla, donde dependen de los 400 mil pesos mensuales que gana su mamá dedicándose a la ganadería. 

“Acá estamos en una era arcaica, esto es algo nuevo para nosotros. Apenas estamos descubriendo lo que es el internet y las redes sociales. Antes solo manejábamos los celulares Nokia de teclas”, explica Portilla. “Poco a poco vamos accediendo, pero siempre es difícil”.

Los grandes operadores han empezado a llegar a zonas rurales a las que antes no llegaban gracias a iniciativas del gobierno Duque como la Ley TIC, que desreguló el sector para aumentar la inversión y constituyó el marco para la subasta del espectro radioeléctrico de 700 mHz a finales de 2019, que permite la prestación de servicio en áreas más amplias con la misma infraestructura.  

Y aunque se quedaron cortos en el caso de 2.100 localidades donde fracasó la subasta, los operadores se comprometieron a conectar 3.658 nuevas zonas en los próximos 5 años. Con esto se llegaría, en principio, a un 80 por ciento de cobertura en zonas rurales. 

Víctor Cuellar, abogado experto en telecomunicaciones con varios años de experiencia en el sector, explica que el compromiso de cobertura que deben cumplir los operadores a raíz de la subasta fue la forma de lograr que estas empresas lleguen a las zonas que no son rentables desde el punto de vista comercial: pueblos remotos con poca densidad poblacional, que sin embargo, piden conectividad “a gritos” a través de sus alcaldes y gobernadores.

César Viloria Núñez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte, concuerda con esta visión de que en las zonas rurales, donde las viviendas están separadas por largas distancias, llevar la conexión de última milla le sale mucho más costoso a los operadores de internet, que prefieren los lugares densamente poblados, y también porque la geografía les dificulta la expansión de tendidos de cableado en muchas partes. 

Y ya se ven los resultados: a finales del 2020, Tigo anunció que su cobertura 4G aumentó más de 6 mil kilómetros cuadrados a nivel nacional, y se triplicó en el área rural. 

Además de aumentar la cobertura, el gobierno ha intentado mejorar el acceso con iniciativas como el proyecto Última Milla, que busca conectar 500 mil hogares de bajos recursos a Internet con precios asequibles, a través de incentivos a la oferta y la demanda y del fortalecimiento de la infraestructura local. Aunque en teoría debería culminar antes de marzo de 2021, van colgados, apenas alcanzando la mitad de los hogares propuestos. 

Hace apenas un mes, como parte de esta iniciativa, unos representantes del MinTIC pasaron por la casa de Fernando Chamorro en Nariño ofreciendo internet fijo. Explicaron que sería una conexión de 5 megas (una velocidad baja: la banda ancha empieza en 25 megas), y que el precio mensual se establece según el estrato. 

Pero sólo eso sería ya un gran cambio, pues en la casa de Fernando nunca ha habido internet. Él nació y creció en Pupiales, y ahora está terminando la universidad. Su casa también queda en la zona rural del municipio, y cuenta que en el pueblo algunas casas tenían conexión, pero ninguna en las veredas, por lo que cada vez que lo necesitaban debían bajar hasta el pueblo en busca de un café-internet. 

Ahora, está a la espera de que instalen el servicio en su propia casa. Y les urge, pues su hermana, que también está cursando estudios universitarios, lo necesita para ver el semestre virtual. 

En otra parte de Colombia, a Estefanía Chaverra, que tiene 21 años y vive en la vereda El Cedro, a una hora de Amagá, Antioquia, también le llega internet y lo usa desde la simcard de su celular. Allí las únicas que sirven son las de Movistar y Claro, pues Tigo no tiene cobertura en la zona.

“La mayoría de personas manejan las recargas o paquetes que salen más económicos y se utilizan simplemente para redes sociales”. 

En contraste, solo dos de las casas de la vereda tienen computador, y por eso aprovechan para vender la hora de internet a los niños y niñas de la vereda que van allá para hacer tareas o acceder a clases virtuales. 

“Hemos padecido mucho por el tema del internet. En muchos hogares no tienen la forma de conectarse y realizar las tareas, y eso ha significado que muchos estudiantes estén atrasados en sus estudios”, dice. 

Estefanía, que se graduó de bachiller en 2016 y hoy cuida a su hermana menor ante la ausencia de su mamá que murió hace un año, tiene internet pero sólo tiene acceso a redes sociales desde su celular gracias a una SIM de Movistar que recarga comprando paquetes de datos cada semana. 

Por 6 mil pesos le dan acceso a Whatsapp y  Facebook durante siete días, y cada domingo vuelve a renovar. 

Pero contrario a estos lugares donde aunque con dificultad llega red, a muchas otras zonas rurales no llega ningún operador, y es ahí donde están intentando suplir la necesidad algunos empresarios locales.

La alternativa de los operadores rurales

Harry Cruz es el gerente de “A un click telecomunicaciones”. Se la jugó hace cuatro años por el negocio de llevar internet a zonas rurales del Meta donde no llegan las redes de fibra óptica de las compañías grandes de telecomunicación. 

Su negocio consiste en instalar torres amplificadoras de señal en cerros altos que le arriendan propietarios de fincas (actualmente tiene tres entre Acacías y San Juan de Arama). Las torres, por medio de microondas, le pueden llevar internet a un módem que esté instalado hasta unos 42 kilómetros a la redonda. 

Como las ondas pueden ser afectadas por el curso del viento o los obstáculos naturales que se interpongan en su camino, como árboles grandes, sus usuarios instalan antenas altas (de unos 21 metros) en sus fincas o propiedades para que la señal llegue sin tanta interferencia. 

Sin embargo, los costos de instalación pueden ser de 3 o 4 millones de pesos según la altura de la antena, sumados a los gastos de la adquisición del módem, la instalación y el cobro mensual. 

Cruz es consciente de que este es un costo que no todo el mundo en el campo puede asumir, pero está convencido de que apunta a un nicho de mercado desatendido. 

“A gran parte del campo no llegan empresas de servicios de telefonía e internet como Claro o Movistar, pues para ellos el negocio es invertir en infraestructura terrestre solo si hay un alto volumen de clientes en retorno. Como en estos lugares tendrían pocos clientes, no encuentran rentabilidad, y es ahí donde nosotros entramos a llevar nuestros servicios”, dice Cruz. 

Las zonas digitales rurales: puntos efímeros

El gobierno Duque ha instalado más de 1.500 zonas digitales rurales: zonas de acceso comunitario a Internet donde cualquiera puede conectarse desde un celular o computador portátil. Además, actualmente está llevando a cabo la instalación de casi 15 mil centros digitales en comunidades rurales apartadas (principalmente en escuelas), un proyecto con una inversión mayor a 2 billones de pesos, que debe completarse entre enero de 2021 y julio de 2022. 

En la cabecera de Pupiales, Fernando Chamorro nos cuenta que también hay zonas digitales: una en el colegio y otra en el edificio del Banco Agrario. Además, hace un año llegó una zona de Wifi al parque, que constituye el único punto del pueblo donde hay Wifi gratis. Al preguntarle cómo funcionan estas conexiones, explicó que “es medio maluco, lento, pero a la gente le sirve”. 

Harry Cruz concuerda. Antes de montar su empresa de internet rural estuvo contratado para realizar la instalación de algunas zonas digitales del gobierno Duque y, en su experiencia, la idea es buena y los puntos funcionan, pero con muchas limitaciones. 

“Muchos de estos puntos normalmente se instalan en colegios, así que si el colegio cierra por cualquier razón el punto también queda bloqueado. Y, al menos en el que yo ayudé a instalar, su alcance cubre menos de un kilómetro, así que no es mucha la gente que puede conectarse. Además, el punto sólo permite una hora de conexión al día, así que le queda muy difícil a alguien trabajar o estudiar desde ahí”, dice, y señala que los usuarios del punto al final terminan siendo “los desocupados de la vereda”.  

Camilo Portilla señala otro aspecto: en la escuela rural de su vereda hace unos años instalaron un kiosco digital (de la época Santos), pero su vida útil fue breve, pues llegaron unos ladrones y se llevaron todos los computadores. 

A pesar de los robos y las limitaciones de la conexión, Juan David Vinasco cree que las zonas de conectividad social sirven para comenzar a abrir mercados para los privados, pues las personas que viven en los alrededores de los puntos digitales empiezan a madurar su interés por usar servicios digitales y van desarrollando necesidades que luego los operadores pueden suplir.  

Sus velocidades de conexión, asegura, son distintas según cada lugar, y aunque reconoce que no necesariamente son las más altas (en promedio son velocidades de 10 megas), cree que con ellas se puede ver un video y realizar algunas actividades pedagógicas esenciales.

Mientras que operadores grandes y pequeños buscan llevar internet al campo con negocios que sean rentables, expertos como Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, dicen que la brecha digital va más allá de si las zonas rurales tienen acceso a internet: también tiene que ver con la falta de esas habilidades que necesitan las personas para sacarle provecho a la conectividad.

Para cerrar estas otras carencias, se necesitará mucho más que acceso a internet. 

Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.

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