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Por Andrés Bermúdez Liévano · 31 de Julio de 2020

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Ecopetrol y la Asociación Colombiana del Petróleo estuvieron ayer en la entrega a la Comisión de la Verdad de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que detalla cómo la infraestructura del sector petrolero fue atacada durante el conflicto, incluyendo un conteo de más de tres mil atentados contra oleoductos –1.563 de los cuales han sido contra Caño Limón – Coveñas- entre 1985 y mayo de este año.

Esta es quizás la única buena noticia en dos semanas muy turbulentas para la entidad de la justicia transicional que tiene el mandato de entender y explicarles a los colombianos qué pasó durante décadas de violencia.

Las tensiones al interior de la Comisión han aflorado públicamente a raíz de la filtración, este fin de semana, de una carta escrita por el comisionado y mayor retirado del Ejército Carlos Guillermo Ospina, calificando la cancelación de un evento de la Comisión el viernes pasado con militares como censura y preguntando si ésta va a “reconstruir la verdad escuchando solo a algunos interlocutores”. 

Ese duro cruce, atípico en comisiones de la verdad, se sumó a la sonada polémica por el trino del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón acusando a los comisionados de “afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, sin aportar evidencia, y de tener un sesgo político de izquierda.

El informe del sector petrolero, sin embargo, es más una excepción que la regla. En año y medio de funcionamiento, es uno de los muy pocos que el sector privado ha entregado, subrayando cómo la Comisión debe todavía ganarse la confianza de los sectores de la sociedad colombiana que han sido más escépticos de su trabajo, incluidos los empresarios, los políticos conservadores, los líderes religiosos y los militares.

Aunque la Comisión ha avanzado con la mayoría de éstos, le está costando especialmente lograrlo con el sector privado.

Una Comisión centrada en las víctimas

Aunque la mayoría de líderes empresariales y dirigentes gremiales rehúyen de la retórica de Pinzón, en privado muchos comparten su percepción de que hay un sesgo político en la Comisión contra el sector privado. Un trino de hace tres años de Lucía González, celebrando –antes de ser comisionada- que las Farc había creado su partido político y declarando que compartía sus principios, resucitó e inflamó aún más el debate.

Es un problema que han tenido desde el principio. El proceso público de selección dio como resultado un grupo muy diverso de comisionados, incluyendo a una líder comuntaria afro, una abogada indígena, un mayor retirado del Ejército, un abogado de derechos humanos, una periodista de investigación, una exdirectora de museos, una investigadora feminista, un experto en salud pública y un psicólogo cuyo trabajo se ha centrado en las víctimas. 

Al frente está el padre Francisco de Roux, un sacerdote jesuita con doctorado en economía y años liderando el exitoso experimento de construcción de paz en el Magdalena Medio del que han surgido cuatro iniciativas locales que han recibido el Premio Nacional de la Paz.

Los antecedentes de este grupo, más orientado al trabajo en el terreno que a la investigación académica, parecían adecuados –como contó La Silla- para un enfoque centrado en las víctimas para buscar la verdad sobre la forma en que el conflicto armado afectó a 20 grupos de población identificados en el mandato de la Comisión.

Pero no le ha ayudado con cuatro grupos específicos priorizados: agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios. La distancia ha sido mutua: ningún comisionado viene del sector privado y tampoco hubo líderes empresariales que se postularan para serlo. El resultado es que la Comisión, desde los comisionados hasta sus equipos de investigación y sus enlaces territoriales, conocen y se relacionan poco con el mundo empresarial. 

Una oportunidad para acortar esa brecha surgió cuando la Comisión eligió a un nuevo integrante en abril, tras la muerte del escritor Alfredo Molano a finales de 2019. Sin embargo, una vez más no se presentaron candidatos que vinieran del sector privado y resultó electo Alejandro Castillejo, un antropólogo que trabajó en la comisión peruana y que ha estudiado la transición sudafricana.

Los empresarios subrayan que miles de ellos fueron víctimas de extorsión, secuestro o asesinato, al tiempo que cientos de empresas fueron saqueadas, obligadas a cerrar u operaban en regiones donde no había presencia del Estado, una realidad que consideran se ha reconocido poco en Colombia. 

Por otro lado, muchas organizaciones de derechos humanos denuncian que empresas y empresarios financiaron o asesoraron voluntariamente a grupos armados como los paramilitares y las Farc, algo que el sector privado se ha mostrado reacio a admitir a pesar de que al menos una –la bananera gringa Chiquita- se declaró culpable. También hay muchas zonas grises, como la distinción entre cuándo hubo extorsión y cuándo financiación al terrorismo.

Sin conversaciones sinceras sobre estos temas, parece difícil que surja un relato más complejo sobre el sector privado durante la violencia.

La Comisión ha intentado compensar esta limitación de varias maneras. Invitó al azucarero Henry Éder, hijo de una de las primeras víctimas de secuestro y asesinato de las Farc, a hablar durante su inauguración en noviembre de 2018. Incluyó a David Bojanini, hasta hace poco presidente de Sura* y una voz muy respetada del Grupo Empresarial Antioqueño, en su consejo asesor. Tanto él como Gonzalo Restrepo, el expresidente del Éxito que formó parte del equipo de negociación de paz, han facilitado reuniones con líderes empresariales.

En general, la Comisión ha confiado en su presidente, el Padre de Roux, la tarea de hablar con los cacaos, dada su experiencia pasada de reunir a personas diversas para encontrar un terreno común en asuntos espinosos. Por ejemplo, ayudó a crear un Grupo de Diálogo Minero compuesto por 12 personas –incluyendo a un exministro de minas, un ejecutivo minero, un científico ambiental y líderes indígena y afro- para acordar una propuesta de hoja de ruta para la política minera.

La Comisión ha celebrado decenas de reuniones privadas con líderes del sector privado y publicó una cartilla especialmente pensada para éste, en el que explica la naturaleza de su trabajo, que combinará un informe exhaustivo y audiencias públicas que buscan una catarsis colectiva sobre las atrocidades del pasado.

Pero, justo cuando acaba de llegar al punto medio de su mandato de tres años, los avances han sido tímidos en el mejor de los casos y la confianza entre ambos brilla por su ausencia.

Un comienzo poco auspicioso

Los distintos acercamientos se han topado con todo tipo de escollos. La Comisión ha priorizado a los gremios como forma de llegar a los empresarios, pero las reuniones han sido a menudo difíciles y usualmente han involucrado a los directores de responsabilidad social o vicepresidentes en lugar de sus jefes. “No hablemos de no repetición, porque es como si yo hubiera hecho algo malo” o “Necesitamos garantías” son líneas comunes en ellas.

Esas reuniones han sido aún más tensas cuando han ido los abogados. Más preocupados por el blindaje jurídico que por ayudar a la sociedad a comprender los contextos de violencia, suelen preguntar a los funcionarios de la Comisión si hay información incriminatoria contra sus clientes y han pedido firmar acuerdos de confidencialidad como precondiciones. “Cuando mandan de primero a los abogados, ya perdiste la oportunidad de tener una conversación de sustancia”, dice un observador externo que ha tratado de mediar entre ambos y que pidió proteger su nombre para discutir el tema con franqueza.

La mayoría de esfuerzos no han prosperado más allá de las reuniones iniciales. Varias personas con conocimiento directo creen que la decisión de la Comisión de canalizar los esfuerzos a través de los gremios fue un error, ya que suelen adoptar posturas defensivas para proteger los intereses de sus miembros, mientras que otros sostienen que la falta de coordinación interna también ha jugado en contra. Una empresa grande incluso se quejó de que dos comisionados distintos llegaron a su oficina con mensajes diferentes.

Incluso los modestos avances han sido recibidos con vacilación. Un ejecutivo que asistió a una audiencia pública sobre el alarmante aumento en la violencia contra los líderes sociales, que la Comisión convocó para elevar la consciencia sobre ese problema, estaba inicialmente preocupado de que su invitación como ‘testigo’ significaba que estaba siendo citado formalmente.

Dada esta desconfianza mutua, varias organizaciones cívicas cercanas al empresariado empezaron a pensar cómo ayudar a juntar a la Comisión y al sector privado. Su mesa de trabajo informal ganó terreno rápidamente, uniéndoseles primero la ANDI y luego la propia Comisión. Incluso se reunieron con Leigh Payne, una respetada académica de Oxford quien ha trabajado mucho el tema. Pero tras un año de discusiones, su único avance fue un protocolo metodológico que no se ha traducido en una relación más fluida.

“Hablar con la Comisión del tema de empresarios ha sido muy difícil y hablar con los empresarios de la Comisión ha sido igualmente difícil. Pero incluso ese documento procedimental hubiera podido fructificar si las voluntades estuvieran alineadas”, dice otra persona que ha tratado de actuar, en sus palabras, como ‘traductora simultánea’ entre ambos.

Al final, la Comisión ha tenido más éxito al hablar con pequeños empresarios, comerciantes y ganaderos en regiones como el Magdalena Medio, Tumaco y Córdoba. Esto se debe seguramente a que muchos de ellos no sienten la necesidad de que los gremios nacionales hablen por ellos y les preocupa sobre todo la reconciliación en lo local, algo que coincide con los sondeos entre empresarios que hizo el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer) en tres regiones.

Desconfianza en los informes de las ONG

Muchos empresarios creen que la Comisión está más cerca de las ONG de derechos humanos y de víctimas, muchas de las cuales han señalado a empresas en el pasado. Su percepción se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de investigadores de la Comisión viene de la academia o de organizaciones sociales.

La Comisión ha insistido en que todos los informes que recibe son confidenciales, no representan su punto de vista y serán corroborados y verificados. Pero las dudas han reaparecido a raíz de que varias ONG los han hecho públicos de todos modos. En mayo, varios empresarios expresaron su consternación después de que El Espectador publicó detalles de un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre empresas y conflicto justo después de entregado. En total, la Comisión ha recibido hasta ahora 204 informes y ha hablado con 17.475 personas.

Varias organizaciones han tratado de persuadir a los empresarios de que los informes de las ONG y las voces de las víctimas en las regiones, muchas de ellas críticas de muchos actores del sector privado, inevitablemente llegarán a la Comisión – y que ellos deberían centrarse en aportar su visión de los hechos, en lugar de rehuirle.

Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz demostró que muchos informes de ese tipo ya están disponibles públicamente. Tras analizar 56 informes de ONG nacionales e internacionales de la última década, concluyó que al menos 81 empresas, sobre todo de  agroindustria y el sector extractivo, han sido señaladas en relación a violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en el marco del conflicto. Esa realidad amerita, argumentaron, que las empresas y gremios vean la importancia de hablar con la Comisión.

Pero los empresarios siguen temiendo que las ONG de derechos humanos tengan un papel más influyente que el de simples proveedores de información. Un acuerdo firmado entre la Comisión y la ONG holandesa Pax Colombia para que ésta le preste apoyo técnico y financiero es vista por algunos ejecutivos como una señal de sesgo, dado que esta última publicó un informe muy crítico vinculando a dos empresas carboneras con los paramilitares.

“En un reto como el que tiene la Comisión de engendrar un diálogo entre opuestos, algo que parte de crear confianza para luego construir consensos, tener como aliado a una organización activista como Pax levanta más alarmas que lo que calma”, dice un antiguo ejecutivo del sector minero.

Lo que más temen las empresas

No era la verdad lo que originalmente preocupaba al sector privado, sino la justicia. La mayoría de sus debates sobre la justicia transicional se centraban en su brazo judicial, la JEP, y las posibles consecuencias de ser convocados como ‘terceros civiles’ que financiaron o colaboraron con grupos armados, coinciden dos personas que han discutido estos temas con ellos. Esos temores se desvanecieron cuando la Corte Constitucional decidió que el tribunal no podría obligar a los civiles a comparecer, pero les permitió hacerlo voluntariamente.

Una vez disipado ese miedo, algunos empezaron a preocuparse por la búsqueda de la verdad de la Comisión, algo que antes casi ni les había importado. No tienen ningún incentivo para asistir, pero sí dos temores: el riesgo para su reputación y posibles consecuencias jurídicas en el futuro, a pesar de que la información compilada por la Comisión no puede utilizarse en los tribunales. “Son como venados asustadizos. Siquiera sugerir que alguien puede poner en tela de juicio su reputación los aterra y si hay algo que los espanta, es la justicia transicional”, dice una persona que ha trabajado con ellos.

La polarización también avivó los temores de una caza de brujas. Una campaña de desinformación de la época del plebiscito, que sostenía que la JEP tendría jurisdicción para investigar la responsabilidad de 57 empresas mencionadas en Justicia y Paz hace más de una década, sigue siendo mencionada en los círculos empresariales a pesar de haber sido probada como falsa, según dos fuentes.

Varios asesores informales también han presionado a la Comisión para que adopte una visión más compleja y matizada sobre el sector privado. “He visto que la conversación pasara de cómo hacemos que reconozcan a cómo lograr que quede la visión de todos los sectores sobre lo que pasó en Colombia. Eso incluye a unos actores que tendrán que reconocer cosas”, dice uno de ellos.

Uno de los resultados de esos diálogos ha sido la decisión de la Comisión de promover una línea de investigación sobre buenas prácticas de diversos actores para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos, como parte de su mandato -el primero en el mundo para comisiones de la verdad- de documentar también las transformaciones positivas. Esto podría dar a muchas empresas y ejecutivos la oportunidad de visibilizar otro tipo de vivencias.

¿Un informe engavetado?

Hace tres años, la ANDI decidió que los empresarios también debían recoger su experiencia en el conflicto, en parte después de que un grupo de industriales guatemaltecos le aconsejaran jugar un papel activo en la transición y asegurarse que su voz no quedara fuera del informe final de la Comisión.

Encargaron a Jorge Giraldo Ramírez, Gloria Isabel Ocampo y Gustavo Duncan, tres investigadores de Eafit cuyo trabajos académicos sobre clientelismo y economías criminales son respetados en todo el espectro político, documentar la experiencia del sector privado durante el conflicto desde 1985. La universidad incluso anunció que sus hallazgos se publicarían como libro y que Usaid los financiaría.

Entonces ocurrió algo extraño. Después de que los investigadores presentaron su trabajo a la ANDI en 2018, el informe sigue sin salir.  Una fuente le dijo a La Silla que su junta directiva bloqueó su publicación y entrega a la Comisión. Uno de los autores declinó discutir el tema.  

Tres personas con conocimiento del informe atribuyen su engavetada a las tensiones entre los empresarios sobre el Acuerdo de Paz que aún persisten. “Quieren que ande el carro de la Comisión, pero con el freno de mano puesto”, dice un antiguo ejecutivo del sector petrolero. “El empresariado sigue muy fracturado: una parte sigue apoyando el Acuerdo, otra se opone a él y una tercera va con la corriente más fuerte, que era la paz pero que ahora [que Iván Duque es presidente] parece que es con el ‘no’. Al final, opera la vieja tradición de enfilar con el Gobierno”, dice otro observador.

Bruce MacMaster, presidente de la Andi niega que el estudio esté engavetado. “Es un estudio cuyo informe final no se ha producido. Nos falta algo de trabajo”, le dijo a La Silla, sin dar detalles sobre si han avanzado en ese trabajo tras más de año y medio de que se les hubiese presentado.

Un prólogo de un año para hablar con los palmeros

La Comisión sigue en diálogos con varios gremios, aunque el progreso ha sido muy lento. Desde mediados de 2019, se viene reuniendo con Fedepalma para discutir cómo escuchar las experiencias de los palmicultores. Han llegado a acuerdos preliminares sobre cómo podrían ser esos espacios de escucha, incluyendo un informe, un acto público para escuchar sus testimonios y reuniones privadas para conversar con los comisionados.

En marzo las conversaciones se interrumpieron súbitamente. Después de que varias ONG presentaron un informe sobre el despojo de tierras en los Llanos e incluyeran una foto de un cultivo de palma en su afiche, donde aparecía el logo de la Comisión de la Verdad como patrocinador, Fedepalma le envió una carta severa. También protestaron porque la líder de ese evento realizado en Villavicencio era Jhenifer Mojica, exsubgerenta de tierras del Incoder que ha sido muy crítica del sector palmero y que también ha sido contratista de la Comisión.

Fue necesaria una carta de Pacho de Roux, que fue bien recibida por el gremio, para tranquilizarlos, pero el impasse retrasó sus discusiones varios meses. En todo caso, la Comisión no ha hablado aún con su presidente Jens Mesa –quien no respondió a nuestras preguntas- y cualquier decisión debe pasar por la junta del gremio.

Los palmicultores son uno de los cinco sectores económicos que la Comisión decidió priorizar recientemente. También ha avanzado en diálogos preliminares con el gremio bananero Augura. Con los ganaderos no han avanzado más allá de una reunión inicial en 2019 en la que José Félix Lafaurie -un crítico vocal de la Comisión- les entregó los dos informes realizados por Fedegan sobre cómo los afiliados soportaron el secuestro, la extorsión y el abigeato por parte de grupos como las Farc durante décadas. Ni Lafaurie ni la nueva cabeza de Augura, Emerson Aguirre, respondieron a nuestras preguntas.

Por último, las embajadas de Suiza, Suecia y los Países Bajos han intentado facilitar diálogos con empresas de varios sectores, incluyendo las mineras, pero sus buenos oficios no han tenido mucho éxito hasta ahora dado que, como dice un observador, “los diplomáticos solo pueden hacer tanto”.

Estos retrasos significan que el reloj corre rápidamente en contra de la Comisión, cuyo mandato termina en noviembre de 2021 y que ya ha visto su trabajo fuertemente afectado por la pandemia.

Pero también corre para los empresarios: si eligen no hablar, tendrán que ir haciéndose a la idea de que otros lo harán en su lugar y que la visión resultante puede terminar dejándolos mal parados. Que el sector privado y la Comisión puedan encontrar ese punto medio influirá en qué capacidad pueda tener la justicia transicional de fomentar la reconciliación entre los colombianos.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

* Sura patrocina el podcast de La Silla "El Futuro del Futuro".

Comentarios (22)

José Saramago ..

31 de Julio

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¿la “Comisión de la Verdad” cual “verdad” histórica quiere “vende...+ ver más

¿la “Comisión de la Verdad” cual “verdad” histórica quiere “vender”?:
- el Plebiscito del 2016 cuyo resultado robaron,ilegitimo el Acuerdo de La Habana.
Que haya silencio con lo que dijo Pinzón no quiere decir que Pinzón no tenga razón:
- la JEP fue una imposición de la izquierda incluida las FARC,
- y la “Comisión de la Verdad” tiene una afinidad/relación ideológica muy evidente de izquierda.

Wilozada

31 de Julio

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Lo único válido es la alianza de sujetos como usted con la ultraderecha, con...+ ver más

Lo único válido es la alianza de sujetos como usted con la ultraderecha, con los peores asesinos de que se tenga conocimiento, los mocha cabezas paras, ¿cierto, rey del cinismo?

harriarq

31 de Julio

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Que curioso, un largo artículo y lo que discuten es sobre un comentario perso...+ ver más

Que curioso, un largo artículo y lo que discuten es sobre un comentario personal... Ultra... Precisamente el temor de los empresarios es caer como criminales luego de ser extorsionados durante años, esas extorsiones para acceder a los sitios, vacunas para transitar y % de productos de los cuales los criminales no dan recibos ni facturas, pero que defensores de derechos llaman apoyo y crimen.

Gustavo Adolfo

31 de Julio

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José tener afinidad ideológica no es algo malo. Todos la tenemos, lo importa...+ ver más

José tener afinidad ideológica no es algo malo. Todos la tenemos, lo importante es ser consciente y cuestionarse a uno mismo si está siendo objetivo o se está dejando de llevar por sus prejuicios.

AlvaroH

31 de Julio

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Su queja es ilógica, porque de ser así, mejor para los empresarios que parti...+ ver más

Su queja es ilógica, porque de ser así, mejor para los empresarios que participen.

Rodrigo Velasco Ortiz

31 de Julio

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Obviamente es tu mirada, Saramago, también sesgada desde la orilla derecha. ...+ ver más

Obviamente es tu mirada, Saramago, también sesgada desde la orilla derecha. ¿Qué nos inventamos para escucharnos realmente? ¿Acaso es posible carecer de perspectiva? Dialogar implica necesariamente la aceptación respetuosa de miradas diferentes con el intento de llegar a acuerdos mínimos para la convivencia.

Camilo Vargas Uribe

31 de Julio

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Informes confidenciales? Declaraciones d empresarios es arriesgar la vida, las...+ ver más

Informes confidenciales? Declaraciones d empresarios es arriesgar la vida, las guerrillas y paramilitares continúan dando plomo. El problema de las ONG es q son d mayoria d izq y por lo tanto defienden más a sus pares, para joder a los empresarios y/o gremios.

Orlando Arroyave

31 de Julio

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Los empresarios quieren negar que también fueron responsables y que cometiero...+ ver más

Los empresarios quieren negar que también fueron responsables y que cometieron graves crímenes de violación de DDHH, aliándose con terroristas. Querían parecer mejor que los guerrilleros que combatían, pero incurrieron igualmente en crímenes contra la población civiles que por mucho que lo nieguen quedarán por varias generaciones esos hechos atroces que fueron artífices y promotores.

José Saramago ..

31 de Julio

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El Acuerdo de la Habana,un negocio entre narcos,violentos y corruptos para dar...+ ver más

El Acuerdo de la Habana,un negocio entre narcos,violentos y corruptos para darse poder, inmunidad, impunidad y escribir la historia con mentiras. Surgió la J-EP y la “Comisión de la Verdad” para perseguir a sus enemigos históricos en especial a EMPRESARIOS, la Fuerzas Militares y de Policía y por supuesto a Álvaro Uribe Vélez. La censura/veto/sesgo a la versión del Coronel Hernán Mejía dice mucho.

Wilozada

31 de Julio

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Mejía es un criminal condenado a 14 años, un sujeto que manchó el uniforme ...+ ver más

Mejía es un criminal condenado a 14 años, un sujeto que manchó el uniforme que la nación le dio para respetar la ley la Constitución, muy del gusto de cínicos hipócritas, criminales perfumados y disfrazados de "colombianos de bien" como usted, ¿no es cierto, esbirro de la godarria criminal de este país? Usted es un emisario de esos criminales en estos foros, no se haga el no heterosexual.

Javier M

31 de Julio

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Es cierto. Hay que acabar la JEP que solo lleva dos años y medio y también a...+ ver más

Es cierto. Hay que acabar la JEP que solo lleva dos años y medio y también acabar a la Comisión de la Verdad –que no tiene funciones judiciales- y mandar todos los casos a la justicia ordinaria con su 95 % de impunidad. O quizás volver a la extraordinaria Justicia y Paz de Uribe con los paramilitares. Ejemplo mundial de justicia y reparación.

Rodrigo Velasco Ortiz

31 de Julio

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Saramago, ¿crees que el lenguaje insultante y descalificador que utilizas ayu...+ ver más

Saramago, ¿crees que el lenguaje insultante y descalificador que utilizas ayude a construir paz? No. Sin duda atizas hogueras que estaban enfriándose. Te invito, de verdad, a dar y recibir respeto por los pensamientos de las personas. Dialogar no es imponer sino concertar.

José Saramago ..

31 de Julio

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Mientras la“Comisión de la Verdad”les hace fastuosos eventos a los victim...+ ver más

Mientras la“Comisión de la Verdad”les hace fastuosos eventos a los victimarios de la “guerrilla” cuyos procesos no avanzan(contrario contra FFMM); no ha querido atender los reclamos, testimonios y las denuncias de organizaciones como 'CorpoRosaBlanca'(que agrupa al mayor numero de mujeres y niñas victimas de abuso y violencia de grupos armados),'Fevcol',y muchas Asociaciones de Militares Víctimas.

AlvaroH

31 de Julio

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Falso, pero entiendo que Saramago miente impunemente.

Falso, pero entiendo que Saramago miente impunemente.

Orlando Arroyave

31 de Julio

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Negar que los empresarios han apoyado a criminales para enfrentarse a los crim...+ ver más

Negar que los empresarios han apoyado a criminales para enfrentarse a los criminales de la guerrilla, es negar una verdad. Lo que tienen temor es que sean calificados de terroristas (que muchas veces se aliaron con narcos) que, para vencer a su enemigo, mataron civiles desarmados y hicieron una persecución sistemática de sindicalistas. Muchos de ellos fueron víctimas, pero también victimarios.

Wilozada

31 de Julio

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Pues claro que no puede haber entendimiento entre los señores empresarios (es...+ ver más

Pues claro que no puede haber entendimiento entre los señores empresarios (especialmente en ese antro del paramilitarismo que es FEDEGAN) y la comisión de la verdad, encargada de sacar a flote que no solo los grupos subversivos de izquierda radical asesinaron, sino que los honorables y abnegados empresarios de este país también patrocinaron grupos de asesinos de justicia privada. La verdad duele.

Gustavo Adolfo

31 de Julio

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En un relato serio y veraz del conflicto ninguno de los actores sale bien para...+ ver más

En un relato serio y veraz del conflicto ninguno de los actores sale bien parado. Es doloroso reconocer los propios crímenes, ayudaría si escuchamos más y juzgamos menos.

Carlos Campo

31 de Julio

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Para eso se necesita un común acuerdo sobre la imparcialidad de los grupos de...+ ver más

Para eso se necesita un común acuerdo sobre la imparcialidad de los grupos dedicados a recolectar y juzgar a quienes participaron o fueron víctimas del conflicto, y en ese sentido tanto la JEP como la Comisión de la Verdad generan desconfianza, adicional al hecho de que carecen de legitimidad democrática frente a la mayoría del país-fueron impuestas aún con el NO de la mayoría del país en 2016 &18

Yosef

31 de Julio

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es claro el temor de algunos empresarios, parecen venados asustados envian a s...+ ver más

es claro el temor de algunos empresarios, parecen venados asustados envian a sus abogados haber como esta la cosa y la cosa queriendo. mas evidencia aun de la falta de un verdadero criterio frente al esclrecimiento de la verdad es la actitud de la andi al engavetar el estudio de los asesores de eafit. y ahora algunos que estubieron con el acuerdo se retractan

Carlos Campo

31 de Julio

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El problema no es solo el roce que tenga la Comisión de la Verdad con algunos...+ ver más

El problema no es solo el roce que tenga la Comisión de la Verdad con algunos grupos en la sociedad, o si tiene o no alto sesgo ideológico a favor de la subversión, el problema es que carece de legitimidad y aceptación por la mayoría de la sociedad que rechazó tajantemente, en 2016 y 2018, los acuerdos de la Habana y que hoy ve mayoritariamente a la CdV y a la JEP como mecanismos de impunidad

Orlando Arroyave

31 de Julio

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Con Comisión de la Verdad o sin ella, los crímenes de guerrillas, FFMM, auto...+ ver más

Con Comisión de la Verdad o sin ella, los crímenes de guerrillas, FFMM, autodefensa empresarios o políticos seguirán en la memoria colectiva. Crímenes que, por lo demás, siguen en marcha. No hemos aprendido. Y eso se percibe en los empresarios: muchos de ellos no le han apostado a la paz (ni de La Habana ni ninguna). La guerra es parte de su ambiente natural para hacer negocios. Les es rentable.

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