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Por Andrés Bermúdez Liévano · 17 de Enero de 2021

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El sábado 12 de diciembre, dos antiguos jefes de grupos armados ilegales pidieron públicamente perdón por las atrocidades cometidas contra 1,1 millones de afrocolombianos durante 52 años de conflicto armado.

 

“Bojayá es algo que vamos a cargar para toda la vida, a pesar de la generosidad con la que nos han tratado todas las víctimas”, dijo Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, refiriéndose a la masacre de 2002 perpetrada por la guerrilla de las Farc. 

“Cuentan con mi compromiso para esclarecer todos los hechos y a los participantes con nombre propio, perdón, de todo corazón”, dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde su cárcel en Estados Unidos, hablando del desplazamiento masivo en Mampuján dos años antes de Bojayá. Junto a ellos, un ex alcalde del Urabá -Wilson Chaverra- admitió haber sido cómplice de los paramilitares y un empresario bananero de la misma zona -Mario Zuluaga- reconoció su papel en otra masacre.

En los dos días inmediatamente anteriores, un dirigente campesino había discutido cómo lograr el fin de la violencia en el páramo de Sumapaz con un ex guerrillero de las Farc que alguna vez operó allí, la clínica legal Paiis de la Universidad de los Andes presentó un informe sobre cómo la guerra afectó a las personas con discapacidad y una docena de militares activos y retirados de los Llanos compartieron sus historias de dolor. 

Con una particularidad: todo esto sucedió en Facebook, Youtube y Zoom, con pantallas individuales rectangulares reemplazando discursos en atriles y una puesta en escena más cercana a los formatos de la televisión que a las audiencias públicas.

Un repentino cambio de planes

Este caleidoscopio de eventos subraya cómo la Comisión de la Verdad tuvo que reinventarse a sí misma en el 2020. 

Cuando la pandemia del Covid-19 golpeó a Colombia en marzo pasado, la comisión empezaba el segundo año de un mandato de tres. Su plan de pasar la mayor parte del año en el terreno, hablando con las comunidades, celebrando cientos de eventos localmente y reuniendo información para su informe final se desbarató súbitamente, en medio de lo que terminó siendo una de las cuarentenas más prolongadas del mundo.

La pandemia perturbó gravemente la labor de todo el sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz. Impidió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su brazo judicial, celebrara grandes audiencias públicas y se reuniera con muchas de las víctimas registradas en alguno de los macrocasos abiertos. También retrasó el inicio de un ambicioso programa de reparación para víctimas indígenas en el Amazonas y ha hecho más vulnerables a miles de víctimas, en medio de la peor crisis económica en dos décadas y del deterioro de las condiciones de seguridad en muchas regiones.

Pero su impacto en la Comisión, el brazo extrajudicial del sistema que está a cargo de promover la búsqueda de la verdad y fomentar la reconciliación, fue especialmente agudo. Si bien el mandato de la JEP es de 15 años, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tiene un plazo fijo y la reciente aprobación de una prórroga de diez años a la Ley de víctimas de 2011 significa que las reparaciones administrativas de la Unidad de Víctimas continuarán, la Comisión debe concluir sus actividades en noviembre de este 2021.

La enfermedad infecciosa incluso golpeó directamente a la Comisión, cuando una de sus once comisionados -la líder afro Ángela Salazar- murió en agosto.

Los bebés digitales de la Comisión

Desde mediados de 2020, la Comisión ha estado creando y lanzando una nueva iniciativa tras otra en televisión, radio y en línea, en un intento por promover su doble objetivo de producir un informe en profundidad y permitir la catarsis colectiva sobre las atrocidades masivas en Colombia.

‘La verdad en voz alta’, una serie de podcasts de 25 minutos en los que la periodista Claudia Morales entrevista a víctimas individuales sobre sus experiencias y expectativas, comenzó a emitirse todos los sábados en las emisoras de RCN.

La comisionada y ex directora del Museo de Antioquia, Lucía González, comenzó una serie de conversaciones quincenales sobre arte y trauma -denominadas ‘Nombrar lo innombrable’- con artistas, escritores y cineastas famosos. Más en la onda de cultura pop, la serie de televisión ‘Frente al espejo’ ha reunido a actores, cantantes e influenciadores de redes sociales para hablar con el actor Santiago Alarcón de la reconciliación en un tono aterrizado.

Otro programa, ‘Hablemos de verdad’, se centra en cuestiones más locales sobre la reconciliación y se emite semanalmente en los canales de televisión regionales. ‘Voces de la verdad’, un programa de radio que comparte historias de las víctimas, se convirtió en un sustituto para la veintena de ‘casas de la verdad’ locales que tuvieron que cerrarse por la crisis de salud pública.

Sus eventos han combinado diferentes estrategias de búsqueda de la verdad, incluyendo dar a las víctimas un espacio para compartir sus historias, invitar a los perpetradores a reconocer su responsabilidad y desenterrar verdades que aún faltan. Dado lo fácil que es perderse en ese torbellino de actividades, los periodistas reciben ahora una agenda de tres páginas en formato pdf al comienzo de cada semana, que enumera todos los eventos venideros, ya sean públicos o privados.

La Comisión también ha combinado estrategias de producción. Algunos contenidos han salido de la propia entidad, como los cómics y las animaciones cortas ilustrando aspectos menos conocidos de las experiencias de las víctimas, como la forma en que las mujeres afrocolombianas recurrieron a rituales de lavandería a orillas del río para lidiar emocionalmente con la carga de la violencia. Otros se han hecho en asociación con grandes medios, incluido un contrato con Semana para emitir ‘espacios de escucha’ con actores clave como militares o políticos.

“Creo que logramos dar un salto en llegarle a nuevas audiencias y a nueva gente, sobre todo porque nos pasamos a otros canales. Cambiamos nuestro formato de nuestros grandes eventos para cumplir con nuestro mandato por alianzas con medios de comunicación masivos, algo que no podríamos haber hecho sin el apoyo financiero y la flexibilidad de la comunidad internacional”, dice María Prada, cabeza de cooperación y alianzas de la Comisión.

A largo plazo, la pandemia ayudó a la Comisión a resolver una serie de diferencias internas sobre cuáles deberían ser sus prioridades y una sensación de caos en la programación de sus eventos, que habían empañado su labor durante su primer año de vida, según otras dos personas que trabajan allí.

En busca de las voces escépticas

En su segundo año, la Comisión también ha logrado avances con varios sectores de la sociedad colombiana que se han mostrado escépticos de su misión, entre ellos las organizaciones religiosas, los partidos políticos y, especialmente, los militares (aunque no, como ha contado La Silla, con los empresarios).

Después de muchas discusiones en el 2019 sobre la posibilidad de conversar sobre muchos temas ligados al conflicto armado, tanto en privado como en público, en el 2020 los militares -y en menor medida la policía- presentaron más de 40 informes y participaron en decenas de eventos públicos. Muchos de ellos fueron muy emotivos, incluyendo uno -el primero después de que Colombia saliera de su encierro- con soldados víctimas de minas antipersonal y otro con familiares de oficiales de la Policía que fueron víctimas de desaparición forzada.

Este avance no significa que las cosas siempre fluyeran a la perfección. En julio pasado, durante la presentación de un informe sobre las transformaciones positivas en el seno de las fuerzas armadas, el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, les incitó a abordar los temas difíciles, como la connivencia de algunos sectores militares con los paramilitares. Lo hizo utilizando un símil bien escogido de la institución de la que él mismo proviene: la Iglesia Católica.

“Los invito como ciudadano colombiano a seguir el ejemplo del Papa Francisco, ante el abuso de niños por parte de sacerdotes, cuando reconoció que no fueron manzanas podridas sino una enfermedad en el cuerpo de la Iglesia”, le dijo el sacerdote jesuita al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. “Ninguna institución puede defenderse ante las graves faltas morales de alto nivel repetidas entre sus hombres diciendo que no es responsable porque sus leyes lo impiden (...) Yo quiero que el Ejército de mi país tenga la misma grandeza que tuvo la iglesia”.

Un mensaje escuchado

Unos meses después, los militares presentaron un informe sobre el tema. Aunque sigue siendo confidencial, como todos los informes recibidos por la Comisión, eso demuestra que son conscientes -a diferencia del sector empresarial- de que al contribuir al trabajo de ésta pueden ayudar a moldear su narrativa sobre el pasado reciente de Colombia y ofrecer una visión más amplia en torno a otras verdades que están surgiendo también en la JEP sobre crímenes como los falsos positivos.

“A pesar del retroceso con el nuevo mando y la presión de Acore, los militares sienten que tienen que estar y una urgencia de recuperar interlocución con la sociedad civil”, dice el sociólogo Eduardo Pizarro, quien dirigió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tras la desmovilización de los paras, que dio paso al Grupo de Memoria Histórica, y quien recientemente escribió una historia del Ejército.

“La fuerza pública ha estado muy agradecida con la Comisión por su apertura y su actitud de escucha, que ha abierto las puertas incluso para hablar de temas difíciles como la doctrina de seguridad nacional o [la teoría del] ‘enemigo interno’. Eso no significa, sin embargo, que no exista aún cierta desconfianza sobre si sus aportes serán tenidos en cuenta en el informe final”, dice Jean Carlo Mejía, un abogado defensor de militares que ha trabajado para acortar esa brecha entre ambos.

Llegar hasta allí fue el resultado de un proceso de un año, que incluyó conversaciones privadas facilitadas por la Comisión con colegas militares que desempeñaron un papel activo en las transiciones de Chile, Nigeria y Gambia.

“Incluso por 5 por ciento [de integrantes que cometieron delitos], como ustedes dicen, ¿van a dejar de participar?”, le dijo a un grupo de generales colombianos el general retirado Javier Urbina, quien fue integrante de la Comisión de la Verdad de Chile. “Si ustedes no participan en la cena, van a estar en el menú”, les dijo el investigador de paz catalán Vicenç Fisas en otra reunión previa que, según una fuente que ha trabajado con ellos, les impactó.

¿Puede la búsqueda de verdad por internet ser masiva?

Al menos 881.000 personas habían visto cualquiera de los 216 eventos que la CVR había transmitido en directo hasta principios de diciembre de 2020, y su alcance en Twitter y Facebook se había duplicado con respecto al año anterior, según estadísticas internas compartidas con La Silla.

Sin embargo, lograr un alcance masivo sigue siendo una tarea monumental. Con 82.000 seguidores en Facebook, 50.000 en Twitter, 30.000 en Instagram y 12.700 suscriptores en Youtube, las redes sociales siguen siendo limitadas en un país de 48 millones de habitantes donde sólo dos tercios tienen Internet móvil. Aunque parte de la labor de la Comisión también viene apareciendo en televisión y radio, su principal reto sigue siendo cómo llegar a los colombianos corrientes, muchos de los cuales no se han visto directamente afectados por el conflicto armado o viven en zonas en las que las condiciones de seguridad mejoraron hace más de una década.

Como señala Jean Carlo Mejía, “mucha gente no vive pendiente del conflicto y ahora las preocupaciones por la seguridad están por debajo del empleo o la economía. En este contexto [de pandemia], la gente está pensando en su supervivencia”.

Ante esta realidad, varios académicos y líderes destacados vienen insistiéndole a la Comisión para que siga buscando formas de hacer su trabajo aún más masivo, por ejemplo, sugiriendo que el informe final sea un documental en lugar de un texto enciclopédico.

Su razonamiento es que algunos de los momentos más conmovedores que ha fomentado la Comisión no han tenido la importancia pública que merecían. Cuando 30 antiguos integrantes de siete grupos armados diferentes, incluyendo las Farc y los paras, trabajaron durante ocho meses en un acuerdo sobre cómo lograr el fin de la violencia política, pocos se enteraron.

“Me pareció extraordinario: por la historia, por los ocho meses desde la primera vez que se encontraron, en que no se dieron la mano y ni se miraron a los ojos, hasta que lentamente fueron encontrando puntos en común. Y sin embargo no pasó de ser una noticia de quinta, casi sin trascendencia pública”, dice Eduardo Pizarro, quien también fue miembro de la junta directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional.

Los eventos del 2020 tuvieron más cobertura, pero aún no se han convertido en algo masivo. Cuando Salvatore Mancuso admitió su responsabilidad en el asesinato en 2001 del líder embera Kimy Pernía y pidió disculpas a su hija Martha Cecilia Domicó en lo que supuso un reconocimiento trascendental para los pueblos indígenas, tampoco fue una noticia de primera página.

“Debemos construir un relato plural del pasado y uno compartido del futuro, porque es posible tener visiones divergentes de lo que pasó –y eso no es negativo- pero es fundamental tener valores comunes hacia adelante”, añade Pizarro, cuyo artículo en El Tiempo proponiendo un decálogo de posibles puntos de consenso -en contra del uso de ejércitos privados, del secuestro, de la violencia sexual, de los niños soldados o del alzamiento en armas como camino hacia el poder- fue ampliamente compartido dentro de la Comisión.

“Si pone el acento en el futuro deseado, descalifica a grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, manda un mensaje muy fuerte a los militares de que no pueden cometer excesos contra los ciudadanos y, en general, ayuda a pasar la página”, añade.

¿Serán suficientes tres años?

En medio de la pandemia, ha surgido otra pregunta: ¿podría ampliarse el plazo de la Comisión más allá de noviembre de 2021 para darle más tiempo para trabajar y llegar a más colombianos?

El problema es que lo que podría parecer una buena alternativa sobre el papel, es en realidad un muy complejo cálculo político. Cualquier extensión de su mandato requiere una enmienda en el Congreso, dado que fue creado por decreto ley presidencial y el presidente Iván Duque se negó a asistir a la inauguración de la Comisión en 2019. Aunque el Centro Democrático no tiene mayoría en el Congreso y fue rotundamente derrotado en sus intentos de modificar la JEP, durante el último año el gobierno y el partido de gobierno reforzaron sus vínculos con otros partidos y podrían oponerse a cualquier intento de ampliar el mandato de una institución que suelen criticar públicamente - en pleno año preelectoral.

De todos modos, la aprobación de esa prórroga tomaría por lo menos seis meses, dada la improbabilidad de un mensaje de urgencia del Gobierno que podría acortar el trámite legislativo a dos meses.

Esto significa que en un país que todavía no se ha sintonizado completamente con lo que ha estado haciendo, la Comisión de la Verdad probablemente volverá a estudiar muchas de las lecciones que aprendió durante el año de la pandemia para buscar ampliar su alcance durante este 2021.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

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