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Por Tatiana Duque | Juan Pablo Pérez B. · 24 de Marzo de 2021

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Hoy se cumple el plazo que tenía el gobierno de Iván Duque para enviar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) los lineamientos de su política para desmantelar a los grupos criminales que están detrás del asesinato de excombatientes. Es una exigencia que está en el acuerdo de paz y que ya le ha hecho dos veces la JEP a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente.

 

Esa política debía estar lista hace tres años. Ayer, el Gobierno cumplió raspando el plazo al mandar un documento reservado. Pero el documento despertó una polémica en la Comisión, que está conformada por funcionarios del Gobierno, militares, las ías y la sociedad civil elegida conforme a unos criterios establecidos en el acuerdo de paz.

La Silla Vacía supo que los seis integrantes de la sociedad civil que están en la Comisión se apartaron del documento final, y, en una carta enviada al comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se quejaron de que la mayoría de sus propuestas habían sido ignoradas.

Esta situación es sólo la última muestra de una seguidilla de diferencias que tiene el actual Gobierno con la parte civil de la Comisión. Discusiones que van desde la visión que cada parte tiene sobre el papel de la Comisión en la creación de la política, hasta asuntos de filigrana como crear un reglamento interno.

Así, mientras desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 248 exguerrilleros de las antiguas Farc, y durante el 2020 hubo 76 masacres confirmadas por la ONU y en este año van 6, la Comisión creada por el acuerdo para armar una política que apunte a detener esta matanza no ha despegado.

La razón principal es que el Gobierno no la considera una instancia para el diseño de sus políticas de seguridad, sino, más bien, un espacio para organizar las que ya ha creado por su lado.

La política de la discordia

La Comisión de Garantías de Seguridad está vigente desde 2017 y está encabezada por el presidente, tres ministros (Defensa, Interior y Justicia) los dos comandantes del Ejército y la Policía; la Fiscalía, la Procuraduría y el defensor del Pueblo; y seis integrantes civiles, elegidos por la Csivi (la comisión de seguimiento a la mplementación del acuerdo de paz, compuesta por integrantes del Gobierno y del hoy partido Comunes) y tres plataformas de derechos humanos.

En su auto del 26 de febrero, la JEP le hizo el primer jalón de orejas a la Comisión y al Gobierno. “Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de dos años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del acuerdo de paz”, dice el documento.

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nos dijo que los lineamientos y la política tienen carácter reservado por tener información de seguridad nacional. Tan reservado es lo que le enviaron a la JEP que los seis integrantes civiles de la Comisión de Garantías no vieron el documento final.

Así se lo confirmaron a La Silla cuatro de los miembros civiles de la Comisión.

A lo que sí tuvieron acceso fue a un borrador del informe preliminar que les presentó el presidente Iván Duque el 9 de marzo en una sesión plenaria de la Comisión.

Borrador de los lineamientos de la política de desmantelamiento by La Silla Vacía on Scribd

Es un documento de 12 páginas en el que el Gobierno presenta las políticas de seguridad que Duque y sus ministerios han venido lanzando durante su mandato y que son de público conocimiento: 

  • El plan PAO para proteger a líderes sociales, lanzado en 2018.

  • La política de Defensa de seguridad lanzada en 2019, que define las amenazas para la seguridad nacional y define zonas de intervención por falta de presencia del Estado.

  • Los lineamientos del Plan de protección de líderes, defensores de derechos humanos y periodistas, lanzado en 2019.

  • El plan de política criminal, que sigue en borrador por parte del Gobierno.

  • La política de seguridad ciudadana.

  • La política antinarcóticos llamada Ruta Futuro, que incluye temas desde prevención del consumo hasta combatir a los grupos disidentes, criminales y narcos.

Además, enuncia compromisos, leyes y reglamentos de entidades del Gobierno, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría: para evitar actos de corrupción; revisar los antecedentes penales y disciplinarios para evitar que haya funcionarios públicos con nexos con criminales; intervenir con el Estado en territorios con problemas de seguridad; articular a las entidades locales y nacionales; fortalecer canales de denuncia de delitos; seguir con las desmovilizaciones de grupos disidentes; articular políticas de prevención del delito, entre otros.

Para el Gobierno, estas políticas y compromisos constituyen su estrategia para atacar y desmantelar los grupos ilegales.

“Estas políticas, lineamientos e instrumentos en construcción ya definen las líneas de acción tendientes a lograr la desarticulación de los grupos armados organizados y de los grupos de delincuencia organizada”, dice el documento.

La mayoría de estas políticas, como el PAO, la política de seguridad ciudadana y la de protección de líderes ya las había presentado Ceballos como logros de “articulación” de la Comisión en un informe al Congreso el año pasado.

Pero han sido sido objeto de crítica, justamente por su duplicidad y dispersión de los esfuerzos para evitar asesinatos y masacres. Esa fue la conclusión del informe que en febrero publicó la ONG, Human Rights Watch, sobre el aumento de asesinatos de líderes.

“Hay una desconexión total entre las instancias que creó el Acuerdo y las políticas que ha diseñado este Gobierno”, le dijo a La Silla la representante Juanita Goebertus, quien participó en la mesa de negociación de La Habana y que hoy le hace seguimiento a las políticas de seguridad.

Un ejemplo, según ella, es la misma Comisión de Garantías de Seguridad.

“Esto es muy grave, porque al haber tantas instancias que no se conectan, la calidad de la información que se obtiene no es buena para diseñar una buena política de seguridad con enfoque territorial”.

“Lo que nosotros queremos es articulación, tenemos que tener estos elementos (las políticas públicas de los lineamientos) para dar resultados en el desmantelamiento”, nos dijo el comisionado Ceballos.

Cuatro días después de la reunión con Duque, los seis miembros civiles de la Comisión firmaron una carta en la que dicen que en realidad no existe un plan de acción para desmantelar a los grupos armados ilegales.

Carta de integrantes de sociedad civil al borrador sobre la política de desmantelamiento by La Silla Vacía on Scribd

“El Gobierno lo que pretende es que la Comisión valide las políticas públicas que previamente ya existían, como si hicieran parte de la política de desmantelamiento de la Comisión”, nos dijo Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión.

Se quejan, en concreto, de que sus propuestas no fueron incluidas. Eso ocurrió, por ejemplo, con las propuestas para incluir el enfoque de género que hizo una subcomisión técnica.

“Trabajamos con el Gobierno de forma muy concertada para incluir el enfoque. (En el documento) vemos que el tema de género queda enunciado en el lenguaje, pero en esas seis políticas o estrategias no tienen enfoque de género. Volvemos a lo mismo”, nos dijo Rosa Emilia Salamanca, delegada en la Comisión de las plataformas de mujeres.

Aunque la propuesta de perspectiva de género era de las menos problemáticas para el Gobierno.

La que más molestó al Ejecutivo fue la de cambiar la doctrina del Ejército o el sistema de inteligencia militar, dos iniciativas que las organizaciones de derechos humanos llevan proponiendo hace años porque consideran que los militares siguen utilizando el argumento del enemigo interno para atacar a la oposición.

Y porque consideran que los organismos de inteligencia tienen complicidades demostradas con grupos ilegales y carecen de un verdadero control.

El gobierno Duque rechazó de tajo estas propuestas porque consideró que son el presidente, las autoridades y los comandantes de las Fuerzas Militares los que tienen que plantear esa política y que ahí no cabe una discusión con los civiles de la comisión.

(Según supo La Silla, en el documento reservado que fue enviado a la magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, fueron incluidos como anexos las propuestas de la parte civil de la Comisión).

Y es justamente en las funciones y en el para qué sirve la Comisión que el Gobierno y la sociedad civil no se han puesto de acuerdo en casi tres años de funcionamiento. Ese asunto de fondo es el que muestra las diferencias de hoy.

La ninguneada y los asuntos de fondo

La idea detrás de crear una Comisión de Garantías de Seguridad con integrantes de la sociedad civil nació en La Habana para no repetir los errores del pasado.

En 1989, tras la masacre de la Rochela, el entonces presidente Virgilio Barco creó una comisión —compuesta por los ministros de Justicia, Gobierno (lo que hoy es Interior), Defensa, el director del DAS, el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía— para diseñar y ejecutar un plan para acabar con el paramilitarismo. Esa comisión no sirvió, pues en la década de los 90 y comienzos de los 2000 los grupos paramilitares se consolidaron y cometieron sus peores crímenes.

”El Gobierno quiere que validemos políticas ya existentes”

Franklin Castañeda, comisión de garantías

En el acuerdo de paz, la inclusión de miembros de la sociedad civil también se hizo con el fin de obtener información independiente desde las regiones que pudiera contrastarse con la oficial para, así, diseñar mejores políticas de seguridad.

Eso hoy no está sucediendo.

El gobierno de Iván Duque no ve a la Comisión de Garantías de Seguridad como un espacio para el diseño conjunto de políticas de seguridad, sino como un lugar en el que informan las políticas que ellos diseñan por su lado.

Eso viene de la interpretación que le da el gobierno Duque a una sentencia de la Corte Constitucional de 2017, que confirmó la legalidad del decreto que creó la Comisión.

“La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se erige en una suerte de instancia intraorgánica de coordinación del ejercicio de unas competencias que ya tienen asignadas diversas autoridades públicas en Colombia”, dice un aparte de la sentencia.

(Pero para evitar que se repitan las funciones entre las nuevas entidades que creó el acuerdo y las ya existentes, la Corte en esa sentencia dice: “La Comisión no interfiere o suplanta las competencias que la Constitución le acuerda al Congreso de la República en materia de diseño de la política criminal del Estado. Su papel se enfoca hacia otra esfera del amplio concepto de ‘política criminal’ como lo es diseño e implementación de estrategias eficaces de investigación de crímenes cometidos contra unos sujetos de especial protección constitucional, como lo son los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y políticos, así como los responsables de implementar el acuerdo”).

”Nosotros queremos articular políticas para tener resultados”

Miguel Ceballos, comisionado de Paz

Ese es el argumento que ha repetido el comisionado Ceballos en diversos informes, como el enviado al Congreso el año pasado, para reiterar los alcances que, a juicio del Gobierno, tiene la Comisión.

A partir de ahí, el Gobierno interpreta que la Comisión no puede suplir las funciones que tienen otras instancias, como el Ministerio de Defensa y la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, en el diseño de políticas de seguridad. Por eso, para ellos, la función de la Comisión es la de articular las diferentes políticas existentes.

Y son argumentos que el mismo presidente Duque le repite a la Comisión.

Así ocurrió en la primera reunión que tuvo con sus miembros en 2018.

“El primer tema que se tocó fue justamente el de contextualizar el mandato de la comisión. Ceballos hizo la presentación de la comisión, el objeto, siendo enfático que la Corte Constitucional ha reseñado que la comisión de garantías es consultora”, le dijo a La Silla un alto funcionario que estuvo en todas las reuniones entre 2018 y 2020.

Es por eso que, según esta fuente, el espacio de la Comisión ha sido usado por el Gobierno para mostrar lo que hace.

“En la Comisión no hay una discusión sobre política pública. Lo que ha hecho el Gobierno es convertirlo en un espacio para presentar informes de su política de seguridad”, le dijo a La Silla Vacía Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas e integrante de la Comisión como parte civil.

”No hay discusiones sobre política pública”

Gustavo Gallón, comisión de Garantías

El Gobierno dice que la Comisión sí ha tenido espacios de interlocución. Lo prueba argumentando que Duque ha sido el presidente que más ha ido a ese espacio, seis veces en total, la última este mes (dice que Santos lo hizo dos veces, aunque en la Comisión nos dijeron que fue más, y en otras ocasiones delegó a su vicepresidente Óscar Naranjo). 

Y que durante el Gobierno han existido 68 reuniones técnicas y regionales en Nariño, Cauca, Tumaco, Montería, entre otras regiones. Que durante las cuarentenas estrictas las comisiones técnicas se reunieron virtualmente para revisar temas que van desde discusiones étnicas, de género, hasta manuales de funcionamiento, borradores de lineamientos internos y del alcance de las políticas públicas ya existentes.

Ese punto también es de disputa: mientras la sociedad civil dice que solo deben contar las veces que el Presidente ha liderado la Comisión, el Gobierno dice que todas las reuniones -técnicas y regionales- son encuentros de ese espacio.

Esa diferencia de para qué sirve la Comisión ha hecho que existan discusiones interminables. “Todo el primer año de Gobierno se nos fue en hablar de líderes sociales y ese no es su objetivo”, nos dijo un ministro que hace parte de la Comisión.

Como contamos en esta historia, parte de las discusiones en el gobierno Santos y el de Duque con la Comisión se centraron en la revisión de cifras de asesinatos de líderes y cuál debería ser la que se tomaría de referencia, que al final fue la de la ONU (aunque ahora quedó centralizada en la Fiscalía, como revelamos).

O discusiones de filigrana como el mismo reglamento interno de la Comisión, que tampoco se ha podido hacer. De hecho, en julio de 2020 el Gobierno tenía un borrador y dijo al Congreso que esperaba presentarlo “en la próxima sesión presencial”. Y han pasado seis meses y no han llegado a un acuerdo.

En parte, según una fuente humanitaria enterada, porque el Gobierno ha intentado cambiar a la parte civil de la Comisión e incluir otras vertientes de liderazgo social más afines al uribismo, como la corporación Rosa Blanca, que reúne a las mujeres víctimas de las violaciones de las Farc. La diferencia ahí es que la sociedad civil considera que debe ser respetada su autonomía.

”Hay una desconexión total entre las instancias”

Juanita Goebertus, representante

“El Gobierno se regula a sí mismo, la sociedad civil se regula a sí misma. Las organizaciones no hacen parte del Gobierno”, nos dijo Rosa Salamanca, de las plataformas de mujeres de la Comisión.

De hecho, desde 2018 la investigadora Vilma Franco salió de la Comisión como parte civil y su reemplazo no ha sido definido por la Csivi porque no ha sido parte del orden del día de esas reuniones.

Más allá de la controversia por las funciones que tiene la Comisión, no es claro que los lineamientos que propuso el Gobierno, que son un compendio de sus políticas de seguridad, sirvan para desmantelar organizaciones criminales y parar el asesinato de excombatientes y líderes sociales. Por lo menos, no ha servido hasta ahora pues van en aumento.

Los malos resultados en seguridad

Como hemos contado en La Silla, el deterioro de la seguridad es uno de los puntos débiles del gobierno Duque; tanto así que como contamos ayer, la apuesta del Presidente es redoblar su mano dura en la política antinarcóticos con resultados de corto plazo de cara a las elecciones de 2022.

Y el hecho de que las actuales políticas de seguridad sean las mismas que propuso el Gobierno, en nombre de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para frenar las masacres y los asesinatos de líderes y excombatientes pone en duda su efectividad.

“Los resultados muestran que la política de seguridad de este Gobierno no ha funcionado. Y lo más preocupante de todo es que el asesinato de líderes y el número de masacres ha crecido desde 2019”, nos dijo la representante Goebertus.

Según los resultados que presentó el Ministerio de Defensa a corte de febrero, las masacres han venido en aumento desde 2018. En ese año hubo 12 casos; en 2019, 22; en 2020, 33; y en lo corrido del año van siete. Este es el mayor número de casos en los últimos 10 años.

En número de víctimas en masacres, este año han muerto 31, el segundo año con más muertos desde 2011; lo supera 2019, con 44 muertos.

Con respecto a la seguridad de excombatientes y líderes sociales, los resultados tampoco son buenos.

Solo este año, han asesinado a 21 líderes sociales y 11 excombatientes de las Farc. La ONU verificó que en 2020 fueron asesinados 73 exfarc.

En total, desde la firma del acuerdo han asesinado a 432 líderes sociales, según la ONU, y 261 excombatientes de las Farc, según las cuentas de los Comunes, aunque la ONU verificó 243 desde 2016.

Esas son las cifras que no solo preocupan al organismo internacional en su último informe de la Misión de Verificación del último trimestre, sino también a la parte civil de la Comisión y al propio Gobierno. Puede que sea uno de los pocos puntos de acuerdo de las partes.

Comentarios (1)

Wilozada

24 de Marzo

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Las muertes de los excombatientes que se acogieron a un proceso de paz luego de abandonar las armas no es asunto de interés para este gobierno, fiel a los designios del dueño del Ubérrimo, cuya impronta en las dos últimas décadas ha sido la de la venganza contra los forajidos que asesinaron a su padre.

Las muertes de los excombatientes que se acogieron a un proceso de paz luego de abandonar las armas no es asunto de interés para este gobierno, fiel a los designios del dueño del Ubérrimo, cuya impronta en las dos últimas décadas ha sido la de la venganza contra los forajidos que asesinaron a su padre.

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