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Por Paula Doria · 13 de Octubre de 2020

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Claudia López, como alcaldesa electa, conformó en noviembre pasado una comisión ciudadana que sentó en la misma mesa a ambientalistas, académicos y representantes del sector privado para avanzar en las discusiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  Su idea era evitar los problemas que a la postre llevaron a que se le hundiera a Enrique Peñalosa. Un año después, el grupo identificó unos pocos consensos y muchas discrepancias.

Estas quedaron consignadas en dos documentos que publicó el viernes pasado la Secretaría de Planeación de Bogotá.

Una idea para evitar polémicas

López designó a nueve personas para que se reunieran periódicamente y llegaran a acuerdos previos que permitieran avanzar rápidamente en la formulación del Plan que define cómo se usará el suelo de la ciudad en los próximos 12 años. 

Estaban tres académicos (el arquitecto y representante de la Universidad Nacional José Salazar; la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste y Andrés Salazar, del departamento del CIDER de los Andes), María Mercedes Maldonado, la ex secretaria de Planeación de la Alcaldía de Gustavo Petro como representante de los ciudadanos que firmaron el pacto ambiental con Claudia López en campaña; el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, del Foro Nacional Ambiental, y Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. 

Por el sector privado estaban, Alejandro Callejas, gerente en Bogotá y Cundinamarca de Camacol, el gremio de constructores; María Mercedes Jaramillo, de ProBogotá y quien hoy es la gerente de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), y Patricia González, de la Cámara de Comercio.

Pese a su representatividad, o quizás por eso mismo, muy pronto se formaron al interior del grupo dos bloques que hasta hoy no se han podido poner de acuerdo en temas que eran polémicos desde la administración Peñalosa.

La Silla Vacía conversó con seis miembros de esta comisión y cinco coinciden en atribuirle la incapacidad de llegar a un consenso a la visión tan distinta que tienen los miembros de la comisión sobre cómo debe ser el desarrollo de la ciudad: uno es radical con la protección del ambiente, mientras que el otro grupo cree que debe sopesarse con la productividad. 

La secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, que lideró la comisión, le dijo a La Silla Vacía que el éxito de esa comisión no se podía medir en los acuerdos porque “no se estaba negociando nada”; que el éxito estaba en “construir un POT que incluya a todos los actores sociales” y en que esa conversación se estuviera dando no solo con esta comisión, sino con otros grupos de ciudadanos. 

Sobre estos puntos hubo unos consensos generales entre todos:

  • Que la movilidad de Bogotá esté basada en una red férrea en vez de TransMilenio: En el POT del proyecto de Peñalosa, TransMilenio era el sistema de transporte principal. Claudia López quiere hacer un modelo multimodal, basado en una red férrea,que incluya el metro y los regiotrams del norte, sur y occidente.

  • El sistema del cuidado: El POT que propondrá Claudia López debe contemplar políticas que busquen mejorar las desigualdades de género en temas laborales y académicos. 

  • La conexión de Bogotá con la región: El plan no se debe pensar solo en función de Bogotá, sino que debe estar en armonía con los municipios que limitan con la ciudad.  

  • Cambiar el enfoque de renovación urbana por revitalización: La idea es restaurar esas zonas de la ciudad que por el paso de los años se han ido deteriorando, pero más a partir de crear condiciones para la participación ciudadana de los que ya viven allí, que a partir de megaproyectos de renovación urbana. 

  • Protección de la estructura ecológica: Todos están de acuerdo en el postulado general de que se debe proteger el ambiente y en que se debe cuidar y reducir el impacto humano en la crisis climática, en el río Bogotá, las zonas de reserva forestal, los humedales y los cerros orientales. 

Las divergencias

Pero estar de acuerdo en lo general es un asunto, y otra cuando se aterriza a los detalles de lo particular. Y es en estos puntos en donde la alcaldesa Claudia López tendrá que decidir si le da continuidad a proyectos de Peñalosa, que iban en contravía de lo que decían muchos ambientalistas pero que ayudarían a la reactivación económica y concuerdan con el sector privado como los proyectos de vivienda de Lagos del Tunjuelo al sur de la ciudad o Lagos de Torca, al norte, o si le cumple a las bases ambientalistas que la apoyaron en la idea de hacer un nuevo contrato social ambiental para el siglo XXI.  

Estos son algunos de los puntos en los que no se pudieron poner de acuerdo en esa comisión ciudadana. 

  • Franja de adecuación de los cerros orientales (de sur a norte): Todos coinciden en que no se puede construir en los cerros, pero discrepan sobre qué hacer en la franja, es decir en el límite entre los cerros y el área urbana de Bogotá.

El sector privado considera que se debe reevaluar la categoría de si es rural o urbana porque allí conviven comunidades y es tal el manejo que se le ha dado al suelo que, según ellos, ha perdido su categoría de reserva, y se debería habilitar para llevar servicios públicos, senderos, parques, entre otros.  

Los comités ciudadanos, de ambientalistas y académicos en cambio, no están de acuerdo porque piensan que sería abrir una puerta para construir en los cerros. 

  • Zona de preservación y manejo de Río Bogotá – ZMPA: Todos están de acuerdo en intervenir esta zona que rodea el río y tiene una buena parte construida para recuperarla y evitar los riesgos de inundación. Pero, sobre cómo hacerlo no hay consensos.

El bloque del sector privado considera que en algunos puntos como Fontibon o Suba se puede ampliar y reducir la zona de preservación en unos tramos, dependiendo del riesgo y de lo que diga la norma, que por ahora es de 60 metros, según las últimas resoluciones de la CAR  y del Idiger durante el gobierno de Peñalosa. Y que puede ir acompañada de proyectos urbanísticos como parques y viviendas. 

El otro bloque considera que no es prudente reducir las zonas de protección, sino que, por el contrario, se debería ampliar a 270 metros, como lo establecía el POT del 2000.  Tampoco están de acuerdo con construir viviendas a la orilla del río. 

  • Lagos del Tunjuelo: El río Tunjuelo perdió su cauce por el impacto de la minería. El bloque ambientalista y la academia proponen un plan que permita recuperar el estado original del cauce del río y varios humedales separados por jarillones. Y se oponen al proyecto de 60 mil viviendas que quedó planeado en el Gobierno de Peñalosa y que pasaría por las localidades de Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar en el cual están interesados los privados.  

  • Reserva Thomas Van Der Hammen: Aproximadamente 1400 hectáreas de la Sabana de Bogotá fueron declaradas zona de protección ambiental en el año 2.000. Desde entonces varias Alcaldías han buscado la manera de recuperar esa zona que ha sido impactada de forma negativa y que hasta hoy está abandonada. 

El exalcalde Peñalosa tuvo el plan de recuperar la reserva de la mano de los privados, que si bien no planeaban construir viviendas dentro de la reserva sí tienen intereses en hacer desarrollos urbanos cerca de la reserva, a lo cual varios grupos de ambientalistas se han opuesto desde ese gobierno. 

Los privados consideran que su protección es necesaria, pero que es importante que el Distrito trámite la sustracción de algunos suelos de la reserva para concretar conexiones viales que fueron pactadas desde el Decreto 190 de 2004 (POT vigente para Bogotá). Es el caso de la Avenida Boyacá hasta su desembocadura en la ALO, cerca del límite del Distrito con el municipio de Chía. La importancia de esta vía radica en la conexión regional y el proyecto Lagos de Torca, al norte de la ciudad.

  • Expansión de la ciudad: Para el bloque ambientalista no es necesario construir las más de 100 mil viviendas que proponía Peñalosa.  Su argumento es que este cálculo se hizo cuando se esperaba que en 2019 Bogotá hubiera crecido a 10 millones de personas, 2,5 millones menos que las 7,5 millones registradas en el último censo del Dane.

Pero para los privados, el hecho de que la población no creciera tanto, no significa que no vaya a haber demanda de vivienda. Citan como ejemplo que cada vez va a haber más demandas de apartaestudios o viviendas más pequeñas por las transformaciones de las familias 

De cómo avance la discusión sobre estos temas se verá de qué se trata el nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI de Claudia López. 

 

Comentarios (2)

Elgatodeschrodinger

14 de Octubre

1 Seguidores

Escoge 3 academicos que en la vida han construido, 3 ambientalistas con agenda politica y en el sector privado de los 3 una es funcionaria publica, es la forma mas absurda forma de no decidir, que es lo que se dicen de todas las decisiones, el problema no es declarar reserva los cerros, sino pagarle a la gente por la expropiación de su propiedad eso aun esta en la constitucion si aun la leen, util

Escoge 3 academicos que en la vida han construido, 3 ambientalistas con agenda politica y en el sector privado de los 3 una es funcionaria publica, es la forma mas absurda forma de no decidir, que es lo que se dicen de todas las decisiones, el problema no es declarar reserva los cerros, sino pagarle a la gente por la expropiación de su propiedad eso aun esta en la constitucion si aun la leen, util

Henry Castro Gerardino

14 de Octubre

140 Seguidores

El padre del poeta Silva escribió que la mejor manera de no hacer nada es nom...+ ver más

El padre del poeta Silva escribió que la mejor manera de no hacer nada es nombrar una comisión. Luego es un viejo vicio de nosotros los bogotanos. Para completar, algunos intervinientes no son de aquí y tienen una visión muy rural de la capital. Los puntos en pleito son de suma importancia y gente inteligente ya habría trazado un plan o ruta para llegar al consenso. Pues no. Posiciones intransigen

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