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Por Paula Doria · 13 de Noviembre de 2020

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“Lo de los trapos rojos no sirvió. Los mercados nos llegaron en junio, después de que secuestramos a finales de abril, por unas horas, dos buses del SITP y un carro de basuras. Pero a mí me llegó solo uno y en todo este tiempo no he conseguido trabajo”, dijo a La Silla Vacía Adalgiza Urrutia, una mujer de 58 años, que está a punto de ser desalojada de su casa en Santa Bibiana, en Ciudad Bolívar. 

Urrutia, quien llegó del Chocó a Bogotá hace 35 años desplazada por la violencia, debe los servicios, el arriendo y desde que inició la pandemia, a finales de marzo, está sin trabajo. Como ella, hay cientos en Ciudad Bolívar, una localidad al sur de Bogotá, de 780 mil personas que en su mayoría son estrato uno y dos, que se destacó hace unos meses por haber colgado trapos rojos en sus puertas y ventanas en señal de estar pasando hambre.

Con la reapertura de la ciudad, muchos recuperaron sus trabajos, pero aquellos que estaban en condición de más vulnerabilidad están peor que antes porque casi todos vivían de un rebusque que ya no tienen. 

La Silla Vacía recorrió Quiba Paraíso, Santa Bibiana y la Esperanza, tres barrios donde la gente se organizó para protestar por falta de ayuda del Gobierno. Sus habitantes quitaron los trapos rojos porque sienten que no fueron escuchados. Consideran que las ayudas del Distrito no han sido suficientes y que, más que subsidios o mercados, necesitan vivienda y oportunidades laborales. 

“Los trapos rojos no sirvieron”

El TransMicable atraviesa una parte de Ciudad Bolívar en un día gris. La aglomeración de personas, unos cuantos sin tapabocas, y los comercios va desapareciendo a medida que se asoma el barrio Quiba Paraíso, en la parte rural de la localidad. 

En el barrio las casas están construidas con madera, latas, llantas de plástico y otros materiales que la gente sacó de un botadero de basura que queda cerca. No tienen servicios públicos así que algunos usan agua de lluvia para bañarse y estufas de leña para cocinar.

 

Barrio Quiba Paraíso. Foto: Juan Felipe Ordúz/La Silla Vacía. 

Jorge Ariza, reciclador y quien es reconocido como un líder del barrio, lleva 12 años viviendo ahí. 

Cuenta que en Quiba Paraíso residen familias desplazadas de Tolima, Arauca, Antioquia y Córdoba que llegaron a Bogotá en busca de un techo. 

Desde marzo de este año han llegado más personas desalojadas de otras partes de la ciudad, entre colombianos y venezolanos. Son cerca de 300 familias más. 

Para él los trapos rojos no sirvieron. “Éramos 120 familias que vivíamos del rebusque que hoy no tenemos. Y ahora el barrio creció porque llegaron familias desalojadas de Suba, de Bosa, de Britalia, de Soacha. La mayoría porque no podía pagar los arriendos”. 

Así que estas personas están haciendo lo mismo que hizo Jorge Areiza hace 12 años cuando llegó a Bogotá en busca de un mejor futuro, lejos de la violencia del Chaparral, al sur del Tolima: construir una vivienda con lo que pueden.    

“Quitamos los trapos porque al final llegaron mercados para 80 personas solo una vez, pero muchas se quedaron sin el mercado y más encima llegaron otras familias sin nada, peor que nosotros”. 

También dice que han escuchado de muchas ofertas estatales de empleo, pero no son elegidos porque no tienen la preparación necesaria que exigen en esos trabajos. 

Para el edil de Ciudad Bolívar, Cristian Robayo, del Polo, los trapos rojos dieron cuenta de la situación de la población de Ciudad Bolívar y muchas otras partes de la ciudad e incluso del país, pero no dio los frutos esperados. “Ninguno quitó el trapo rojo porque esté mejor, sino porque no hubo una respuesta novedosa de la institucionalidad”, dijo. 

Para Robayo, lo que necesita Ciudad Bolívar, es lo que se necesita también en muchas otras partes de Bogotá y del país donde también sacaron trapos rojos: educación, salud y en especial oportunidades de empleo. 

En el Barrio La Esperanza, donde las casas al menos son en ladrillo y cemento y hay servicios públicos la situación no es mucho mejor. 

La señora Manuela Caro, de 68 años, nos recibe en su huerta donde tiene ruda, tomillo, laurel, manzanilla, papa y calabazas. Tenía una tienda, pero tuvo que arrendarla porque no vendía y no tenía cómo pagarle a los proveedores. Pero el hombre al que se la arrendó, por 200 mil pesos al mes, tampoco le ha sido posible pagarle el arriendo y ya le debe a ella también. Caro asegura que aunque la Alcaldía sí llegó a otros barrios, no llegó al suyo.  

La Administración y el Gobierno Nacional han entregado 712.012 transferencias monetarias, que pueden ir entre 220 mil pesos a 400 mil, para 500 mil familias de Bogotá que fueron caracterizadas en toda la ciudad como las que más necesitan ayuda. 

Solo en Ciudad Bolívar se han hecho 71.688 entregas de renta básica y más de un millón de entregas de ayudas alimentarias, entre mercados y refrigerios.

Caro, quien es secretaria de la Junta de Acción Comunal, sin embargo, dice que fueron entidades privadas las que donaron 700 mercados en su barrio. Pero eso solo alivia la necesidad momentáneamente. 

“Para mí ha sido una salvación la huerta -dijo Manuela Caro- Pienso que podría ser una opción para otras familias. En Ciudad Bolívar muchos viven en la ruralidad y si pudieran tener al menos esa huerta con algunos alimentos, podrían solucionar al menos lo de la comida”. 

Para Caro si hubiera más oportunidades la situación sería diferente. Asegura que en su comunidad “la gente no es pobre porque quiere -como dicen muchos- sino porque les toca”

Manuela Caro. Foto: Juan Felipe Ordúz/ La Silla Vacía. 

Trabajo no hay

En Santa Bibiana, un barrio que limita con Altos de la Estancia, un parque que se hizo famoso por los desalojos que hizo la Alcaldía de Bogotá a personas que habían ocupado este lugar en medio de la pandemia, nos recibe Adalgiza Urrutia. 

Antes de la aparición del coronavirus, trabajaba limpiando casas, en ventas ambulantes, en vigilancia y barriendo calles. Pero desde que inició la cuarentena, y aún cuando la ciudad ya reabrió, no ha podido conseguir empleo. 

“En los lugares donde trabajaba antes ahora me dicen que no me reciben por la edad”, asegura. La situación de Urrutia da cuenta de que la personas que sacaron los trapos rojos y que antes del covid  conseguían lo del diario, ahora ya no lo hacen tan fácilmente. También de las dificultades que tienen mujeres de su edad para conseguir empleo y por lo tanto de la necesidad de recibir ayuda estatal.  

En Ciudad Bolívar la mayoría de la población pertenece a estrato uno. A los que mejor les va es a quienes viven del comercio de todo tipo de cosas: comida, medicinas, ropa y accesorios para celulares. 

Pero en esa localidad buena parte de la población se dedica o se dedicaba a oficios con los que apenas logra conseguir lo del día a día: reciclaje, servicio doméstico, construcción, arte callejero y ventas ambulantes. Por eso la emergencia sanitaria que les obligó a encerrarse los golpeó tan fuerte. 

Y ahora cuando la ciudad ya reabrió no pudieron recuperar esos empleos. 

A Urrutia le preocupa que ahora que no consigue trabajo debe dos meses de arriendo y ocho de servicios. No se los cortaron porque los paga la dueña de la casa, Aidé Castaño, pero ya le pidió que le desocupara la vivienda sin esperanzas de que le pague. 

A causa de la emergencia sanitaria más de un 1,2 millones de personas perdieron sus trabajos solo en Bogotá. Eso es como si toda Cartagena o casi toda Barranquilla se quedara sin trabajo. La tasa de desempleo se duplicó en la capital, al pasar de 10,9 por ciento al 22, según las últimas cifras del Dane. Bogotá incluso superó el promedio nacional, que está en el 20 por ciento. Y la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegura que solo volverá a las cifras del 2019 a finales de este gobierno. 

Entre esos desempleados está también Noemí Montaño, de 52 años y habitante de Ciudad Bolívar. Se dedicaba a vender bolsas de basura en las calles de Cedritos, un barrio al norte de la ciudad. “Pero por el miedo al contagio nadie me baja la ventana del carro para comprarme una bolsa. Y en la calle menos”, dice.  Así que ya no se dedica ni siquiera a las ventas ambulantes, como lo hacía antes del covid.  

Lo que han hecho para sobrevivir mujeres como Urrutia y Montaño, cada una con una familia de cinco personas, es ir a las plazas de mercado para que les regalen comida o esperar a las afueras del Colegio Las Monjas, donde a veces también le donan alimentos. 

Han intentado inscribirse a Bogotá Solidaria, el programa de ayudas del Distrito para familias vulnerables, pero su falta de conocimiento en el manejo de plataformas digitales y las dificultades para acceder a internet les impiden saber si serán beneficiarias. 

Ante la situación, la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, le dijo a La Silla que habilitó la línea 3213009022 para que los interesados se comuniquen y puedan hacer la construcción de un perfil para ofertas de empleo. Esto puede ser una salida, que aún no se ha medido, ya que es un hecho que para muchos es difícil el acceso a internet, enviar correos o manejar plataformas digitales. 

En Santa Bibiana nos encontramos también con Claudia Liliana Gallego, de 45. José Porto Carreño, de 43, Sandra Milena Rivera, de 43. Y la líder social, Cristina Rosero, de 53. 

Antes de la pandemia, todos ellos lograban hacer lo del diario con oficios varios. Aunque no era mucho lo que ganaban en esos trabajos, les servía para sobrevivir. 

Hoy no tienen ni ese rebusque.

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