Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Paula Doria · 14 de Abril de 2021

Reserva Thomas Van der Hammen/Foto: CAR.

3605

0

Al norte de Bogotá, en unas de las tierras más codiciadas y escasas de la Sabana, colindan dos proyectos de ambición monumental: una reserva ambiental y un desarrollo de vivienda. Ambos son los proyectos más grandes del país de su tipo. 

En las últimas semanas los defensores de la reserva Thomas Van der Hammen se han enfrentado con los constructores de Lagos de Torca por la prolongación de una vía clave para el proyecto inmobiliario, la Avenida Boyacá. 

La confrontación, en la que autoridades ambientales y la alcaldesa Claudia López han tenido que terciar, se ha convertido en el escenario clave de las tensiones entre conservación y desarrollo en Bogotá. Después de años de debates, que se definieron en la Alcaldía anterior, quedó claro que tanto la reserva, como el proyecto de vivienda tendrían que coexistir.

La reserva Tomas Van der Hammen tiene 1.395 hectáreas. Es enorme, comparada, por ejemplo, con las 135 hectáreas del Parque Simón Bolívar. Además, según el Foro Nacional Ambiental, esta área protegida,“es parte fundamental de la estructura ecológica principal de la Sabana de Bogotá”, ya que conecta los Cerros Orientales, con los humedales y el río Bogotá. 

Pegado a la reserva queda el proyecto de Lagos de Torca, un terreno de 1.803 hectáreas, de las últimas urbanizables al norte de la capital. Ahí se planean construir 130 mil viviendas, en una alianza con constructores privados. En el esquema de planes parciales, además de comprar los terrenos y construir, los privados invertirán recursos para hacer bienes públicos; como vías, parques y alcantarillado. En la ciudadela, que combina apartamentos de lujo con vivienda popular, vivirían alrededor de 400 mil personas, una población similar a la de Pereira.  

Hasta ahora, ambos bandos han tenido que ceder. La avenida Boyacá va adelante, con condiciones que se terminaron de definir la semana pasada. Para sacar adelante la vía, los constructores tendrán que cumplir nuevos requisitos de protección ambiental que retrasarán el proyecto inmobiliario, según ellos. En medio del debate, la alcaldesa Claudia López ha tomado una posición intermedia, negociando entre su compromiso con la proyección de la reserva y su apoyo al desarrollo inmobiliario clave. No solo porque creará miles de empleos, sino porque soluciona parte del déficit de vivienda de la ciudad.

La disputa por la Av. Boyacá

La raíz de la pelea es que a los ambientalistas, una de las bases electorales de la alcaldesa Claudia López, no les gusta esa vía porque atravesará la reserva en dos tramos y genera un impacto ambiental. Al mismo tiempo, ese corredor es clave para la conectividad de Lagos de Torca. 

El año pasado, la gerente del proyecto publico-privado Lagos de Torca, Natalia Trujillo, dijo al Espectador que sí o sí era necesario sustraer una parte de la reserva para extender la avenida Boyacá, y porque por ahí pasarían redes de alcantarillado para Lagos de Torca. 

La Avenida Boyacá sería un corredor de 69 metros de ancho que atravesaría la Van Der Hammen en cinco kilómetros. Se necesitan cerca de 14 hectáreas para que por esta vía pasen dos carriles por sentido, cicloruta y una troncal de TransMilenio o un tren.

En azul, en la parte inferior, la avenida Boyacá. 

Por eso los ambientalistas, entre concejales y movimientos ciudadanos, pidieron que como mínimo los constructores tuvieran que pedirle a autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional (CAR), una licencia ambiental y un diagnóstico de alternativas. 

El primero es un permiso que garantiza que se va a hacer un estudio de impacto ambiental y la forma cómo va a ser compensado. En el trámite, la licencia puede ser negada lo cual frenaría Lagos de Torca. 

El segundo es un estudio adicional, llamado Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que garantiza que el trazado actual de la avenida es la mejor opción disponible.

Aunque la alcaldesa López ha sentado su posición proteccionista de la reserva, y se opuso a la idea de la sustracción, la decisión de si se pedían estos requisitos a los constructores no está en sus manos, sino de la CAR. 

El 21 de marzo, la CAR decidió que los constructores si necesitarán solicitar licencia ambiental.Y el 9 de abril aseguró que no se necesitará diagnóstico de alternativas.  

Llegar a este punto implicó un proceso que muestra cómo se han tramitado las tensiones entre ambos bandos. 

El tire y afloje entre constructores y ambientalistas

La CAR decidió inicialmente que se necesitaba una licencia ambiental en diciembre de 2020. Este año la Procuradora Ambiental, Olga Lucía Patin, le pidió que revisara su decisión y convocó a mesas de trabajo para evaluar si se necesitaba licencia o no. 

“La CAR no es la autoridad competente para definir el tipo de vía que es la Boyacá. Por eso debía revisar su decisión después de que los competentes, el Distrito y el Mintransporte, definieran si era una vía rural o urbana y ahí la CAR podría pedir con certeza la licencia”, dijo la procuradora Patin a La Silla Vacía. 

Esta petición fue vista como una forma de presionar a la CAR para que se retractara en la solicitud de la licencia. Así nos lo aseguró una persona involucrada en el proceso, que no está autorizada para dar declaraciones.

“En las reuniones Patin insistió en la incompetencia de la CAR. Invitó a los represenantes de Lagos de Torca para que defendiera la postura de que no se necesitaba ese permiso, lo que no es usual en esas reuniones. No invitó a los defensores de la reserva como para balancear. Y el viceministro Francisco Cruz (exsecretario de Peñalosa) gritaba a los funcionarios de la CAR cuando argumentaba por qué no se necesitaba licencia”, dijo la fuente.

Ante estas supuestas presiones, la procuradora Patin le dijo a La Silla que su decisión no suponía una presión en contra de la licencia. Lo que quería, dijo, era que “se cumpliera la ley”. El viceministro Cruz no respondió a los mensajes que le envió La Silla para preguntarle por esa presunta presión. 

Sobre el episodio, La Silla consultó a los defensores de la reserva Sabina Rodríguez, activista ambiental; María Mercedes Maldonado, quien fue integrante de la veeduría ciudadana de la reserva e integrante de la alianza por la defensa de la Sabana, y Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental. Los tres coinciden en que hubo presión por parte de la procuradora Patin porque nunca usó el argumento de la protección al ambiente para que se reevaluara la decisión de la CAR. 

Al final la CAR no cedió. Ratificó su decisión de pedirle licencia ambiental a los constructores de Lagos de Torca, lo cual representa una victoria importante para los ambientalistas. 

“No es un obstáculo para el desarrollo cómo lo han querido pintar, sino una garantía mínima para mitigar los impactos ambientales en la reserva”, dijo Sabina Rodríguez.  

La licencia implica que se hagan estudios sobre el impacto ambiental y que se garantice que los daños de la construcción sean compensados. Esto significa una mayor inversión para los desarrolladores de Lagos de Torca. Además la ciudadanía podrá solicitar una audiencia si se siente inconforme con las decisiones que se toman sobre el proyecto.

Según Lagos de Torca, esto implica retraso de un año. “También podría haber una afectación en los costos debido a la inflación y además afectará el inicio de algunos proyectos de vivienda que dependen de la ejecución de la Avenida Boyacá”, aseguraron.

Pero no todo es celebración para los ambientalistas. Esta semana también la CAR dijo que la obra de todas formas no necesitaba Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

“Después de realizar un estudio pormenorizado (...) el trazado presentado el pasado mes de marzo se constituye en la única alternativa de carácter ambiental para el desarrollo del proyecto”. Esto es un punto para los constructores que no tendrán que hacer un estudio adicional al que requiere la licencia. 

Los ambientalistas consultados para esta historia no quedaron contentos con la decisión. Coinciden en que la CAR no estudió varias alternativas, sino solo la que presentó Lagos de Torca y que justamente por eso era necesario que los constructores demostraran con otras alternativas que esa era la única opción viable. 

Todos ellos van a insistir en que este trámite sea exigido, aunque la CAR ya tiene una postura al respecto. 

Lo que viene con el trámite de la licencia sin duda será otro motivo de polémica entre ambientalistas y constructores. Uno que, por ahora, la Alcaldesa ha podido navegar sin un costo político.

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia