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Por Jineth Prieto · 05 de Marzo de 2021

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La hipótesis que lanza hoy la Fiscalía al pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es completamente opuesta a la de la Corte Suprema de Justicia. Al hacerlo, la Fiscalía de Francisco Barbosa se juega su credibilidad.  

Si el juez que evaluará ahora la preclusión desestima la argumentación de la Fiscalía, tomará fuerza la tesis de que el fiscal Gabriel Jaimes no tuvo en cuenta toda la carga probatoria que heredó de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y optó por proteger al expresidente. 

Pero, si el juez le concede la razón a la Fiscalía, quedará maltrecha la credibilidad de la Corte Suprema y será reivindicada la posición de Uribe de una persecusión política en su contra.

Los detalles de los argumentos para pedir la preclusión se conocerán en la audiencia, que será programada en las próximas semanas, luego de que el caso sea asignado aleatoriamente a un juez de conocimiento. 

La prueba ácida

En la decisión de hoy la Fiscalía se enfrenta jurídicamente a la Corte Suprema. 

 

La Sala de Instrucción de la Corte llamó a indagatoria al entonces senador Uribe en 2018 por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno. Cuando resolvió su situación jurídica, en una decisión de más de mil páginas, dijo que tenía pruebas suficientes para detener al expresidente preventivamente, por considerar que podía torpedear el proceso en libertad.

Dentro de las pruebas que tuvo en cuenta la Corte, con César Reyes como magistrado ponente, y que le trasladó a la Fiscalía una vez perdió competencia para investigar a Uribe tras su renuncia al Senado, existen videos, audios, interceptaciones y chats de Whatsapp.  

Por ejemplo, existen varias conversaciones interceptadas en las que queda prueba de que Uribe estaba al tanto de los movimientos de Cadena y la manera en la que buscaba los testigos, como contamos aquí.

También hay testigos que dicen, bajo juramento, que el abogado Diego Cadena, como emisario de Uribe, habría intentado sobornarlos o les ofreció beneficios a cambio de hablar a favor de el expresidente. Y hay otros testigos que fueron citados por solicitud de la defensa del expresidente y que terminaron señalados por presunto falso testimonio.  (Vea aquí el pe a pa de proceso contra Uribe). 

Desde que recibió el expediente, la Fiscalía asumió posiciones favorables a la defensa de Uribe, como cuestionar la indagatoria de la Corte con el argumento de que estuvo mal hecha o estar a favor de reiniciar el proceso en su contra.

La prueba ácida de la Fiscalía se dará ante un juez. El día de la audiencia, Jaimes tendrá que justificar por qué desestimó las pruebas de la Corte o, si las tuvo en cuenta, por qué llegó a la conclusión de que no comprometen la responsabilidad del expresidente.

También tendrá que contar cómo las nuevas pruebas que practicó ofrecen una perspectiva contraria a la Corte sobre el caso y le dan sustento a su decisión. Esas nuevas pruebas, como contamos, favorecen más la posición de la defensa de Uribe. 

Además, la tesis de Jaimes no solo deberá convencer al juez, sino posteriormente a los tres magistrados que conformen la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 

Ellos son los que tendrán la última palabra sobre la solicitud de preclusión, dado que el senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso, ya anunció que apelará y demandará al fiscal por prevaricato.

Si al final el Tribunal niega la preclusión tomará fuerza la idea de que la Fiscalía tomó una decisión política basada en su cercanía con el Presidente, y no una estrictamente jurídica basada en las pruebas judiciales. 

Eso minaría aún más la percepción de que la Fiscalía, bajo el mando de Barbosa, se ha convertido en un apéndice del Presidente. Una sospecha que nació cuando llegó a dirigirla el mejor amigo y ex subalterno del presidente Iván Duque sin credenciales probadas en el área penal o gerencial. 

También se reforzaría la idea de que las víctimas no tenían garantías. 

Para saber qué pasará en los estrados judiciales aún falta tiempo porque entre cada audiencia pueden pasar semanas e incluso meses. 

En todo caso, la credibilidad de la Fiscalía no será la única que se jugará en lo que se viene.

Delitos a espaldas de Uribe ¿Otra vez?

En el comunicado, Jaimes deja la puerta abierta de que sí se hayan cometido delitos, pero con la tesis de que no hay pruebas de que Uribe haya participado en ellos.

Entonces, nuevamente podría darse el escenario de que personas cercanas a Uribe terminan cometiendo delitos para favorecerlo sin que él quiera que lo hagan o incluso se entere. En este caso sería su exabogado Diego Cadena, quien ya está en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno.

Cadena fue el abogado de Uribe para buscar y recoger testimonios, y está en juicio por los mismos hechos. 

En este caso ya otro fiscal dijo que Cadena habría cometido delitos para favorecer a un tercero. Ese tercero, en el contexto del caso, sería Uribe.

Como contamos en esta historia, hay un patrón de que personas cometen delitos para favorecer al expresidente sin que él lo supiera. 

Pasó, por ejemplo, con sus exministros del interior Diego Palacio de Salud y Sabas Pretelt, y con su secretario de la Presidencia Alberto Velásquez. Todos fueron condenados a varios años de cárcel por ofrecer y entregar prebendas a congresistas que ayudaron en la aprobación del proyecto de la reelección presidencial de Uribe. Los tres siempre defendieron que Uribe no sabía.

En entrevista del año pasado en la que le preguntamos a Uribe por ese patrón, no contestó la pregunta. En su lugar habló del caso puntual: “lo de los ministros es totalmente injusto. Y le ruego hacerlo concordante con lo que reveló la prensa nacional de grabaciones a la Corte, donde la Corte decía ‘a los ministros de Uribe hay que meterlos a la cárcel, no por razones jurídicas sino políticas’”. 

Colombiacheck verificó esa respuesta y no encontró evidencia en la prensa de que la Corte hubiera hecho tal afirmación.

Además de este argumento, el Trubunal también entrará a zanjar otra pelea de Uribe: la motivación política de la Corte Suprema de Justicia cuando lo investiga.

La bandera de la persecusión

En el fondo, el debate en el caso Uribe ha girado en torno a la credibilidad de la justicia.

Por eso, el fallo del Tribunal también dará un veredicto sobre el discurso del expresidente acerca de que es un perseguido político de la Corte Suprema. 

Uribe dice que no tuvo garantías, entre otros, porque fue interceptado por error, porque la Corte no llamó todos los testigos que su defensa solicitó y porque no le permitieron contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve. 

El expresidente ha usado el argumento de la persecución, no solo en este proceso, sino en los demás que lo han tocado directa o indirectamente.

En la línea uribista, una vez se conoció la decisión empezaron a mover la etiqueta #SeCaeElMontaje, que ha sido replicada por varios congresistas del Centro Democrático.

 

Así como por la línea dura del uribismo militante.

 

En el lado del antiuribismo la etiqueta más fuerte ha sido #UribeDebeSerJuzgado. Desde anoche estaba convocada una twitteratón desde las 6 de la mañana para posicionarla.

Más allá de cómo esta decisión ahonda la polarización política y se convierte en un tema obligado para el 2022, lo claro por ahora es que con la decisión del fiscal Jaimes, Uribe suma dos victorias seguidas desde que su proceso pasó a la Fiscalía (la primera fue cuando le decretaron la libertad). 

Con ellas refuerza su discurso de que tenía que renunciar al Senado para cambiar de investigador porque en la Corte Suprema era un perseguido político y no tenía garantías.

“El desgaste al final es el de la rama judicial. Un sector tildará a la Corte de perseguidora y otro sector a la Fiscalía de alcahueta”, dijo a La Silla Carlos Suárez, analista y estratega político. 

La decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá zanjará ese debate.
 

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