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Por Juan Pablo Pérez B. · 18 de Diciembre de 2020

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La Fiscalía acusó esta semana al actual presidente y a otro expresidente de la multinacional Drummond, la mayor productora de carbón del país, por supuestos nexos con los paramilitares. Si los empresarios lo deciden, su investigación podría llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y convertirse en el caso de mayor envergadura de terceros involucrados en el conflicto que comparecen ante la justicia transicional.

Los acusados son el expresidente de la compañía Augusto Jiménez Mejía y el hoy presidente José Miguel Linares Martínez, a quienes la Fiscalía investiga por, presuntamente, financiar y promover grupos paramilitares en el Cesar.

Su caso aún puede llegar a la JEP y, a condición de confesar su participación y de reparar a sus víctimas, los directivos podrían evitar la cárcel y acceder a penas alternativas más leves que las que les impondría la justicia ordinaria.

La JEP establece que los terceros que quieran someterse a su jurisdicción deberán hacerlo en un plazo máximo de tres meses desde que hayan sido vinculados al proceso de la jurisdicción ordinaria. 

La investigación de los directivos de la Drummond se rige bajo el procedimiento penal anterior (Ley 600 de 2000) y, por ende, se entiende que un procesado está formalmente vinculado a un proceso tras su indagatoria.

La de Jiménez y Linares fue el pasado 27 de octubre, por lo que tendrían plazo hasta el 27 de enero para solicitar entrar a la JEP.

Sin embargo, Pablo Urrutia, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Drummond, le dijo a La Silla Vacía que todavía no han considerado esta opción.

“Esto ha sido manejado por la justicia ordinaria y, por ahora, no hay intención de ir a la JEP”, nos dijo.

En todo caso, dado que el proceso ya está en juicio (una etapa más avanzada de la investigación en la que la Fiscalía considera que tiene las pruebas suficientes para acusarlos), si los empresarios de la Drummond optan por ir a la JEP evitarían pasar en la cárcel hasta 18 años en el eventual caso de ser condenados por la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares por el que los acusan.

Sobre todo porque el principal testigo en su contra, que ya fue condenado por sus relaciones con los paramilitares, fue aceptado en la JEP y se comprometió a revelar cómo la multinacional gringa financió a un frente de las AUC en Cesar.

El caso de los posibles terceros más importantes en la JEP

Hasta ahora, son pocos los empresarios que se han sometido voluntariamente ante la JEP para confesar su participación en el conflicto.

Como contamos en La Silla, de las más de 600 solicitudes que había recibido la JEP al momento en que se les acabó el plazo (6 de septiembre del año pasado) a los terceros que hubiesen sido vinculados a procesos penales antes de que empezara a andar la justicia transicional, sólo 13 eran de empresarios.

Ninguno de ellos tiene un perfil tan alto como los presidentes de una multinacional.

Entre esas 13 solicitudes, estaba la de Jaime Blanco Maya, un contratista de Drummond medio hermano del exprocurador Edgardo Maya, encargado de prestarles el servicio de alimentación a sus trabajadores, que fue aceptado como tercero el 26 de noviembre del año pasado y que es el origen de la investigación contra los directivos de la Drummond.

Blanco es clave en todo este proceso porque en enero de 2013 fue condenado a poco más de 18 años de cárcel por ser el autor intelectual de los asesinatos de los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética), el principal sindicato de la Drummond.

En su condena, el juez encargado pidió compulsar copias para que se investigara a Augusto Jiménez y otros directivos de la multinacional.

La actual investigación en contra de Jiménez, quien para ese momento era el presidente de Drummond, y en contra de Linares, quien para ese entonces era el vicepresidente de Asuntos Corporativos, está directamente relacionada con el caso de Blanco, pues, según la Fiscalía, la Drummond habría financiado a los paras a través de él.

De acuerdo a lo que reveló El Tiempo, que tuvo acceso al auto de acusación de la Fiscalía, los dos investigados "conocieron de ese contexto macrocriminal (la presencia de las AUC en Cesar), el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello, intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal".

Ahora bien, ¿quién es Jaime Blanco?

Para el 12 de marzo de 2001, el día de los asesinatos de los sindicalistas, Blanco era el dueño de una empresa llamada Industrial de Servicios de Alimentos (ISA), que Drummond había contratado, por poco más de 16 mil millones de pesos, para prestar el servicio de alimentación de la mina.

En ese momento, Sintramienergética estaba pidiendo que la multinacional le terminara el contrato a ISA por el pésimo servicio de alimentación que ofrecía. 

Para evitar perder este millonario contrato, Blanco habló con los dirigentes del frente Juan Andrés Álvarez de las autodefensas, con quienes se reunía frecuentemente y tenía una relación de amistad, para que asesinaran a Locarno y a Orcasita y, así, desincentivar al sindicato y conservar su negocio. 

El tiro le salió por la culata puesto que, tras los homicidios, el sindicato insistió con más fuerza y la Drummond le terminó el contrato.

La Drummond terminó envuelta en estos asesinatos porque, en el juicio y según consta en el fallo que lo condena, Blanco aceptó sus relaciones con los paramilitares y dijo que era un “filtro” entre el grupo armado y la multinacional.

“Yo era una especie de filtro entre la multinacional y las autodefensas”, aseguró.

En su solicitud de ingreso a la JEP, Blanco dijo lo mismo. Como parte de sus compromisos de verdad, que tiene que presentar todo tercero que quiera ingresar a la JEP, se comprometió a esclarecer “la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la multinacional Drummond”.

También aseguró que no sólo hablará de los asesinatos, sino, también, de “todo el contexto de financiamiento por parte de la Drummond (…) al frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC desde el año 1995 hasta el 2002”.

“Entregaré información clara y precisa de los directivos de Drummond que me consta que tenían conocimiento de los aportes a los grupos de autodefensa, pues desde ya debe tenerse claro que estos pagos no corresponden a extorsiones ni a las mal llamadas 'vacunas', pues no fueron más que contribuciones voluntarias a un actor armado del conflicto armado”, dijo.

Drummond sacó ayer un comunicado en el que asegura que ninguno de sus directivos ha tenido “vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen”.

También se defendió diciendo que sus directivos no han tenido nada que ver con las imputaciones que les han hecho por violar derechos humanos y que siempre han colaborado con la justicia para esclarecer estos hechos. Tanto así, dicen en el comunicado, que han ganado todos los casos que han tenido en contra y que algunos testigos en su contra han sido cuestionados.

“En esas instancias se ha establecido que varios testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por su testimonio. Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”, dice el comunicado.

Se refieren al caso de Terry Collingsworth, un abogado gringo que demandó en Estados Unidos a la multinacional gringa por su supuesta relación con los paramilitares. Todas las demandas las perdió y Drummond lo demandó por difamación.

Aun así, la acusación que les hizo la Fiscalía esta semana, junto a lo que se comprometió a contar Blanco en la JEP, les mete presión a los directivos de la Drummond de someterse a la JEP y así ser partícipes de sus beneficios.

También es una oportunidad para dar luces sobre el posible rol que haya cumplido esta multinacional en el conflicto armado en el Cesar.

Entre 1996 y 2001, la época en la que supuestamente sucedieron los hechos por los que acusan a los directivos, la Drummond fue víctima de múltiples ataques de las Farc, que no solo dinamitaron el ferrocarril unas seis veces causando un incremento sustancial en los costos de operar en el país sino que además les pedían $3 dólares por tonelada exportada.

En ese contexto, por su parte, Drummond ha dejado, como contamos en este documental, un controvertido legado en derechos humanos en Colombia que podría estar a punto de esclarecerse.

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