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Por Juanita Vélez | Laura Soto | Ana León | Ever Mejía | Jerson Ortiz · 02 de Febrero de 2020

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La cara desconocida de los muertos de la Farc

 

A Benjamín Banguera lo mataron el primero de enero; Crescencio Santos el 12; Hober Arias Giraldo el 15; Jhon Fredy Vargas el 25; Darío Herrera este martes. Con ellos, van 185 excombatientes asesinados, según cuentas de la Farc, desde la firma del Acuerdo de La Habana. El Acuerdo que los desarmó y que prometía protegerlos.

No sólo han matado a esa cantidad de desmovilizados, sino también a familiares de exguerrilleros rasos (van 41 casos); otros trece desmovilizados están desaparecidos.

El Gobierno de Iván Duque cree que sobre todo los matan sus excompañeros disidentes metidos en narcotráfico. La Farc que los mata el Estado. Ambas conclusiones se quedan cortas para explicar a fondo el problema más grave de la implementación de un Acuerdo que ha sido ejemplo en el mundo, pero que después de su firma ha puesto más desmovilizados asesinados que los que hubo después del proceso de paz de Guatemala. 

El 27 de enero el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, sacó un paquete de diez medidas de protección para los excombatientes y el viernes volvió a pronunciarse al respecto y dijo que “para el gobierno la seguridad de los excombatientes es una prioridad”. 

El paquete incluye un plan de atención para los que no viven en los 24 espacios de capacitación donde dejaron las armas, que son la mayoría; acelerar los cursos de capacitación en autoprotección; darle más plata a la Fiscalía para que llegue rápido a las escenas del crimen; y que las entidades responsables (como los ministerios de Defensa e Interior, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, entre otras) se reúnan una vez al mes para revisar nuevas amenazas y tomar medidas para prevenir más muertos. 

A ese paquete se suma el Cartel de Búsqueda que lanzó el 9 de enero la Policía, en compañía del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, con las 30 fotos de criminales -10 miembros del ELN, 17 de disidencias de Farc, dos del Clan del Golfo y uno de Los Pelusos- por las que el gobierno ofrece desde diez hasta cuatro mil millones de pesos por haber matado exguerrilleros de las Farc. 

 

 

Es probable que estas medidas ayuden, pero que se queden cortas frente a la complejidad del fenómeno. 

Esa es la conclusión a la que llega La Silla Vacía después de hacer reportería en terreno con las familias de cuatro excombatientes asesinados (en Meta, Arauca, Cauca y Córdoba) y consultar 45 fuentes, entre militantes del partido Farc en los 20 departamentos donde los han matado, y entrevistas con diplomáticos, militares y expertos. 

¿A quiénes están matando?

La mayoría de desmovilizados asesinados provenían de las regiones con más coca, líos de seguridad y donde más líderes sociales están asesinando. Los departamentos más críticos son Cauca, con 38 asesinatos; Nariño con 26; Antioquia con 21; y Caquetá con 18. 

 

 

 

El patrón más predominante entre los desmovilizados muertos es el de haber salido recientemente de la cárcel, amnistiados o indultados gracias al Acuerdo. De los 185, 79 eran expresos y según pudo confirmar La Silla por una fuente diplomática que lo sabe de primera mano, varios de ellos fueron asesinados a los pocos días de salir libres. 

La mayoría no tenía altos rangos en la guerra. Sólo 16 de los 185 casos que tiene la Farc en su base de datos tenían una posición de jerarquía como ser excomandantes de bloque, de frente o responsables de misiones específicas.

De ellos, nueve eran financieros de un frente. Eran los encargados de cobrar las extorsiones del grupo y de llevar las cuentas financieras en la zona; conocían las rutas del narcotráfico y los eslabones del negocio, y en general, manejaban la plata. 

El tipo y la cantidad de información que tienen los antiguos jefes financieros sobre cómo funcionaban los negocios ilegales de las Farc, sus contactos dentro de la legalidad para mover y lavar la plata, y los nombres de los testaferros que tienen las propiedades que no reportaron las Farc bajo su nombre los dejan muy expuestos.

Es el caso de Alfonso Avila, alias ‘Chonchón’, financiero del frente 10, que operaba en Arauca. Tenía 39 años y se había ido a vivir a Puerto Jordán, un centro poblado del departamento, con su esposa. Había montado la fábrica de chorizos ‘Chorichón’ y quería montar un proyecto productivo para criar chivos. 

Fue asesinado en agosto de 2017, en Puerto Jordán.  

“Él sabía de propiedades, ganado y plata de las Farc y por eso lo mandaron a matar”
Fuente de Farc en Arauca.

Ese día salió temprano en su moto a comprar comida para el desayuno. De regreso, dos sicarios le dispararon por detrás. Nueve balazos por la espalda. Lo remataron, al parecer, cuando cayó. Tenía tres balazos más por delante. 

El día del velorio, un miembro de la comunidad le dijo a uno de sus familiares que tres días antes del asesinato, ‘Chonchón’ le había dicho que estaba buscando una pistola para defenderse porque se había ganado “un enemigo grande”.

Cuando les preguntamos a tres personas que se mueven por esa región por su asesinato, nos dijeron que su rol como jefe financiero de la guerrilla tuvo que ver. 

“Él sabía de propiedades, ganado y plata de las Farc y por eso lo mandaron a matar”, nos dijo uno de ellos. Según esas versiones, ‘Chonchón’ habría tenido una discusión al interior de las Farc sobre cómo se entregarían y manejarían los bienes que tenían en la región. 

Sabía demasiado.

Así cómo sabían demasiado otros de los asesinados, que iban a ser llamados a dar su versión en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dentro del caso de secuestro. 

Como Jorge Enrique Nieto, de la Teófilo Forero, que fue condenado por la toma del Edificio Miraflores en Neiva y que apareció muerto en octubre de 2017; o Roberto Sepúlveda, que era del Bloque Caribe y tenía proceso abierto por el asesinato de la Cacica Araújo; o Héctor Alirio Quintero, alias ‘Rubín Castañeda’, que hizo parte de la comandancia del frente 48 de las Farc y a quien mataron en noviembre de 2018. 

El mismo pecado de saber demasiado ha vuelto blanco de asesinatos a los milicianos. 

Según la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, encargada de esclarecer estos casos, 54 de los desmovilizados muertos (nosotros solo pudimos verificar 34 tras llamar cinco fuentes del partido, cuatro de ellas dedicadas a hacerle seguimiento a los asesinatos y cruzar estos datos con información de prensa regional) eran milicianos que, desde la clandestinidad, servían de apoyo a la guerrilla sin vestir de camuflado ni estar visiblemente armados. 

Se dedicaban especialmente a hacer inteligencia como infiltrados en los batallones del Ejército, o a detectar auxiliadores de la Fuerza Pública o de los paramilitares en los pueblos.  

También ayudaban a guardar armas, preparar explosivos y esconder guerrilleros. A los ojos de todos eran sociedad civil. En realidad, formaban parte de la estructura de las Farc. 

Aunque ni siquiera la comandancia sabe exactamente cuántos eran y no comparten ese listado con nadie, se estima que por cada combatiente armado había un miliciano. Ya sin la protección armada de las Farc, su vulnerabilidad es muy grande.

De los muertos, cinco eran jefes de milicias. Ese eslabón, sobre el que menos control tenían las Farc, se está volviendo ahora carne de cañón, ya sea para que los grupos armados los recluten o ellos u otros los maten para evitar que ese conocimiento que tienen sea aprovechado por un grupo rival.

Primero, al formar parte de la estructura de las Farc y al mismo tiempo estar fuera de ella,  los eventuales testimonios de los milicianos frente a la JEP o la Comisión de la Verdad pueden ser incluso más lesivos que los de los combatientes para otros miembros de la antigua Farc, y también para terceros que no quieren que se sepa su verdadera participación en el conflicto. 

También, dado que eran ellos los que delataban a la gente de los pueblos ante las Farc o los que cobraban muchas veces las extorsiones, sus caras son lo suficientemente conocidas en las zonas, por lo que es más fácil para sus antiguas víctimas cobrar venganza. 

Además, como nunca vivieron con la guerrilla cuando estaban en plena guerra, la mayoría simplemente retomó su vida en sus propios sitios cuando se acabó, quedando mucho más expuestos que los otros, como le pasó a Luis Carlos Yunda, exmiliciano del Frente sexto de las Farc que mataron dos hombres armados en Corinto, Cauca, en septiembre del año pasado. 

Yunda tenía 41 años y esperaba terminar la secundaria junto a su pareja y estudiar para ser mecánico y ella ser enfermera. También quería crecer su cultivo de piña, comprar una casa y seguirle apostando al proceso de paz. Su gran sueño era ver a su pequeña hija de tres años convertida en una enfermera. Le gustaba mucho pasar tiempo con ella, por eso su hija dejó de comer luego de la muerte de su papá y aún pregunta por él. 

Un desmovilizado que conoce del caso le dijo a La Silla que Yunda tuvo varias amenazas. Incluso él había denunciado que un día dos personas con armas largas se habían parado en el Etcr de Miranda para intimidarlo.

Yunda hacía labores de inteligencia en la guerrilla y delató a varios infiltrados e informantes del Ejército que fueron expulsados de la zona por lo que algunos de sus compañeros creen que se debe a retaliaciones.

Si bien su familia no sabe quién lo mató ni por qué, y la Unidad Especial aún no resuelve el caso, su mamá, quien murió de un infarto el día del entierro de Yunda, también tenía esa corazonada. 

“La mamá de él sí dijo en varias ocasiones que tenía miedo por la vida de su hijo.  Decía que había muchos grupos armados en la zona y que (los excombatientes) podían tener algunos enemigos por cosas que hicieron en el pasado”, le dijo a la Silla un familiar del exguerrillero, que nos pidió no citarlo por seguridad. 

Su compañera, que también le apostó a la paz creando el emprendimiento de las muñecas de trapo excombatientes, e hija, se fueron del Etcr por temor. 

Algo similar sospechan que pasó con el exguerrillero Jorge Eliécer Yule Rivera, que fue asesinado en Caloto en agosto de 2019. 

Yule había sido miliciano del frente sexto de Las Farc muchos años junto a varios de sus hermanos en ese municipio caucano y ahora trabajaba en el campo.  

Él y algunos de sus familiares, que fueron gente de confianza de los altos mandos de las Farc como el hoy senador Pablo Catatumbo, han sido víctimas de atentados y están desplazados del Cauca. 

Su función también era hacer inteligencia a infiltraciones de militares en la zona. En la Farc sospechan que algunas de estas personas han regresado a la zona y se están vengando. 

Él, como los otros 183 muertos, fueron asesinados por fuera de los espacios territoriales en los que dejaron las armas.  En estas ‘ciudadelas de la Farc’ sólo quedan 3.479 de los casi 12 mil que se desmovilizaron y sólo dos asesinatos han ocurrido en estos sitios. 

Uno de ellos es el de Alexander Parra, a quien mataron en su casa mientras jugaba ajedrez en el espacio de Mesetas, Meta, en octubre del año pasado.

La prometida de Alexander, una exguerrillera que duró más de treinta años en las Farc y que estaba preparando la boda, sólo se acuerda de dos cosas de la noche que lo mataron: no poder quitarse rápido la cobija con la que él la había enrollado para que durmiera, y la cara de ‘Tara’, su perrita, empapada de sangre.   

La Fiscalía capturó a Jhon Jairo Giraldo, alias ‘Edier’, que era un líder del espacio territorial y que según la hipótesis de la entidad, le pagó a un sicario para que matara a Alexander porque había descubierto una red de narcotráfico en la que ‘Edier’ estaría metido con unos disidentes.

Sin embargo, Luz Marina cree que detrás de él hay alguien más importante, y que falta mucho para llegar al fondo. 

“No sé si sean culpables de los asesinatos de los otros compañeros, pero al menos del de mi esposo no”, nos dijo, mientras miraba el ‘Cartel de Búsqueda’. 

Al menos ya hay unos capturados en su caso, que ha avanzado en parte porque es más fácil investigar en estos espacios, dado que tienen anillos de Ejército y Policía.

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía dice que tiene identificados presuntos responsables en 93 casos y que han emitido 23 sentencias condenatorias por homicidios y dos más por amenazas. No todas estas sentencias son de autores intelectuales.  

Es el 12 por ciento del total de homicidios, una tasa de condena unos puntos por debajo del promedio de homicidios normales.

A partir de los presuntos responsables, la Unidad Especial ha encontrado algunos patrones: que los matan sobre todo por retaliaciones entre ellos mismos o porque terminan metidos en peleas por control territorial (cuentan 31); porque los gradúan de sapos, por hablarle a la Fuerza Pública (tienen 6 casos); por motivos personales, que van desde infidelidad hasta peleas que terminan en balaceras (tienen 10 casos); o por oponerse a que los recluten, entre otras razones. 

Con base en esas órdenes de captura (la Unidad Especial le pasó al Gobierno las órdenes de 110 autores materiales y de 53 determinadores) es que el Gobierno priorizó y sacó su Cartel de búsqueda.

Que, aunque ayuda a identificar los casos que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía está esclareciendo, generan dudas entre la Farc. 

Las dudas

La teoría de la Farc, por reportería que hicimos con 30 fuentes, entre líderes y exguerrilleros del partido en los espacios territoriales, es que al Cartel le faltan las Fuerzas Militares. Ellos creen que todo viene de un plan sistemático para asesinarlos.

Están convencidos de eso, sobre todo después del asesinato del miliciano Dimar Torres en el Catatumbo, porque lo mató un cabo segundo del Ejército, siguiendo presuntamente  órdenes del coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien justo hace cuatro días fue enviado a la cárcel por este crimen. 

Creen que en sus casos están metidas ‘Las Águilas Negras’, a quienes ven como sectores de inteligencia de la Policía y el Ejército. Y lo creen con más fuerza desde que el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, dijo hace unos días que Las Águilas no son una “organización conocida en Colombia” y que “no ha sido registrada”.

Aunque esa es su teoría general, en su base de datos de desmovilizados muertos solo identifican como presunto responsable a la Fuerza Pública en cinco casos más, aparte del de Dimar: el de Jhonny Manuel Teherán Castel y alias ‘Mónica’ en Bolívar; el de Joaquín Gutiérrez Rincón en Casanare; el de Juan Sebastián Carvajal en Chocó y el de Carlos Jimmy Miranda, en Meta. 

El caso de Miranda, asesinado en junio del año pasado en La Macarena, es el más documentado por la Farc.

Hay dos versiones. La del Ejército, como contó en su momento El Espectador, es que Miranda cayó en un operativo de la Fuerza de Tarea Omega y que era “un presunto miembro de una Gaor (Grupo Armado Organizado Residual) de la zona.”

Pero la versión de la organización social Ascal-G, que como investigó La Silla, tuvo una relación de convivencia y de coordinación con las Farc por compartir por años el territorio, es que no hubo ningún operativo. 

Según el comunicado que sacaron, ese 9 de junio, hacia las 11:30 am, “en la vereda Las Malvinas, tropas del Ejército Nacional asesinaron al campesino en proceso de reincorporación Carlos Miranda, de 30 años de edad, quien se transportaba en una moto. Esto sucedió a escasos metros de una fonda de la vereda donde se desarrollaba un bazar y cerca de la escuela”. 

Dicen también que el Ejército instaló retenes en las tres vías de la vereda Aires del Perdido “donde detuvieron a toda persona que transitaba por la vía”. Esta zona, como hemos contado, es un punto crítico y de constante enfrentamiento entre los campesinos y el Ejército, porque es una zona de influencia de Gentil Duarte. 

Los otros casos sobre los que la Farc sospecha de las Fuerzas Militares serían más por omisión o complicidad que por autoría. 

“Creemos que ha habido permisividad del Ejército y la Policía, para que los otros grupos, sean quienes sean, atenten contra nosotros, por los sitios donde se mueven, por las características de los asesinatos”
Fuente de Farc en Cauca.

“Creemos que ha habido permisividad del Ejército y Policía, para que los otros grupos, sean quienes sean, atenten contra nosotros, por los sitios donde se mueven, por las características de los asesinatos”, nos dijo una fuente del partido Farc en Cauca; él no entiende cómo en un pueblo pequeño como Buenos Aires, las disidencias se muevan como Pedro por su casa sin que el Ejército haga nada al respecto.

Otros ejemplos que citan son las muertes de Agustín Sánchez (asesinado en febrero del año pasado) y Oneider González (asesinado en marzo) en Tolima. 

Dos fuentes del Etcr de Planadas dicen que estos homicidios están relacionados con un grupo armado que ronda cerca a la zona “liderado por desertores de Farc y paramilitares que estuvieron trabajando con las Fuerzas Militares como agentes de información” y del que “el Ejército y la Policía sabe de su presencia, pero nunca los han perseguido”, nos dijo una de estas fuentes. 

Frente a este caso, el coronel Oswaldo Carrero Villamil, comandante del departamento de Policía de Tolima, descartó en ese momento  la hipótesis de Farc de que fuera algo relacionado con paramilitarismo. Dijo que se trataba de disidencias.

El comandante del Comando Específico del Ejercito del Cauca, general Marco Mayorga, dijo a La Silla que entiende que algunos los culpen de los asesinatos por el caso del miliciano Dimar Torres, pero que son casos aislados y por eso están en manos de la justicia. 

Y frente a las posibles omisiones, dijo que “tenemos denuncias de cierta permisividad de tropas con ilegales, más no hemos encontrado casos puntuales. Pero gracias a esas sospechas y para evitar problemas cambié las tropas de lugar”. 

Una alta fuente diplomática que sigue de cerca la implementación en los territorios y nos habló bajo la condición de no citarla cree que sí existe una falla por omisión.

“Yo no podría hablarte de un plan central para que los maten, lo que sí hay desde ya es una omisión cómplice y unos sectores locales de la Fuerza Pública que están dejando matarlos”, dijo.

Sin embargo, hay un tema que, si coge fuerza sin que el Gobierno lo aclare, puede cambiar toda la comprensión de este problema y deslegitimar la narrativa de que se tratan de asesinatos relacionados principalmente con el narcotráfico: el atentado a Timochenko.

 

Como lo contó El Espectador, ese sábado 11 de enero, Timochenko estaba en Filandia, Quindío y vio dos hombres sospechosos en una carretera rural que comunica con ese municipio. Eso puso en alerta a sus 22 escoltas, todos exguerrilleros y también a un anillo de seguridad de 15 policías permanentes que lo acompañan y tres patrullas que se instalaron para frustrar el supuesto atentado.

Según el general Atehortúa, en un punto de la vereda La Cuchilla, una de las patrullas les pidió a los dos exguerrilleros sospechosos que pararan, ellos sacaron unas pistolas y los mataron. 

Timochenko dio las gracias. “Estoy aquí hablando gracias a la Policía y al Ejército”, dijo. 

Eso fue el primer día. Pero con el paso de las semanas en algunos sectores comienza a coger fuerza la teoría de que se trató de un montaje judicial.

Jaime Rojas, el abogado de los dos exguerrilleros Gerson Morales y Carlos Andrés Ricaurte, señalados por la Policía de querer matar al jefe de la Farc, denunció que los cuerpos tenían signos de tortura cuando se los entregaron a las familias.

Morales, que según la Policía estaba recibiendo órdenes del disidente ‘El Paisa’ para atentar contra Londoño, hacía parte del sindicato de escoltas de la Farc en la Unidad Nacional de Protección. 

La presidenta de ese sindicato, Cristina Bustillo, le dijo a La Silla que “Gerson estaba comprometido con el proceso. Tenía una bebé de ocho meses y hasta donde sabemos no tenía diferencias con Timo”, nos dijo. “Aquí hay un falso positivo judicial”.

Tras conocer esta denuncia, Londoño le pidió a la Fiscalía tener “acceso y copia del informe de necropsia efectuado en el cuerpo de las dos personas vinculadas con el hecho”. 

Hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado. Pero si se llegara a comprobar que fue un montaje, el Gobierno tendría que dar más explicaciones no solo sobre este caso puntual sino sobre la ola de asesinatos de desmovilizados, que en este año, han muerto uno cada semana.

 

Si quiere oir el detrás de cámaras de esta historia, le dejamos este podcast.




 

Comentarios (1)

harriarq

04 de Febrero

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Es tan complejo el tema que pocos opinan, solo el hecho de las milicias que as...+ ver más

Es tan complejo el tema que pocos opinan, solo el hecho de las milicias que asumen en el articulo son escandalosas, información escondida que llena de vicios el acuerdo, de deja en duda el tema de falsos positivos, que hace dudar de la desmovilización efectiva y finalmente dudar de los mismos lideres sociales, serán milicias que por conflictos internos de ellos están matando. Farc debe responder 1

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