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Por Paula Doria | Juan Manuel Flórez Arias | Manuela Galvis · 23 de Noviembre de 2020

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Un año después de la muerte de Dilan Cruz en medio de una jornada de protestas en Bogotá, por el disparo del capitán del Esmad Manuel Cubillos, la familia sigue insistiendo en que su caso sea juzgado por la justicia ordinaria. Sin embargo, tras las investigaciones de la Fiscalía tampoco se ha condenado a una sola persona por brutalidad policial en casi cinco años.

A través de varios derechos de petición, La Silla Vacía le pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá información sobre los avances de los procesos por abusos policiales en Bogotá desde 2016 hasta lo corrido de 2020.

Los datos reflejan que, de las 7.491 denuncias por abusos policiales que han llegado a la Seccional de la Fiscalía en Bogotá en ese lapso, ni una sola ha llegado a etapa de imputación.  En otras palabras, ninguna ha avanzado ni siquiera a la etapa en la que la Fiscalía vincula formalmente a un sospechoso. Mucho menos, se ha pasado a ir a juicio. 

Solo un pequeña proporción de los casos que llegaron a la Fiscalía fueron remitidos como compulsas por otras autoridades; la gran mayoría son denuncias interpuestas por quienes directa o indirectamente tienen información de los abusos, lo que indica que alguien se tomó el trabajo de poner la denuncia formalmente.

El 69 por ciento de estos procesos ni siquiera están ya activos. Esto puede ser porque fueron enviados a justicia penal militar o porque fueron archivados porque se consideró que no había delito o porque no se pudo encontrar a un sospechoso;  La Silla Vacía le preguntó en derecho de petición a la Fiscalía por qué habían sido archivados estos  5.179 casos y no obtuvimos respuesta, a pesar de que esos datos aparecen en el sistema de información SPOA.

La Policía no nos contestó un derecho de petición pidiéndole información sobre los procesos internos disciplinarios que lleva por abuso policial, y tampoco ha respondido la tutela que le pusimos para insistir que lo hiciera hace una semana.

A los casos de brutalidad policial en la Procuraduría no les va mejor que en la Fiscalía: el Ministerio Público reporta 3.272 denuncias desde 2016 hasta el 18 de septiembre de 2020. De estos, solo uno llegó a un fallo disciplinario en contra, dos casos terminaron en absoluciones y 113 han sido archivados. 

En conclusión, la brutalidad policial en Bogotá, a la luz de los datos, termina en la impunidad. 

Esto, de acuerdo con expertos consultados por La Silla, responde a factores como la falta de información para individualizar a los responsables y la descoordinación entre las instituciones encargadas de investigar los hechos. También, porque las víctimas suelen ser jóvenes de barrios populares, con nadie que interceda por ellos.

Información clara: la mayor dificultad

La capacidad del sistema para evitar la impunidad de los abusos policiales se ha puesto a prueba cada vez más con las protestas de noviembre de 2019, en las que un capitán del Esmad asesinó a Dilan Cruz, y las de septiembre de este año, que se desataron luego de que la Policía mató al estudiante de derecho y taxista de 43 años Javier Ordóñez, y en las que luego murieron al menos 10 personas, varias de ellas, como demostramos, por disparos de la Policía.

Según el último informe mensual que la Fiscalía remitió al Tribunal Superior de Bogotá sobre el avance de las investigaciones -en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de septiembre de este año que protegió el derecho a la protesta- , en el marco de las manifestaciones de hace un año abrió 37 noticias criminales contra el Esmad y la Policía en Bogotá, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones personales.

La cifra se duplica con las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá, por las cuales la Fiscalía recibió 79 denuncias. Los delitos también aumentaron. Esta vez, incluyeron homicidio, amenazas contra defensores de derechos humanos, empleo ilegal de la Fuerza Pública, hurto, injuria y violación de los derechos de reunión.

Los avances, sin embargo, son nulos. La Fiscalía reporta que ninguno de los casos, tanto del 2019 como de lo corrido del 2020, han llegado a imputación de cargos. 

Existen varias razones para la falta de resultados. 

Un delegado de la Policía que ha defendido a víctimas de abuso policial y ahora a uniformados acusados le dijo a La Silla que no es fácil saber cuántos o quiénes son los miembros del Esmad que salen a controlar una protesta. Tampoco hay un control externo que haga verificación de las armas y municiones que se van a usar. 

“Entonces, el mayor soporte del caso termina siendo el testimonio de la víctima”, dijo la fuente, que pidió no ser citada.

Alejandro González, investigador del área de Litigio en Dejusticia que ha trabajado sobre abusos policiales en protestas, dijo a La Silla que en ese contexto uno de los principales obstáculos es identificar al policía o miembro del Esmad por el número que cada uno debe llevar en su uniforme. Esto es difícil por el desorden propio de la protesta y porque, como sucedió en las movilizaciones de septiembre, en ocasiones los uniformados los ocultan, por ejemplo, poniéndose la chaqueta al revés u otra prenda sobre el uniforme. 

Por eso, cuando se logra identificar al policía que cometió un abuso es porque alguno de sus colegas lo delata, lo cual casi nunca sucede. 

De hecho, puede pasar lo contrario. Quienes denuncian e investigan estos abusos terminan siendo víctimas de hostigamiento por parte de los mismos miembros de la Policía, como le pasó al Capitán a cargo de la investigación del caso de Javier Ordóñez, quien fue víctima de amenazas en redes sociales por algunos de sus compañeros.  

Otra dificultad es la forma en la que se lleva el registro de los presuntos delitos. 

Alejandro Lanz, investigador de la organización Temblores, una ONG que ha denunciado el abuso policial desde hace tres años, le dijo a La Silla que cuando investigan delitos “no hay congruencia entre las categorías para la clasificación de un delito entre una entidad y otra. Hay demoras en la entrega de la información o está incompleta”.

Una dificultad adicional para que procesos por delitos como lesiones personales se concreten es el mandato del uso legítimo de la fuerza de la Policía, que les da un margen de acción discrecional para usar la fuerza bajo unos principios de proporcionalidad y necesidad que son en todo caso subjetivos.

“Tiene que ser un caso muy grave y mediático para que termine en sanción, como el de Javier Ordóñez”, dijo una penalista que ha seguido casos de este tipo y que prefirió mantener su nombre en reserva.

Pero el hecho de que un caso sea muy mediático tampoco es garantía de que se haga justicia. 

En el caso de Nicolás Neira Álvarez, un joven de 15 años que murió en 2005 a manos de un miembro del Esmad mientras participaba en la protesta del 1 de mayo, el Estado fue condenado por el crimen por el Juzgado Administrativo de Bogotá, el cual le ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía reparar económicamente a la familia de la víctima.

Sin embargo, hasta ahora solo uno de los responsables fue condenado porque confesó haber encubierto el crimen. Pero los agentes que coordinaron dicho encubrimiento, y que según la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia intentaron entorpecer el proceso, siguen libres.  

9s: algunos avances

Pese a las dificultades mencionadas, el impacto y la gravedad de los hechos de septiembre de este año, han acelerado algunos procesos, sobre todo en el campo disciplinario.

Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda Cubillos, los dos policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, que aparecen en un video en el que lo asfixian mientras él les pide por favor que paren, fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría el pasado 27 de octubre, tan solo un mes después de los hechos.

Hernán Rincón, procurador delegado para la Fuerza Pública y a quien le fue asignado el caso de Ordóñez, le dijo a La Silla que para responder rápido tuvo que anticiparse a algunas de las dilaciones habituales de los demás procesos: “Por ejemplo, cuando llegamos a la audiencia, ya teníamos preparados abogados defensores para los policías. Si no, se hubiera aplazado”.

Rincón también lleva el proceso contra los cinco policías que estaban en el CAI de Villaluz, al noroccidente de Bogotá, al que fue trasladado Ordóñez, y en el que fue golpeado, según dijo el patrullero Rodríguez en una de las audiencias ante la Procuraduría. Este segundo proceso aún no llega a la etapa de audiencias y se encuentra en práctica de pruebas.

Del total de 122 casos de heridos y fallecidos, cuatro están pendientes de fallo en la Policía,  dos están para audiencia, dos están en práctica de pruebas y cuatro están en indagación preliminar. Sin embargo, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Bogotá reporta también 19 casos en los que no han tenido respuesta de la Policía.

En parte, en los pequeños avances recientes ha influido que la alcaldesa Claudia López se ha comprometido públicamente con que estos abusos no queden en la impunidad, y ha emprendido estrategias a varios niveles para ello.

Desde abril, el Distrito creó una mesa de Trabajo con la Policía para hacer seguimiento de los casos de abuso policial; tiene entre sus funciones, recibir denuncias sobre abusos de la Policía, tramitarlas y proponer recomendaciones generales al Comité Civil de Convivencia Distrital para evitar estos casos.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá, por su parte, anunció la compra de cámaras corporales para los policías de manera que todos sus procedimientos queden grabados. Es una estrategia que se ha usado en algunos estados de Estados Unidos para combatir los abusos policiales, y empezarían a funcionar en la capital en 2021.

Y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Bogotá, en cabeza de Andrés Idarraga, ha habilitado varios canales para facilitar las denuncias de las víctimas de abuso policial. En 2020, a corte de octubre, han recogido 560. 

Así han podido identificar varios patrones de abuso que permiten entender mejor esta problemática.

Patrones que se repiten

Por ejemplo, las denuncias que registra la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Bogotá en 2020 muestran que varios de los CAI quemados ya tenían denuncias por abusos policiales registradas antes del 9 de septiembre y que eran muchos más que en otros comandos de la ciudad. Es el caso de los CAI de Laureles, en Bosa, Verbenal, en Usaquén, Arborizadora, en Ciudad Bolívar, La Gaitana, en Engativá y Suba Rincón. Eso mismo aseguraban los jóvenes a quienes entrevistamos para una crónica sobre lo ocurrido el 9s en Verbenal. 

Fue el caso de Andrey Téllez, un hombre de 33 años. Él fue a la velatón frente al CAI de Arborizadora, en Ciudad Bolívar, a las seis de la tarde el pasado 9 de septiembre para manifestar su indignación por el asesinato de Javier Ordóñez. No fue allí porque le quedara cerca. Él y decenas de personas, según dijo Téllez a La Silla, eligieron ese CAI porque allí habían sido víctimas de policías. Él lo había sido cuatro meses antes. 

Según relató Téllez, ese 9 de septiembre cuando comenzaron las hostilidades entre manifestantes y policías, él empezó a grabar lo que hacían los policías y lo que estaba sucediendo. Dice que a los policías no les gustó y lo llevaron al CAI por grabar. Allí, agrega, lo golpearon varias veces en la cabeza, en el tórax, en las piernas y en la boca, perdiendo cuatro dientes. Téllez publicó un video en redes sociales mientras recibía atención médica.

Para salir del CAI, cerca de la una de la mañana, después de la labor de ediles y gestores de convivencia, Téllez le dijo a La Silla que le hicieron firmar un documento diciendo que había recibido buen trato. Él firmó para poder ir a la clínica. 

“Yo puse la denuncia en la Fiscalía y al principio estuvieron muy pendientes. Pero a medida que pasaron los días dejé de recibir información. Así que esta semana volví a poner la denuncia, esta vez ante la Inspección de Policía”, dijo. 

Otro de los patrones que es posible establecer con la información recolectada por la Dirección de Derechos Humanos a la que La Silla tuvo acceso, es que la mayoría de las víctimas (47 por ciento de los 560 casos) son hombres jóvenes, entre los 18 y 35 años.

También que la mayoría de los casos se dan en localidades y barrios de estratos bajos, donde la Defensoría ya ha hecho alertas tempranas sobre abuso policial.  

Antes del 9 de septiembre, había 140 denuncias y las localidades con mayores casos de presunto abuso policial eran en Ciudad Bolívar (38), Kennedy (34) y Bosa (24). Pero durante las protestas del 9S, hubo un aumento significativo en las denuncias de abuso policial en la localidad de Usaquén (73), al norte de la capital. En especial en barrios populares como Codito o Verbenal.

De las 560 denuncias, el 92 por ciento corresponde a maltrato físico, verbal y procedimiento arbitrario. Hay 11 casos de maltrato psicológico, 5 de amenazas, 5 de abuso sexual y 11 homicidios.

Entre esas denuncias está la de Michelle, una trabajadora sexual trans de 26 años, quien prefiere no dar su apellido por temor de la Policía.  

Ella ha denunciado ser víctima en varias oportunidades de agentes de policía desde que comenzó la pandemia, en la localidad de Mártires en el centro de la ciudad. 

Con las restricciones de movilidad, Michelle y varias de sus compañeras se volvieron blanco de abusos. “Tenía que salir a trabajar porque no tenía otro ingreso. Así llevara el tapabocas me decían que no podía salir, que me iban a hacer un comparendo de un millón de pesos. Me decían que para que no me pusieran el comparendo les diera el celular, plata o que les hiciera favores sexuales”, recuerda.

Cuando no les daba nada, dice, la golpeaban en las prótesis de los senos o le daban descargas eléctricas. 

De acuerdo a la respuesta de la Fiscalía al derecho de petición, queda en evidencia que todos los meses desde 2016 -salvo los de la cuarentena estricta- ha habido más de cien denuncias de abuso policial, y que los días con más quejas son los fines de semana cuando hay más rumba y más policías en la calle. Pero en septiembre de 2020, las quejas se multiplican por cinco, lo que confirma que lo que sucedió el 8 y 9 de septiembre fue un episodio sin precedentes.

En los datos de denuncias de este año de la Secretaría de Gobierno se evidencia, en cambio, que hay un aumento de casos de abuso policial incluidos los primeros meses de pandemia. Es posible que obedezca a que recibían denuncias por whatsapp, pero también porque la policía quedó a cargo de hacer cumplir la cuarentena.  Según reconoció un funcionario de esa cartera off the record, ha sido un error de la Alcaldía dejar el cumplimiento de las restricciones de movilidad en manos de los Policías. 

En octubre, la alcaldesa Claudia López dijo sobre los abusos policiales: “Tengan la plena certeza que de aquí no nos vamos a ir sin que haya verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”. Las cifras de los últimos años demuestran que le quedará cuesta arriba cumplir su promesa.

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