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Por Piedra de toque · 25 de Septiembre de 2017

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Santos no le ha metido el diente a los temas de fondo. Al presidente le quedan nueve meses para dejar un legado de reformas y de cambios de política pública de largo aliento. Esto hará la diferencia entre responder a lo urgente o dar solución a lo importante.

Ni cuando bajó la coca, ni ahora que sube, el país aprovecha para hacer los debates de fondo sobre el desarrollo en las zonas productoras, el consumo de drogas, la política criminal, la corrupción o los dineros del narcotráfico que se mueven en la economía colombiana.

Unos levantan el dedo índice para señalar a los otros, en una interminable cadena de culpas, que en el mejor de los casos genera reacciones de corto plazo que poco impacto tienen sobre las causas o los efectos de la economía ilegal de las drogas.

Varias hipótesis se han barajado sobre el incremento de los cultivos: el precio del oro, la reducción de la aspersión y la erradicación, la presión de la Farc en los territorios durante el proceso de paz, la devaluación del peso, entre otros. Lo cierto es que ninguna de estas hipótesis explica de forma completa el ascenso; más bien son explicaciones complementarias. Lo que sí queda claro es que tanto la cocaína como sus derivados tienen dinámicas que en muchas ocasiones responden más a factores del mercado que a las decisiones de la política pública de turno.

Sin embargo, en esta eterna discusión de los cultivos de coca y la dicotomía entre la zanahoria o el garrote, en Colombia siguen sin abordarse los debates importantes sobre las drogas. En este artículo proponemos cuatro discusiones que tendrían que darse si el Estado y la sociedad quieren dar una respuesta sostenible:

  • El rezago del campo en las zonas de producción.

  • Las respuestas al consumo de drogas y la necesidad de un programa de intervención integral para responder al consumo con metas claras, financiación y fortalecimiento de las capacidades locales.

  • La lucha contra el crimen organizado y el sistema de incentivos del sistema de justicia que sigue dirigiendo buena parte de sus recursos a los eslabones más débiles y los delitos de poca monta.

  • La política pública, el marco normativo y la estructura institucional necesarios para responder a los desafíos actuales.

Recientemente el presidente Juan Manuel Santos, volvió a hacer un llamado en la Asamblea General de las Naciones Unidas al cambio de modelo para responder al problema para las drogas. En Colombia se han dado algunas puntadas en este sentido – con la regulación de la marihuana con fines medicinales y un mayor énfasis en la sustitución -, sin embargo, Santos no le ha metido el diente a los temas de fondo. Al presidente le quedan nueve meses para dejar un legado de reformas y de cambios de política pública de largo aliento. Esto hará la diferencia entre responder a lo urgente o dar solución a lo importante.

 

El campo colombiano

La coca representa el 1,2% del PIB nacional y el 3% del PIB agropecuario, sin embargo, como lo menciona UNODC y lo analiza Katherin Alfonso en una , el cultivo de coca desempeña un rol protagónico en muchas regiones del país, principalmente en las más apartadas y con menos oferta de bienes y servicios del Estado.

En el campo colombiano la coca ha sido una alternativa para muchos, aunque también un problema, que atrae actores armados, economías que operan en la sombra de la informalidad, violencia y deserción escolar, entre otros impactos. Pensar que la situación del campo mejoraría por arte de magia si no hubiera coca es, cuando menos, ingenuo y alejado de la realidad.

El debate sobre el desarrollo del campo colombiano pasa por el modelo que se puede implementar en las regiones de Colombia, la infraestructura disponible y la necesaria, el acceso y la formalización de la propiedad rural, las ventajas comparativas, el uso responsable de los recursos naturales, la seguridad rural, entre muchas otras cosas. De eso poco se habla cuando se prenden las alarmas porque hay más coca en Colombia.

El afán por reducir la coca nos distancia del problema de fondo, que es el rezago del campo y de los habitantes de estas zonas del país. Por eso, la erradicación es de lo primero – y a veces de lo único- que se habla, a pesar de la evidencia que indica que por sí misma no funciona.  El desarrollo de estas regiones requiere más planeación, articulación, presupuesto y un mayor liderazgo del Ministerio de Agricultura.

 

Los consumidores

Con tono de pánico, cuando sube la coca, con frecuencia algunos agregan que “además Colombia ya no es solo un país productor, sino que ahora también es consumidor“. Y sí, la evidencia indica que entre el 2008 y el 2013 el pasó del 8.8% al 12.2%, aunque este dato tiene muchos matices pues estudios recientes muestra variaciones menos dramáticas y, sobre todo, los aumentos mencionados no se presentan con la misma intensidad para todas las drogas ni en todas las regiones.

Encender la alarma puede ser el inicio de la solución o disminución del problema pero esto debe dar paso al debate sobre cómo reducir el daño que el uso de drogas genera sobre los individuos y su entorno, o sobre cómo proteger a las poblaciones que merecen mayor atención como menores de edad o madres gestantes.

En cualquier caso, en este punto el centro debe ser el individuo y no las sustancias. El Plan de Reducción de la Demanda de Drogas que existe en Colombia es un buen avance pero necesita presupuesto y mejor articulación.

El Acuerdo de Paz, en el , establece la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas y el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Vendría bien un debate sobre los objetivos, los contenidos, la descentralización, financiación y otros aspectos del Programa y del Sistema mencionados.

 

La lucha contra el crimen organizado

Cuando sube la coca, con frecuencia se defiende la estrategia de turno citando una serie de cifras que si bien representan enormes sacrificios y éxitos operativos, además de algunos pocos avances estratégicos, no permiten una discusión más de fondo sobre la política para reducir el tamaño o la capacidad operativa de las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Hay que decirlo, en este campo se ha avanzado enormemente en incautaciones tanto de insumos y precursores como de cocaína, principalmente en altamar, en cooperación con autoridades de otros países. Así mismo, durante más de 30 años las Fuerzas Armadas colombianas se han profesionalizado y pueden dar cuenta de muchas victorias sobre los capos y estructuradas criminales. Todos los carteles se han desestructurado y la dinámicas de estas organizaciones narcotraficantes han debido mutar para morder una porción más pequeña de la torta y manejar perfiles más bajos.

Sin embargo el sistema de incentivos en la policía y en el sistema judicial sigue privilegiando el número de capturas como el principal indicador, con lo cual los procesos de persecución, investigación y juzgamiento tienen la enorme tentación de ir tras los peces pequeños, en lugar de priorizar los impactos del narcotráfico sobre la seguridad.

Un asunto sobre el cual aún hay mucha tela por cortar es la persecución de los dineros producto del narcotráfico. Si bien las cifras de incautaciones han crecido en los últimos años, aún tenemos hoy pocos resultados en condenas judiciales por lavado de activos (229 de 2006, de las cuales solo 9 fueron en el 2016, según cifras del INPEC).

Esto sin hablar de la forma en la que los dineros del narcotráfico permean distintos ámbitos de la sociedad colombiana, desde la política y la justicia hasta el día a día de los sectores real y financiero. Además muchos actores siguen sin una vigilancia administrativa sobre el manejo de los dineros. Las ONG y las iglesias, entre otros, tienen débiles controles, lo cual abre un boquete para que a través de ellos sea posible lavar dinero.

En el Acuerdo de Paz se establece la elaboración de un  que debería contemplar, integralmente, la responsabilidad de los privados y las agremiaciones, el sistema de supervisión, vigilancia y control, los procesos de extinción de dominio y las responsabilidades penales de las personas que cohonesten o participen de las ganancias del crimen organizado dedicado al narcotráfico.

Adicionalmente se ha quedado por fuera de la discusión un tema que ahora hace escándalos mediáticos y que debería ser abordado ya: la corrupción que genera el narcotráfico. El dinero de esta economía ilícita compra escaños en el congreso, vehículos lujosos de miembros de las fuerzas armadas, impunidad, fallos judiciales, finca raíz, etc. Frente a este tema no se han tomado medidas ni se han iniciado investigaciones amplias, integradas ni sinceras. 

 

Una nueva estructura institucional, política pública y ley de drogas

Colombia no tiene un marco institucional, de política pública ni normativo adecuado para la realidad de las drogas actualmente.

Mientras que otros países como EEUU, Inglaterra, entre otros, tienen una entidad responsable de la política de drogas, en Colombia hay una especie de “plato de espaguetis” en el cual múltiples entidades tienen responsabilidades diversas frente a las drogas, con lo cual muchas cosas se quedan en el aire, en otras una o más instituciones se pisan las mangueras y en últimas se dificulta una visión integral del problema.

Como resultado de lo anterior y porque históricamente hemos respondido a esta problemática en medio de los afanes y de las presiones, Colombia no cuenta con un único documento de política pública sobre las drogas en que se identifiquen esos problemas de fondo. Ha habido algunos intentos en el marco del Consejo Nacional de Estupefacientes y actualmente el Vicepresidente lidera la elaboración de un documento estratégico con visión de corto, mediano y largo plazo, que debería convertirse en una buena orientación para el próximo gobierno.

Sin embargo, infortunadamente a la fecha existen diversas estrategias aisladas que prometen resultados de corto plazo. Ahora bien, un problema de características multicausales y que ha afectado al país durante varias décadas merece una reflexión más profunda para la construcción de una política de Estado. De hecho, las, dan cuenta de la necesidad de esta visión con buen horizonte de tiempo.

Finalmente, Colombia cuenta con la ley 30 de 1986, anterior a la última Convención de Estupefacientes de Viena y, sobre todo, anterior a la Constitución del 91. Esta ley, si bien ha prestado sus buenos oficios a la respuesta del Estado frente a las drogas, actualmente está al borde de la obsolescencia.

Por ejemplo, desde el 2009, cuando en las Naciones Unidas los países del mundo se propusieron “un mundo libre de drogas en los próximos 10 años“, el. Además, han aparecido más de 700 nuevas sustancias psicoactivas, muchas de ellas con efectos devastadores sobre la salud. Estas nuevas sustancias no están en el radar de la ley, ni para prevenir su producción, tráfico y venta ni para atender los efectos sobre la salud de los consumidores.

La ley 30 que rige actualmente no protege suficientemente, por ejemplo, los derechos de los no consumidores (tampoco de los consumidores), no desarrolla adecuadamente un esquema de responsabilidades territoriales, no contempla un sistema de prevención, tratamiento reincorporación y reducción del riesgo y daño acorde con la evidencia actual y no le da suficientes herramientas a los operadores policiales y judiciales para perseguir, investigar y juzgar a los eslabones más violentos de la cadena de las drogas. Es evidente que se necesita una actualización del marco normativo relacionado con las drogas.

En los últimos años el país avanzó en el desarrollo de su propia visión de la problemática y de la política de drogas en el marco del debate internacional sobre el fracaso de esta política. Pero no llegó a la implementación articulada de una estrategia que dé respuesta a los problemas de fondo que explican la continuidad del narcotráfico en el país y que reduzca el drama social que deja el cultivo, la producción, el consumo, el tráfico y la violencia. 

Estos son los debates que podrían estar dándose en Colombia a propósito de las alarmas que se encienden por el incremento de los cultivos de coca y los pronunciamientos de funcionarios y congresistas gringos sobre una eventual descertificación del país.

En lo que parece haber un amplio consenso en todos los sectores políticos y de la sociedad es en que las drogas han sido un problema para la sociedad colombiana durante varias décadas. Ese punto de partida puede ser la mesa servida para que los candidatos a la Presidencia y al Congreso aborden los debates de fondo y eviten los lugares comunes y las fórmulas simples, muchas de las cuales ya fueron probadas y ya fracasaron.

 

Comentarios (1)

Prada

25 de Septiembre

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¿Y a ustedes no les parece un "tema de fondo" o una "solución a lo important...+ ver más

¿Y a ustedes no les parece un "tema de fondo" o una "solución a lo importante" en lugar de una "respuesta a lo urgente" ... o no les parece lo suficientemente "largo" el "aliento" de una guerra de 60 años que ya no existe?
¿O no les parece que Santos le haya "metido el diente", el corazón, el hígado y los dos riñones a ese "legado"?
¿Que se hizo el pendejo con el asunto de las drogas? Puede ser.

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