Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Blogoeconomia · 22 de Mayo de 2017

2534

3

Ana María Ibáñez

El contiene unas provisiones muy precisas para promover el acceso a la tierra de los pequeños campesinos y de la población rural sin tierra. En primer lugar, el acuerdo plantea la creación de un Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas cuyas tierras provendrán principalmente de bienes de extinción de dominio, la sustracción de reservas forestales y la recuperación de baldíos indebidamente apropiados. En segundo lugar, el acuerdo establece la meta de formalizar siete millones de hectáreas de baldíos actualmente ocupados y que carecen de título de propiedad. En tercer lugar, el acuerdo reitera la importancia de continuar con el proceso de restitución de tierras de la población desplazada víctima del conflicto armado.

Adjudicar tres millones de hectáreas y formalizar siete millones es sin duda una meta en extremo ambiciosa. El estado colombiano ha demostrado, desde finales del siglo XIX, una incapacidad evidente, o una falta de voluntad política soterrada, para administrar las tierras de la nación y asignar tierras a los pequeños y medianos productores.

Veamos unas cifras para entender la magnitud del reto. Entregar diez millones de hectáreas implicará un desafío enorme para el estado. Un muestra que entre 1901 y 2015 el estado ha asignado 23.3 millones de hectáreas a propietarios privados y, entre 1966 y 2012, un poco más de 31.6 millones a grupos étnicos, es decir cerca de 55 millones de hectáreas por un espacio de más de un siglo. Con el acuerdo de paz, se plantea entregar un 18% de ese total en 15 años. Esto con unas instituciones débiles (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus agencias adscritas) y que en algunos casos han estado dominadas por los intereses de los grandes propietarios de la tierra.   

Pensar que los 10 millones de hectáreas serán el resultado de un proceso de expropiación a propietarios privados no se compadece con la realidad política, con lo que ha sucedido históricamente en Colombia y con los acuerdos de paz con las FARC. Primero, la distribución a pequeños productores se ha realizado en Colombia primordialmente a través de la asignación de baldíos de la Nación y no con reformas agrarias expropiativas. El mismo informe muestra que entre 1962 y 2012 el estado adjudicó un poco más de 1.7 millones de hectáreas en programas de reforma agraria. Esto equivale a 3% del total entregado con baldíos de la Nación. El acuerdo plantea entregar un poco más de cinco veces esta cifra entre adjudicación y formalización. Segundo, los cálculos del Fondo de Tierras estiman que los tres millones de hectáreas provendrán de la extinción de dominio, la sustracción de reservas y la recuperación indebida de baldíos.

La magnitud de tierras por adjudicar no es el único reto. Muchas de estas tierras están ubicadas en regiones con una débil presencia del estado, lejos de las principales ciudades y mercados agrícolas y con pocos bienes públicos productivos. Por ejemplo, un 84% de los baldíos que son potencialmente recuperables están ubicados en municipios rurales o rurales dispersos. En el caso de baldíos adjudicables, un poco más del 92% de las hectáreas se ubican en municipios rurales y rurales dispersos. Además de adjudicar y formalizar las tierras, el estado deberá hacer inversiones sustanciales para asegurar la productividad de estas tierras, la conexión con mercados agrícolas y la salida de la pobreza de los beneficiarios.

El gobierno tiene ante sí un desafío importante. Si alcanza su objetivo, el Gobierno Nacional lograría otorgar tierras a campesinos y pequeños productores en magnitudes y en un lapso de tiempo que no ha sido posible hasta hoy. Sin embargo, las decisiones de las últimas semanas nos han recordado por qué siempre el gobierno ha sido grandilocuente en las promesas y débil en los resultados finales.

El Gobierno Nacional propuso un decreto ley que sobrepasaba los acuerdos de paz con las FARC y redefinía parcialmente los derechos de propiedad de pequeños, medianos y grandes productores. El decreto ley desconocía dos temas de primera importancia: que una de las raíces del conflicto actual era la lucha por la tierra y que el estado ha sido incapaz de adjudicar y formalizar tierras. El Gobierno retiró la propuesta de decreto ley y presentó uno nuevo que se limita a reglamentar los acuerdos con las FARC.

La discusión en torno al decreto ley demostró que los grupos de interés que existen desde décadas atrás no han modificado su discurso y no están dispuestos a ceder un milímetro de su posición. Resolver el problema de tierras en Colombia requiere de realismo político, discusión con evidencia y un poco de generosidad de los grupos de interés. Primero, ojalá pasemos de la discusión ideológica, que ha llevado a la inacción por décadas, a un pacto social en el cual los grandes, los medianos y los pequeños productores acepten que cada uno debe ceder un poco. De lo contrario seguiremos en las mismas discusiones que por décadas se han repetido y han impedido encontrar una solución. Esta analiza las discusiones en el Congreso de la República en la reforma agraria de 1961 y muestra cómo los argumentos se repiten sin césar.  

Segundo, las discusiones deben usar las cifras, estudios y evidencia existente. Es poca, pero existe. Polarizar el debate con mentiras, imprecisiones y distorsiones de la realidad no contribuye a nada. Podrá dar votos a ciertos partidos políticos pero no resuelve el problema central del acuerdo agrario: formalizar la propiedad de la tierra y asignar tierras a pequeños propietarios. Afirmar mentirosamente que el decreto ley era similar a la reforma agraria de Chávez, como lo afirmó José Félix Lafaurie en varias ocasiones (), desvía el debate, polariza posiciones y lleva a consolidar el status quo de alta concentración de la propiedad, baja productividad de la tierra y alta informalidad.

El Gobierno Nacional debe promover un debate franco entre todos los grupos de interés. Y los grupos de interés en torno a este tema deben poner todas las cartas sobre la mesa: ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuánto están dispuestos a ceder? ¿Cuáles soluciones proponen para salir de la polarización que lleva a la inacción? Debemos avanzar. No podemos caer en más despojos de tierras, amenazas a los propietarios de la tierra y nuevas violencias por nuestra incapacidad histórica para alcanzar acuerdos en torno a la tierra.

 

Comentarios (3)

indignados con la corrupcion- colombia

23 de Mayo

0 Seguidores

la Profesora IBAÑEZ; tiene informacion historica, que bueno qu vinieran los e...+ ver más

la Profesora IBAÑEZ; tiene informacion historica, que bueno qu vinieran los estudiantes de econmia de los ANDES a la vereda la cristalian PREDIO EL BRASIL ( 16.000 Hectareas) donde la agrpecuaria ALIAR; LA FAZENDA; desalojo, a campesinos, victimas, y traajadores agrarios, que ocupaban predios de 20 30 hectareas, ,,este predio FUE ILEGALMENTE objeto de acumulacion de UAFS, por CARRANZA

juan manuel rodríguez. c.

23 de Mayo

1 Seguidores

 Todos los intentos institucionales de reforma agraria impulsados desde el Es...+ ver más

 Todos los intentos institucionales de reforma agraria impulsados desde el Estado han fracasado. El movimiento social del campesinado(1969-1975) señaló la línea a seguir para consolidar una reforma importante del agro. La izquierda colombiana quien oriento el movimiento perdió el horizonte y las fuerzas retardatarias tomaron de nuevo la iniciativa.

S-C-García

24 de Mayo

0 Seguidores

Es muy difícil no tener una visión apocalíptica del futuro cuando los grupo...+ ver más

Es muy difícil no tener una visión apocalíptica del futuro cuando los grupos de los grandes propietarios se han mostrado tan reacios a cualquier intento de democratizar la propiedad de la tierra, y cuando además amenazan con meterse a las trincheras para defender lo propio. Repitiendo frases absurdas como si fueran redoblantes, ganan en la lucha de las ideas. "Venezolanización"... 

Las historias más vistas en La Silla Vacia