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Por Piedra de toque · 13 de Mayo de 2016

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Por: Ana María Rueda

 

El resultado de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas, que se realizó en Nueva York entre el 19 y 21 de abril de este año, ha merecido toda suerte de calificaciones siendo las referencias a sus irrisorios avances las más comunes. Estas posiciones, aunque bastante cerca de la realidad, velan las tareas que le quedaron a Santos después del liderazgo que logró en el debate internacional sobre la política de drogas, del que aún no está claro si nació o murió en Nueva York.

Desde 2012, el Gobierno colombiano se le metió progresivamente a este debate, que arrancó muchísimos años atrás pero que logró fuerza gracias a las salidas públicas de expresidentes como Gaviria, Cardoso y Zedillo, y otras muchas figuras reconocidas del mundo político, académico y del entretenimiento. En 2016, Colombia se conoce como uno de los países defensores del cambio del status quo, y se le reconocen sus esfuerzos en intentar la tarea más difícil: el desmonte de la tradicional concepción sobre las drogas.

Por eso, la UNGASS no podía llegar más allá de lo que la realidad permitía. La discusión fue y será muy difícil porque busca ampliar la concepción del problema de las drogas más allá de la tradicional lucha contra el narcotráfico, no para decir que se deben dejar de enfrentar a los narcotraficantes, sino para mostrar que mientras el negocio sigue rampante, son más contundentes las contribuciones de la actual política en la marginalización de otros actores de la sociedad, en su mayoría instrumentalizados por estas redes, que en la disminución de estos criminales o de la disponibilidad de las drogas.

Dados los miedos, muchos reales, que producen las drogas y los viejos prejuicios que se desarrollaron a lo largo de estos años, es muy difícil comprender argumentos que parezcan tener como propósito amainar la persecución de capos del narcotráfico y dejar el consumo a merced de los mercados de drogas. Es muy difícil que se entienda que todos los temas asociados a la problemática de las drogas no hacen parte del mismo costal, y que la política de drogas ha hecho de las drogas un problema muchísimo peor. Ese fue el mensaje al que se intentó llegar con la UNGASS sobre Drogas.

Se puede decir que la UNGASS sobre Drogas, con todo el proceso que tuvo detrás, es el inicio del camino hacia el reconocimiento político de lo que todos ya saben: la humanidad vivirá siempre con las drogas, y mientras sigan siendo ilegales, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo frente a la potencialidad de daño que acarrea el consumo, sino de un mercado criminal que ostenta poder repartiendo violencia y marginalización. Está comprobado que seguir encarcelando a todo aquel que tenga contacto con las drogas no desestimula el mercado, y sí condena a una gran parte de sus ciudadanos a perpetuarse en un ambiente criminal. Todos ya saben que este enfoque punitivo le hace el juego al narcotráfico pero es muy difícil aceptarlo. El Gobierno colombiano ya dio el primer paso.  

En la declaración política de la UNGASS Colombia defendió, junto a otros países; en especial México, Suiza, Guatemala y Costa Rica, temas que parecen alejados de la realidad interna y talvez muy retóricos. Entre los más importantes, la preponderancia de los tratados de los Derechos Humanos sobre las convenciones de drogas, la autonomía de los países frente a las convenciones de drogas de acuerdo a sus realidades nacionales, la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas, las alternativas al encarcelamiento, la reducción de daños y la abolición de la pena de muerte.

Todos estos, con excepción al último, quedaron plasmados aunque no con la contundencia y claridad que se esperaba. Son temas de alta sensibilidad para algunos países en las negociaciones internacionales no solo porque este escenario político está atrapado en la lógica de la represión sino porque en él se juegan otros intereses políticos y diplomáticos.  Además, en términos prácticos, es imposible poner a 193 países de acuerdo con el lenguaje de una declaración, y aún menos posible una declaración con un enfoque progresista sin el liderazgo de países poderosos.

Los europeos han sido tradicionalmente apáticos frente al debate; muchos de ellos defienden y aplican estos enfoques entonces para qué meterse en peleas para defenderlos. China y Rusia son fervientes defensores del status quo. Y Estados Unidos, ante el proceso gradual de regulación de la marihuana en sus estados, se limitó a defender la flexibilidad de las convenciones de acuerdo con las realidades y necesidades nacionales. No está muy claro si ahí Colombia y los demás países se dejaron meter un gol, pero sí queda clarísimo que les metieron un golazo a las convenciones. Si regular la marihuana ya no se va a entender como una violación al sistema internacional de fiscalización de drogas, se pueden regular todas las demás?

En resumen, la UNGASS sobre Drogas deja el mensaje de que se debe avanzar hacia un modelo equilibrado para atender la problemática de drogas en el que la prioridad no es “eliminar” las drogas a cualquier precio sino reducir los daños que le generan las drogas a la sociedad. La UNGASS dio cuenta del disenso que existe actualmente entre los países frente a la actual política mundial de drogas dejando dos posibilidades. La primera, para que aquellos países que quedaron con energía y logren mantener el pulso político continúen con el debate esperando lograr un cambio real al final del largo camino. Otra, para debilitar el debate internacional y que cada país continúe interpretando las convenciones a su parecer pero, ahora, con la venia de la ONU gracias a la autonomía que esta UNGASS otorgó. También las dos posibilidades pueden darse paralelamente.

Es deseable que el debate continúe. Pero Colombia debe seguir dándole vida al debate internamente. La UNGASS le deja al país varias tareas en honor al rol de liderazgo que ejerció en el que se presentó como un defensor de una política más efectiva y humana. Ya hace un tiempo se ha venido reclamando coherencia entre el discurso internacional de Colombia en materia de drogas y la política nacional.  Así que debería ser difícil para el Gobierno, tanto en el ámbito interno como en el internacional, no mostrar con contundencia su compromiso frente a un nuevo enfoque de la política de drogas.

Es necesario, por ejemplo, estudiar posibles escenarios de regulación para la marihuana y la coca, profundizar en la despenalización del consumo en Colombia mediante la operativización eficaz del último fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la dosis personal, contar con programas de reducción de daños para consumidores, atender el microtráfico desde una perspectiva integral que atienda las redes criminales con medidas represivas pero eficientes y a los jóvenes, niños y mujeres instrumentalizados por estas redes con medidas sociales, y modificar el Código Penal para garantizar la proporcionalidad de las penas que reconozcan la diferencia entre los narcotraficantes y los cultivadores o pequeños traficantes.

El Presidente Santos no fue a Nueva York a pedir la regulación de las drogas porque no hay espacio político para hacerlo. Como Presidente, solo podía llegar hasta abrir el debate sobre la necesidad del equilibrio en las políticas de drogas, y lo logró. Lograr equilibrio y eficiencia en la política nacional de drogas es la difícil tarea que le dejó la UNGASS sobre Drogas al Presidente Santos.

 

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