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Por Teresita Goyeneche · 20 de Mayo de 2017

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Manuel Domingo Rojas es un personaje bonachón y sonriente, que en 1988 ejercía el rol de alcalde de Cartagena por decreto. Pero entonces renunció al cargo, se lanzó como candidato y volvió a ganarse su puesto democráticamente, teniendo como competencia a nada más y nada menos que quien luego sería ex Ministro de Relaciones Exteriores del Partido Conservador, Fernando Araújo. Así se convirtió en el primer mandatario que tuvo la ciudad por elección popular.

Desde entonces, hemos tenido más de una veintena de alcaldes, once elegidos por voto, y por lo menos siete de ellos han sido investigados o procesados por algún tipo de negligencia o corrupción durante su mandato. Comencemos por Nicolás Curi: tres veces alcalde durante diecisiete años y condenado a cuatro años de cárcel en 2008 por celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, aunque posteriormente fue absuelto. Luego vino Gabriel García Romero –del Clan García Romero, una de las familias más poderosas del Caribe-, investigado en varios procesos, siendo el más sonado el del desplome del Puente Heredia, construido durante su mandato.  

El siguiente fue Guillermo Paniza, que en 1999 fue encarcelado por aparente peculado en el caso de la construcción del Centro Perisférico La Plazuela. Más adelante tuvimos a Carlos Díaz Redondo y Alberto Barbosa, que apenas hace unas semanas fueron sentenciados a seis años de cárcel por irregularidades en las obras del Parque de Las Flores y la Plazoleta Capitol. Para cerrar el ramillete tenemos los casos de Judith Pinedo, investigada por la supuesta venta de doscientos metros de playa al Hotel Dann, y la investigación que se le abrió al fallecido Campo Elías Terán cuando ejercía el cargo, por detrimento al patrimonio con un contrato celebrado con la empresa de aseo Chemical Product en 2012.

Todo esto para llegar al que elegimos en 2015, Manolo Duque, que el 17 de mayo fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en el seguimiento y control de las construcciones de la ciudad, después de identificar cincuenta y cinco obras sin licencia.

Mientras disfrutamos –nuevamente- de la administración de un alcalde designado, vale la pena preguntarnos si estos veintinueve años han sido realmente democráticos. Según la investigadora y abogada colombiana, Andrea del Pilar Naranjo, varios autores coinciden en señalar que los tres parámetros mínimos para calificar una democracia como sólida, son: “el respeto por los derechos humanos, especialmente los positivados en las constituciones; la vigencia del Principio de legalidad, es decir, el acatamiento de las reglas procesales y sustanciales del juego democrático por las autoridades y los ciudadanos; y una dinámica permanente entre el ciudadano y la institucionalidad, más allá del mero voto nominal, esporádico y coyuntural”.

Es difícil pensar que hay respeto por los derechos humanos en la misma ciudad de la Costa Caribe que más aportó al PIB nacional en 2014 (4,3%), con un ingreso per capita de más de siete mil dólares, si también es una de las diez con mayor índice de pobreza del país, un 26,2%. Sin la redistribución de los ingresos de manera equitativa no existen las garantías mínimas que necesitan todos los ciudadanos para vivir dignamente.

Sobre el Principio de Legalidad, es un punto que habla por sí solo tomando en cuenta el record de ilegalidades que tienen los mandatarios que han administrado la ciudad durante los últimos treinta años, y los vicios que ha desarrollado la propia ciudadanía. Algunos para sacar provecho individual de los favores de la ciudad turística, puerto e industrial que es Cartagena, y otros solo para sobrevivir el día a día en medio de tanta informalidad.

Finalmente, está la relación de la sociedad civil con el Estado que, mal entendida por muchos, se limita al cincuenta o cuarenta por ciento de la población que vende su voto a quién le haga las mejores promesas, para luego pasar años penando por la deficiencia en la gestión del elegido y después repetir el circulo como si no hubiera memoria histórica en el distrito.

En una ciudad en la que los medios son financiados por los grandes grupos económicos que monopolizan la información, donde según el informe de Cartagena cómo vamos, ninguna de las instituciones educativas públicas alcanza la máxima calificación (A+) y más del ochenta por ciento no supera una de las calificaciones más baja (C), las redes de desinformación son la fuente de conocimiento a través de las cuales se toman decisiones.

En Cartagena pocos votan, y solo los que pueden pagar una campaña o tienen nexos con los grandes grupos económicos de la ciudad pueden aspirar a cargos públicos. La receta de este coctel debería ser suficiente para entender todas las formas en las que hemos fallado como ciudadanía, haciendo un uso mediocre del poder que nos fue conferido a traves de las herramientas de la democracia. El guayabo no solo será físico, sino también moral, pero vale la pena dejar a un lado los viejos discuros y soltar los vicios. Sino, seguiremos cayendo en ellos y de crecimiento, nada.

 

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