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Por Cristina Vélez Vieira · 13 de Diciembre de 2016

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Yuliana ha compartido la portada de los periódicos de las últimas semanas con otras historias inmensamente tristes, pero un poco más anónimas. 94 líderes de víctimas y organizaciones sociales han sido asesinados este 2016. Gota a gota los han venido apagando, a ellos, sus causas y la esperanza de sus comunidades. ¿Y dónde ha estado la Unidad Nacional de Protección y sus escoltas cuando ellos los han necesitado?

Si hubo plata para que Ordoñez se autoimpusiera un ejército personal de 50 escoltas (que por el escándalo mediático ya va en 4) para su campaña presidencial. Los colombianos, según un informe reciente de El Tiempo, pagamos 483 mil millones de pesos anuales para esquemas de seguridad. La pregunta es por qué estos apartamentos blindados, carros, chalecos antibalas, botones de pánico, celulares, escoltas armados, gasolina y viáticos no llegan a quienes de verdad los necesitan.

Movida por esta pregunta e inspirada por la admirable política de datos abiertos del Gobierno (en esto sí estamos muy avanzados), decidí esculcar la casa virtual de la Unidad de Protección con una técnica que se llama scraping (en este caso nivel dummies) y encontré unos trapitos sucios que vale la pena sacar al sol. En la página web de esta entidad hay dos increíbles perlas en un “reporte de seguimiento y control de indicadores misionales” del primer trimestre de 2015.

La más suave: este documento deja claro que desde el año pasado hay ineficiencias graves en el seguimiento que la UNP realiza a sus protegidos para saber, entre otras cosas, si siguen necesitando su esquema de seguridad. Como se ve abajo, en el informe, ellos mismos aceptan, que en ese trimestre a más de la mitad de las medidas no se les hizo seguimiento. Siendo el peor mes marzo. Sólo alcanzaron a contactar a 31 por ciento de sus protegidos. Lo más interesante es la explicación que dan al incumplimiento: pura ineficiencia. Abajo cuentan de retrasos en llamadas, mala presentación de un informe y problemas de planeación, pues una labor que antes la hacían tres funcionarios, terminó haciéndola uno. A los otros dos se les acabó el contrato.

Indicadores de Tablero de Mando i Trime-stre de 2015.PDF Con Comentarios by lasillavacia on Scribd

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La segunda perla de este informe da aún más pistas sobre por que tanto pluma blanca mantiene su esquema de seguridad con “todos los fierros” aunque su nivel de riesgo haya bajado, mientras a los líderes de víctimas los siguen matando. Hugo Acero, experto en seguridad, y el senador Hernán Andrade, quien hizo un debate de control político sobre el tema, han dicho que el problema de fondo es que los escoltas y el carro blindado se volvieron símbolos de estatus y de prestigio y por eso muchos mantienen estos beneficios aunque ya no los necesitan. Y esto queda claro en este reporte interno de la UNP.

Aunque las cifras pudieron haber mejorado este año (no tienen colgado informe para 2016), el documento disponible deja claro que de los pocos protegidos a los que se les logró hacer seguimiento a principio de 2015 y por resolución se decidió desmontarles el esquema de seguridad, sólo a un 47 por ciento se le aplicó efectivamente la medida. Lo que significa que más de la mitad siguieron campantes con la costosa protección sin necesitarla. Lo más tétrico es la explicación que el reporte da sobre el tema. Dos frases llaman la atención: 

1. “Se dificulta la ejecución del 100% de los desmontes, toda vez, que existen beneficiarios que por su cargo y/o función presentan alta complejidad para el levantamiento de sus medidas” Aquí a qué harán referencia con complejidad. ¿Ineficiencia, rosca, lobby de coctail o miedo del funcionario a perder el puesto por la influencia del protegido? Júzguenlo ustedes mismos.

2. “La existencia de casos que se encuentran pendientes del fallo de tutela y las solicitudes de no desmonte por orden de la Dirección, generan incumplimiento” La segunda parte de la frase evidencia que pese a que ya hay resoluciones firmadas en la UNP para desmontar esquemas estas no se cumplen por una directriz contraria de la dirección. Muy preocupante. ¿Qué moverá a la Dirección a dar estas contra-órdenes? Tema para pensar. 

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Mientras todo esto pasa, los líderes sociales siguen pidiendo auxilio. El último grito de S.O.S vino el viernes pasado del cacique Israel Aguilar del cabildo indígena Zenú en el Alto San Jorge, quien le pidió a la UNP hacer algo frente a los 230 líderes de su comunidad actualmente amenazados.

Después de 40 años de batallar por el derecho a su tierra, en esta la zona de influencia de las minas de Cerro Matoso, en 2014 más de trescientas familias lograron que el Incoder les reconociera su condición de resguardo. Pero la gloria no les duró mucho. Además del deterioro abismal del medio ambiente que enfrentan desde que la BHB Billinton llegó a explotar la zona en los años sesenta y de sus denuncias de agua contaminada, ruido infernal y aumento de cáncer y abortos por cuenta de la extracción del níquel, ahora tampoco pueden dormir por cuenta del miedo.

¿Y dónde está la protección? En la esquina de mi casa en Bogotá, al lado de una panadería famosa, sin pagar parqueadero y obstruyendo la carrera 9, cuidando un señor que no los necesita.

Comentarios (1)

DIDUNDI

14 de Diciembre

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Están en la mismísima parte donde x décadas han estado los múltiples zares anticorrupción en este país.

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