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Por Juanita León · 05 de Febrero de 2021

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Justo cuando Iván Duque cumplía su primer año en la Presidencia, su entonces Consejero para los Derechos Humanos Francisco Barbosa levantó una polvoreda en el círculo de los derechos humanos cuando quiso sacar pecho con sus indicadores sobre reducción de asesinatos de líderes sociales, que, según reconocidos expertos en el tema, estaban manipuladas. Ahora, será el mismo Barbosa, pero ya como Fiscal General, el encargado de unificar las cifras sobre esta tragedia. 

Lo que, con ese antecedente, provoca sospechas de que sea una mera movida del Gobierno no para enfrentar el problema, sino para maquillarlo justo cuando con el cambio de gobierno de Estados Unidos la protección de líderes sociales gana prioridad en la agenda bilateral.

La decisión

El miércoles, Duque anunció que junto con la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa habían definido “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de la información relacionada con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”.

Con esta decisión, en principio, el Gobierno buscaría acabar con la disparidad tan grande de cifras de homicidios de líderes sociales que existe en el país.

Por ejemplo, desde 2016 y hasta diciembre de 2020 las Naciones Unidas -que es la fuente que el gobierno utilizaba como la ‘oficial’- había registrado 462 homicidios de líderes. La Defensoría del Pueblo ha documentado 710 casos en ese mismo periodo y la ONG Somos Defensores, ha reportado 600.  

La variación en las cifras depende de dos cosas: qué criterio usan para definir quién es un líder y que lo mataron por ese liderazgo, y la forma como recogen la información. 

Frente a quién se considera un líder, no hay un criterio unificado. 

La ONU reconoce como líder social a quien defiende derechos humanos, mientras que diferentes organizaciones gubernamentales y la misma Defensoría del Pueblo reconocen en esa categoría a líderes políticos y líderes sociales como reclamantes de tierras y sindicalistas.

La forma como recogen la información también difiere. La Defensoría, por ejemplo, construye su base de datos de líderes sociales asesinados en el marco del Sistema de Alertas Tempranas con el cual describe las violaciones de Derechos Humanos que ocurren en las regiones del país. Para esto tiene un equipo de cerca de 80 personas distribuidas en las 38 regionales que tiene la entidad.

Cuando ocurre un asesinato, el funcionario del SAT que se encuentra en la región se encarga de recolectar la información en terreno acerca de la víctima (quién era, para qué organización trabajaba, su rol en la comunidad, etc…) y de los hechos. Esta información la contrastan con los datos que tengan otras entidades del Estado sobre la víctima (Policía, Personería, Alcaldía, etc…) y la suben a una base de datos de la Defensoría.

Tres meses después, viene un proceso de verificación. La Defensoría coge las bases de datos de la ONU, de Indepaz y de Somos Defensores y las contrasta con la suya. Las víctimas que no aparezcan en ninguna de las otras tres bases de datos vuelven a ser verificadas. Esos datos vuelven al Analista Regional de las Alertas Tempranas que vuelve a verificar en terreno si la víctima sí era un líder social y qué era lo que hacía.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene equipos en varias regiones y, como contó Pacifista, cuando les llega un reporte de un asesinato verifican con las organizaciones y comunidades en el territorio, y cuando establecen que en efecto era un defensor de derechos humanos lo registra en su base de datos.

Las organizaciones sociales como Somos Defensores o Indepaz viajan también hasta los territorios a recoger la información. Se apoyan también en datos de las comunidades y de otras organizaciones sociales y tienen un concepto más amplio para definir quién es líder. Básicamente, cualquiera que así lo considere la comunidad y que así lo compruebe su investigación en terreno.

Tampoco filtran si la persona murió por ejercer su liderazgo o, por ejemplo, por una riña. Por eso, tienen un número muy superior de asesinados.

La Fiscalía, hasta ahora, se basaba en los datos de la ONU para adelantar sus investigaciones, y a la vez sus investigaciones en terreno le sirven como insumo a la ONU para sus verificaciones.

El mayor cambio que vendría con la nueva decisión del Gobierno de Duque es que la Defensoría dejaría de llevar su conteo independiente, y no es claro si la ONU, que tiene nueva directora de la oficina en Colombia, continuará haciéndolo.

El anterior Defensor del Pueblo, Carlos Negret, había dado la pelea durante el gobierno de Juan Manuel Santos para que el Gobierno y la ONU reconocieran como cifras oficiales las de la Defensoría, que eran más altas.

Su sucesor, Carlos Camargo, que como hemos contado es un aliado más incondicional de Duque, aceptó perder esa autonomía en la “nueva hoja de ruta”.

La nueva hoja de ruta

La aspiración a manejar una sola cifra unificada de líderes asesinados no es totalmente nueva. Ya Néstor Humberto Martínez lo había intentado durante su paso por la Fiscalía General con su idea de crear el censo de homicidios de líderes.

Pero la Fiscalía tiene muchas debilidades estructurales —unas prácticas y otras más de la confianza que inspiran la institución y Barbosa—  para ser quien lidere la unificación de las cifras.

Al final, lo más importante para unificar las cifras es quién toma la decisión de si esa víctima era un líder o no. Y para establecerlo, hay una fase de documentación y otra de judicialización. Al poner a la Fiscalía a cargo de las cifras, se van a mezclar dos labores que son esencialmente diferentes.

La documentación va hacia conocer contextos de violencia y problemas estructurales de la región. 

Para esta labor, la ONU, la Defensoría y las organizaciones sociales como Indepaz o Somos Defensores tienen mayores posibilidades de acceder a las comunidades y lograr que éstas les hablen porque les tienen confianza y no temen de que estén aliados con militares y policías que en algunas regiones actúan en complicidad con los del Clan del Golfo y otras bandas que están detrás de los asesinatos.

La Fiscalía no goza de esa confianza entre la población —como se puede apreciar en la última Gallup— y tampoco tiene una presencia en muchos de los lugares donde se cometen estos asesinatos para haber construido suficientes lazos con la gente para obtener información.

Como contó La Silla en esta historia, a los líderes sociales los están matando en mayor proporción en las zonas del país en donde hay coca, y en estas zonas, como lo explicamos aquí, existen muy pocos jueces y fiscales, lo que muestra las pocas capacidades de la administración de Justicia de documentar estos crímenes.

Existen otras limitaciones, más de índole ideológica o de cultura institucional en la Fiscalía, y es la inclinación de los fiscales a descartar las motivaciones más políticas de los crímenes.

Por ejemplo, cuando estaban en auge los crímenes contra sindicalistas y antes de que el gobierno de Barack Obama comenzara a exigir resultados en sus investigaciones, las investigaciones de la Fiscalía apuntaban a que los mataban por líos de faldas, o atracos. 

No había un incentivo en esos crímenes, como en casi ningún otro, en investigar los determinadores.

“La Fiscalía no tiene la autoridad prima facie para decidir quién es un líder”, dice Gina Cabarcas, quien trabajó durante años en la Fiscalía a cargo de temas relacionados con el reporte de cifras sobre investigación de homicidios a líderes. “Su labor debe ser investigar y demostrar que esas personas que la comunidad o las organizaciones determinan que son líderes sí lo son y que los mataron por ejercer ese liderazgo”.

Y más allá de si tiene la capacidad y la autoridad para determinar quién es un líder, está el obvio conflicto de interés que la misma entidad que tiene que combatir el asesinato de líderes sea la que saque las cifras con las que se evaluará su desempeño.

“Es un obvio conflicto de interés, sobre todo si se tiene en cuenta que un punto que suscita a veces discusión es si la persona asesinada era o no un líder social”, dice Rodrigo Uprimny, fundador de Dejusticia, ONG que le ha hecho seguimiento a este tema. “Esa calificación no debería hacerla ni la Fiscalía ni el Gobierno pues es grande la tentación de negarle ese carácter para argumentar que la violencia contra líderes sociales se ha reducido”.

Y esa sospecha será más grave porque ya existe el antecedente de que el actual Fiscal General Francisco Barbosa manipuló las cifras de asesinatos de líderes en el pasado.

En 2019, Barbosa, como Consejero para los Derechos Humanos de Duque y encargado del tema en la Casa de Nariño, dijo que el gobierno había reducido en un 47 por ciento los asesinatos, lo que era abiertamente falso, como lo demostró en esta columna de La Silla Uprimny.

Desde que es Fiscal, Barbosa nombró como su segunda a bordo a la Vicefiscal Martha Mancera, que venía de ser la directora de la Unidad Especial y una de las personas que más sabe y que más empeño le ha puesto a la investigación de líderes sociales. 

Sin embargo, por su antecedente y la ya famosa vanidad del Fiscal, su credibilidad en este tema frente a las organizaciones sociales sigue siendo muy baja. Y si ahora la última palabra sobre las cifras será la de él las sospechas de que están siendo maquilladas será muy alta. 

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