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Por LaSillaVacia.com · 02 de Mayo de 2021

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El retiro de la tributaria, en respuesta a la presión de la movilización ciudadana, era inevitable dada la tensión que se vive en las calles de Colombia. Como la reforma fue la propuesta más ambiciosa del Gobierno de Iván Duque, la decisión de hoy se configura también como su mayor fracaso. A partir de este momento el presidente entra a gobernar precozmente con el sol a la espalda, cuando aún tiene un año largo de mandato. 

En campaña, y durante la primera mitad de su gobierno, Iván Duque tuvo una visión económica clara: bajar impuestos y facilitarle la vida a los empresarios era el camino para que la economía creciera.

Como contó La Silla en esta historia, la reforma tributaria que propuso el Gobierno en plena pandemia daba un giro a esa visión, y Duque no logró consolidar el apoyo de sus aliados de siempre. Pero tampoco consiguió el reconocimiento de sus opositores, y aún menos sumar a los millones de colombianos pobres que se verían beneficiados.  

El fracaso de su estrategia política y de comunicaciones fue estruendoso, y la debilidad del presidente no solamente quedó una vez más en evidencia, sino que tenderá a agudizarse. Aún necesita con urgencia rescatar algo de la tributaria, con un margen de maniobra cada vez más reducido. 

De resto, será muy difícil que en adelante logre impulsar iniciativas que no dependan nada más del Gobierno. Incluso en estos casos, el riesgo latente de las protestas hará que dependa cada vez más de la Fuerza Pública, un escenario peligroso. 

El fracaso político

La tributaria presentada por el Gobierno proponía eliminar exenciones y otros beneficios tributarios, en línea con lo recomendado por el comité de expertos tributarios contratado por Duque. También le subía el impuesto de renta a muchas de las empresas grandes, a las que antes consideraba que debía consentir con gabelas para que invirtieran más. Su objetivo de recaudo, de 23 billones de pesos, fue el más ambicioso de este siglo.  

Con estas medidas, más el aumento de impuestos a los más ricos como un impuesto permanente al patrimonio, perdió el apoyo de un aliado clave en el Congreso, que era Germán Vargas Lleras. Vargas salió en defensa de los grandes capitales y logró convencer al grupo Char y a todos los de su bancada de Cambio Radical. Calificó esas medidas como “expropiatorias”.

Duque perdió también el apoyo de los gremios empresariales, que han sido su base de poder fundamental. La Andi propuso su propia contrarreforma a la presentada por el Gobierno, Fenalco pidió que retiraran el proyecto y el Consejo Gremial Nacional anunció su propio proyecto.

Y por último, la reforma golpeaba directamente a la clase media con el aumento de las personas que pagarían renta y con el aumento del número de productos gravados con IVA, lo que sacó a miles de colombianos a la calle y convirtió el apoyo a la reforma por parte de los congresistas que quieren reelegirse en criptonita política.

En otras palabras, como le dijo un observador de todo el manejo a La Silla, la ambición técnica del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su equipo, se impuso sobre la debilidad y los errores de cálculo del equipo político de la Presidencia. La nueva generación que quizo traer Duque para el remate de su periodo subestimó la inconformidad y el poder de movilización de los ciudadanos (una inconformidad que ya habían manifestado en 2019 y que solo se había aplacado por el inicio de la pandemia y el miedo a contagiarse). Y por esa vía, el efecto de esa presión sobre sus aliados y opositores políticos en un periodo ya preelectoral. 

De hecho, La Silla pudo establecer con tres fuentes distintas (un alto funcionario de Gobierno y dos fuentes cercanas a Palacio), que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda iba por un recaudo más cercano a los 30 billones de pesos. Pero hubo oposición de María Paula Correa, jefa de Gabinete del Gobierno, y Víctor Muñoz, Director Departamento Administrativo Presidencia de la República.

El argumento para el recorte fue justamente la inviabilidad política. Con esa tímida modificación se lanzaron, en contra de todas las advertencias, a radicar su reforma.

La incapacidad para concertar la reforma, aún dentro del mismo sector político de Duque, fue un presagio del fracaso de hoy. Ni siquiera el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, o el Partido Conservador, que son el núcleo central para comenzar a armar una mayoría en el Congreso, aceptaron la propuesta del Gobierno. 

Duque no pudo compensar las limitaciones de su inexperto equipo político. No tuvo el liderazgo o el olfato para medir las consecuencias de insistir con una reforma tan ambiciosa que exigía tantos sacrificios en un momento de crisis económica y emocional, como la que sufre el país por la pandemia.

“La verdad él (Duque) nunca quiso la reforma. Carrasquilla la impuso, porque desde el punto técnico es válido hacerla”, le dijo hoy a La Silla un ministro del gabinete. “El ministro del Interior, Daniel Palacios, en estos temas no existe. No fue capaz. Es que Palacios es muy soberbio, él es más de Uribe que Duque.” En otras palabras, Carrasquilla le ganó el pulso a Casa de Nariño y al uribismo. 

Según estableció La Silla, desde el jueves, cuando Duque comenzó a ambientar la posibilidad de cambiar el texto para salvar la reforma, ya varios en Palacio, incluido su consejero Muñoz, abogaban por retirarla. Sin embargo, el Gobierno convirtió en un punto de honor el tema de retirar el texto presentado, si bien estaba dispuesto a que cambiara todo su contenido. 

Eso le dio un objetivo claro a los manifestantes, le dio una bandera al Comité del Paro, y a los políticos de oposición para alargar la presión. Supuestamente abierto a negociar sin líneas rojas, la línea roja que trazó Duque tentó al paro.  

Por eso, el viernes pasado, cuando Duque dijo en su programa que estaba dispuesto a concertarlo todo ya era muy tarde. Como nos dijo el mismo ministro, “Duque el viernes en la noche ya había anunciado cambios, pero nadie le escuchó.” 

Con la decisión de hoy, el presidente cruza la última línea roja que había trazado, hiriendo aún más su credibilidad. Ante este triunfo, ahora sus opositores van por el ministro Carrasquilla, quien estuvo notoriamente ausente en el mensaje que Duque grabó acompañado de otros miembros del gabinete.   

El fracaso de comunicaciones

El Gobierno leyó mal el momento. En Colombia hay por lo menos 70 mil familias que enfrentan el duelo de la muerte de un ser querido por el covid, 3,6 millones cayeron debajo de la línea de la pobreza el año pasado y varios millones más de la clase media perdieron sus empleos. En esta coyuntura, el liderazgo del presidente y su capacidad de comunicarse con los ciudadanos son rasgos imprescindibles. 

Para ello Duque cuenta con una herramienta que no han tenido ninguno de sus antecesores: un programa de televisión diario, en el que él es el presentador. Son mínimo tres horas diarias del tiempo del presidente —su recurso más valioso— invertidas en la herramienta de comunicación que ha reemplazado a las ruedas de prensa de Palacio, que Casa de Nariño eliminó en la pandemia.

Sin embargo, ni Duque ni su jefe de comunicaciones, Hassan Nassar, lograron comunicar el carácter transformador de su propuesta. La reforma se venía trabajando en forma desde noviembre del año pasado. Ya en enero había unas líneas claras de lo que se quería hacer que se discutieron entre el ministro de Hacienda y el presidente.

Desde febrero el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, empezó a soltar detalles de lo que sería la reforma, que de inmediato empezaron a crear mal ambiente en la opinión pública, pues era claro que impuestos como el IVA y la renta se iban a tocar.

En marzo, empezaron las socializaciones con gremios y partidos. Ya el componente social de la reforma era claro, pero el costo en materia de impuestos para los colombianos de ingresos medios también. A los opositores se empezó a sumar Germán Vargas Lleras que publicó cuatro columnas en El Tiempo en contra de la tributaria.

Aunque el presidente conocía desde el principio el texto, públicamente se declaró sorprendido y contradijo en varias ocasiones a sus funcionarios de Hacienda. Además del episodio del IVA al chocolate y el café, la semana antepasada en una entrevista con Vicky Dávila, dijo que le parecía un error ponerle IVA a los servicios funerarios.

En ese tiempo además la reforma tuvo varios nombres: primero, la llamaron con el genérico “reforma fiscal y social”, luego reforma de "solidaridad sostenible" (con el que radicaron el proyecto) y en la última semana el presidente la rebautizó como el proyecto de "transformación social sostenible". 

Pero el componente social nunca logró posicionarse en la opinión pública, a pesar de la apuesta inicial de la reforma de eliminar la pobreza extrema. Un mensaje que ni el Ministerio de Hacienda explicó bien, ni tampoco parecía importar mucho. Según la última encuesta de Cifras y Conceptos, el 76 por ciento de la población no está dispuesto a pagar más impuestos para ayudar a los más pobres.

Lo que viene

Con la pandemia las finanzas del Estado sufrieron dos golpes: por un lado, el Gobierno aumentó sus gastos para cubrir los costos de las vacunas, comprar elementos de protección para el personal de salud, dar subsidios a los más pobres y a las empresas.

Por el otro, como la actividad económica se paralizó empezó a recibir menos ingresos de impuestos. Como consecuencia, para cubrir los gastos el Gobierno empezó a depender más de la deuda. El déficit fiscal para el 2021 es superior al 8 por ciento, el más alto desde que hay registros.

Para este año se estima que el Gobierno tome 94 billones de pesos prestados de inversionistas, banca nacional e internacional (eso es cerca a una tercera parte del presupuesto general de la Nación, y 17 billones más que la deuda de 2020).

Pero como la situación de los bajos ingresos y los altos gastos siguen, los inversionistas necesitan que el Gobierno les mande una señal de que tiene cómo arreglar ese desequilibrio fiscal, y de ahí la urgencia de la reforma tributaria.

De no conseguir más ingresos y reorganizar el gasto, es posible que el país pierda su grado de inversión y los inversionistas bajen su apetito por la deuda colombiana. Eso en la práctica implica que al Gobierno le saldría más caro endeudarse y el hueco podría aumentar más rápido. 

De hecho, según reportó Bloomberg algunos bonos (deuda) de Colombia en dólares ya son catalogados como basura por inversionistas extranjeros, justamente porque temen que Colombia no va a poder equilibrar sus finanzas, al menos en el corto plazo.

Incluso con el anuncio del presidente Duque de que pidió al Ministerio de Hacienda reducir los ingresos de la reforma (la ampliación de la base de renta y el aumento del IVA), pero mantener los gastos (como ingreso solidario y las becas para jóvenes de estrato 1, 2 y 3) el riesgo es que el hueco fiscal termine siendo más grande. Y por esa vía, la dependencia de la deuda aún mayor.

Una reforma tributaria, así sea para tapar parte del hueco fiscal, es necesaria. Pero después de consultar a varios congresistas de diferentes partidos tras el retiro de la tributaria, no es claro que pueda recaudar ni una fracción de lo que necesita. Y en cambio, nadie quiere bajarse del gasto social que prometía.

“Ha sido una acertada decisión del señor presidente y su Gobierno. Es el tiempo de unirnos en consensos para construir una ley de sostenibilidad, que ataque los flagelos de las finanzas públicas del Estado cómo lo son la reducción de la alta burocracia, la lucha contra la corrupción en la contratación pública y la evasión de impuestos”, dijo el senador Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, de la coalicón de Duque. Pero, agregó. “No creemos que la solución sea más impuestos”. 

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, dice que con esta derrota el Gobierno se quedó con el pecado de la reforma y sin el género, porque ya no podrá recaudar los 20 billones que se había propuesto inicialmente. “Ahora deberá presentarse un texto progresivo, porque se necesita una propuesta para tapar el hueco, que no afecte a las clases medias y a las microempresas. Esa nueva propuesta les va a generar diferencias con grandes empresarios y sectores económicos que tienen medios de comunicación.”

Si eso es por el lado de la coalición oficial, del lado de la oposición solo hay festejo y menor apetito aún de concertar una reforma que implique que nadie, diferente a las personas más ricas, paguen impuestos. El problema es que este grupo es el que mayor capacidad de lobby tiene en el Congreso. Con lo cual, muy posiblemente, el peso volverá a caer en las empresas que tributan y a hacer un gasto social más limitado. El peor escenario: que golpea al crecimiento económico y la recuperación, y no hace lo suficiente para paliar el aumento histórico que registró la pobreza.

Esta debacle tendrá implicaciones en otros frentes. Ahora el presidente tendrá que evaluar si reconsidera su polémica propuesta de reanudar la fumigación con glifosato, que movilizaría a muchos en el campo. Y otros proyectos importantes, como la  reforma a la salud, quedan en el limbo de esta nueva renegociación tributaria.

Eso reduce al Gobierno Duque a gobernar con sus decretos de excepción, a depender cada vez más del uso de la fuerza para controlar la indignación en las calles, alentada por líderes como Gustavo Petro. El Gobierno acorralado tiene mayores incentivos para acudir a sus aliados en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para atajar a opositores, que ya están en plena campaña para sacar a la derecha de la Casa de Nariño. 

Dentro del Gobierno la consigna para estos 15 meses se empieza a parecer más a la de los manifestantes: “resistencia”. Porque desde ya, todo indica que Duque pasará a la historia como el presidente que no logró cambiar nada.

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