Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Ana León · 02 de Marzo de 2021

2756

0

Ayer el presidente Iván Duque firmó el decreto del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. La medida, además de ser una plataforma internacional para el presidente, ha generado debates internos en torno a cuánta plata le costará al país y si el Estado, gremios y sociedad civil están listos y dispuestos a integrar a casi 2 millones de venezolanos.

 

Para los migrantes venezolanos con los que habló La Silla Vacía, el estatuto genera otro tipo de preguntas. ¿Cómo cumplir con los requisitos del Estatuto que dependen de trámites en Venezuela? ¿Qué pasará después de entregar su información biométrica? ¿Cómo hacer para reunir a sus parientes que aún están en Venezuela y que también los cobije la regularización? 

Las voces de cuatro venezolanos que viven en Bucaramanga, ciudad cercana a la frontera que acoge más de 40 mil migrantes, muestran una condición migratoria variopinta y llena de incertidumbres sobre el futuro. Mientras rehacen su vida, el Estatuto genera muchas preguntas, pero traza un camino para dejar de ser irregulares y arraigarse en un país extraño.

Minerva González tenía mucho trabajo en Venezuela. Con la crianza de su hija, Andrómeda, quien tiene un trastorno del espectro autista, se le ocurrió una idea innovadora, un propósito de vida. 

“A raíz de que tengo una niña con autismo y he nadado toda mi vida, me dediqué a trabajar en el agua con ella. Del trabajo con mi hija nació un proyecto en Venezuela”, cuenta.

Es licenciada en letras y nadadora certificada. Hace cinco años combinó los dos oficios. Se ingenió una terapia en el agua para enseñarle a personas con discapacidades cognitivas y motrices cómo integrarse a la sociedad que muchas veces los margina. 

El no encajar en un lugar es algo que a sus 54 años le tocó vivir como migrante. “Todo lo que tú conoces, con lo que tú creciste, desaparece. Tienes que aprender todo desde el comienzo, como si fuera un librito. Entender la historia, la geografía...hasta maneras distintas de hablar el mismo idioma”, cuenta. 

Minerva vivía en Mérida. Allí, su método de enseñanza en el agua salió a flote y logró tener una escuela con siete profesores. Aunque cobraba muy bien por las terapias, el costo de vida en Venezuela era más alto. Insostenible. 

Entre 2017 y 2019, estuvo yendo y viniendo a Colombia, viendo dónde pescar una oportunidad laboral. A través de unos compatriotas suyos logró un contrato como tutora de unos niños. Sacó una visa laboral y con ahorros llegó a Bucaramanga junto a su hija.

Cinco meses después, el efecto pandemia la dejó sin trabajo, sin contrato y sin la plata para renovar su visa, que cuesta un millón de pesos. Entonces, Migración Colombia otorgó el Permiso Especial de Permanencia, PEP. El documento con el que 800 mil migrantes viven documentados en Colombia por periodos de dos años.

Minerva sacó fácilmente su PEP, pero el de Andrómeda, que tiene 15 años, no salió y figura como indocumentada desde julio del año pasado. 

“En Migración me dicen que tampoco entienden por qué el de Andrómeda no sale. Cada mes estoy yendo personalmente a que nos muestren la solución pero aún no la hay”, comenta. 

A ella con el PEP, y a su hija, por ahora en condición irregular, las cobijará el Estatuto por igual. Eso le da tranquilidad pero también le genera dudas de forma y de fondo. 

De forma, por ejemplo, si los seis meses que alcanzó a tener visa laboral le sumarán en su proceso para obtener la residencia. Minerva hace parte del 1.6 millones de migrantes que, según datos del Dane, tiene vocación de permanencia en el largo plazo. 

De fondo, le preocupa de qué manera los migrantes, más allá de quedar registrados, van a demostrar que son productivos para el país. 

“¿Cómo promover que la mano de obra venezolana sea atractiva? Hay que hacer que los colombianos vean qué gana el país”, cuenta. 

Su proyecto es replicar aquí la escuela que tenía en Venezuela. Andando ese camino, hoy ya es instructora en un club de natación de la ciudad. Con los meses ha logrado ganarse el respeto de ese gremio en el que, recién llegada, le decían ‘la venezolana’.  

“Como vinimos tantos, vinimos todos. Es decir, los buenos y los malos, mezcladitos. Tú no puedes saber quién es quién hasta que empiezas a tratarlo”, cuenta Minerva, a quien ya llaman profesora Minerva.

La tradición que Génesis Moreno se inventó para sí misma en Bucaramanga es, una vez al mes (o cada que puede ahorrar 50 mil pesos), ir a comer a su restaurante de hamburguesas favorito. Le gusta ir allá, entre otras cosas, porque el dueño y la mayoría de empleados son de su tierra. Va con su mejor amiga, con quien vive. Decidió que hiciéramos la entrevista allí.

Llegó a Colombia a mediados de 2018 “a ver qué pasaba”, cuenta. En Venezuela no pasaba nada. Llevaba cuatro años estudiando música, pero por paros estudiantiles apenas cursaba tercer semestre. 

Cruzó la frontera de manera formal, con su pasaporte sellado pero sin permiso para trabajar. Lo único que consiguió fue atender un puesto de mercado a hora y media de Bucaramanga, a cambio de las comidas y la dormida.

Luego trabajó limpiando casas. En septiembre solicitó el PEP, pero no se lo otorgaron. Por eso, cada tres meses viajaba a Venezuela y volvía a entrar, evitando ser irregular. En diciembre de 2018, mientras pasaba las festividades con su familia en su país, revisó la página de Migración. 

“Me metí y salía ‘su PEP ha sido otorgado’. Yo no lo podía creer ¡lloré de la emoción!...ya con la tranquilidad de volver con ese papel impreso”, cuenta mientras la comida en la mesa se va acabando. 

Durante 2019 logró abrirse campo como músico. Empezó a dictar clases de canto, piano y guitarra a niños. Pero no era suficiente para mantenerse y enviar dinero a su familia. Su mamá tiene una pensión de 25 millones de bolívares al mes que alcanza apenas para un cartón de huevos.

Así que, a la vez, trabajó planchando y tuvo un empleo temporal como secretaria. 

Sobrellevó la cuarentena y económicamente encontró un punto de equilibrio, con las clases personalizadas y cantando en una pizzería. Pero su preocupación actual es su estatus migratorio. 

En sus cuentas, a finales de este año tendría que renovar el PEP y para eso necesita el pasaporte vigente. El problema es que se le venció en abril del año pasado, y aunque ya pagó 2 millones de pesos a un gestor en su país, con la esperanza de que la cita sea pronto e ir a renovarlo, está en una fila de espera que puede tardar años.

Ese es uno de los problemas para los venezolanos. Allá hasta el papel es escaso y renovar una licencia de conducir, pedir un acta de nacimiento, sacar un pasaporte, son trámites lentos y envueltos en corrupción.

Génesis no había escuchado del estatuto temporal de protección. Mientras le cuento en qué consiste, la expresión de su cara se agranda. Las cejas arriba, los ojos abiertos, una sonrisa grande se va dibujando. 

“No le creo, ¿en serio?...¿dónde tengo que hacer eso? ¿sabe cuándo empieza el proceso? no puede ser, Dios mío…Apenas empiece por favor avíseme, ¿sí?”, dice. El año pasado, una encuesta, de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, mostró que la mitad de la población migrante en América Latina siente que no conoce sus derechos ni tiene acceso a información suficiente. 

Llegar a los más de mil municipios del país, y lograr que la población migrante confíe y se acoja al registro biométrico, es el principal reto de Migración Colombia en el corto plazo. Esta entidad apenas tiene 29 oficinas para este tipo de trámites en todo el país y un presupuesto de 163 mil millones anuales de los cuales 114 mil millones se gastan en funcionamiento.

Marcela* llegó a Colombia a finales de 2017, cuando las cifras oficiales apenas registraban 403 mil migrantes en el país. Primero emigró a Panamá pero duró tan solo tres meses. “Me corrió la xenofobia”, cuenta. 

Llegó a Bucaramanga porque varios amigos venezolanos estaban allí. Se quedó porque según ella, es lo más parecido a Barquisimeto, su ciudad natal. 

Es profesional en seguridad laboral. Tiene el PEP, y aunque hizo un curso en el Sena en esa materia, tratando de “certificar” su título en el mercado laboral colombiano, no ha conseguido trabajo en su campo. Ha sido vendedora ambulante, mesera y ahora trabaja como asistente en una fundación. 

En su primer trabajo, a Marcela le tocaron insultos en la calle por su nacionalidad. En trámites básicos, como pedir una cita médica, se ha tardado días, simplemente porque el PEP tiene más números que la cédula colombiana. En el trajín de cuidar a su familia desde la distancia, le han robado mercado y medicamentos que envía por trocha hasta Venezuela.

Eso último, vivir lejos de su familia, es lo único que se le hace insoportable. Después de varios años intentando convencer a su núcleo familiar, sus papás finalmente llegaron a vivir a Colombia en octubre del año pasado. Con la frontera cerrada, la única opción era la trocha. Hoy ambos son irregulares. 

Pero aún le queda una mitad de su familia: su hermana y su abuela. Ambas siguen aferradas a su país. Para su abuela de 73 años e hipertensa, es complejo concebir el drama que implica huir por un camino controlado por mafias de bandas criminales y complicidad tanto de la Guardia venezolana como de la Policía colombiana.

La prevención de su hermana, de 28 años, radica en la imposibilidad de conseguir trabajo en su profesión y también en la xenofobia. La encuesta a migrantes en latinoamérica del centro de pensamiento peruano Equilibrium Cende, aunque con una muestra pequeña, permite entenderlo. 

El 88 por ciento de los venezolanos encuestados en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, no han convalidado sus títulos profesionales. El 61 por ciento no tiene contrato laboral. El 64 por ciento dice haber sido víctima de discriminación. 

La hermana de Marcela se enteró de la firma del estatuto ayer, vía redes sociales. En medio de los comentarios de compatriotas suyos celebrando, se encontró con una avalancha de comentarios llenos de insultos y prejuicios, en contra de la medida. 

“Me mandó una captura de eso y solo me escribió ‘por esto es que sigo aquí’. Yo por eso prefiero no ver noticias”, cuenta Marcela.

Con todo y eso, como familia ya decidieron que su hermana y su abuela se vienen a vivir a Colombia. Lo que no saben es cuándo ni cómo. Lo ideal, según Marcela, sería por el puente, sellando pasaporte. 

Como aún no se sabe cuándo reabrirán fronteras, Marcela ya ha contemplado que viajen como irregulares. El problema es demostrar ante Migración, tal y como reza el Estatuto, que estaban acá antes del 31 de enero. 

“Sí hemos pensando a quién...a quién pedirle el favor. Un amigo colombiano que nos respalde. No sé, con un documento notariado que de fe que ellas estaban acá. Uno no lo hace por faltarle al Estado...es por pura necesidad”, cuenta Marcela, bajando el tono de su voz.

*La protagonista accedió a contarnos su historia bajo la condición de no ser citada con su nombre.

De lo más llamativo del restaurante de Eliel Peña, Chamos Burguer, son sus empanadas ‘pabellón’. 

“Trae lo mismo que el plato típico nuestro, pabellón: caraotas –el frijol negro, el pequeñito–, carne desmechada, plátano maduro y queso rallado. El plato como tal también lleva arroz y huevo frito. Es como una bandeja paisa”, me dice señalando las fotos de publicidad en la puerta del restaurante que montó hace cuatro años. 

Eliel fue el último de su familia extensa, entre hermanos, tíos y primos, en abandonar Venezuela. Lo retenía su papá, el único que se quedó allá.

A finales de 2016, a los 23 años, se decidió. “Eres una persona joven que aspira algún día a tener una casa, un carro, una familia. Allá todo eso es inalcanzable, ni porque reúnas y reúnas por el resto de tu vida. Jamás iba a poder”, cuenta. 

Se vino por trocha, es decir, llegó como irregular. Herrero de oficio, consiguió trabajo de soldador. Apenas pudo salir de la invasión a la que llegó inicialmente, su novia dejó Venezuela y se vino a trabajar y a vivir con él. 

Como ella sí entró por el puente fronterizo, consiguió un PEP. Por su parte, Eliel contó con la suerte de entrar al registro administrativo de migrantes que se hizo en 2018 y así logró obtener el PEP-RAMV, una variante con los mismos beneficios. 

Ahorraron 600 mil pesos y montaron un carrito de perros calientes. Eliel no tenía idea de cocinar comida rápida. “Yo soy hábil con las manos y resulté bueno para eso”. Además de ser ágil para preparar hamburguesas y perros, Eliel decidió ponerles estilo venezolano. Por ejemplo, echándole al perro caliente repollo y zanahoria. 

Cuatro años después el carrito de perros también prepara arepas rellenas, cachapas (tortillas de maiz), pepitos (algo como un sandwich), empanadas, comida rápida venezolana. Tiene tres locales en arriendo habilitados con mesas para comensales y hasta 20 trabajadores, entre cocineros y meseros, los fines de semana.

Esa buena racha tuvo un bache: la pandemia. Por la cuarentena su restaurante cerró casi dos meses y funcionó solo con domicilios otros dos. Con todos los problemas que eso le acarreó, Eliel olvidó por completo que el 5 de agosto vencía su plazo para renovar el PEP. Se acordó el 6 de agosto. 

“Yo tengo un conocido en Migración y fui y le pregunté, le dije que me ayudara que solo me había pasado por un día. Me dijo que no había nada que hacer”. Así, Eliel hoy es irregular. 

Es un migrante que genera empleo hace años. Que incluso intentó tramitar una visa en 2019 pero se la negaron, según cuenta, por errores de forma.

Eliel hace parte de ese 58 por ciento de la población migrante que llegó al país en plena edad productiva. Justamente eso, según proyecciones del Dane, podría ser una ventaja demográfica para Colombia, al desacelerar el envejecimiento. 

Ahora está a la expectativa de la aplicación del Estatuto, del que se mantiene informado a través de una página de Facebook llamada Venezolanos en Bucaramanga. 

Eliel quiere regularizarse y no de manera temporal. Su pasaporte ya venció. No ha podido casarse porque es imposible conseguir los papeles necesarios en su país. Quiere tener una licencia de conducir. Quiere un documento que le sirva para sacar un crédito, algo que hasta ahora le han negado en todos los bancos a los que ha ido a averiguar. 

“Es que así uno se siente como perdido, como abandonado. Por lo que he leído (del Estatuto), ya hay algo...ya uno se siente cobijado por algo”, dice. 

Añora las reuniones con su familia en Venezuela pero sabe que ya son imposibles porque sus parientes están dispersos entre Perú, Chile, España, y Estados Unidos. Él solo aspira a seguir viviendo y trabajando aquí, como residente. 

La comida de donde nació y se crió, al menos, la mantiene viva en su restaurante.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia